New York Times

viernes, 16 de diciembre de 2011

Manifiesto por la regeneración democrática

Manifiesto por la regeneración democrática elaborado por Carles Górriz López y Rafael Arenas García:

"El movimiento 15M ha puesto de manifiesto que somos muchos los que pensamos que la democracia española precisa reformas en profundidad. En los últimos treinta y cinco años nuestra democracia ha sido fuerte, ha permitido que los españoles viviéramos en paz y ha sido clave en el éxito más importante de los últimos dos siglos: la incorporación a la Unión Europea y con ello la plena participación de España en el proyecto europeo del que nos habíamos sentido ausentes durante buena parte de los siglos XIX y XX. Además, estos años han sido de desarrollo económico, potenciación de las infraestructuras, mejora de la sanidad y de la educación. España es a comienzos del siglo XXI un país desarrollado que participa plenamente en las relaciones internacionales en plano de igualdad con los países económica y socialmente más avanzados, y los españoles somos agentes activos en la nueva sociedad global. Todo esto no hubiera sido posible sin el sistema democrático al que da forma la Constitución de 1978, la más importante de las que ha tenido España en su Historia.

El reconocimiento de todos estos elementos postivos no debe, sin embargo, apartarnos de la necesaria tarea de crítica permanente al sistema que permita identificar sus puntos débiles y plantear propuestas para su mejora. En este sentido, el 15M ha de entenderse como una llamada de atención a la clase política que nos gobierna y cuya calidad se ha deteriorado peligrosamente en los últimos años. Este deterioro puede trasladarse al conjunto del sistema y producir una desafección en la ciudadanía cuyos primeros síntomas ya son manifiestos desde hace años (aumento del voto en blanco, del nulo en las últimas elecciones, altas tasas de abstención, etc.).

En este contexto resulta imprescindible una regeneración de nuestro sistema; regeneración que no será posible sin reformas de gran calado, algunas de las cuales precisarán la modificación de la Constitución. Se trata de reformas encaminadas a garantizar que las reglas del juego democrático sean más justas, a mejorar la calidad de la clase política y a potenciar la participación de la ciudadanía; se trata, por tanto de reformas en las que todos los partidos podrían (y deberían) estar de acuerdo, pues no implica opción alguna por políticas concretas.

En primer lugar, es imprescindible una reforma electoral. No es asumible que, por ejemplo, en las últimas elecciones generales celebradas el PNV con 303.000 votos consiguiera 6 escaños, mientras que UPyD con 303.000 votos obtuviera 1 solo e IU, con casi un millón de votos, sólo 2 –es decir, una tercera parte de los escaños conseguidos por el PNV-. Resulta evidente que el sistema electoral actual no consigue que el Congreso de los Diputados refleje las preferencias políticas de los ciudadanos y, por esto, debe reformarse el sistema electoral.

La reforma ha de pasar por la eliminación de la provincia como circunscripción electoral.. La única forma de conseguir una representación adecuada de la ciudadanía es tomar como circunscripción electoral en cada elección el territorio al que se refirere dicha elección: si se trata de las elecciones al Congreso la circunscripción ha de ser toda España; si las elecciones son autonómicas la circunscripción ha de ser la Comunidad Autónoma; si son europeas la circunscripción ha de ser Europa (lo que obligaría a la creación de auténticos partidos europeos) y si la elección es municipal ha de ser el municipio. Esta reforma es absolutamente imprescindible y debería, incluso, adoptarse antes de las próximas elecciones, so pena de que éstas, de nuevo, no ofrezcan una imagen fiel de la voluntad política de los españoles. Todo ello sin perjuicio de que las diferentes sensibilidades, culturas, tradiciones y lenguas se encuentren adecuadamente representadas por ser elementos consubstanciales de la sociedad que tienen que tener su reflejo en las instituciones públicas. El objetivo ha de ser conseguir una mejor representación, no la uniformización.

Los partidos políticos son imprescindibles para el funcionamiento de nuestra democracia. Asumimos, además, que son, en general, estructuras democráticas y abiertas. Por eso instamos a todos los españoles a integrarse y participar en la vida de los partidos: cuanto mayor sea la participación mayor será la proximidad de los partidos a los ciudadanos y mayores las posibilidades de que desde dentro de los partidos se produzca la transformación de la forma de hacer política. Ahora bien, en las circunstancias actuales es preciso realizar un esfuerzo importante de apertura de los partidos a la sociedad; esfuerzo que ha de concretarse en la abolición de las listas cerradas. Las elecciones deben permitir que los ciudadanos elijan de entre los candidatos presentados por los partidos aquellos que prefieran, sin tener que limitarse a optar por una u otra lista. Las listas abiertas son un elemento que incrementa la participación ciudadana y, a la vez, una limitación al poder de los partidos que, con el sistema actual, tienen una incidencia determinante en la composición de los distintos Parlamentos y demás órganos elegidos.

Los partidos hasta ahora, y con evidentes excepciones, no han sido mecanismos que llevaran a los mejores a las más altas cotas de responsabilidad. Una tarea fundamental de los partidos es la selección de las personas que han de desempeñar los cargos de más responsabilidad en nuestra vida política (Presidente del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, Ministros y Consejeros, Diputados y Senadores, etc.). En los últimos años hemos visto como personas imputadas asumían y asumen dichos cargos; cómo personas sin formación académica ni curriculum personal son designados para puestos de una altísima responsabilidad. Esta situación pone en evidencia un fallo en el funcionamiento de los partidos que debe ser objeto de enmienda. Una mayor participación ciudadana y la sustitución de las listas cerradas por listas abiertas pueden ser un acicate para que los partidos opten por la vía del rigor y la excelencia en la confección de sus listas y en la elección de las personas que han de ejercer cargos de responsabilidad, tanto en los partidos como en las distintas administraciones, en los órganos legislativos y en las altas magistraturas judiciales. Solo así se conseguirá lograr una revalorización de la política y devolver el prestigio que merece la tarea que llevan a cabo los políticos.

Ahora bien, esta transformación tiene que ir acompañada de un cambio en la forma de hacer, en la que el debate sobre las ideas y actuaciones tiene que ser el único eje. Rechazamos que la política sea utilizada para la descalificación personal; vía fácil para exaltar emociones y hurtar a los ciudadanos debates sustanciales. No debería nunca votarse a un partido más que a partir de sus propuestas y planteamientos, lo que exige que todos los ciudadanos asuman la obligación de votar responsablemente, atendiendo a programas y teniendo en cuenta las propuestas que hacen unos y otros. Cualquier medida de gobierno que no estuviera incluida en el programa electoral solamente debería poder ser adoptada tras someterla a la consideración de la ciudadanía por medio de referendum, pues supone una actuación más allá de la representación otorgada por medio del voto. Este principio, que –evidentemente- puede admitir excepciones, es básico para que la ciudadanía asuma la necesidad de valorar programas y contenidos y no meras simpatías. Es una medida que contribuiría a elevar el bajísimo nivel actual del debate político.

La Administración ha de estar al servicio de los ciudadanos y no de los partidos. La proliferación de administraciones más parece justificada por la necesidad de colocar afines que por objetivos intereses generales. No sólo debe evitarse la proliferación de nuevas instituciones supérfluas e infructuosas  sino que debe estudiarse una reducción de la Administración y de las administraciones existentes, con criterios de eficiencia y racionalidad.

Además, deben eliminarse todos los cargos de designación política. La Administración ya está servida por empleados públicos que acceden –y debe velarse porque así sea- a sus cargos través de los criterios de mérito y de capacidad y que han de ser siempre leales con aquéllos a quien la voluntad popular ha puesto al frente de los designios públicos. Estos empleados públicos han de ser suficientes para la llevanza de los asuntos públicos, por lo que el recurso a cargos de designación directa no se encuentra justificado.

Igualmente debe revisarse el sistema de financiación de los partidos políticos. Dado que son una pieza fundamental del engranaje democrático, deben recibir una financiación pública suficiente, que puede venir dada por los resultados electorales obtenidos. El recurso al crédito debería estar prohibido, así como las donaciones anónimas. Los partidos deberían ser restrictivos en sus gastos y austeros. Las campañas electorales deberían ser igualmente austeras; la ocupación del espacio público por pancartas y la realización de mítins no se encuentra justificada hoy en día para la transmisión del mensaje político, debiendo optarse por vías menos gravosas y más sostenibles para la difusión de las ideas propias tales como la organización de debates y encuentros tanto en los medios de comunicación tradicionales como a través de internet. El envío de propaganda electoral a los domicilios debería estar prohibida. El objeto y fa función de los partidos políticos, esencial en una democracia parlamentaria, justificaría además que las cuentas de los partidos políticos fueran transparentes y estuvieran a la disposición del público.

Por último, España debe formar parte de la Unión Europa, y no sólo por razones económicas, sino también sociales, culturales e históricas. Pero no sirve una Europa cualquiera. Por consiguiente, debería aspirarse a una regeneración democrática de mayor alcance. En este sentido, es necesario construir una Unión Europea fuerte, democráctica, solvente, que constituya un referente esencial en las relaciones internacionales y sin la que sea concebible el futuro mundial."

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