Libre

sábado, 19 de mayo de 2018

Apariencia y legitimidad. Conflicto civil e independencia

Rajoy dice que esperará a la comisión de delitos para volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.


La noticia no debería sorprendernos conociendo cómo actúa Rajoy en política; pero no puede dejar de señalarse que es muestra de una mala comprensión de lo que supone el artículo 155 de la Constitución. Este precepto no está pensando para sancionar delitos, para eso ya está el Código Penal; y el Gobierno tiene alguna función más que denunciar ante los tribunales como podría hacer cualquier ciudadano. El Gobierno ha de velar por la aplicación efectiva de la Constitución y evitar que se produzcan situaciones que perjudican al interés general de España, y estas situaciones suelen darse ya antes de que se lleguen a cometer los delitos; precisamente una de las ventajas que puede tener el artículo 155 de la Constitución es evitar la comisión de esos delitos.
El desarrollo de los acontecimientos en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017 lo ejemplifica muy bien: si se hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución tras la aprobación por el Parlamento de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica los días 6 y 7 de septiembre, en vez de retrasar dicha aplicación a la declaración de independencia del día 10 de octubre, se hubiera evitado que miles de catalanes hubiesen participado en actuaciones que podrían ser delictivas (bloqueo de una comisión judicial el 20 de septiembre, ocupación de colegios para impedir la actuación de la policía el 1 de octubre, cortes de carreteras y otras medidas de sabotaje el 3 de octubre, etc.).
El gobierno, sin embargo, no lo vio así el otoño pasado y colocó a España en la situación de crisis internacional más grave desde la Guerra Civil; pero lo peor es que no parece haber aprendido de aquel error y ahora sigue en la misma actitud ¿Por qué?



Desecharé aquí la explicación más miserable que por ahí pulula: la de que obra de esta manera en virtud de un pacto con el PNV que le permitiría aprobar los presupuestos y gozar de dos años más en el poder. De acuerdo con esta especulación, cuando Rajoy dice que está esperando a que se cometan delitos en realidad lo que quiere decir es que está esperando a que se aprueben los presupuestos.



Como digo, desecharé esta interpretación y me centraré en otra posible que algunas personas bienintencionadas han puesto de manifiesto estos días: el Gobierno obraría así para no legitimar el victimismo nacionalista y cargarse de razón (el Gobierno) para cuando deba actuar, lo que sería extraordinariamente importante desde la perspectiva internacional.
Pudiera ser. El Gobierno, imbuido por una cierta "mala conciencia" (como si aplicar el artículo 155 de la Constitución fuera, en sí, algo malo, y no una reacción necesaria a una situación límite) esperaría a que se produjeran hechos de enorme gravedad que le permitieran afirmar ante todos, en España y en el extranjero: "¡veis! no he tenido más remedio que aplicarlo!". Es aquí donde se equivoca el Gobierno. Me explico.
El Gobierno parece asumir que una desobediencia clara de la Generalitat a la Constitución o a decisiones judiciales le legitimaría a ojos de la comunidad internacional para actuar en Cataluña, como si un comportamiento antidemocrático del gobierno nacionalista fuera inmediatamente entendido como legitimación para actuar por parte del Gobierno español a los ojos de la opinión pública internacional y de la comunidad internacional (no es lo mismo la opinión pública internacional que la opinión pública internacional).
Se equivoca.
Desde una perspectiva internacional el que el comportamiento de un gobierno sea o no democrático importa, claro, pero no es lo más relevante; lo más relevante es que el gobierno tenga el control efectivo del territorio y de la población y actúe como poder soberano. Ese es el primer parámetro de referencia para la comunidad internacional y, como veremos, también para la opinión pública internacional.
Desde la perspectiva de la comunidad internacional, lo primero es determinar qué autoridad tiene el control efectivo del territorio y de la población. Si en el caso de Cataluña ésta es la Generalitat y la Generalitat decide arrogarse la condición de sujeto soberano (como ya hizo Torra en su discurso de investidura y en su toma de posesión) nos encontramos ante un conflicto internacional, tal como adelantaba en agosto pasado al comentar la Ley de Transitoriedad. Conflicto que deberá ser resuelto a partir de las reglas del Derecho internacional. Esto explica, por ejemplo, los múltiples pronunciamientos en el mes de octubre sobre el conflicto catalán por parte de muchos países. Tales pronunciamientos, aunque se hicieran a favor de la legitimidad del Gobierno español implicaban que el conflicto había subido de nivel y que, por tanto, era susceptible de una valoración desde una perspectiva internacional.
El siguiente paso sería ya la asunción por parte de la comunidad internacional de que España no controla plenamente el territorio y la población de Cataluña y el ofrecimiento de una mediación internacional entre el Gobierno español y el catalán. Ya ha habido voces en este sentido. Debería preocuparnos.
Teniendo en cuenta lo anterior, si con un nuevo Gobierno de la Generalitat se llega a la situación de que es preciso volver a aplicar el artículo 155 resultaría que la internacionalización del conflicto sería ya evidente, máxime si, a diferencia de lo que sucedió en octubre, hay resistencia por parte de los nacionalistas a abandonar la administración catalana. El conflicto que surgiría a partir de ese momento sería, indudablemente, un conflicto internacional. ¿Podemos arriesgarnos a ello?


Esto en lo que se refiere a la comunidad internacional, pero ¿y la opinión pública internacional? Pues lo mismo. Pese a que estemos en el siglo XXI el primer parámetro de referencia para la comunidad internacional no es el nivel de democracia del territorio de que se trate, sino la identificación de ese territorio con un gobierno o con una autoridad que reclama ejercer como soberana en el mismo. ¿Era democrático el Tibet anterior a la ocupación por el ejército chino? ¿Están organizados los kurdos de manera democrática? Para los que tengan años suficientes ¿tenían una organización democrática los talibanes que en los años 80 luchaban contra el ejército soviético en Afganistán?
Desde el punto de vista de la opinión pública internacional el que los nacionalistas sean más o menos demócratas es menos relevante de lo que pareciera ¿se han planteado muchas críticas al carácter irregular del referéndum del 1 de octubre en la prensa internacional? ¿Verdad que no? Porque, como digo, estas "sutilezas" ceden ante los planteamientos identitarios y ante la percepción de que hay un "pueblo" organizado que es "atacado" por otro. Tan solo en el caso de que ese carácter no democrático se concrete en asesinatos u otras vulneraciones graves de los derechos humanos cambiaría la percepción de la opinión pública internacional. Examinemos cómo analizamos nosotros superficialmente los conflictos territoriales que se dan en otras partes del mundo y veremos que también tendemos a hacerlo así.
Es por eso que permitir que Torra y los nacionalistas asuman la posición de gobierno legítimo de Cataluña, enfrentado al Estado español y con la firme voluntad de constituirse en República, dándoles además el control de la administración autonómica y sus 17.000 Mossos d'Esquadra es ya empezar a perder.
Tal como están las cosas, si Torra tiene determinación suficiente, esto tan solo puede acabar de dos formas: o con la independencia de Cataluña o con un enfrentamiento civil.
Y Rajoy será el responsable.

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