Libre

miércoles, 25 de julio de 2018

Un régimen

Hace años que se denuncia que la consecuencia más grave del desafío separatista es la pérdida de derechos y libertades bajo las administraciones nacionalistas.
En 2015 se presentó el primer informe de SCC sobre déficits democráticos en Cataluña. Fue recibido con incredulidad. En aquel momento, en el que los secesionistas reiteraban el carácter escrupulosamente democrático de su movimiento (la palabra es significativa) el plantear que tras la revolución de las sonrisas se escondían prácticas contrarias a principios democráticos sonaba extraño, incluso para quienes no compartían la voluntad de ruptura constitucional que pretendían los nacionalistas.
Dos años después, en 2017, presentamos en el Congreso de los Diputados el segundo informe de SCC sobre déficit democráticos en Cataluña. Los datos allí estaban, todo se encontraba documentado; pero recuerdo la mirada escéptica de Meritxell Batet, ahora la ministra responsable de las relaciones entre el gobierno de España y el de la Generalitat.


Luego vino el golpe de septiembre/octubre de 2017, que fue fundamentalmente un atentado contra los derechos de los ciudadanos; pero siguió rehusándose esa perspectiva. Una visión deformada de la realidad ocultaba la sistemática vulneración de derechos individuales que resultaban del desafío a la Constitución y a la legalidad que protagonizaban los nacionalistas.
Ahora esta vulneración ya ha llevado a las primeras condenas judiciales por limitación de derechos fundamentales de los ciudadanos. Algo que debería escandalizar y preocupar; pero mucho me temo que el régimen nacionalista dispone de los mecanismos para fagocitar la repulsa democrática, y esto es muy mala señal.
Ayer se conocía la sentencia por la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona declaraba que la resolución de la rectora de la UAB que excluía del directorio de colectivos de la universidad a "Joves SCC-UAB" vulneraba:
- el derecho de los estudiantes a no ser discriminados por sus opiniones.
- la libertad ideológica de los estudiantes.
- la libertad de expresión de los estudiantes.
- el derecho a la educación de los estudiantes.
Casi nada...
Pero... ¿cuántas condenas han oído? ¿cuántos políticos se han pronunciado? Conservo los mensajes enviados a compañeros de la UAB anunciándoles la sentencia y que se han quedado sin respuesta.
El silencio ante la vulneración de los derechos fundamentales... y eso en una universidad pública.
No solamente el silencio. Hace un mes el Consejo de Gobierno de la UAB, estando pendiente el proceso y pese a que la rectora ya anunciaba que las perspectivas judiciales no eran buenas (o sea, que no se descartaba una condena a la UAB) ¡emite un comunicado de apoyo al equipo de gobierno de la UAB! Un comunicado de apoyo a quien anuncia que sus actos pueden llevar a una condena por vulneración de los derechos fundamentales.
A mi conocimiento ninguno de los integrantes del Consejo de Gobierno que tomó parte en ese comunicado, que en realidad era de reprobación a los estudiantes que habían reclamado judicialmente, ha dicho ni mú sobre la sentencia en la que por primera vez en democracia- que se me corrija si estoy equivocado- se condena a una universidad por vulnerar derechos fundamentales de sus estudiantes.
El silencio o, también, la crítica a la sentencia sin reparar en que estamos hablando de víctimas -estudiantes- que, de acuerdo con los tribunales, han visto vulnerados cuatro de sus derechos fundamentales por parte de la institución encargada de su educación.
El silencio y la complicidad propios de un régimen.
A esto hemos llegado, porque esto es solamente un caso que por circunstancias particulares ha podido llegar hasta sentencia, pero ¿cuántos casos no habrá como éste? Reparemos, por ejemplo, que la página web de la universidad de Girona aparece un lazo amarillo. La falta de neutralidad y la apropiación partidista de lo que es de todos resulta más que evidente.



La situación es grave, muy grave, porque ya no se trata solo de vulneración de derechos, sino del silencio y la complicidad ante esta vulneración, el silencio ante la evidencia de que la democracia está siendo laminada. Y todo es siniestramente coherente: la utilización de la escuela y de los medios de comunicación, el cierre del pleno del Parlamento cuando interesa, la criminalización de la víctima.
Y, sobre todo, la pasividad y contemporización de tantos que confunden diálogo con complicidad o, mejor dicho, que están dispuestos a sacrificar nuestros derechos por un apoyo parlamentario aquí o allí o por no sentirse excluidos de la comunidad que forman los nacionalistas y sus amigos.
Y quienes están dispuestos a sacrificar derechos por no sufrir las iras del poder y de quien tiene la hegemonía en la opinión ya debería saber cuál es el final que tiene todo ello.

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