Ayer comentaba que según las cifras que facilita el Instituto Carlos III de Madrid sobre exceso de mortalidad o bien el número de fallecidos por coronavirus en España es mayor que el oficial o bien tenemos otra grave problema de salud pública no identificado, porque aún descontando la cifra de fallecidos por coronavirus existe un exceso de mortalidad significativo al que alguna causa habrá que buscar. Al fin y al cabo estamos en el siglo XXI, no en la Edad Media, cuando los gobernantes ante las calamidades se encogían de hombros y señalaban al cielo.
Hay que apuntar, sin embargo, que, según comentaba Pilar Antúnez Jam, las cifras del INE (de las que bebe el Instituto de salud Carlos III) no están actualidas, pues a ella le consta que no se han remitido todavía las cifras de fallecidos en marzo por parte de los registros civiles; pero de momento no haré cuestión de esto y daré por buenas las cifras del Instituto Carlos III.
Sobre esto se pueden comentar varias cosas. Una de ellas, bastante repetida, es que este es un problema que se repite en todos los países. Hasta donde yo sé, en algunos de esos países también se repite el debate que aquí tenemos y se exige que el gobierno aporte las cifras reales de fallecidos y no se limite a las de fallecidos confirmados. A esto se replica que el criterio de la OMS es el de contabilizar solamente a los fallecidos confirmados mediante una prueba diagnóstica. Esto no es completamente cierto. Podríamos decir, en el lenguaje de la instrucción dada por el gobierno a la guardia civil, que es una media verdad.
Aquí pueden encontrarse las instrucciones de la OMS sobre la información que han de facilitar los gobiernos en relación al coronavirus
La obligación que pesa sobre los gobiernos es la de facilitar la información sobre casos confirmados y sobre fallecimientos confirmados; siendo los fallecimientos confirmados los fallecimientos sobre casos confirmados, entendiéndose por caso confirmado la "Persona con infrección por el virus de la COVID-19 confirmada mediante purebas de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos".
Esta es su obligación, ahora bien, obviamente la OMS no impide que se recopilen o difundan otros datos, siempre que no se cree confusión. Esto es, casos confirmados serán siempre (según la OMS) aquellos en los que se ha practicado una prueba de laboratorio y, consecuentemente, fallecidos confirmados aquellos fallecidos en los que también mediante una prueba de laboratorio se ha confirmado la infección por COVID-19. Ahora bien, esto no quita que haya otros casos de COVID-19 que sin ser confirmados son relevantes. En el documento de la OMS se citan, además de los casos confirmados, también los casos sospechos y los casos probables
Nada impide que junto con los casos confirmados se den los casos probables y que, por tanto, también se facilite información sobre los fallecimientos de personas que podrían ser casos probables de COVID. Evidentemente, lo que no se puede hacer es mezclar unos casos con otros, porque el criterio que suelen seguir los países, al menos en los que he visto, es dar el número de fallecidos en casos confirmados y, por tanto, este número debe estar claramente diferenciado de otros datos que se puedan aportar.
Pero, como digo, nada impide que, cumpliendo con las instrucciones de la OMS y facilitando la información pedida por ésta, al mismo tiempo se ofrezca una información más completa que incluya a pacientes probables y fallecidos en este grupo.
¿Por qué?
Bueno, creo que hay varias razones para dar esa información.
1- La primera es que teniendo el gobierno dicha información lo lógico en un sistema democrático es facilitarla. Estamos, además, en un momento especialmente dramático, en el que están recientes las dolorosísimas imágenes de los cadáveres que salían de las residencias de ancianos. Evidentemente se trata de fallecidos que no han pasado por las pruebas del COVID-19 y que, en consecuencia, no contarán en las estadísticas de fallecidos confirmados según los criterios de la OMS; pero la alternativa no puede ser la desaparición del dato. Deben articularse mecanismos de información que permitan que todos tengamos una imagen fiel del alcance de la dramática situación que estamos viviendo.
2- Lo anterior es obligado desde el momento en el que existe un exceso de mortalidad significativo. Lo explicaba un poco más arriba, y las gráficas que pueden encontrarse en el Instituto de Salud Carlos III son suficientemente explícitas.
El exceso de mortalidad (respecto a la media de años anteriores) entre los días 10 y 31 de marzo fue de más de 13.000 personas, de las que tan solo 8416 son fallecidos confirmados por coronavirus. Existe un exceso de defunciones en ese período de casi 5000 personas que supera los fallecidos confirmados. Obviamente, las autoridades tienen que dar una explicación para ese exceso de mortalidad, y esa explicación puede pasar por asumir que se trata en buena medida de fallecidos por COVID-19, pero que no pueden ser considerados -en los términos de la OMS- como fallecidos confirmados por no habérseles practicado prueba de laboratorio alguna.
Pese a lo anterior, en estos casos la causa de la muerte que puede figurar en el certificado de defunción puede ser COVID-19, porque el doctor que elabore el parte puede hacer el diagnóstico sin prueba de laboratorio. Si se tuvieran en cuenta estos certificados de defunción el número de fallecidos por COVID-19 aumentaría significativamente en las cifras oficiales.
La contradicción entre unos datos y otros no es tal si se tiene en cuenta que no todas las personas fallecidas por coronavirus, según consta en el certificado de defunción, son personas a las que se ha practicado el correspondiente test. Ahora bien, no debería haber ningún problema para facilitar ambas cifras: la de fallecidos confirmados (que es la que pide la OMS) y la de personas fallecidas por coronavirus según los partes de defunción emitidos. Algo tan sencillo evitaría todas las suspicacias que se han planteado y permitiría al gobierno explicar un exceso de mortalidad que ahora mismo no tiene ninguna explicación oficial.
3- Lo que no se puede hacer es, en un estudio temporal de la evolución de la enfermedad, mezclar en fechas diferentes datos diversos. Es decir, para analizar la evolución de la pandemia no pueden considerarse en los mismos gráficos datos que en un momento proceden de los fallecidos con COVID-19 confirmado por una prueba de laboratorio y otros que proceden de certificados de defunción en los que no se ha practicado dicha prueba de laboratorio; pero si esto se tiene en cuenta ofrecer datos comparativos de unos y de otros es útil para abordar el diagnóstico de la situción.
En ocasiones se dice que hay que mantener el criterio de las pruebas de laboratorio porque es más útil para identificar la evolución de la pandemia. La verdad es que tengo mis dudas.
En España, y dado que la dimensión ha tenido una incidencia tan grande que, como hemos visto, tiene efectos significativos sobre la mortalidad, si asumiéramos que el exceso de mortalidad producido en marzo y en abril es como consecuencia del coronavirus ¿en cuánto nos equivocaríamos?
Según la noticia de "El Mundo" que acabo de compartir en Castilla-La Mancha se indica que los fallecidos certificados como coronavirus fueron 1921, mientras que los casos de fallecidos certificados con prueba de laboratorio fueron 708. Si los médicos han acertado en su diagnóstico siquiera en un 70% es claro que el utilizar las cifras de los certificados nos dará una imagen mucho más real de la evolución de la enferemdad que las cifras de las pruebas de laboratorio. Tan solo si asumimos que son más las equivocaciones que los aciertos en las certificacioens médicas resultaría preferible, para tener una idea más acertada de la evolución de la enfermedad, analizar a partir de los datos que aportan los fallecidos confirmados por prueba de laboratorio.
Ciertamente, la OMS, que da instrucciones para todo el mundo y, por tanto, para países con infraestructuras sanitarias muy diferentes, tendrá razones para entender que la información que necesita es únicamente la de pruebas confirmadas (sus razones tendrá, repito, con ese criterio la peste negra del siglo XIV tendría que ser borrada de los libros de historia); pero sea cual sea la petición de información que reclama la OMS resulta absurdo que aquí renunciemos a información fiable como es la que se deriva de un certificado de defunción emitido por un facultativo. La clave, como digo, está en ofrecer esa información de manera clara y bien clasificada.
Ésta, además, es una información que el gobierno tiene, puesto que cada día los registros civiles de España le remiten por correo electrónico la información de fallecimientos inscritos. No se entiende por qué no se facilita esta información y se utiliza para los análisis.
4- En ocasiones se dice que la información útil es la de fallecidos con prueba de laboratorio que confirme la infección por COVID-19. No lo tengo claro. Como digo, aquello que esté más cerca de la realidad será siempre más útil, y el número de fallecidos con prueba diagnóstica depende, obviamente de las pruebas realizadas. Mi impresión subjetiva y que carece de fundamento suficiente, es que la discrepancia entre el número de fallecidos certificados y el real tuvo que darse sobre todo en el mes de marzo, mientras que en la actualidad no creo que existan divergencias significativas entre el número de fallecidos a quienes se les ha practicado la prueba y aquellos a quienes no se les ha hecho. Si esto fuera así las curvas sobre evolución de la enfermedad cambiarían radicalmente, porque el descenso en el número de fallecimientos en las últimas semanas permitirían apreciar mejor los efectos del confinamiento, y la determinación de estos efectos es fundamental para tomar decisiones en los próximos días.
Tener información siempre es bueno.
Siempre.
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