Ahora que parece que no habrá un levantamiento inmediato de las medidas adoptadas sobre la base del artículo 155 de la Constitución es momento de volver sobre el tema del acatamiento a la Constitución por parte de Joaquim Torra.
En su toma de posesión no se hizo este acatamiento. Torra se limitó a prometer cumplir con los deberes de Presidente de la Generalitat con lealtad al pueblo de Cataluña representado por el Parlamento de Cataluña. Nada de esto indica que acata la Constitución y las leyes, puesto que para Torra el cargo de Presidente de la Generalitat no es una magistratura constitucional, sino la continuidad de una institución medieval en la que a él corresponde el ordinal 131.
¿Está legalmente obligado Torra a acatar la Constitución en el momento de su toma de posesión? No. Ni en la Constitución Española ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña ni en la Ley de la Presidencia de la Generalitat se prevé que tal acatamiento haya de realizarse y tal como estableció hace ya tiempo el Tribunal Constitucional, solamente por ley puede establecerse esta obligación de acatamiento como condición para acceder a un cargo público.
¿Es relevante que se produzca este acatamiento? Sí, y mucho. Para ello tenemos que reparar en que los cargos públicos y autoridades han de ajustar su comportamiento a lo que establecen la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Así lo ha establecido en varias ocasiones el Tribunal Constitucional, por ejemplo en la importante Sentencia de 2 de diciembre de 2015, donde indicó que este acatamiento no supone una adhesión personal ni la renuncia a modificar la Constitución o a manifestar el profundo desacuerdo con su contenido; pero sí implica que la autoridad asume el compromiso de desarrollar sus funciones dentro del marco constitucional. Esta exigencia es esencial, puesto que se vincula al derecho de todos los ciudadanos a vivir en un Estado de Derecho en el que los poderes públicos tan solo actúan dentro del marco legal. Es decir, cuando un poder público obra al margen de la ley no solamente se lesiona nuestro marco institucional sino también los derechos de los administrados.
Así lo recordábamos el otro día más de un centenar de catalanes que apoyábamos una petición dirigida al Presidente del Gobierno precisamente en el sentido de que no permitiera que Torra accediera plenamente a las funciones de presidente de la Generalitat sin acatar la Constitución.
La razón de nuestra preocupación se cifraba en que el programa de gobierno de Torra, presentado en el Parlamento de Cataluña los días 12 y 14 de mayo era el de la derogación de la Constitución en Cataluña para la creación de un Estado independiente en su territorio. Ya no se trataba de que no acatara la Constitución, sino de que en el solemne acto en el que pidió la confianza de la Cámara catalana hizo patente que su acción de gobierno se situaría al margen de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.
Resulta inadmisible y creo que las reacciones ante esto han sido excesivamente tibias. ¿Nos imaginamos, por ejemplo, a Mariano Rajoy dirigiéndose al Congreso diciendo, por ejemplo, que dada la gravedad de la situación en Cataluña se requería la adopción de medidas al margen de la Constitución y de las leyes y que, por tanto, a partir de ese momento él actuaría sometido únicamente al imperio de la voluntad popular que deseaba poner fin a la situación en Cataluña sin importar los medios para ello? Un escándalo ¿no? ¿Por qué, por tanto, es menor el escándalo cuando quien sostiene esencialmente lo mismo es un xenófobo supremacista en el Parlamento de Cataluña?
Ahora bien, más allá de las reacciones políticas lo que cabe preguntarse es cómo ha de actuarse frente al claro desacato de Torra.
Creo que existe una vía para abordar el problema.
Cuando se adoptaron las medidas de intervención de la Generalitat sobre la base del art. 155 de la Constitución se creó en el Senado una Comisión de seguimiento de las mismas. No veo ningún inconveniente para que esa Comisión del Senado llame al Sr. Torra y le pregunte sobre este extremo, sobre si acata la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico en el sentido de que se compromete a llevar a cabo sus funciones según lo establecido en el Derecho vigente. Este examen se corresponde con la exigencia de que todas las autoridades actúen dentro del marco legal y se justificaría por la justificada alarma que en todos debería haber planteado el programa de gobierno presentado por el Sr. Torra en el Parlamento de Cataluña.
Paralelamente a esta solicitud de comparecencia debería introducirse una modificación en las medidas adoptadas por el Senado orientada a prolongar tales medidas en tanto el Presidente y el Gobierno de la Generalitat no acaten la Constitución. Esta modificación es posible según lo previsto en el apartado E.9 de las medidas adoptadas.
Quizás alguno piense que qué sentido tiene un acatamiento meramente formal. Entiendo la objeción, pero aún así creo que es relevante.
En primer lugar, tiene un enorme carácter simbólico, y el nacionalismos se mueve por símbolos como sabemos. Ahora mismo el símbolo que tiene el nacionalismo es el de un Presidente de la Generalitat que ha hecho expreso que no acatará la Constitución. El cambio de ese símbolo por el de un Presidente de la Generalitat que ante el Senado expresa que actuará dentro del marco legal tendrá una gran relevancia.
En segundo término, desde una perspectiva exterior también sería relevante. Fuera de España no se entiende excesivamente bien que, por una parte, se dote de poder público a quien amenaza con destruirlo y por otra se procese a esas autoridades por llevar a cabo su programa electoral. No es fácil trasladar a otros países las sutilezas del ordenamiento constitucional español; pero sí hay cosas que todo el mundo entiende. Así, por ejemplo, si Torra no acata la Constitución ante el Senado nadie se extrañará de que se prolonguen las medidas adoptadas sobre la base del artículo 155. En ningún país se admitiría que asumiera un cargo público quien se niega a acatar la Constitución de la que derivan sus poderes.
En segundo término, si se produce ese acatamiento y luego se produce una desobediencia será más fácil explicar internacionalmente una nueva intervención. La imagen de Torra en el Senado prometiendo acatar la Constitución unida a una desobediencia flagrante serán más efectivas ante la opinión pública internacional que cualquier elaborada argumentación.
Así pues, creo que es imprescindible que se produzca esa llamada de Torra al Senado. Los españoles nos lo merecemos y los catalanes especialmente.
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