De la salvación a la imposición

I. La alarma nacionalista

Si uno atiende a las proclamas nacionalistas, el catalán (la lengua catalana) se encuentra en situación de peligro, cuando no crítica.

Como veremos, esa preocupación carece de fundamento; pero no es inocente en absoluto; puesto que sirve de justificación para las políticas de imposición del catalán que se engloban en el término "normalización"; pero antes de llegar ahí veamos cuál es la situación real del catalán. Para ello distinguiremos entre, por un lado, la situación del catalán como lengua materna y, por otro lado, su situación como segunda o tercera lengua. Es una diferenciación que rehuye el nacionalismo por las razones que se adivinarán un poco más adelante; pero que no puede ser obviada en ningún análisis sobre idiomas. 

II. El catalán como lengua materna

El catalán es la lengua materna, tan solo en Cataluña, de más de 2.150.000 personas. Así se desprende de la información del IDESCAT, con datos de 2018 y referido a personas de más de 15 años.

A continuación me referiré tan solo a la situación en Cataluña, pero no sin apuntar, aunque solamente sea aquí, que a esto hay que añadir los hablantes (nativos o no nativos) de catalán en Baleares y los de valenciano en Valencia, ya que tanto el catalán como el valenciano son la misma lengua.

Limitándonos, por tanto, al territorio de Cataluña, resulta que el catalán tiene más de dos millones de hablantes nativos, lo que sitúa a la lengua entre el 4% superior de idiomas por número de hablantes. Tan solo unas 250 lenguas en el mundo, de más de 7000, llegan a los dos millones de hablantes.

Además, los hablantes nativos de catalán transmiten la lengua a sus hijos; esto es, la transmisión intergeneracional es positiva, detectándose, incluso, un cierto incremento en esa transmisión, tal y como señala la Plataforma per la Llengua.

Es decir, no solamente los hablantes nativos de catalán transmiten la lengua a la siguiente generación, sino que hijos de personas que no tienen el catalán como lengua materna, lo reciben de sus padres. De esta forma, nada indica que la lengua se vaya a perder.

Obviamente, si el grupo de personas que tienen el catalán como idioma materno dejaran de tener hijos, esto afectaría al número de hablantes de la lengua en las siguientes generaciones; pero no como consecuencia de un problema específicamente lingüístico. De todas formas, aunque el crecimiento vegetativo en Cataluña es negativo, se encuentra en torno al -0,2%; por lo que, manteniéndose en ese porcentaje, pasarían más de 300 años antes de que el número de hablantes nativos de catalán bajara del millón.

Y eso sin tener en cuenta que, como hemos visto, en cada generación el catalán gana hablantes en hijos de personas con una lengua materna diferente del catalán.

Así pues, el número de hablantes nativos de catalán es elevado, la transmisión intergeneracional es positiva y, aunque el crecimiento vegetativo es negativo, pasarían siglos antes de que el número de hablantes nativos del catalán bajara del millón de hablantes.

De esta forma, ¿dónde está el peligro? Pero es que, además, como veremos, el catalán no se limita a los hablantes nativos sino que son muchos más los hablantes de catalán que lo han aprendido como segunda o tercera lengua que los que lo tienen como lengua materna. Lo examinamos a continuación.

III. El catalán como segundo idioma (o tercero o cuarto)

Se repara poco en que el catalán es una lengua que tiene más hablantes no nativos que nativos. Una circunstancia que es bastante rara. Si consideramos los cien idiomas con más de diez millones de hablantes en el mundo, y a partir de los datos que he podido localizar, tan solo en 6 se da la circunstancia de que el número de hablantes no nativos supera el de hablantes nativos (inglés, francés, árabe estándar moderno, suajili, indonesio y urdu).

Ésta es, sin embargo, la situación del catalán en Cataluña: de los más de cinco millones de catalanes que hablan el catalán, tan solo algo más de dos millones lo tienen como lengua materna.

Este es un dato que se destaca menos de lo que se debiera. En otros países en los que conviven distintas lenguas no se da la circunstancia de que los miembros de una comunidad lingüística aprenden de manera generalizada otra de las lenguas del país. En España, sin embargo, por una parte se asume que todos los españoles, sea cual sea su lengua materna, han de conocer el castellano y, por otra parte, los sistemas educativos de las Comunidades Autónomas con lengua cooficial han de garantizar que los alumnos dominen también la lengua cooficial al acabar los estudios obligatorios.

Podría ser de otra forma, pero es así. En Cataluña se da la circunstancia de que más de un 99% de la población habla castellano y más de un 81%, catalán.

Es una situación no muy común la de que en un territorio haya dos lenguas tan ampliamente conocidas. Ni siquiera se da en Quebec, donde la convivencia se da entre dos de las lenguas más habladas del mundo (inglés y francés). Allí el francés es conocido por más del 90% de la población, pero el inglés tan solo es conocido por la mitad de la población, muy lejos de las cifras del catalán en Cataluña.

La comparación no se hace entre el inglés y el catalán por casualidad, sin porque en Quebec es el inglés la segunda lengua por número de hablantes nativos, igual que en Cataluña es el catalán.

En el caso de Suiza, el alemán es la lengua materna de más del 60% de los habitantes; a los que se añade otro 20% de suizos que lo hablan como segundo o tercer idioma. La segunda lengua del país, el francés, es conocida por el 50% de la población. De esta forma, en Suiza hay una lengua hablada por el 80% de los habitantes y otra por el 50%; unos porcentajes inferiores a los que se tienen en Cataluña en relación al castellano y al catalán (99% y 81%).

En el caso de Cataluña, la asunción generalizada de que la escuela ha de garantizar el dominio tanto del castellano como del catalán, hace que esta lengua se ubique en el grupo de idiomas que tienen más de cinco millones de hablantes, y eso que, como se ha avanzado; tan solo consideramos, en principio, la situación en Cataluña. Esto implica que, probablemente, estará entre el 3% superior de lenguas del mundo por número total de hablantes. De hecho, hay seis idiomas oficiales de la UE que tienen un menor número total de hablantes. Si consideramos también los hablantes de catalán de fuera de Cataluña serían nueve los idiomas oficiales de la UE con menos hablantes que el catalán.

¿Puede plantearse que está en riesgo una lengua que tiene varios millones de hablantes nativos a los que se suma un número todavía mayor de personas que lo tienen como segunda lengua? Creo que la pregunta tiene una única respuesta posible. Ahora bien, tal y como indicábamos al comienzo, el tópico del riesgo o del peligro es constante en los entornos nacionalistas. Veremos que la cifra que estos consideran no es ni la de hablantes nativos ni la de hablantes totales, sino que se fijan en el uso de la lengua; y es a ese aspecto a lo que dedicaremos el siguiente apartado.

IV. El catalán como lengua de uso y de identificación

En los apartados anteriores hemos visto que el castellano es la lengua materna de un 55% de los catalanes, mientras que el catalán lo es de un 34% (incluyendo en ambas cifras el 2,8% de catalanes que son bilingües originarios; esto es, que tienen como lenguas maternas tanto el catalán como el castellano). Estas cifras, sin embargo, varían de una forma que -entiendo- es significativa, cuando consideramos la lengua habitual. Como se puede ver en la imagen que se comparte más arriba, el castellano es la lengua habitual de un 56% de los catalanes, mientras que el catalán lo es de un 43,4%. La diferencia se da, sobre todo, en relación al catalán, puesto que es lengua habitual para unos 600.000 catalanes más que aquellos que lo tienen como lengua materna (un 9% más). En el caso del castellano, es un 1% más de catalanes los que lo tienen como lengua habitual que quienes lo han aprendido como lengua materna.

La clave para entender estas diferencias está en que mientras un 2,8% de catalanes tienes catalán y castellano como lenguas maternas, un 7,4% tienen ambas lenguas como lenguas habituales; un crecimiento que se hace, sobre todo, a partir del castellano, puesto que el número de catalanes que tienen solamente el castellano como lengua habitual es de un 48,6%, mientras que, como hemos visto, son un 52,7% los que lo tienen como lengua materna única. Hay, por tanto, un 4% de catalanes que tienen el español como lengua materna (y solo el español) y que utilizan habitualmente el catalán. En el caso del catalán, en cambio, mientras que solamente un 31,5% de catalanes tienen el catalán como lengua materna (y solo el catalán), un 36,1% tienen el catalán como única lengua habitual; esto quiere decir que hay catalanes que han "abandonado" su lengua materna para pasar a utilizar habitualmente el catalán. Es probable que una parte de estos catalanes tengan lenguas maternas que no sean el castellano; pero tampoco puede descartarse que una parte de ellos procedan del castellano, como veremos a continuación.

En cualquier caso, antes de pasar a esto, quedémonos con esta idea: el número de catalanes que utiliza como lengua habitual el catalán, bien únicamente el catalán, bien junto con el castellano, es significativamente superior al de catalanes que tienen el catalán como lengua materna. Un nuevo dato que casa mal con la pretendida situación de riesgo del idioma.

El IDESCAT nos ofrece otro dato interesante, la lengua de identificación. Aquí nos encontramos con los siguientes datos:

- Castellano: 46,6%

- Catalán: 36,3%

- Catalán y castellano: 6,9%

Es decir, si sumamos a cada lengua los hablantes que tienen ambas como lenguas de identificación resulta que un 53,5% de los catalanes tienen el castellano como lengua de identificación y un 43,2% el catalán.

Es un dato muy significativo, porque implica:

- Por una parte, que hay catalanes que tienen el castellano como lengua materna, pero no lo consideran su lengua de identificación.

- Por otra parte, que hay catalanes que tienen el catalán como lengua de identificación, pese a que no es su lengua materna.

Hay poco margen para la interpretación: el número de catalanes que tienen como lengua materna el castellano (sumando aquellos que lo tienen como única lengua materna o juntamente con el catalán) es del 55%; mientras que solamente el 53,5 lo consideran como una de sus lenguas de identificación. En cambio, los catalanes que tienen el catalán como una de sus lenguas maternas son un 34,3% y, en cambio, más de un 43% lo tienen como lengua de identificación. Es más, un 36,3% lo tienen como única lengua de identificación, lo que es una cifra superior a la de quienes tienen el catalán como una de sus lenguas maternas.

Se ha llegado al punto en el que se considera como lengua de identificación, para una parte de la población, una lengua que no es la suya materna.

Una lengua que consigue ser percibida como lengua de identificación por personas que no la tienen como lengua materna ¿está en peligro?

Creo que estamos ante una situación que merece ser estudiada; puesto que no debe de ser habitual que las personas dejen de percibir como lengua de identificación la que es materna para adoptar otra. Desde el nacionalismo se denomina este fenómeno "adopción lingüística".

Desde mi perspectiva personal, dado que en estos temas creo que ha de primar la libertad (en estos y en casi todos), no entraría en las razones por las que se produce este cambio. Quiero decir, nunca cuestionaré por qué una persona utiliza una lengua u otra. Obviamente, en las relaciones con la administración, en principio ha de optarse por una lengua oficial y el poder público ha de emplear todas las lenguas oficiales; pero en las relaciones entre particulares la regla debería ser que no hay reglas y que es el conjunto de la sociedad el que ha de gestionar con flexibilidad y empatía la utilización de unas y otras lenguas.

Ahora bien, como me comentaba el otro día el filólogo y lingüista Rudolf Ortega, parece existir consenso en que los cambios de lengua en la población no son libres, sino que responden siempre a unas causas que él vincula a las circunstancias políticas y económicas.

La observación me parece interesante, porque conectaría el incremento del uso del catalán, la disminución en el uso del castellano e, incluso, el abandono de esta lengua como lengua de identificación, con las políticas desarrolladas por el nacionalismo en las últimas décadas.

Antes de seguir con ello, sin embargo, quiero llamar la atención sobre la distinción entre disminución y abandono de una lengua.

Comenzando por la disminución.

De acuerdo con las cifras que hemos visto antes, el aumento de las personas que utilizan el catalán como lengua habitual no supone que disminuyan las personas que utilizan el castellano como lengua habitual, pues lo que sucede es que se incrementa el número de personas que utilizan ambas como lenguas habituales.

Pero que el número de personas que utilicen habitualmente el catalán aumente sin que disminuya el de personas que utilizan el castellano no implica que el uso de la lengua no disminuya. Si aumenta el uso de una lengua disminuye el de otra. Quien antes usaba solamente el castellano para leer, escribir o hablar dedicará menos tiempo a la lectura, escritura o habla en castellano para introducir el catalán. No lo valoro negativamente, por supuesto; pero es una evidencia que no podemos dejar pasar por alto: si del número de personas que utilizan una lengua o varias pasamos a la determinación de la presencia social de una lengua en una determinada sociedad, el aumento de uso de una lengua supone la disminución en el uso de otra u otras, puesto que la suma del uso de todas las lenguas será siempre 100%.

En el caso del catalán, el aumento de su uso no puede desvincularse de las políticas públicas de "normalización" desarrolladas desde hace décadas, políticas que implican:

- La administración (autonómica y local) utiliza de forma preferente o exclusiva el catalán.

- La única lengua institucional en la escuela es el catalán, que es también la única lengua vehicular.

- Los medios públicos de comunicación utilizan de manera preferente o exclusiva el catalán.

- Se desarrollan políticas de ayudas dirigidas a aumentar la producción en catalán.

Como se ha indicado, estas políticas han conducido a que el uso del catalán sea mayor, al menos en determinados ámbitos y sectores, que el que se corresponde con la población que tiene esta lengua como materna. Puede constatarse en el siguiente gráfico, correspondiente al año 2013 y que, de todas formas, ha de ser considerado con cautela porque responde a una autovaloración y no a una observación externa.

No creo que existan dudas sobre la vinculación entre estas políticas y el aumento del uso del catalán (aumento si consideramos la población que lo tiene como lengua materna). Unas políticas que tienen como objetivo declarado no solamente que se mantenga el uso del catalán entre sus hablantes nativos, sino que se extienda en aquellas personas que tienen otras lenguas de origen; lo que implica, necesariamente, una disminución en el uso de esas otras lenguas que han de ceder espacio al catalán.

Así pues, nos encontramos con políticas públicas orientadas a cambiar los usos lingüísticos de la población con el objetivo de que aumente el uso de una lengua; lo que, implicará, necesariamente, la disminución en el uso de otra.

Pasemos ahora al abandono.

Como acabamos de ver, el aumento del uso del catalán sucede, fundamentalmente, porque aumenta el número de personas que lo utilizan junto con el castellano. Esto supondrá una disminución en el uso del español; pero no, necesariamente, una reducción del número de personas que emplean habitualmente esta lengua.

Ahora bien, como se indicaba más arriba, en el caso de Cataluña se percibe ya no solo un aumento por vía de "ampliación", sino también de sustitución. Hay más catalanes que tienen el castellano como lengua materna que catalanes que se identifican con el castellano, bien en solitario, bien junto con el catalán. De acuerdo con los datos de 2018, ese porcentaje era de un 2% sobre el total de la población; lo que implica casi un 4% de los catalanes que tienen el castellano como lengua materna (55,5% de catalanes tienen el castellano como lengua materna y solamente un 53,5% lo tiene como lengua de identificación).

Parto de la libertad. Si una persona decide cambiar su lengua de identificación, ¿qué voy a objetar? Pero, como indicaba Rudolf Ortega, el abandono de una lengua se deberá, normalmente, a causas políticas o económicas; en el caso que nos ocupa, las políticas denominadas de normalización y que pretenden una extensión del uso del catalán que no ha de detenerse porque implique el abandono de otras lenguas. Desde esta perspectiva, alguna consideración crítica podría hacerse porque, como digo, una cosa es la decisión libre de una persona y otra que esa decisión venga condicionada por una política pública. Y aquí soy taxativo: las políticas públicas orientadas a modificar los usos lingüísticos de las población me parece que no son legítimas.

Ante esto, además, podemos preguntarnos cuál es el objetivo final en la extensión del uso del catalán. Es una pregunta que, hasta donde yo sé, no tiene respuesta. Sorprende, por ejemplo, que no se consideren suficientes porcentajes de uso del dioma que superan el de personas que lo tienen como lengua materna o que se plantee que en las universidades el 80% de las materias tendrían que ofrecerse en catalán, más que doblando el porcentaje de población que tiene esa lengua como materna y superando ampliamente el de la población que la tiene como lengua de identificación.

Obviamente, se trata de objetivos que nada tienen que ver con un hipotético riesgo de desaparición del catalán. Como hemos visto, no hay nada que indique ese peligro existe. Por el número de hablantes, por la transmisión intergeneracional, por la utilización en la escuela, la administración y los medios de comunicación, así como por el nada desdeñable dato de que son más los hablantes no nativos de catalán que los nativos podemos estar tranquilos en lo que se refiere a la superviviencia del idioma.

Las políticas de normalización, por tanto, van orientadas más bien a modificar los usos lingüísticos de la población y conseguir un aumento del uso del catalán. En lo que se refiere a la escuela y las administraciones públicas, ese uso está garantizado; pero se pretende que aumente también en sectores como la sanidad, las universidades y también en el ámbito privado, y no solamente garantizando que los usarios puedan utilizar el catalán si así lo desean, sino también forzar a que sus interlocutores hayan de utilizar también el catalán. Se conectaría así con el eslogan "vivir plenamente en catalán", que implica que la vida en Cataluña se desarrolle sin interferencias del castellano. De ahí los protocolos lingüísticos orientados a ofrecer información en catalán (y no en formato bilingüe) o a atender en catalán sin pasarse al castellano más que como último recurso.

En este sentido, resulta significativo que, en su momento, el Síndic de Greuges de Cataluña considerara necesario actuar para evitar que el ayuntamiento de Lleida enviase la información en las dos lenguas oficiales (catalán y castellano) en vez de hacerlo solamente en catalán. Es decir, el Síndic parecía entender que había un derecho a no recibir información en castellano; aunque también estuviera en catalán.

Se trata de un planteamiento poco respetuoso con la realidad catalana y con la libertad de los ciudadanos. Aunque a los nacionalistas no les guste, Cataluña es una sociedad bilingüe en la que la mayoría de la población tiene el español como lengua materna. A partir de aquí, los poderes públicos han de utilizar las dos lenguas oficiales (y el aranés en Aran) y respetar al máximo las opciones que tomen las personas en lo que se refiere a las lenguas que desean usar. La realidad va modelando esos usos y, así, casi todos vamos variando de lengua en función de las circunstancias. Junto al castellano y el catalán, el inglés tiene una enorme presencia (no hay un solo día en que no tenga contacto con esa lengua) y lo mejor que podemos hacer es respetar ese ámbito de libertad que se da cuando optamos por una u otra de las lenguas que conocemos.

Agitar el fantasma del peligro para el catalán es ridículo. Probablemente, lo que hay detrás de esa consigna es la pretensión de reducir el uso del castellano para acercarse a esa Cataluña plenamente en catalán que sueñan los nacionalistas.

V. Conclusión

El catalán no es una lengua en peligro. Al contrario, por el número de hablantes se sitúa entre el 3% y el 4% de lenguas más habladas del mundo, la transmisión intergeneracional es positiva y tiene más hablantes no nativos que nativos. Se utiliza en la administración y en la escuela, se editan libros en catalán y hay medios de comunicación que lo emplean, incluso en exclusiva.

Es más, las políticas nacionalistas de normalización han llevado a que el porcentaje de uso del catalán supere el de población que lo tiene como lengua materna y que, incluso, un 4% de los catalanes que tienen el castellano como lengua materna hayan pasado de considerar ésta como su lengua de identificación para adoptar el catalán.

Deberíamos estar vigilantes ante las políticas públicas orientadas a cambiar los usos lingüísticos de la población, máxime cuando han conseguido no solamente una alteración significativa de estos, sino, incluso, la modificación de la lengua de identificación de una parte significativa de los catalanes. Como comentaba Rudolf Ortega, una cosa es que el abandono de una lengua por sus hablantes se haga por pura libertad y otra que sea por determinadas condiciones políticas o económicas.

En busca de la impunidad

A) El contexto

Hoy, 10 de enero, el grupo socialista en el Congreso ha presentado una proposición de ley orgánica que tiene como objeto impedir «el acoso derivado de acciones judiciales abusivas».

Proposición de Ley presentada por el PSOE el 10 de enero de 2025Descarga

La proposición no puede ser entendida fuera de la situación que se vive desde hace unos años y que se caracteriza, en primer lugar, por el sistemático intento, tanto desde el poder ejecutivo como desde el legislativo, de deslegitimar a los jueces y cuestionar el recurso a los mismos en defensa de la legalidad o del respeto a los derechos individuales. Este intento de deslegitimación de los tribunales es ya antiguo; pero se ha acentuado en los últimos meses como consecuencia de los diversos procesos iniciados en relación a personas cercanas al poder y que afectan tanto a algunas autoridades (Fiscal General del Estado, el diputado y exministro Ábalos) como a personas cercanas a dichas autoridades (el proceso que afecta a la mujer del presidente del gobierno o aquel en el que está inmerso Aldama, persona que, por los indicios de los que se dispone, tenía proximidad con el partido socialista).

Tener lo anterior en cuenta es imprescindible para valorar la proposición de ley. Esta no opera en el vacío, sino que está destinada a influir de manera decisiva en procedimientos que afectan directamente al partido que la presenta y, de manera personal, a quienes lo dirigen. Aparte de esto, además, se inserta en una línea de actuación política consolidada y que se caracteriza por el permanente cuestionamiento a los jueces que no ajustan su actuación a los deseos del gobierno.

B) El sistemático ataque a los jueces

Esta última dimensión no ha recibido, a mi juicio, la atención que se merece, ni por parte de la opinión pública española ni del principal partido de la oposición y, ni siquiera, de la Comisión Europea, que debería velar por el respeto al Estado de Derecho en toda la Unión. Desde mi perspectiva, no haber atajado en su momento estos ataques a los jueces ha conducido a la situación actual. Entiendo que a veces no es sencillo trasladar a la opinión pública la relevancia de cuestiones que casi parecen académicas en sus comienzos; pero no actuar entonces acaba conduciendo a situaciones en las que el deterioro democrático ya es, por desgracia, evidente para todos. Esta es la situación en la que nos encontramos ahora, como muestras la proposición de ley que se ha dado hoy a conocer.

Aunque a algunos les cueste entenderlo, no hay democracia sin tribunales independientes. Las elecciones no convierten un sistema político en una democracia y el gobierno de la mayoría no es democrático si no va acompañado del respeto a los derechos de todos y de los principios del Estado de Derecho. Aunque una amplísima mayoría decida ejecutar sin juicio ni defensa a una persona, esa decisión nunca podrá ser tachada de democrática. La privación de derechos solamente puede ser decidida o confirmada por los tribunales y, por tanto, el recurso a los mismos es une elemento esencial de cualquier sistema que quiera considerarse democrático.

Hago ya esta advertencia porque, primero en Cataluña y luego en toda España, se están dando pasos para deslegitimar este recurso a los tribunales. En Cataluña, desde hace lustros, se cuestiona a quienes «judicializan la escuela», en referencia a las familias que, tras ver vulnerados sus derechos lingüísticos, buscan el amparo de los tribunales; y tras el proceso secesionista del año 2017 se desarrolló un intenso discurso antijurídico, más que antijudicial, que tachaba de poco democrático el recurso a los tribunales para resolver conflictos que se calificaban como «políticos». Obviamente, si se recurría al Poder Judicial era porque se entendía que se estable produciendo o una vulneración de la legalidad o una privación de derechos que debían ser restaurados; de tal manera que la desjudicialización debería pasar porque los actores políticos respetaran y acataran la ley; no por defender que las actuaciones ilegales quedasen sin respuesta. Lamentablemente, hace tiempo que el Partido Socialista ha hecho suyo este discurso, que ha sido, incluso, recogido por escrito de manera solemne en varios de los acuerdos concluidos con los partidos nacionalistas o con la Generalitat.

Y de Cataluña ha pasado a España. Desde el año 2018 son incontables las descalificaciones y señalamientos que desde el poder ejecutivo se dirigen a los jueces.

A algunos les cuesta entender que la crítica a la que todos tenemos derecho no puede ser ejercida por el poder público contra los jueces. La independencia judicial exige que tanto el poder ejecutivo como el legislativo no cuestionen a los jueces y acaten las decisiones judiciales. Así se estableció en la resolución del Consejo de Europa sobre independencia judicial ya en el año 2010.

No es cosa de broma. Los ciudadanos, la prensa, incluso los partidos políticos pueden cuestionar a los jueces; pero no puede hacerlo quien detenta el poder público, pues eso puede afectar a la independencia judicial. Este cuestionamiento de los jueces fue uno de los motivos que llevó a la Comisión Europea a actuar en relación a Polonia.

Véase el núm. 177, donde se destacan las «declaraciones públicas contra los jueces y tribunales en Polonia impulsadas por el Gobierno polaco y por parlamentarios pertenecientes a la mayoría gobernante». Lo que causaba escándalo en Polonia parece que lo causa menos en España, puesto que una ministra que cargó duramente contra los jueces ahora es Vicepresidente de la Comisión Europea.

Este cuestionamiento a los jueces ahora pasará a estar en el Boletín Oficial del Estado, puesto que la ley que se pretende aprobar califica directamente de acoso lo que identifica como «acciones judiciales abusivas». A partir de aquí, en la exposición de motivos, estas actuaciones judiciales se identifican con limitaciones a la participación en la vida democrática y restricciones a los derechos de quienes son investigados por los tribunales. Además, se vinculan con las actuaciones de quienes pretenden silenciar a quienes discrepan de sus planteamientos.

Es realmente perverso; porque si ahora en España hay quien pretende silenciar al discrepante son, precisamente, quienes se integran en la mayoría de gobierno actual. Un tema que, por desgracia, conozco de primera mano y del que hemos tenido un último ejemplo muy recientemente.

Pero, aparte de lo anterior, incluso sin considerar que la Exposición de Motivos lo que pretende es proyectar sobre otros precisamente lo que practican quienes la presentan; el mero hecho de que se vincule la actuación de los tribunales con el intento de hacer callar a una parte de la opinión pública es ya una quiebra significativa del equilibrio que debe mantenerse entre los tres poderes del Estado. Los tribunales garantizan derechos, no los vulneran. Insistir en esta pretendida vulneración convierte a la proposición de ley en una herramienta más, pero de una relevancia enorme en el discurso antidemocrático que lleva años practicando el partido socialista.

C) La búsqueda de la impunidad

Lo anterior, sin embargo, es solamente la primera dimensión del contexto. La segunda está integrada por los varios procesos judiciales que se encuentran abiertos y que afectan a diversos integrantes del grupo organizado que controla las instituciones de este país desde hace unos años.

El discurso desde el poder, es que estos procesos judiciales carecen de fundamento y que tan solo tienen una finalidad política. Los indicios existentes, las pruebas que se han ido aportando y el trabajo que están haciendo los tribunales es desdeñado en un ejercicio de cinismo que se corresponde con la sistemática acusación al otro de incurrir en las irregularidades que uno mismo protagoniza (¡cuidado! hay quien intenta silenciar al discrepante, cuando el único que pretende silenciar es, precisamente, el que lanza la acusación).

Ahora bien, más allá de las soflamas políticas, lo cierto es que la justicia sigue avanzando en la instrucción de casos que afectan a personas concretas que, o bien forman parte de la estructura de poder o bien tienen vínculos claros con ella. La decencia política exigiría en un caso así la dimisión de los responsables afectados; pero al mantenerse en el poder se está produciendo una instrumentalización de las instituciones que está degradando la calidad de nuestra democracia. Así, por ejemplo, la Fiscalía se opone a la investigación que se está realizando… del Fiscal General del Estado.

La instrumentalización de las instituciones no es nueva. Como casi todo, empieza de una manera sutil y acaba estallando. En el caso que nos ocupa -la utilización partidista de las instituciones públicas por parte del gobierno socialista-, el primer aldabonazo se dio con la utilización de la Abogacía del Estado para defender los intereses del nuevo aliado de Sánchez, Oriol Junqueras, ya en el año 2019.

Así comenzó; pero ahora ya es absolutamente descarado. La Fiscalía interviene en el proceso en el que se investiga a su jefe, esa misma Fiscalía se opone a la investigación a la mujer de quien ha nombrado al Fiscal General… Es una utilización tan descarada de las instituciones públicas que ya resulta difícil escandalizarse; pero hemos de mantener esa capacidad de escándalo porque, de otra forma, estamos perdidos.

Ahora bien, el control de la Fiscalía no es suficiente para impedir que los procesos judiciales sigan adelante, puesto que en España existe -y está constitucionalmente reconocida- la figura de la acusación popular, que permite que personas físicas o jurídicas denuncien y, en sus caso, se querellen incluso sin tener un interés directo en el caso.

Se puede discutir en abstracto sobre la regulación y bondad de la acusación popular; pero en el caso actual de España pocas dudas me caben de que es una figura imprescindible; precisamente porque, como hemos visto, la Fiscalía es una de las instituciones «tomadas» por el poder y, por tanto, sin la posibilidad de una acusación independiente del poder, podrían producirse casos de impunidad selectiva en favor de quienes están cercanos a quien gobierna.

Quizás cause sorpresa que pueda afirmarse con tanta rotundidad que la Fiscalía no es independiente; pero esa es la realidad. Las quejas de la Comisión Europea por la falta de apariencia de independencia de la Fiscalía pueden encontrarse en los informes periódicos sobre el Estado de Derecho, y todos recordamos aquello que dijo Sánchez sobre de quién dependía la Fiscalía.

La actuación de esa misma Fiscalía en los últimos meses no ha hecho más que ratificar lo que dijo Sánchez en su momento.

Es por esto que la limitación de la acusación popular que se desprende de la proposición de ley es extraordinariamente grave, puesto que implica la impunidad para aquellos que, por las razones que sean, cuenten con el favor de la Fiscalía o de quien la controla.

Y el propósito de limitar a la acusación popular es el eje principal de la proposición de ley orgánica presentada por el grupo socialista. Se excluye de la acusación popular a partidos, instituciones y asociaciones vinculadas con partidos, se reducen los delitos en los que puede intervenir la acusación popular y se excluye a la acusación popular de la fase de instrucción.

Resulta llamativo que la justificación de la exclusión de la acusación popular de la instrucción sea evitar filtraciones.

Es curiosa esta precaución cuando quien está siendo investigado por haber divulgado datos reservados es el Fiscal General, no la acusación popular; pero, como ya se ha avanzado, la táctica de acusar al otro de los delitos que uno comete es sistemática en quienes ahora controlan el país y sus instituciones.

Obviamente, el motivo real de esta limitación de la acusación popular es dejar las manos libres a la Fiscalía para que sea ésta la que decida qué delitos han de ser perseguidos y cuáles han de ser tolerados. Una quiebra de principios básicos del Estado de Derecho que debería escandalizarnos.

Pero todavía hay otro elemento relevante. La proposición de ley orgánica introduce una nueva causa de abstención y recusación de los jueces y magistrados en relación a las opiniones vertidas en relación a instituciones, partidos o sindicatos. Incluso la mera participación en actos o concentraciones podría suponer la obligación de abstención y, en su caso, la recusación.

Tengo dudas de que una limitación tan extrema como la que se deriva de la proposición de ley sea compatible con el derecho a la libertad de expresión que tienen también los jueces y magistrados. Por otra parte, es tremendamente asimétrica, porque solamente alcanza a quienes vertieron esas opiniones o participaron en concentraciones siendo jueces, no a quienes realizaron las mismas acciones antes de acceder a la condición de juez o magistrado. Si lo que se pretende es defender la apariencia de imparcialidad no se entiende la distinción. Así, por ejemplo, el actual magistrado del Tribunal Constitucional Campos, anteriormente ministro del gobierno de Sánchez, pudo en su calidad de tal despotricar todo lo que hubiera querido contra el Partido Popular sin que éste pueda ahora recusarlo por esa razón en los recursos de inconstitucionalidad que dicho partido plantea; mientras que un juez que hubiera asistido a un acto en relación a la ley de amnistía podría quedar excluido de pronunciarse sobre un caso en el que haya que aplicar dicha ley.

En cualquier caso, sin embargo, no es esto lo más importante, sino que la disposición sobre recusación y abstención que acabo de comentar va acompañada de una Disposición Transitoria que obliga a su aplicación en relación a los procesos que ahora se están desarrollando.

Esto es, se pretende cambiar en mitad del procedimiento al juzgador aplicándole una causa de recusación que no existía en el momento en el que se inició el procedimiento. Y esto en relación a procedimientos que afectan directamente a quien presenta la propuesta de reforma de la Ley Orgánica.

El intento descarado de legislar para personas concretas que ya se ha visto con la Ley de Amnistía alcanza aquí un nivel de desvergüenza que no puede ser calificado más que como un ataque directo y frontal a principios democráticos básicos.