Castelldefels

jueves, 7 de mayo de 2015

Mentiras, mentiras y más mentiras

Comenzar el día cabreado.
El Gobierno central ha planteado un recurso en relación a la matrícula en enseñanzas no universitarias para el curso 2015-2016 en Cataluña ya que la normativa de matriculación no se ajusta a lo que es legal y constitucionalmente obligado de acuerdo con las últimas decisiones judiciales en relación a la presencia del castellano en la enseñanza.
Por resumir: los tribunales han establecido que el castellano no puede recibir el tratamiento de lengua extranjera en el sistema educativo catalán. Esto conlleva, según las decisiones judiciales dictadas, que al menos el 25% de la enseñanza debería hacerse en español. En la práctica esto implica que además de la asignatura de castellano, otra materia debería impartirse en esta lengua para llegar a ese 25%.
Este 25% en español debe impartirse a todos los alumnos y es responsabilidad de la Generalitat fijarlo en la normativa que regula las enseñanzas no universitarias. Es decir, esta exigencia legal y constitucional no implica en ningún caso separar a los alumnos por lengua.
Cuando se dictaron las sentencias que establecían lo anterior muchos se apresuraron a mentir (esta es la palabra y no otra), asegurando que tales decisiones implicarían o bien que se separaría a los alumnos por lenguas o que supondría que no se recibiría educación en catalán; como, cuando -como vemos- la única exigencia es que el 25% de la enseñanza sea en castellano. El otro 75% podrá ser en catalán o combinarlo también con el inglés. Denunciaba tales mentiras en este mismo blog hace un tiempo.
Ahora, y dado que la Generalitat sigue sin acatar las decisiones judiciales que claramente indican que los niños catalanes tienen el derecho a recibir un 25% de su enseñanza en español, el Gobierno ha decidido recurrir ante los tribunales la normativa escolar de la Generalitat. Resulta sorprendente que se haya tenido que llegar a este punto, puesto que lo normal en un Estado de Derecho es que las administraciones intenten ajustar su actuación a las exigencias legales que han sido determinadas por los tribunales. Que la administración vulnere frontal y explícitamente sus obligaciones legales es inaudito y muestra un importante déficit de calidad democrática.
No debería extrañarnos, por tanto, que el Gobierno ejerza ante los tribunales las acciones necesarias para que en un asunto tan delicado como éste se cumpla con la legalidad.
La reacción de los partidos políticos ante el recurso del gobierno ha sido, sin embargo, estrafalaria. En una penosa actuación tanto CiU como ERC, las CUP, ICV y -ya no me sorprende nada- el PSC han mostrado su desacuerdo con el recurso planteado por el Gobierno central. En Cataluña, por lo que se ve, el cumplimiento de la ley es subversivo. Vivir para ver.
Pero lo anterior no es lo que motiva mi cabreo, sino el artículo de Irene Rigau publicado en La Vanguardia con el título "No separem els infants per raó de la llengua".
De nuevo la mentira de que se pretende separar cuando no es cierto. Las decisiones judiciales lo que establecen es que todos los alumnos han de recibir ese 25% de educación en castellano. Todos. De hecho, quien pretende la separación es la Consejería de Enseñanza, porque otro de los puntos en los que se impugna la normativa escolar de la Generalitat es aquél en el que se establece que cuando los padres de un niño pidan que se cumpla la ley y que reciba enseñanza en castellano -en la proporción que corresponde- se le ha de someter a una "atención individualizada". Esto es, al niño que solicite el cumplimiento de la ley se le dará una educación separada. Esta atención separada -que sí que divide, y de qué manera- ha sido rechazada por los tribunales, que mantienen que no es la solución adecuada para cumplir con la exigencia legal y constitucional de que el español esté presente en el sistema educativo catalán. Precisamente el recurso planteado por el Gobierno pretende también acabar con esa lacra discriminatoria que es el tratamiento individualizado para aquellos que simplemente exigen el cumplimiento de la ley.
Así pues, no es el Gobierno quien pretende separar a los alumnos, sino que es la Consejería de Enseñanza la que lo hace, y el recurso planteado lo que pretende es que se impida esa separación. De ahí mi cabreo, de que -de nuevo- la mentira sea elemento de "argumentación" y agitación política. La trampa por sistema y la manipulación por bandera.
Así no vamos a ninguna parte.


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