Antifascistas

sábado, 25 de agosto de 2007

Sobre los acuerdos y los consensos (II)

De acuerdo con mi percepción, por tanto, el consenso es la base sobre la que se pueden construir acuerdos. Los consensos, por tanto, desempeñan un papel fundamental en cualquier sociedad. En la nuestra, y en las circunstancias actuales, creo que son especialmente necesarios. Ello es debido a que en los primeros años del siglo XXI todo el mundo, y también nosotros, los españoles, debemos ajustar nuestras estructuras sociales y políticas a un fenómeno de transcendencia multisecular como es la globalización. Una de las muchas consecuencias de el proceso de integración mundial es la necesidad de repensar la forma en que se organizan políticamente las sociedades, pues el Estado, monopolizador del poder público en los últimos siglos, ve su posición cuestionada.
Hace unos años tenía la percepción de que España se enfrentaba a este fenómeno en mejores condiciones que otros países, precisamente por la existencia de un modelo de Estado descentralizado y flexible. El Estado autonómico permite diferentes diseños y pruebas que podrían facilitar la adaptación a las exigencias de la globalización. Me imaginaba un escenario en el que sería posible discutir abiertamente sobre el papel del Estado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales con el objeto de conseguir un sistema que permitiera satisfacer las necesidades de los ciudadanos (infraestructuras, seguridad, sanidad, educación...) en un entorno cada vez más influido por el exterior como es el que nos toca vivir en la era de la globalización.
En este sentido, una reforma del Estado autonómico, pensando qué competencias debería asumir el Estado central, cuáles las Comunidades Autónomas y la forma en que el Estado debía ejercer una necesaria función de coordinación, me parecía ineludible para actualizar el modelo que había surgido en los años 70. Los puntos que deberían abordarse en ese debate son muchos, evidentemente, pero aquí destacaré solamente dos, que me parecen cruciales: la competencia impositiva y la política exterior. En lo que se refiere al primero mi reflexión es la de que resulta poco coherente que cuando son las Comunidades Autónomas las que asumen la mayoría del gasto público (competencias en materia de educación, sanidad, parte de las infraestructuras, etc.), sea el Estado central el que mantenga un casi monopolio en materia de ingresos, esto es, impuestos. Una mayor responsabilidad de las Comunidades Autónomas en materia impositiva me parece ineludible. En el segundo de los ámbitos, sin embargo, creo que resultaría conveniente fortalecer la posición del Estado central. La política exterior actual sigue siendo un coto casi cerrado a los Estados, y, desde mi desconocimiento, tengo la impresión de que flaco favor se hace a nuestros intereses debilitando la posición exterior de la diplomacia española. Ahora bien, esto no quita para que esta misma diplomacia y, en general, la acción exterior del Estado, haya de ser extraordinariamente cuidadosa con los intereses de todas las Comunidades Autónomas, debiendo establecerse cauces eficaces para que nuestra política exterior sea leal a todos los españoles.
El proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía que estamos experimentando desde hace unos años debería ser el lugar idóneo para que se produjera esta actualización de la estructura del Estado. Mi impresión, sin embargo, es la de que este proceso no va por estos derroteros. Más bien se ha asemejado a un regateo competencial con un déficit claro de reflexión. Las causas de este fracaso (fracaso para mí, evidentemente, son muchos los que se muestran satisfechos con lo conseguido) son varias; pero una de ellas creo que es precisamente la ruptura del consenso a la que me he estado refiriendo. Me explico: si existiera un auténtico consenso sobre la estructura del Estado, esto es, si no se discutiera la unidad de España, se podría reformular el sistema competencial sobre bases objetivas, determinando lo que debe ser estatal o autonómico únicamente sobra la base de criterios de eficiciencia y racionalidad. De existir ese consenso tanto el Estado como las Comunidades Autónomas partirían de la misma base para, sobre ella construir el acuerdo. Sucede, sin embargo, que para ciertas fuerzas políticas el proceso de reforma estatutaria es entendido como una fase más en la consecución del objetivo final que es la independencia de la Comunidad Autónoma (País Vasco, Cataluña, Galicia). Desde esta planteamiento cuantas más competencias se asuman, mejor, siempre mejor, y si esa asunción plantea problemas de eficacia o no existen recursos para poder ejecutar las acciones que implica la competencia o, simplemente, se trata de competencias que objetivamente es mejor no tener (léase, competencia penitenciaria), da igual. Todos estos problemas son considerados como menores en tanto en cuanto el objetivo principal es la reivindicación de cuantos ámbitos de poder se pueda.
Desde la perspectiva del Estado central, en cambio, una vez que se pone de manifiesto que el objetivo final puede ser la independencia, el proceso de atribución competencial se examina de una forma cuidadosa. Ahora el objetivo pasa a ser ceder cuantas menos competencias mejor y, desde luego, retener aquéllas que resulten más signficativas. Cualquier cesión en materia impositiva será extraordinariamente difícil de conseguir, por ejemplo. El resultado es que la final el reparto es más fruto del mercadeo que de la reflexión sin que se lleguen a afrontar los auténticos problemas que afectan a la organización de los poderes públicos en el mundo complejo en el que nos toca vivir.
Se trata, para mí, de un resultado descorazonador, no tanto porque tema que se pueda llegar finalmente a la pérdida de la unidad del Estado (lo que desde mi perspectiva tampoco sería una buena noticia), como porque conduce a un discurso y una reflexión incoherentes. Al perder las bases del razonamiento, de nuevo el consenso que tanto echo de menos, se produce un debate deslabazado, lleno de vaguedades y confusiones. Pondré un ejemplo: la tan traída y llevada incoherencia del Partido Popular al impugnar ante el Tribunal Constitucional determinados preceptos del Estatuto de Cataluña que son idénticos a ciertos preceptos del Estatuto de Andalucía que fue aprobado con los votos del PP. Aparentemente se trata de una incoherencia que, además, arrastra otras consigo; pero solamente es tal si nos quedamos en el discurso más formal. Si se analiza el proceso en la clave que aquí defiendo la actitud del PP es coherente. En Andalucía ninguna fuerza política significativa reclama la independencia de la Comunidad, por lo que no existe problema en que se trasladen ciertas competencias del Estado a la Comunidad y que se adopte un determinado lenguaje (la famosa nacionalidad histórica). En Cataluña, en cambio, la situación es diferente; resulta, por tanto, necesario limitar la ampliación de competencias de una Comunidad Autónoma en la que muchos desean dar un nuevo paso hacia la independencia lo más pronto que resulte posible.
En definitiva, nos encontramos en un cruce de caminos. Yo no digo para donde debamos tirar, pero no podemos quedarnos indefinidamente aquí, o de nuevo seremos atropellados por quienes circulan más rápidos y seguros que nosotros.

No hay comentarios: