Votar con el corazón

En contra de lo que a veces se dice, la política tiene mucho que ver con los sueños. Cataluña es un lugar en el que es fácil constatar la afirmación anterior; ya que toda la política desarrollada en la Comunidad Autónoma en los últimos cuarenta y tantos años es ininteligible fuera del marco onírico. Ni las políticas de los partidos de gobierno ni las estrategias de la oposición pueden ser entendidas si no tenemos en cuenta el sueño de crear una nación catalana, inexistente ni siquiera en apariencia en 1980 y conseguir que se convirtiera en un estado independiente de España. Es a ese sueño al que se supeditó:

-la escuela,

-los medios públicos de comunicación,

-la negociación sobre la asunción de competencias,

-el entendimiento de la acción exterior de la Generalitat,

-la política de apoyo a ciertas entidades de la sociedad civil,

-el diseño de la promoción de la cultura y hasta

-la organización territorial,

-la política lingüística o

-la política simbólica.

La potencia de este sueño ha sido tan grande que hasta quienes decían no lo compartían ajustaron su propia forma de hacer política al espacio que les dejaba el planteamiento nacionalista. Desdeñar -como algunos hacen- la utilidad para la política de la imaginación, la ensoñación, la ilusión y la emoción muestra una gran ignorancia de cómo funcionan nuestras sociedades; y teniendo tan cercano el ejemplo de Cataluña, no solamente ignorancia, sino también contrastada voluntad de mantenerse en ella; pues la política catalana de las últimas décadas es un grado, máster y doctorado en cómo convertir esa dimensión emocional en poder concreto en ayuntamientos, escuelas y universidades, contratación de obra pública, comisiones y, en general, gestión de los aspectos más mundanos y sucios de la política.

Para algunos, la construcción de la nación catalana no era más que una engañifa para poder manejar lo último que comentaba, y que algunos asimilan al poder real; el de colocar cargos o cobrar comisiones, sentirse adulado y saber que siempre habrá alguien dispuesto a hacer un favor; pero creo que se equivocan, y con ese análisis tan solo muestran su propia comprensión de la política, vista como un juego rastrero y basado casi exclusivamente en intereses personales; esto es, por decirlo con una sola palabra: fango. Mi impresión es que para muchos políticos catalanes y, desde luego, para aquellos que han tenido un papel más destacado en este largo procés; desde Pujol hasta Puigdemont, pasando por Junqueras, Mas, Rull, Cuixart o Forcadell; el sueño sí importaba e importaba mucho. Un sueño que ha transformado profundamente la política catalana.

El hecho de que se tratara de un sueño compartido también por los que se le oponían explica la reacción que se produjo a la aparición de Ciudadanos hace veinte años. En otro lugar explicaba cómo el falso paraíso catalán había sido puesto en entredicho por primera vez de una manera seria a través de Ciudadanos. Para comprobarlo, basta con un solo dato, pero muy relevante: hasta que Cs no llegó al Parlamento de Cataluña, no se convirtió en normal utilizar el castellano en el pleno de ese Parlamento. Ciudadanos hacía explícito que no compartía la ensoñación nacionalista, ni siquiera para hacer oposición "desde dentro", como de alguna forma habían practicado tanto el PSC como el PPC; sino que ofrecía una alternativa a la sociedad completamente distinta; un sueño diferente.

Ese es un sueño en el que sigo creyendo. Me resisto a pensar que la Cataluña sombríamente nacionalista en la que

-unos y otros miran para otro lado cuando se despide a una enfermera por criticar al gobierno;

-en la que se tolera que se multe a los comerciantes por colocar rótulos en una lengua oficial en vez de en la otra;

-en la que se anima a que los padres cambien la lengua que utilizan con sus hijos,

-en la que se utiliza el poder público para separarnos del resto de españoles,

-en la que todo se supedita a la continuación de esa construcción nacional iniciada hace cuarenta años,

-en la que los medios públicos de comunicación son correas de transmisión del poder,

-en la que se tolera que en las universidades públicas se vulneren los derechos fundamentales de quienes se oponen al nacionalismo,

-en la que se practica diariamente la genuflexión ante el nacionalismo,

-en la que se desprecia a quien se opone a ese nacionalismo,

-en la que se hace alarde de incumplir la ley y de desobedecer a las sentencias,

-en la que se tolera el latrocinio de una familia que ha obtenido ganancias millonarias con el negocio de la catalanidad,

-en la que se ha perdido todo objetivo que vaya más allá de la protesta por el agravio inventado,

-en la que llamar a las cosas por su nombre se tilda de provocación,

-en la que la solidaridad con el discrepante se hace en voz baja para no levantar las iras del poder,

-en la que tantos callan "para no meterse en líos", y

-en la que se ha olvidado toda meta que se sitúe más allá del Ebro.

sea la única alternativa.

Frente a lo anterior creo que hay que reivindicar otra Cataluña, una Cataluña

-en la que lo normal sea utilizar las lenguas de sus ciudadanos; el catalán y también el castellano, y junto con ellas el aranés;

-en la que se vea con naturalidad que las personas utilizan la lengua que tengan por conveniente en sus relaciones privadas

-en la que se renuncie a esa pretensión absurda de "vivir en catalán" (igual de absurda, por cierto, que "vivir en castellano" o en cualquier otra lengua).

Una Cataluña

-en la que estemos hablando de cómo mejorar los resultados de nuestra educación,

-en la que nos ocupa cómo atraer industrias y actividades económicas de alto valor añadido,

-en la que debatamos sobre cómo posicionarnos en esta Europa post brexit en la que hay tantas oportunidades;

-en qué estudiemos la forma en que podemos colaborar con el conjunto de los españoles en la resolución de los conflictos y desafíos que tenemos ante nosotros;

-en la que el debate sobre las energías del futuro se haga con rigor y sin apriorismos;

-en la que abordemos los problemas que se derivan de la forma en que la robotización y la IA afectan al trabajo;

-en la que se mejoremos constantemente el sistema sanitario, estudiando las interacciones entre lo que ofrece la sanidad pública y la sanidad privada de manera que nadie quede privado de la atención que necesita.

Me detengo en esto último por un momento. Por circunstancias que no vienen al caso, he sido muy consciente en los últimos meses de la ayuda que puede ofrecer la sanidad privada y que no se obtiene de la pública en Cataluña. Es desgarrador -y no exagero- pensar en las familias que no pueden acceder a unos servicios que he comprobado que son esenciales y que, ahora mismo, tan solo están al alcance de quienes pueden desembolsar varios miles de euros mensuales. Servicios, por cierto, que en algunos casos están pagando otras Comunidades Autónomas que no disponen de ellos, pero que los sufragan en Cataluña a los ciudadanos de su territorio que los necesitan. Repito. Es desgarrador darse cuenta de lo anterior; pero, claro, hay que pagar TV3, embajadas y un largo etcétera de herramientas para lo que antes era sedición y que son prioritarias frente a cosas que necesita la gente que no es de las doscientas familias y que afecta de manera esencial a su vida.

 Imagino una Cataluña

-libre de nacionalismo,

-más sosegada y tranquila,

-más próspera,

-con mejores servicios públicos,

-más solidaria,

-sin reticencias hacia el resto de los españoles,

-comprometida con el proyecto europeo,

-alejada de conspiraciones internacionales,

-entregada a construir una sociedad mejor de ciudadanos libres, iguales en sus derechos y a los que se les de la oportunidad de perseguir sin trabas su sueños.

Esa Cataluña pasa por decir que el rey está desnudo. por negar legitimidad al nacionalismo y ampliar la base de quienes están dispuestos a decir alto y claro que no comulgan con él.

En las elecciones siempre busco a quién representa esto a lo que yo aspiro y, la verdad, ahora mismo no encuentro que nadie lo haga mejor que Ciudadanos. El PP, con su pretensión de convertirse en único referente de lo que llama "el centro derecha", que es un término con el no simpatizo; porque más parece de contable de la política que de alguien que se sea capaz de encender la llama de un sueño y mantenerla; y con sus constantes guiños al nacionalismo no me parece que sea capaz de ofrecer esa alternativa al nacionalismo; por mucho que en sus filas haya quien -estoy seguro- tiene una visión de Cataluña muy parecida a la mía.

No sé si será la última vez que pueda votar a Ciudadanos. Sé que en estas elecciones podré votar con el corazón y no quiero dejar pasar esta oportunidad.

Espero que todos hagan lo mismo; que voten por sus sueños, se olviden de los contables de la política, del gris del sometimiento, del amargor de la decadencia y apuesten por una sociedad diferente, más libre, más próspera y más feliz.

Votar en conciencia el 12 de mayo

Hace unos días, teníamos en casa una conversación sobre qué votar. No en relación al partido concreto al que apoyar, sino sobre los principios que deberían seguirse a la hora de decidirlo. Planteé que debería votarse al partido cuyos planteamientos coincidían más con los propios. A esto se me replicó que sería preferible votar a quien tuviera más oportunidades de obtener un buen resultado (el "voto útil" de toda la vida, vaya). Rechacé esa aproximación argumentando que como ciudadanos, al votar, teníamos la responsabilidad de configurar un resultado que se acercara lo máximo posible a lo que realmente pensaba el conjunto de la sociedad, y que para hacer eso era necesario votar en conciencia; esto es, votar -como había adelantado- el proyecto que más se acercara a los planteamientos propios y no especular con el resultado que pudieran obtener unos y otros. No lo dije, pero podría añadir que el día de las elecciones, a las nueve de la mañana, todos los partidos tienen los mismos votos: cero; y que el resultado final es consecuencia de lo que hacemos ese día el conjunto de votantes, no de otra cosa. Si todos votamos lo que realmente queremos lo que resulte al final del día reflejara lo que es la sociedad; si cambiamos nuestro voto en función de planteamientos aparentemente estratégicos, distorsionamos el resultado final.

Por esta razón, el próximo 12 de mayo, en las elecciones autonómicas, de nuevo votaré a Cs. De los diferentes partidos que concurren a las elecciones es el que más se acerca a lo que sería mi programa electoral ideal.

¿Por qué?

En primer lugar, por su oposición radical, convencida, continuada y sin fisuras al nacionalismo. Desde mi perspectiva, el daño que el nacionalismo ha hecho a Cataluña y a los catalanes es difícilmente mensurable. Los acontecimientos de 2017 y 2019 son conocidos por todos; pero a esto se añade la sistemática exclusión del español en el sistema educativo y en la administración, la utilización partidista de las instituciones, los incumplimientos legales, el desacato a las sentencias y el ataque a la independencia judicial. El nacionalismo aspira a la transformación de la sociedad catalana realmente existente en otra cuyo centro sería la lengua catalana, en la que los vínculos históricos, culturales y afectivos con el resto de España sean ocultados o minimizados y en la que la libertad de expresión u opinión de los contrarios al nacionalismo se vería reducida. El proyecto nacionalista no es democrático, y esto hay que decirlo alto y claro, sin dudas y rechazando la tentación de agradar a los muchos que han sido captados por el nacionalismo. Otros partidos no tienen una hoja impoluta en la oposición al nacionalismo como tiene Cs.

Además de lo anterior, Cs tuvo siempre claro lo que implica el respeto a los principios esenciales de la democracia representativa. No entró en el mercadeo de cargos en el Consejo General del Poder Judicial y siempre exigió independencia en las instituciones. Me consta que los que fueron nombrados por Cs en unas u otras comisiones no recibieron presiones del partido ni éste pretendió que actuarán como longa manu en este u aquel comité, comisión o junta. De todos los partidos que conozco es el que más claro tiene esos principios esenciales que sería necesario poner en valor a fin de revitalizar un democracia, la española, que en más de cuatro décadas de partitocracia ha ido acumulando demasiada suciedad en los engranajes de la política.

Finalmente, Cs tiene un planteamiento claramente proeuropeo. No percibo en ellos ninguna duda sobre la bondad esencial del proyecto de construcción europea y, además, son conscientes de la necesidad de introducir mejoras para convertirlo en más ambicioso. Actualmente existe un debate entre quienes pretenden una vuelta a la soberanía nacional y quienes apuestan por reforzar la integración europea. Es un debate legítmo, por supuesto, y no descalifico a quienes discrepan de mí en este tema; pero mi posición es otra, y es una que coincide con la que mantiene Cs.

En lo económico, hay cosas de Cs que me gustan bastante; pero, como siempre que llego a este punto cuando comento mi posición respecto a ellos; creo que es necesario subrayar de manera contundente la necesidad de garantizar servicios públicos de calidad. Además, hemos de ser conscientes que en el mundo globalizado el riesgo de exclusión acecha siempre, y que hay que adoptar medidas orientadas a evitar esa exclusión entre nuestros conciudadanos. Precisamente, la lucha por la libertad que ha de presumirse a quien se llama con orgullo liberal, precisa que todos tengan garantizados los medios que conviertan esa libertad en una realidad y no en una entelequia. Más allá de la economía, cualquier intervencionismo ha de ser rechazado, permitiendo que los adultos organicen su vida de la manera que estimen más oportuna. Cs siempre ha defendido esto; pero en estos momentos, en que la libertad se ve amenazada más por la agresividad woke que por lo que tradicionalmente se denominó fascismo, es preciso tener criterio y convicción para no caer en las muchas trampas que tiende lo que parece tener vocación para convertirse en una nueva religión. En este ámbito creo que Cs está en buenas condiciones para defender las posturas racionales, laicas y liberales en las que creo; alejadas de esencialismos históricos, religiosos o culturales.

No sé qué pasará el día 12 de mayo. No soy analista político; sino un ciudadano que intenta en cada momento hacer lo que considera más honesto; y ahora o que me parece más honesto es apoyar aquello en lo que creo; esto es, votar en conciencia; lo que en mi caso implica votar a Cs.

Ilustraciones para la Divina Comedia

Algunas ilustraciones para la Divina Comedia.

Infierno, Canto IV

Infierno, Canto XXIV-1

Infierno, Canto XXIV-2

Purgatorio, Canto I

Purgatorio, Canto VII

Purgatorio, Canto XXXIII

Paraíso, Canto XXII

La amnistía comenzó en 2012

La amnistía que se está tramitando actualmente, y que implica la revocación de los consensos que hicieron posibles los últimos 47 años de democracia en España, es, en realidad, la culminación de un proceso que, de alguna forma, comenzó en el año 2012. Si pensamos que es un fenómeno puntual y desconectado de la progresiva degradación del Estado de Derecho que padecemos desde hace más de una década, será imposible identificar las medidas que deben adoptarse para devolver la salud a un sistema democrático que, más allá de lo que indican los rankings internacionales -que siguen considerando a España como una democracia plena-, presenta deficiencias que, de coyunturales, están pasando a estructurales.

Estas deficiencias se vinculan de manera esencial -a mi juicio- con el progresivo abandono de un principio que es esencial en la democracia moderna: el poder público solamente puede actuar dentro de los límites legales; lo que implica que cualquier actuación de la administración ya no en contra de la ley, sino al margen de ésta, es ilegítima. Los que estudiamos Derecho en las últimas décadas del siglo XX lo tenemos claro, pues se nos explicó con detalle en qué forma se había conseguido limitar la discrecionalidad de la administración hasta llegar a un punto en el que toda la actuación del poder público ha de incardinarse en el marco que dibujan las leyes; lo que a su vez tiene como corolario el control jurisdiccional de toda la actividad administrativa.

La Constitución de 1978 recoge estos principios, que parecían triviales hace cuarenta años y que, sin embargo, en la última década están siendo puestos en cuestión, no solamente por la vía de los hechos, sino también de las palabras. Es decir, el poder público no solamente actúa de manera expresa al margen de la ley, sino que, además, pretende estar legitimado para ello; lo que aún resulta más grave, porque debería preocuparnos, más incluso que las actuaciones ilegales, la asunción de que esas actuaciones ilegales son adecuadas y que, por el contrario, lo injusto es pretender que el poder público se someta a los límites que establece la ley y que controlan los jueces. Si se tolera tal actuación del poder al margen de la ley se legitima el totalitarismo y la privación de derechos. Quizás no mañana, pero se trata de un camino que se acabará recorriendo.

No exagero. El poder público, y más en la actualidad, cuando dispone de herramientas que permiten obtener información detallada de todas las personas, tanto en lo que se refiere a su vida personal o familiar como en relación a su trabajo o a sus finanzas, ha de ser controlado y limitado porque asume el monopolio de la coerción física en la sociedad. La capacidad que tiene para controlar a las personas y limitar su actuación (lo vimos, por ejemplo, durante la pandemia) solamente será legítima cuando se ajusta a los límites legales y puede ser controlada por los tribunales. El equilibrio entre ley, administración y jueces es lo que garantiza las libertades y los derechos de todos. Romper ese equilibrio supone poner en riesgo dichas libertades y derechos, ya que la mera amenaza de su privación ya es una limitación de los mismos.

Es por lo anterior que resulta imprescindible exigir siempre y en todo momento a las autoridades y poderes públicos el respeto más exquisito a la ley; una ley que, por supuesto, incluye la Constitución, los instrumentos internacionales y el Derecho de la Unión Europea. Ciertamente, es posible que existan discrepancias sobre la interpretación de esos límites, lo que podría llevar a que el poder público llevase a cabo actuaciones que con posterioridad son declaradas ilegales; pero resulta inadmisible que ese mismo poder público obre de manera abiertamente contraria a la ley. Llegados a esa situación no puede demorarse la adopción de medidas que reconduzcan la situación. De no actuarse de inmediato nos podemos encontrar con una situación mucho más grave, de más difícil reversión y con un daño exponencialmente mayor a los principios esenciales del Estado de Derecho y de la democracia. Lo sucedido en Cataluña lo ejemplifica, tal y como veremos.

Para apreciarlo, tenemos que partir, como adelantaba, del año 2012. El Parlamento de Cataluña aprobó entonces una Resolución que proclamaba la soberanía de Cataluña y su derecho de autodeterminación; esto es -es lo que se quería expresar- su pretendido derecho a la secesión.

Unos meses más tarde de esta Resolución, el Parlamento aprobó otra que reiteraba el carácter soberano de Cataluña y su "derecho a decidir".

Estas declaraciones suponían una vulneración de la Constitución que no podían ser achacadas a un desconocimiento de la misma, sino que implicaban su desafío directo. El gobierno llevó al Tribunal Constitucional la segunda de estas resoluciones; pero se trataba de una medida insuficiente para enfrentar el peligro que suponían. Cuando alguien actúa conscientemente ya no al margen de la ley, sino contra ella, que se declare dicha contradicción no añada nada. Al revés, si la actitud de desafío continúa una vez que la ilegalidad ha sido declarada, esa legalidad pierde valor ante la opinión pública, quien acaba acostumbrándose a que los poderes públicos operen al margen de los límites que establece la Constitución. En noviembre de 2104 pudimos constatar la gravedad de la situación, cuando, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional se llevó a cabo en Cataluña una consulta que desempeñaba la función de un referéndum de autodeterminación.

La reacción del gobierno, entonces del PP fue, sin embargo, la de esperar acontecimientos. Los continuos recursos al Tribunal Constitucional conducían a continuas decisiones del Alto Tribunal que declaraban lo que era para todos evidente, la abierta rebeldía institucional de la Generalitat; un rebeldía que incluyó la llamada a gobiernos extranjeros para que apoyaran sus pretensiones frente al gobierno español.

Permitir que las autoridades públicas, de manera abierta, ejerzan su poder para destruir el orden constitucional es una grave dejación de funciones. Mirar para otro lado o limitarse a impugnar ante los tribunales actuaciones conscientemente contrarias a la legalidad supone admitir una quiebra en el ordenamiento constitucional que, al no ser reparada en el primer momento, hace que se extienda tanto la tolerancia hacia la actuación ilegal del poder público, como la legitimación de éste ante otros estados e instancias internacionales. Si la Generalitat actúa en contra de la Constitución sin que esta actuación tenga más consecuencias que declaraciones de ilegalidad por parte de los tribunales que no conducen a ninguna consecuencia ulterior, ¿por qué otros Estados o las instituciones internacionales van a negar legitimidad a quienes la van ganando por una actuación a la que no se le pone límites? La apariencia de derecho acaba generando el derecho, como prueba la institución de la usucapión, que opera tanto en el derecho civil como en el derecho internacional público; de tal forma que la tolerancia hacia actuaciones ilegales acaba siendo un respaldo a las mismas, aunque sea indirecto. Pensar, por otra parte, que esa tolerancia acabará siendo recompensada con una vuelta a la legalidad es puro pensamiento ilusorio. El caso de Cataluña lo prueba perfectamente, puesto que, como sabemos, tras las Resoluciones de 2012 y 2013 y la consulta de 2014, en 2015 se inició un nuevo proceso que concluyó con las leyes de desconexión de septiembre de 2017, el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y las declaraciones de independencia del 10 7y 27 de octubre de ese mismo año.

Esa nueva fase de desafío comenzó por una nueva Resolución del Parlamento de Cataluña, la 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, donde se declara iniciado el proceso para la creación de un estado catalán independiente en forma de república.

La Resolución es meridianamente clara; pero es que, además, en ella se hace explícito que no se atenderá a las resoluciones del Tribunal Constitucional, que se entiende que carece de legitimidad desde su sentencia del año 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Obviamente, la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución (STC 259/2015, de 2 de diciembre) podía darse por descontada; así como el nulo efecto de dicha declaración que, como sabemos, no impidió que se produjeran los hechos del año 2017 que, estos ya sí, llevaron a la aplicación del art. 155 de la Constitución.

Antes de esa aplicación, sin embargo, las administraciones catalanas actuaron al margen y en contra de la ley durante dos años de manera abierta, lo que se tradujo no solamente en la preparación del referéndum de autodeterminación y de las denominadas "estructuras de Estado"; sino también en el incumplimiento de la normativa sobre presencia de la bandera española en edificios públicos, la utilización de espacios de titularidad pública para la exhibición de propaganda nacionalista y la vulneración de la obligación de neutralidad de las administraciones públicas.

Debería sorprendernos que el gobierno español hubiera dejado hacer de esta manera en Cataluña durante años; pero lo cierto es que buena parte de la opinión pública rechazaba también cualquier intervención que llevara a la restitución de ese principio esencial en democracia: la necesidad de que los poderes públicos actúen dentro del margen que fija la ley y no fuera del mismo; mucho menos con el abierto propósito de derogar ese marco legal. De esa forma se fue creando un estado de opinión en el que las actuaciones de la Generalitat se consideraban legítimas, lo que condujo a que miles de personas colaboraran con los actos ilegales que se estaban desarrollando. Sin la tolerancia hacia esos comportamientos que observamos desde el año 2012 no hubiera sido posible la movilización que condujo a los hechos de septiembre y octubre de 2017; unos hechos que, por su extensión y gravedad, hacían que, desde una perspectiva práctica, el Derecho penal fuera ya inoperante; tal y como se demostró durante el juicio que se desarrolló en el año 2019 en relación a los hechos ocurridos dos años antes (el juicio del procés); un juicio en el que fueron varios los testigos llamados a declarar que abiertamente confesaron la comisión de lo que no puede ser calificado más que como delito, sin que, sin embargo, esa confesión motivara ninguna actuación ni del tribunal que estaba juzgando ni del ministerio fiscal. Puede verse en el vídeo que recoge las intervenciones de los testigos de la defensa, donde es claro que se describe cómo se actuó para dificultar la actuación de la policía. Algunos testigos, pese a las instrucciones que seguramente recibieron no llegan a evitar reconocer que su propósito era impedir la actuación de la policía, lo que es un delito tipificado en los arts. 556 y 550 del Código Penal (00:34 y 6:49, especialmente).

Como dijo en su momento Alejandro Molina, esta falta de actuación ante esta confesión de un delito adelantaba ya no el indulto, sino la amnistía.

En definitiva, nos encontramos con una situación en la que la tolerancia durante años de actuaciones ilegales por parte de las administraciones públicas condujo, como no podía ser de otra forma, a que una parte de la población asumiera que esas actuaciones eran legítimas. Resulta inevitable, por otra parte; ya que el poder público, precisamente por ser tal, goza de la presunción de legalidad en su actuación. Por eso resulta tan importante que se evite esa actuación ilegal del poder público; una actuación ilegal que, como sabemos, continúo durante años sin que hubiera más reacción que la judicial.

Ahora bien, esta actuación judicial, si no va acompañada de otras medidas, es insuficiente. El derecho penal no puede operar más que ante situaciones excepcionales; cuando el número de infractores alcanza determinado grado, la sanción penal resulta ineficaz.

Lo anterior no quiere decir que no deba operar la sanción penal. Al contrario; si una actuación es delictiva ni el ministerio fiscal ni los tribunales son libres de perseguir o no tal actuación; sino que han de hacerlo necesariamente. Si a la actuación ilegal del poder público y a la pasividad de las autoridades que deberían impedirla se uniera la inacción del poder judicial la quiebra del Estado de Derecho sería aún mayor. Ahora bien, esto no cambia que no pueden obviarse las consecuencias de la tolerancia durante años a esa situación patológica: el ejercicio del poder público al margen y en contra de la ley; un ejercicio que, como se acaba de indicar, inevitablemente pretenderá gozar de legitimidad y que, por la propia naturaleza de la administración, está en condiciones de lograrla.

A partir de 2017, una vez fracasado el intento de secesión, los nacionalistas han centrado una parte de sus esfuerzos en conseguir la legitimación de sus acciones. Esa legitimación se construye sobre la tolerancia durante años a las actuaciones desarrolladas para conseguir la secesión; una tolerancia que permitió que el poder público en España se fracturara, de tal manera que una parte de él (la Generalitat) obraba abiertamente en busca de la secesión, mientras que otra parte, el gobierno de España, el Senado y el poder judicial, pedía o exigía -con más o menos intensidad- el cumplimiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Es esa fractura la que da sentido a la petición de amnistía; una amnistía que conseguiría que también las instituciones estatales y el Poder Judicial legitimaran aquellas acciones.

De esta forma, la amnistía se configura como un elemento que da continuidad al período de rebeldía institucional que comenzó en 2012, y lo hace en el sentido de legitimar esa rebeldía institucional. La tolerancia que, como hemos visto, acompañó a la actuación de las administraciones catalanas durante los años que van desde el 2012 hasta el 2017, se perfecciona mediante una ley, la de amnistía, que priva de la posibilidad de establecer ningún reproche jurídico a esa actuación contra Derecho del poder público. Esta dimensión de la amnistía es profundamente perturbadora. Han de diferenciarse con claridad las actuaciones de los particulares y de los poderes públicos; lo que hace el poder público afecta, siempre, directa o indirectamente, al conjunto de la ciudadanía, y por eso es imprescindible, para la protección de la democracia y de los derechos de todos, que esa actuación sea siempre ajustada a Derecho. Cuando no solamente se tolera esa actuación ilegal, sino que, además, se legitima, se da carta de naturaleza a la vulneración de un principio esencial del Estado de Derecho. Una vez que este principio quiebra, el equilibrio que permite garantizar los derechos de todos deja de existir.

Desde mi perspectiva, esta es una de las dimensiones más perversas de la amnistía. Legitimar la actuación contraria a Derecho del poder público nos sitúa fuera del Estado de Derecho. La secesión no se produjo, pero con la amnistía se consagra la rebelión institucional como un mecanismo admisible, al menos en determinadas circunstancias. De esta forma, el propio legislador y las instituciones estatales permiten que la administración abuse de su poder dañando a los derechos de los ciudadanos. En definitiva, la amnistía impide que esa rebeldía institucional pueda considerarse como un mero paréntesis en nuestra historia para fijarlo de manera indeleble en el ordenamiento constitucional español. Como decía al principio, supone quebrar el marco constitucional y los consensos que lo hicieron posible. Si algunos pueden no solamente desobedecer la ley como particulares, sino como autoridades públicas la legitimidad del conjunto del sistema se ve dañada.

Gasto autonómico, renta per capita y solidaridad

I. Planteamiento

Dicen que si los torturas suficientemente los números te dirán cualquier cosa.

Probablemente sea cierto; pero, aún teniendo lo anterior en cuenta, comparar datos puede arrojar luz sobre algunos debates y ayudar a la toma de decisiones o, al menos, a calcular las consecuencias de tomar unas u otras decisiones.

La cuestión de la financiación autonómica siempre ha estado ahí, pero como ahora parecemos de nuevo interesados en él a raíz de las exigencias de los nacionalistas catalanes; así como de sus advertencias de que la solidaridad con otras Comunidades Autónomas tendría límites y condiciones, quizás sea bueno repasar algunas cifras.

Las cifras que comentaré son las del gasto autonómico; es decir, lo que obtienen y emplean las diferentes Comunidades Autónomas españolas. Por supuesto, esto no cubre el conjunto del gasto público en España, puesto que al gasto autonómico hay que sumar el gasto estatal, entre el que se encuentra la partida de la Seguridad Social. Ahora bien, dado el alto grado de descentralización en España y la importancia de las competencias que gestionan las Comunidades Autónomas, el gasto de éstas es muy relevante. De hecho, la suma de los presupuestos de las 17 Comunidades Autónomas supera el del Estado descontando la Seguridad Social. En el año 2022 (todas las cifras que daré están referidas a ese año y extraídas de Datosmacro) fue de más de 236.000 millones de euros, lo que supone una media de 4.947 euros por persona.

Cuadro 1

II. Desigualdad y solidaridad en el gasto autonómico

Esos 236.000 millones de euros se distribuyen de manera bastante desigual entre todas las Comunidades Autónomas, y no solamente por la diferencia de población entre unas y otras (más de ocho millones de personas en Andalucía y menos de 400.000 en La Rioja) sino también por la diferencia de gasto por persona en cada Comunidad Autónoma. En la Comunidad Autónoma con el presupuesto "per cápita" más alto, Navarra, se sitúa cerca de los 8000 euros por habitante; mientras que en la Comunidad con menos gasto por persona, Madrid, no llega a los 3800. En el siguiente cuadro se puede ver.

Cuadro 2

Alguna explicación habrá que encontrar a diferencias tan significativas dentro de un mismo país (recordemos, de momento seguimos siendo un único país). Al fin y al cabo, hemos de pensar que los presupuestos autonómicos cubren en buena medida servicios públicos esenciales como son la educación y la sanidad, y sería deseable que hubiera unas condiciones equivalentes en toda España. Por otra parte, sin embargo, dada la autonomía política de las Comunidades Autónomas, no ha de ser imposible que los servicios que se den en una y otra presenten divergencias. Si todo fuera igual, ¿para qué entonces la existencia de Comunidades Autónomas? Por otra parte, dado que cada Comunidad Autónoma tiene capacidad para, dentro de unos límites, decidir los tipos impositivos o para establecer deducciones (en el IRPF) por ejemplo, entra dentro de la autonomía política determinar si es preferible recaudar y gastar más o recaudar y gastar menos.

A lo anterior aún hay que añadir otras dos consideraciones: en primer lugar, dada la diferencia de renta en unas y otras Comunidades Autónomas, resultará que, incluso con la misma política fiscal, la recaudación (y, por tanto, el gasto) será mayor en aquellas Comunidades Autónomas con un mayor PIB por persona. En segundo término, las competencias autonómicas no son las mismas en todos los territorios. Así, por ejemplo, policía autonómica solamente hay -salvo error por mi parte- en el País Vasco, Navarra y Cataluña. En otro orden de cosas, las televisiones autonómicas tienen dimensiones muy diferentes en unas y otras Comunidades; eso explicaría parte de las diferencias de gasto per cápita en unas y otras.

Es decir, por una parte, en función de la renta de las personas que viven en una Comunidad Autónoma, resultaría que con políticas fiscales parecidas la recaudación sería diferente en unas y en otras. Por otra parte, forma parte de la decisión política la determinación del nivel de fiscalidad que se desea (dentro de unos límites) y también es decisión política (no unilateral de la Comunidad Autónoma, sino acordada con el Estado) la determinación de las competencias que se asumen. En principio, cuantas más competencias, más gasto.

Aún habrá que considerar otro elemento relevante; pero antes de pasar a él vamos a ver cómo se distribuye la renta per cápita entre las diferentes Comunidades Autónomas. Creo que será interesante compararlo con el gasto autonómico por persona ya que, como se acaba de indicar, ambas magnitudes pueden relacionarse.

Cuadro 3

Como puede apreciarse en este gráfico, no hay una correspondencia entre renta per cápita y gasto autonómico por persona. La primera comunidad en renta per cápita, Madrid; es la que tiene un menor gasto por habitante y Extremadura, que es la penúltima en renta per cápita, es la segunda en gasto autonómico por habitante. De alguna forma, parece que una alta renta per cápita no se corresponde con un mayor gasto autonómico per cápita; y eso que, como se ha visto, con una fiscalidad equivalente, la recaudación sería mayor en las comunidades con una mayor renta per cápita.

Parte de la discrepancia entre renta per cápita y gasto autonómico puede explicarse por las decisiones políticas que hemos comentado antes. Es sabido que Madrid hace gala de una política de bajos impuestos (dentro del margen que se le permite) y eso implicará que la recaudación puede ser menor. Además, hay que tener en cuenta otro tipo de decisiones políticas: si no se tiene una policía autonómica, ese gasto ya no lo tienes y seguramente podrían ponerse otros ejemplos de formas en que se puede aligerar la administración de la Comunidad y, por tanto, reducir el gasto autonómico.

A partir de lo anterior, alguien podría dar el paso de mantener que un menor gasto autonómico (menor peso de lo público) conducirá a una mayor renta per cápita; pero no hay que olvidar nunca que correlación no implica causalidad (el sol no sale porque el gallo cante).

Pero esto es solamente una parte. Otra parte puede tener que ver con la necesidad de desarrollar políticas de solidaridad entre las Comunidades Autónomas. Como las administraciones autonómicas se han convertido en las más relevantes en las vidas de los ciudadanos, es posible que estas políticas de solidaridad acaben redundando en un mayor gasto autonómico en las Comunidades favorecidas; sin que toda esta solidaridad se canalice a través del gasto estatal. Visto desde esta perspectiva, resultaría que una mayor renta per cápita en la Comunidad Autónoma debería conducir a un menor gasto en la Comunidad no por una recaudación menor, sino por la existencia de políticas de solidaridad en favor de otros territorios.

Obviamente, lo anterior no puede implicar una correlación maximalista entre renta per cápita en el sentido de que las Comunidades con una renta per cápita muy superior a la media deberían tener un gasto autonómico muy inferior a la media para conseguir compensar los desequilibrios internos; pero quizás sea interesante ver, en primer lugar, a qué gasto autonómico "ideal" nos llevaría el dividir el gasto autonómico medio (4.947 euros por persona y año -en el año 2022) por la relación entra la renta per cápita de la Comunidad Autónoma y la renta per cápita española. Hacer esta operación implicaría que, por ejemplo, en el caso de Andalucía, que tiene una renta per cápita que solamente es el 0,75 de la renta per cápita española, el gasto autonómico debería ser un 133% del gasto medio (1 dividido entre 0,75; mientras que Madrid, que tiene una renta per cápita que es un 136% de la renta per cápita española, debería tener "idealmente" un gasto autonómico que fuera un 74% del gasto autonómico medio (1 dividido por 136).

Como ya he dicho, no se trata de proponer una medida como esa, porque la solidaridad no puede llevar a que en las Comunidades con rentas más altas se realicen transferencias de ese calado a las que tienen las rentas más bajas y, además, hay que tener en cuenta también las decisiones políticas que hemos comentado sobre mayor o menor presión fiscal y, por tanto, mayor o menor gasto autonómico; pero con todas estas cautelas, hacer estos números nos permite ver en qué medidas unas y otras Comunidades Autónomas se sitúan más o menos cerca de ese "ideal". Este es el resultado.

Cuadro 4

En esta gráfica la barrita azul es el gasto per cápita "ideal" teniendo en cuenta un mecanismo de solidaridad maximalista y a partir de la renta per cápita de la Comunidad Autónoma. La barra naranja es el gasto per cápita real y la barrita gris la diferencia entre uno y otro. El gasto, tanto el ideal como el real, se expresan como relación respecto al gasto medio en el conjunto de España (es decir, 4.947 euros al año es "1"). Las Comunidades Autónomas están ordenadas en orden decreciente; desde aquella que tiene un gasto real más alto respecto al que debería tener de  acuerdo con este planteamiento "ideal" a la que tiene un déficit de gasto mayor en relación al que le correspondería de acuerdo con este mecanismo de solidaridad máxima. Como adelanto, no se trata de pretender que se instaure realmente ese mecanismo de solidaridad, sino de ver qué Comunidades se alejan más de él.

Quizás no sorprenda a estas alturas que las Comunidades más "insolidarias" son Navarra, el País Vasco y Cataluña, en las que el gasto autonómico es 75, 41 y 27 puntos porcentuales mayor que el que correspondería según el índice ideal que comentábamos antes. Muy cerca de estas 3, también La Rioja, con una diferencia de 26 puntos porcentuales.

Tras este grupo, la mayoría de las Comunidades autónomas se apartan menos de 15 puntos porcentuales por arriba o por abajo de ese "ideal":

Aragón: 14 puntos por arriba.

Islas Baleares: 11 puntos por arriba.

Cantabria: 7 puntos por arriba.

Comunidad de Madrid: 3 puntos por arriba.

 

Y, ahora, ya por debajo del gasto ideal:

Asturias (4 puntos).

Comunidad Valenciana (6 puntos).

Castilla y León (7 puntos).

Extremadura (11 puntos).

Galicia (11 puntos).

Castilla-La Mancha (14 puntos).

E, igual que teníamos cuatro comunidades que destacaban por "insolidarias" (Navarra, País Vasco, Cataluña y La Rioja), hay tres que destacan por tener un gasto autonómico significativamente inferior al que les correspondería de acuerdo con su renta per cápita y asumiendo una solidaridad ideal entre Comunidades Autónomas:

Región de Murcia (31 puntos por debajo).

Canarias (36 puntos por debajo)

Andalucía (49 puntos por debajo).

Como he ido reiterando, no se trata de defender ese mecanismo de solidaridad "máxima"; pero sí de constatar que existen diferencias significativas entre Comunidades Autónomas y que, quizás no por casualidad, las dos con régimen foral y Cataluña destacan por tener un gasto autonómico significativamente superior al que les correspondería de acuerdo con la renta per cápita de la Comunidad Autónoma y teniendo en cuenta la necesidad de establecer mecanismos de solidaridad entre unos y otros territorios. Si estos mecanismos existen en la Comunidad Europea, ¿cómo no habría de haberlos dentro de lo que todavía es un único país?

Creo que este tipo de debates han de ser abordados sin apriorismos. De los datos creo que resulta que existen desequilibrios mayores de los deseables, tanto en lo que se refiere a la renta per cápita como en el gasto autonómico per cápita. Plantear, por ejemplo, que el gasto autonómico per cápita haya de moverse necesariamente en una franja que vaya del 90% del gasto per cápita medio al 110% del gasto per cápita medio no me parecería descabellado, y conduciría a que necesariamente aumentara el gasto per cápita en Andalucía y en Madrid, ambas Comunidades por debajo del 90% del gasto autonómico medio por persona; y disminuyera en:

Navarra: 159% del gasto medio.

La Rioja: 122% del gasto medio.

Extremadura: 122% del gasto medio.

País Vasco: 120% del gasto medio.

Cantabria: 115% del gasto medio.

Cataluña: 114% del gasto medio.

Castilla-La Mancha: 111% del gasto medio.

De igual forma, también podría establecerse un límite al gasto autonómico. Comenzaba indicando la relevancia de éste en tanto en cuanto son las Comunidades Autónomas las que gestionan servicios públicos de la importancia que tienen la sanidad y la educación. Esto podría llevarnos a pensar que el aumento del gasto tendría, al menos, el efecto positivo de mejorar esto servicios; sin embargo, no se observa esta correlación, tal y como veremos a continuación.

III. El gasto en educación

En lo que se refiere a educación, si comparamos los resultados del informe PISA con el gasto autonómico de las Comunidades veremos que las Comunidades que más gastan no obtienen mejores resultados. Se podrá decir que lo que hay que examinar es la inversión específica en educación (y lo haremos también); pero la idea que se quiere adelantar aquí es la de que no puede justificarse de manera general un aumento del gasto autonómico con el argumento de la relevancia de los servicios públicos que gestiona; puesto que lo que sucede en la práctica es que este aumento de gasto no redunda en la mejora de estos servicios.

En este cuadro pueden verse los resultados de las pruebas PISA por Comunidades Autónomas. En él están ordenadas las Comunidades de mejores resultados (Castilla y León) a peores resultados (Canarias).

Cuadro 5

Como puede comprobarse, el resultado no se corresponde con el gasto per cápita de cada Comunidad Autónoma. La Comunidad que, con diferencia, tiene un mayor gasto per cápita, Navarra, está situada en el puesto octavo en cuanto a resultados. Quien está primero en cuanto a resultados (Castilla y León), es la quinta Comunidad por la cola en cuanto a gasto per cápita. La segunda en cuanto a gasto per cápita, Extremadura, se sitúa en el decimosegundo puesto en cuanto a resultados. Casi la única coincidencia que nos encontramos es la de Andalucía, que es segunda por la cola tanto en cuanto a gasto per cápita como en cuanto a resultados.

Esto se podrá apreciar mejor en el siguiente gráfico, que refleja la diferencia existente entre los resultados obtenidos en el informe PISA en cada Comunidad Autónoma (medidos como relación entre los resultados de la Comunidad Autónoma y la media española) y el gasto autonómico per cápita, identificado también como la relación entre el gasto de la Comunidad Autónoma y la media española. Así, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid le corresponde un valor positivo de 0,27 porque sus resultados en PISA representa un 1,04 de la media nacional (497,67 para Madrid, cuando la media nacional es de 477,33), mientras que su gasto autonómico per cápita es de tan solo un 0,77 de la media nacional (3796 euros anuales en Madrid frente a 4947, que es la media española. En el lado contrario, por ejemplo, a Navarra le corresponde un valor negativo de 0,57, ya que su gasto autonómico per cápita es 1,59 veces el gasto medio de España, mientras que sus resultados en PISA se sitúan ligeramente por debajo de los de Madrid (1.03).

Cuadro 6

Si del conjunto del gasto autonómico pasamos al gasto específico en educación, la situación no cambia en sus grandes líneas, tal y como muestra el gráfico siguiente:

Cuadro 7

Como vemos, las Comunidades que están situadas en los primeros y últimos lugares coinciden básicamente. Las dos primeras siguen siendo la Comunidad de Madrid y Asturias y en la parte de atrás Extremadura, País Vasco y Navarra se intercambian sus posiciones. El cambio quizás más significativo es del de Andalucía, que de estar en los primeros puestos cuando consideramos el gasto total, pasa a estar en la parte de atrás cuando consideramos solamente el gasto en educación. En el caso de Cataluña, sin embargo, de estar en los últimos lugares cuando se considera el gasto total, pasa a estar mejor situada cuando se considera tan solo el gasto en educación; lo que se relaciona directamente, obviamente, con el peso que tiene el gasto de educación en el total del gasto. En aquellas Comunidades en las que el peso de esta partida es mayor, salen beneficiadas cuando se considera el total del gasto; en aquellas en las que la partida de educación es menos importante, les beneficia considerar solamente la relación entre esta partida y los resultados obtenidos.

Sea como fuere, el caso es que no puede establecerse una relación directa entre un mayor gasto y unos mejores resultados, lo que no deja de ser contraintuitivo; pero los números no mienten.

Por otra parte, tampoco puede establecerse una correlación entre renta per cápita del conjunto de la Comunidad y resultados; pues de las Comunidades con rentas per capital más altas tan solo una se sitúa en los primeros lugares (Madrid), mientras que otras dos con rentas muy altas, el País Vasco y Navarra, se ubican en los últimos lugares junto a la segunda comunidad con la renta per cápita más baja, Extremadura, que se encuentra por encima tan solo de Andalucía

IV. El gasto en sanidad

Si de la educación pasamos a la sanidad es probable que nos encontremos con la misma falta de correlación entre grado de éxito y nivel de gasto. Ciertamente, medir el grado de éxito de un sistema sanitario es un asunto complejo; pero en este blog se trata de plantear hipótesis inconclusas; así que para ello me ocuparé de un solo índice en relación a la eficiencia del sistema sanitario: el tiempo de espera medio para una consulta. Es un dato que publica el Ministerio de Sanidad y que alguna pista nos puede dar.

Cuadro 8

A partir del dato del tiempo medio de espera para una consulta en cada Comunidad Autónoma podemos calcular el tiempo medio de espera para el conjunto de ellas y, sobre ese dato, determinar en qué posición se encuentra cada Comunidad Autónoma respecto a la media nacional.

Cuadro 9

Cuadro 10

Estos índices muestran una correlación mayor entre gasto autonómico y buenos resultados en el sistema sanitario (a partir, por supuesto, del limitado indicador que estamos considerando dado el carácter tentativo de la entrada) que lo que observábamos en educación. En los primeros lugares se encuentran varias Comunidades con un alto gasto per cápita (País Vasco y La Rioja); mientras que en los últimos lugares aparecen dos Comunidades con un bajo nivel de gasto autonómico (Andalucía y Canarias); pero de nuevo nos encontramos con que en uno de los primeros puestos en cuanto a eficiencia del sistema sanitario se encuentra la Comunidad Autónoma con un menor gasto per cápita (Madrid), que la Comunidad con un mayor gasto autonómico es la tercera por la cola en cuanto a eficiencia (Navarra) y que la sexta Comunidad por gasto per cápita (Cataluña) es la cuarta por la cola en cuanto a eficiencia.

Lo anterior, sin embargo, todavía no nos permite establecer una relación entre el gasto y el éxito del sistema. Para llegar a esto partiremos de un "índice de eficiencia" que se define por dividir el tiempo de espera medio de la Comunidad Autónoma por el tiempo medio para el conjunto de España, que resulta de dividir la suma de los correspondientes a cada una de las Comunidades Autónomas entre 17.

Cuadro 11

Si ahora comparamos este índice de éxito del sistema sanitario con el gasto per cápita en cada Comunidad Autónoma vemos que la forma en que se aprovecha el gasto es tremendamente desigual.

Cuadro 12

Aquí puede verse, por ejemplo, como con unos niveles de gasto no muy alejados entre sí, los resultados de Castilla-La Mancha, por una parte, y Castilla y León, por la otra, son muy diferentes; o cómo Madrid, con un gasto inferior al de Andalucía, consigue resultados mucho mejores que esta última Comunidad Autónoma; o cómo Cataluña, con un gasto muy elevado, tiene resultados peores que Comunidades con un gasto mucho menor. Estas diferencias pueden visualizarse en un gráfico en el que las Comunidades se ubican en función de la diferencia existente entre su índice de éxito -respecto a la media nacional- y su nivel de gasto -también respecto a la media de toda España. Sería el siguiente:

Cuadro 13

Al igual que hicimos en relación a la educación, vamos a considerar ahora ya no el gasto autonómico total, sino el gasto dedicado específicamente a Sanidad.

Cuadro 14

Cuadro 15

Como puede apreciarse, hay algunas diferencias significativas respecto al cuadro núm. 13. Al igual que habíamos visto en el apartado de educación, estas diferencias se vinculan a la presencia que tenga la partida considerada (aquí, sanidad) en el conjunto de los presupuestos. Aquellas Comunidades Autónomas en las que las que la Sanidad tenga un peso menor estarán mejor situadas en este cuadro que en el 13. En caso contrario, será este el lugar en el que hallen una mejor posición.

De acuerdo con esto, vemos que La Rioja gana posiciones (lo mismo le sucedía en el ámbito de educación), lo que indica que, por las razones que sean, ni la educación ni la sanidad son tan prioritarias en esta Comunidad como lo son en otras. Cataluña también gana muchas posiciones cuando se considera únicamente el gasto sanitario, lo que llevaría a entender que lo comparativamente poco que esta Comunidad Autónoma dedica a sanidad se gestiona de mejor forma que en otras Comunidades Autónomas, o bien que existe un contexto que facilita la gestión de la sanidad (por ejemplo, en Cataluña hay una red de sanidad privada muy densa, seguramente superior a la que existe en otras Comunidades Autónomas).

Por el lado contrario, hay Comunidades Autónomas que empeoran significativamente su posición en este cuadro respecto al núm. 13 (Asturias, Baleares o Galicia, por ejemplo). Esto nos estaría indicando que en estas Comunidades Autónomas el peso del gasto sanitario es superior al de otras partidas.

V. Conclusión

Probablemente no haya tema más importante ahora mismo en España que el de la estructura territorial, porque de esa estructura dependen servicios como la educación y la sanidad.

Me parece que deberíamos todos trabajar para que tanto la organización como la financiación de las Comunidades Autónomas se orientaran a conseguir lo mejor para el conjunto de los ciudadanos; y para eso examinar la distribución de ese gasto, el funcionamiento de los mecanismos de solidaridad y la eficiencia en la atribución de recursos es esencial.

Pese a lo que pudiera intuirse, no está claro que el aumento de la financiación autonómica redunde en una mejora de los servicios públicos esenciales; y ni siquiera la asignación de partidas presupuestarias más elevadas a esos servicios públicos conduce a una relación lineal entre aumento del gasto y mejora del servicio.

El dinero es un bien escaso, las tareas que hay que acometer son muchas y no estamos para despilfarros. Estaría bien dejar de lado la asunción simple de que cuanto más dinero se transfiera a las Comunidades Autónomas, mejor y comenzáramos a pensar en qué forma podemos convertir ese dinero, que es de todos, en una mejor calidad de vida para todas las personas.