En unas horas Joaquim Torra puede ser investido como Presidente de la Generalitat por el Parlament de Cataluña. El primer paso para que se levanten las medidas adoptadas por el Senado español el 27 de octubre de 2017 sobre la base del artículo 155 de la Constitución. De acuerdo con el texto aprobado en octubre, esas medidas cesarán con la toma de posesión del gobierno de la Generalitat resultante de las elecciones del 21 de diciembre de 2017.
Cuando escribo esto aún no conozco su discurso de investidura; pero sí son públicas las declaraciones hechas en las últimas horas y según las cuales su propósito es utilizar la Generalitat para llevar adelante un proyecto constituyente, confirmar su alejamiento de la neutralidad institucional para cuestionar las decisiones judiciales que mantienen en prisión a diversos líderes del golpe de Estado de los meses de septiembre/octubre e implementar la República catalana. Esto implicará "recuperar" leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, o sea, en román paladino: desobedecer al Tribunal Constitucional. No es, por otra parte, ningún secreto, que el candidato ha manifestado que se someterá a las directrices de Carles Puigdemont, que, no olvidemos, ha sido procesado por rebelión y permanece huido en el extranjero.
¿Tiene la más mínima base racional que la administración de la Generalitat, incluidos sus 17.000 Mossos d'Esquadra estén a las órdenes de alguien que hace expresos los planes señalados antes y que es persona interpuesta de alguien que está siendo investigado por rebelión?
Creo que el más elemental sentido común señala que deberían modificarse las medidas adoptadas por el Senado en octubre con el fin de prolongar la aplicación del artículo 155 en tanto en cuanto el Presidente de la Generalitat no muestre un acatamiento expreso a la Constitución y renuncie a utilizar esta para continuar la hoja de ruta soberanista. La posibilidad de modificación de estos acuerdos está prevista en los mismos, por lo que, a petición del gobierno, el Senado podría modificar y extender las medidas adoptadas (punto E.9 de éstas).
Quizás alguno plantee que en tanto estas declaraciones no se traduzcan en hechos es prematura esta modificación. No estoy de acuerdo.
En primer lugar, cuando lo que se anuncia es de la gravedad de lo que que aquí se señala el mero aviso ha de ser suficiente para actuar. ¿O acaso no es esto lo que se hace cuando alguien avisa de que cometerá un robo o un asesinato? Tenemos la experiencia del proceso de secesión en el que esa procrastinación en la adopción de medidas no respondía a la prudencia, sino que era una manifestación de la fase de negación en la que se encontraba la sociedad y política españolas.
En segundo término. Las palabras en sí son relevantes. El proceso de secesión es por definición internacional, y en el Derecho internacional las declaraciones son en sí hechos, como tuvimos ocasión de comprobar en octubre de 2017. Si Torra manifiesta -como lo ha hecho- que ejercerá su cargo no en el marco de la Constitución española sino en el de la construcción de la República Catalana, cualquier ejercicio de control efectivo del territorio y de la población catalana por parte de la Generalitat tendrá consecuencias internacionales. En octubre pudimos comprobar cómo los países y las organizaciones internacionales se posicionaban sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español y el Senado para reconducir la situación en Cataluña. Bien es cierto que mayoritariamente en apoyo del Gobierno español; pero que esta manifestación fuera en este sentido no quita un ápice a la gravedad de que se haya situado en la esfera internacional un problema que debería ser meramente interno. El propósito manifestado por Torra de internacionalizar el "procés" debería ser suficiente para adoptar medidas que evitaran que se pusieran en riesgo los intereses generales de España.
Resulta sorprendente que quien dice que obedecerá "el mandato del 1 de octubre" pueda asumir una responsabilidad como la de presidente de la Generalitat que ha de ejercerse -el Tribunal Constitucional lo ha indicado en múltiples ocasiones para todas las autoridades y cargos públicos- con escrupuloso respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
No parece que vaya a hacerse nada en este sentido, y resulta lamentable, desolador y de una enorme irresponsabilidad. Se está poniendo en juego la seguridad de los catalanes y del conjunto de los españoles y se anuncia una burla generalizada a nuestro marco de convivencia ante la inexplicable pasividad del Gobierno de España.
En cualquier país de la vieja Europa, la anterior a los populismos y la extrema derecha, un candidato como Torra, que en múltiples ocasiones se ha mostrado como supremacista, que ha insultado a España y a los españoles, que no considera catalanes a aquellos que no compartan sus planteamientos nacionalistas y que ha defendido a quienes sostenían posiciones racistas, sería de imposible consideración; pero en la Cataluña democráticamente deteriorada en que vivimos (véanse, por ejemplo, los informes primero, segundo y tercero de Societat Civil Catalana sobre déficits democráticos en Cataluña, así como la presentación del segundo de ellos en el Congreso de los Diputados) más de 60 diputados del Parlamento parecen dispuestos a apoyar a quien desafía principios democráticos básicos y nuestro marco de convivencia; así que si alguien no lo remedia, nos enfrentaremos en los próximos meses a una repetición de los acontecimientos de septiembre/octubre.
Estamos en un momento muy delicado y sería deseable altura de miras por parte de los políticos españoles.
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