Leo esta noticia que es realmente preocupante. En España más de un 13% de los trabajadores son pobres o están en riesgo de pobreza. Es el tercer peor resultado de la UE, tan solo por delante de Grecia y Rumanía.
Este es un problema del que se viene alertando desde hace tiempo. Hace unas décadas parecería imposible que un trabajador fuera pobre o estuviera en riesgo de pobreza. Esa situación, la de pobreza, se vinculaba con quienes no podían acceder al mercado laboral; pero quien estaba ya incorporado al mismo disponía, por lo general, de niveles de salario y condiciones laborales que le alejaban de las situaciones de necesidad. Eso ahora ha cambiado. Es posible que quien trabaje lo haga en condiciones tales que su esfuerzo no sea suficiente para sacarle de la pobreza. ¿Cómo es esto posible?
Es posible porque en el último lustro la política española se ha dirigido a hacer disminuir el desempleo y favorecer el crecimiento económico; no es ningún secreto. A este fin se orientó la reforma laboral del año 2012 y no a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y tal como era de esperar, tuvo éxito en lo que se refiere a los beneficios de las empresas; pero no permitió que el crecimiento económico se trasladara a los salarios. De hecho, la participación de los salarios en la renta nacional ha disminuido en casi un 3% desde el comienzo de la crisis; aunque, seguramente, este dato, que tiene en cuenta todos los salarios, no da cuenta de la realidad de tantos empleos en los que la bajada salarial y el empeoramiento de las condiciones laborales ha sido muy significativo. No es por asustar, pero me parece que todo indica que ese empobrecimiento de los trabajadores, que ha empezado por los salarios más bajos, irá extendiéndose a toda la sociedad. Es un problema que, además, no creo que se vaya a limitar a España, sino que más tarde o más temprano llegará a todo el mundo. En Estados Unidos, también hay trabajadores pobres.
Por desgracia, las locuras separatistas y la mediocridad de nuestra política nos impiden abordar de forma directa y ambiciosa el problema de las profundas grietas que se están abriendo en nuestra sociedad y que en otros países son objeto de atención, estudio y análisis (aunque, todo hay que reconocerlo, sin que avancen excesivamente las propuestas de actuación).
Asistimos a los albores de una nueva sociedad, una nueva sociedad en la que, reducidos los corsés nacionales, las relaciones económicas y productivas se desenvolverán en un escenario liberado de la regulación estatal. O, por mejor decir, la regulación estatal tenderá a simplemente acompasar y ratificar las tendencias que va imponiendo la lógica de los mercados (la reforma laboral de España en 2012, ya mencionada, creo que es un buen ejemplo).
Es un mundo nuevo, en el que el poder público retrocede y en el que la depauperación de los trabajadores se irá haciendo más intensa. Las grandes compañías tenderán a desplazar a las pequeñas empresas o les impondrán como suministradores condiciones cada vez más onerosas. El mercado se convertirá en más "injusto", si por injusto entendemos un flujo cada vez más intenso de beneficios a la cúpula de dicho mercado (grandes fondos de inversión, grandes fortunas) a costa de una retribución cada vez más reducida del trabajo y de la iniciativa personal.
Este es el mundo al que nos enfrentamos, y en el que este profundo desajuste económico provocará turbulencias políticas. ¿No es evidente la relación entre la crisis económica en España, acentuada a partir de 2010 y el movimiento separatista catalán? Esta situación de incertidumbre ¿es ajena a los movimientos populistas y antieuropeos que, de momento, ya han conseguido que el RU abandone la UE? Las tubulencias en la política norteamericana, que han llevado a la presidencia a un personaje como Trump ¿son ajenas a la sensación de desamparo económico que se deriva de la penetración de las consecuencias de la globalización en las clases medias americanas?
Es hora de que estas cuestiones se coloquen en el centro del debate político, y para ello debemos plantearlas de frente. Es necesario asumir que es precisa una cierta regulación de la globalización que imponga condiciones mínimas laborales a los productos que pretendan entrar en el circuito comercial mundial. Sin esas condiciones mínimas la "race to the bottom" en las condiciones de los trabajadores no tendrá fin.
Evidentemente es preciso un poder que tenga esta capacidad de regulación. En este sentido, la UE tiene capacidad para sentarse con los otros grandes poderes económicos del Planeta (Estados Unidos, Rusia, China, la India y Japón) y fijar estas condiciones mínimas que evitarían esa carrera hacia abajo desbocada que nos está llevando a salarios mínimos, estabilidad laboral inexistente, jornadas injustificadamente largas, contratos por horas, pero con plena disponibilidad, etc.
Aparte de esto es necesario garantizar que todas las personas dispondrán de los mínimos recursos para sobrevivir. Durante décadas se trasladó a las personas la responsabilidad por no encontrar trabajo o no encontrar trabajo de calidad: si no trabajas es porque eres un vago o no estás suficientemente formado. Si te formas tendrá empleo de calidad, etc. Bien, asumamos ya que esto no es así. Personas perfectamente formadas no encuentran trabajo, o el que encuentran es de baja calidad. El otro día me explicaban lo que cobraba un médico interno residente: en torno a los 1500 euros mensuales ¿es que no se ha formado suficientemente? ¿cómo es que su salario apenas llega al 60% de la renta per cápita?
Ante esta situación hay que actuar en dos frentes: garantizar unos ingresos mínimos universales que, creo, deberían fijarse en un 20% de la renta per cápita y, por otra parte, garantizar unos servicios públicos de calidad.
Ambas cosas precisan de una capacidad de recaudación fiscal que ahora se ve seriamente perjudicada por las circunstancias que veíamos antes: las rentas del trabajo, que se constituyeron en la espina dorsal de la recaudación fiscal durante décadas, ahora son un caladero escaso como consecuencia de la disminución de los salarios. Los beneficios empresariales, por su parte, se benefician de estrategias de planificación fiscal -favorecidas por la globalización y la integración regional- que impiden una imposición sobre la actividad empresarial acorde con las necesidades del sector público.
Es preciso un acuerdo internacional entre los mismos actores que veíamos antes a fin de eliminar los paraísos fiscales y potenciar la cooperación internacional en materia fiscal. A nivel de la UE es necesaria la unificación (y digo "unificación", no "armonización") de la tributación de las sociedades. ¿Ambicioso? Sí, claro; pero es que primero debemos creer que es posible, y la UE es una democracia. Si lo creemos todos a la vez, se hará.
El objetivo, hablemos claro, es una adecuada distribución de la riqueza. Un 20% de la misma debería ir a garantizar ese ingreso individual mínimo (renta básica universal), necesaria en un escenario en el que es iluso pensar que todos conseguirán por medio del trabajo esos niveles mínimos de ingresos. Otro 20% iría a sufragar servicios públicos de calidad (sanidad, educación) y el 5% restante al resto de gasto público (infraestructuras, seguridad, defensa...).
No es ninguna locura. Ya actualmente el gasto público en los países europeos se mueve en torno a ese 45% (España, 42%; Alemania, 44%; Italia, 49%; Francia, 56%; RU, 42%...). Se trata, como casi todo, de organización, cooperación y convicción.
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