Diálogo, reconocimiento, legalidad y lengua

 Esta entrevista a Eva Granados en "El Mundo" es relevante.

El planteamiento que constituye el eje de la entrevista me parece muy acertado: respeto a las reglas y diálogo entre catalanes. Coincido en que ésta es la única vía para reconstruir la convivencia en Cataluña. Ahora bien, como apunta el entrevistador, Iñaki Ellakuría, ese diálogo será difícil mientras los nacionalistas se nieguen a reconocer a los catalanes no nacionalistas. Ese no reconocimiento será difícil de superar, porque -ya añado yo- es esencial en el planteamiento nacionalista. Para los nacionalistas Cataluña son los nacionalistas catalanes, ellos son los únicos que han de estar representados en las instituciones y éstas tan solo han de dialogar con las instituciones "españolas" (pongo comillas porque tan española es la Generalitat como el gobierno de España; pero, obviamente, esto no es así en el planteamiento de ERC, Junts y la CUP). Admitir que en Cataluña han de convivir en pie de igualdad nacionalistas y no nacionalistas y que las instituciones han de representar tanto a unos como a otros es la negación misma de la base del proyecto nacionalista. No hay que tener, por tanto, muchas esperanzas en que los nacionalistas acepten ese diálogo, máxime si dicho diálogo parte del respeto a la legalidad vigente.

Este respeto a la legalidad no es una anécdota. Tal como señala Eva Granados, la única manera de que las instituciones representen a todos es dicho respeto. En una sociedad carente de consensos -y esto también lo añado yo-, como es la catalana, el respeto a la ley es la única salvaguarda de la convivencia, porque si una parte de la sociedad se cree legitimada para saltarse la ley, a la otra parte tan solo le queda saltarse también la ley o someterse.

Ahora bien, la clave de la entrevista creo que se encuentra en la última pregunta, la relativa a las sentencias del TSJC que reiteran la obligación de que al menos un 25% de la docencia se imparta en castellano. La respuesta a esta pregunta de Eva Granados es, me parece, decepcionante.

En primer lugar indica que las sentencias dicen que el catalán tiene que ser el centro de gravedad del sistema. Esto no es totalmente exacto. Las sentencias lo que dicen es que la regulación actual implica que el catalán es el centro de gravedad del sistema, pero no impiden que esto pueda ser cambiado. Quizás parezca sutil, pero es importante para lo que vendrá a continuación.

Y lo que sigue es que reitera la propuesta del PSC para flexibilizar la inmersión lingüística. Parece que asume que el sistema legal en Cataluña es el de inmersión lingüísitica, cuando no es así. El sistema legal en Cataluña es el de conjunción lingüística en el que el catalán y el castellano son ambas lenguas vehiculares; y el problema es que la Generalitat se niega a implementar algo tan básico y que es no solamente una exigencia constitucional, sino lo que resulta de la legislación catalana a partir de una interpretación conforme con la Constitución.

Así que lo relevante de las sentencias del TSJC es que ponen de manifiesto que el sistema que ahora mismo se sigue en las escuelas catalanas no se ajusta ni a la Constitución ni a la normativa catalana interpretada en clave constitucional; y ante eso la única respuesta que puede darse es que se pondrán todos los medios para que el sistema legalmente obligado sea el que realmente se aplique en los colegios de Cataluña.

En diciembre se dictó una sentencia que establecía la obligación de la inmediata implementación del 25% de castellano en todas las escuelas catalanas. El gobierno español (en manos del partido socialista) podía haber pedido la ejecucion de la sentencia y no lo hizo. La pregunta es ¿por qué? Supongo que la Generalitat habrá recurrido esa decisión ¿qué instrucciones tiene la Abogacía del Estado de cara al recurso? Cuando la sentencia adquiera firmeza ¿pedirá el gobierno español su ejecución? Estas son preguntas que deberían ser hechas y contestadas.

No podemos seguir eludiendo que en Cataluña millones de niños están inmersos en un sistema educativo que es contrario a la Constitución, tal como han establecido reiteradamente los tribunales; y eso no exige una reforma o una flexibilización, sino la denuncia y la actuación inmediata. ¿Qué razones hay para no hacerlo así?

Porque -y esto es, creo, la clave que explica lo anterior- no es que la inmersión (inconstitucional) tenga que ser "flexibilizada" para "mejorar el conocimiento de las lenguas en Cataluña". El objetivo de la inmersión no es el conocimiento de las lenguas, sino construir una Cataluña en la que la única lengua de referencia sea el catalán. Si el objetivo de la inmersión fuera pedagógico no tendría sentido en aquellas zonas de Cataluña en las que la mayoría tiene como lengua habitual el catalán y donde, por tanto, no es preciso que todas las horas se impartan en catalán para asentar un buen conocimiento de la lengua catalana. El objetivo de la inmersión es reafirmar que la única lengua propia de Cataluña es el catalán y el castellano es una lengua extraña que está al mismo nivel que las otras lenguas "no propias" que se hablan en Cataluña (árabe, chino, urdú...). No nos engañemos: la inmersión poco tiene que ver con el conocimiento de las lenguas y sí, y mucho con el plan nacionalista de remodelación de la sociedad.

Y este objetivo pasa por encima de otro pedagógico, claro y contrastado, como es el que la primera enseñanza se reciba en la lengua materna. Más de la mitad de los niños catalanes han de renunciar a esta ventaja, que es sacrificada en el altar del nacionalismo, con la consecuencia de que los resultados académicos de los niños castellanohablantes son peores, a igualdad de condiciones socioeconómicas, que los de los niños catalanohablantes.

Disimular o eludir el debate no ayuda a resolver el conflicto y a recuperar la convivencia. Y aquí el PSC tiene una enorme responsabilidad. Así lo han querido los electores.

El español como lengua impropia

 I. Introducción

Se ha aprobado en el Congreso una proposición no de ley orientada a potenciar las lenguas diferentes del castellano. En concreto, el punto relevante es el 4, aprobado por 194 votos a favor, 153 en contra y 1 abstención y que dice lo siguiente:

 

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a: 4. Impulsar y apoyar reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan”.

 

Tal como veremos, una propuesta de este tipo, en realidad, lo que implica es una política activa para reducir la utilización del español (o castellano, no haré cuestión de ese tema). Intentaré explicarlo a continuación. Advierto que en buena medida aprovecho un texto que escribí hace tres años para una entrada titulada “Sobre la oficialidad del asturiano”.

Lo primero que tenemos que ver es qué quiere decir que un idioma es oficial, qué implica y por qué el castellano es oficial.

II. La oficialidad del castellano

 

La oficialidad de un idioma es siempre una reacción a la existencia de otro. Si no hubiera más que un idioma no sería posible ni siquiera concebir que pudiera ser "oficial"; simplemente sería. Es el propósito de hacer prevalecer un idioma sobre otros que también se utilizan lo que lleva a convertirlo en oficial. En el caso de Europa durante los últimos dos o tres siglos esta voluntad de imposición del uso de un determinado idioma fue un elemento clave en la construcción de las naciones que ahora conocemos. Se repite que en Francia en el siglo XVIII se hablaban docenas de idiomas, y que fue la imposición del francés un elemento clave para la construcción de la nación francesa. En Italia basta leer ese libro imprescindible, "Corazón", para entender el papel que jugó la escuela italiana del XIX en la unificación de un idioma, el italiano, que estaba tan fragmentando como las estructuras políticas de la península italiana (que no estuvo plenamente unificada hasta 1870); y cómo se vincula esa unificación del idioma con una determinada construcción de la nación italiana.

En España no es diferente: es obvio que en España se hablaban y hablan diferentes idiomas; pero el castellano es la "lengua común" desde hace siglos. Si se trataba de construir la nación al modo que se había hecho en Francia o en Italia el único candidato para ello era el castellano, que no solamente era conocido en todo el país, aunque no se hablara en las zonas rurales de una buena parte del mismo (Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Valencia, Baleares, zonas de Aragón), sino que desde el siglo XVI era asumido como lengua de cultura en toda España (la publicación de libros y periódicos en castellano en Barcelona era habitual mucho antes de los Decretos de Nueva Planta, por ejemplo).

Así resultó la oficialidad del castellano, que queda reforzada en la Constitución por la obligación que tienen de conocerlo todos los españoles. Difícilmente encontraremos una señal más clara de oficialidad que esta obligación de conocimiento que remarca el carácter estructural de la lengua en la construcción de la nación española.

A esa visión de la oficialidad responde la escolarización en castellano que vivieron mis abuelos (y mis padres y yo mismo) que no prestaba atención a la realidad lingüística sobre la que se proyectaba; aunque en algunas zonas eso no impidió la conservación de lenguas diferentes del castellano, que durante los siglos XIX y XX tuvieron su propio desarrollo literario y cultural. Esas lenguas, además, fueron objeto de atención por parte de los nacionalismos periféricos que desarrollaron una política activa de conservación de los mismos, lo que quizás es especialmente llamativo en Cataluña y en el País Vasco. A la pervivencia de dichas lenguas responde el reconocimiento, también en la Constitución, de la posibilidad de que tales lenguas sean también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas.

Este será el segundo elemento que deberemos tener en cuenta, la oficialidad de lenguas diferentes del castellano en las Comunidades Autónomas.

 

III. La oficialidad de las lenguas españolas diferentes del castellano

 

¿Qué implica esta oficialidad de las lenguas españolas diferentes del castellano? En primer lugar, esta oficialidad es un muro frente a la "vis expansiva" del castellano. Habíamos visto en el apartado anterior que la oficialidad de una lengua se entiende solamente en relación a otras que también son utilizadas y a las que la oficial pretende desplazar. Cuando una de esas lenguas se convierte también en oficial carece de sentido que ese desplazamiento opere; lo que obliga a que ambas lenguas convivan. Esta convivencia, a su vez, debe traducirse en los diferentes ámbitos de la sociedad, desde la escuela hasta el comercio pasando por la cultura, los medios de comunicación y cualquier otro ámbito que se nos ocurra; y tratándose de convivencia lo lógico es que la regulación de dicha convivencia resultara de acuerdos entre los distintos actores institucionales implicados; esto es, en el caso de España, tanto el Estado central como las Comunidades Autónomas. De no hacerlo así nos encontraremos con constantes conflictos, que es la situación que vivimos.

Las Comunidades Autónomas donde se hablan lenguas diferentes del castellano han optado por entender como propia tan solo la lengua diferente del castellano cooficial en su comunidad (ahora volveremos sobre el concepto de "lengua propia") y regular de manera unilateral su utilización, estableciendo ciertas imposiciones que no se ven contrarrestadas de forma eficaz por la legislación estatal. De esta forma, a lo que asistimos no es a una convivencia de lenguas, sino a una tensión entre ellas por decirlo suavemente.

De hecho, no es extraña esta tensión. Como veíamos antes el concepto de lengua oficial parte siempre de la confrontación con otras lenguas utilizadas en el territorio de que se trate. En la esencia de la oficialidad está la extensión en el uso de la lengua oficial, y ello es algo a lo que no renuncian las lenguas cooficiales en las diferentes Comunidades Autónomas. Ahora bien, hace un momento veíamos que el carácter oficial de las lenguas españolas diferentes del castellano constituía un muro a la acción expansiva del castellano ¿no opera también a la inversa? ¿la oficialidad del castellano no es un muro a la vis expansiva de las lenguas cooficiales diferentes del castellano?

No, no lo es. El concepto de "lengua propia" que mencionaba unas líneas más arriba es la clave para deshacer esa situación de teórico empate entre el castellano y las lenguas cooficiales en las diferentes Comunidades Autónomas. Lo vemos a continuación.

 

IV. La lengua oficial diferente del castellano como "lengua propia"

 

En los diferentes Estatutos de Autonomía se recoge que la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma es también "lengua propia". Es decir, el castellano es oficial, pero la otra lengua (el catalán en Cataluña, el euskera en el País Vasco, el gallego en Galicia, etc.) son oficiales y propias. Esta consideración como lengua propia tiene una enorme virtualidad como veremos enseguida, pero, además, conceptualmente ya implica un problema que ha de hacerse explícito.

Si asumimos que el catalán es la lengua propia de Cataluña; estamos indicando que el castellano es una lengua "impropia"; esto es, que es una lengua que de alguna manera "sobra" en Cataluña. No estoy siendo paranoico. En Cataluña es constante el discurso que, obviando la realidad histórica, mantiene que el castellano ha sido una lengua de imposición y artificial en lo que se refiere a su utilización en Cataluña. Se trata de un discurso de corte nacionalista que pretende que Cataluña ha de estructurarse a partir de una sola lengua, el catalán, de tal manera que, tal como se ha dicho públicamente, llegue el momento en el que el catalán sea la única lengua conocida por todos los catalanes. Esto es, superando la situación actual en la que todos los catalanes (o prácticamente todos) conocen tanto el castellano como el catalán. Con matices, este es el discurso también de los otros nacionalismos españoles en relación al euskera o al gallego. En todos estos casos se trata de construir comunidades políticas en las que la lengua ejerce como elemento eficaz de articulación. El concepto "lengua propia" es el punto de apoyo para esta política.

No es extraño, por otra parte. Ya habíamos visto que el concepto de lengua oficial nace en el contexto de la construcción de los Estados nación europeos en los siglos XVIII y XIX y en oposición a las otras lenguas que se hablaban en el territorio de esos Estados. Los nacionalismos autonómicos en España no hacen más que replicar el modelo: se trata de reforzar la identidad nacional -en este caso sobre la base de la Comunidad Autónoma- pretendiendo extender el uso de la lengua "propia" en detrimento de otras lenguas, incluida la cooficial que no tiene el carácter de "propia".

Creo que lo anterior es bastante evidente, las políticas de promoción del uso de la lengua que utilizan a veces el argumento de la necesidad de protegerla, son políticas que tienen como efecto ineludible la disminución en el uso de las otras lenguas, incluido el castellano. No hablamos o escribimos más por tener dos, tres o cuatro lenguas. Hablamos y escribimos lo mismo, por lo que si aumentamos el uso del catalán o del euskera o del gallego disminuimos el uso del castellano, con lo que esas políticas de promoción del uso (debemos diferenciar entre promoción del uso y promoción del conocimiento, volveremos sobre ello enseguida) tienen el mismo efecto que las políticas sobre oficialidad de la lengua en los siglos XVIII, XIX y XX: hacer disminuir el uso de las lenguas que no sean la oficial y propia.

¿Cómo se consigue esta promoción del uso? Aparte de las políticas de promoción del conocimiento tenemos la utilización de la escuela, sobre la que no me extenderé, porque merece capítulo aparte, y su uso por parte de la administración pública en las relaciones como los ciudadanos. Transmitir la imagen de que la lengua de utilización "normal" en la administración es la lengua propia contribuye a su difusión, aunque en función del contexto social puede resultar "insuficiente". De ahí las políticas sobre rotulación obligatoria, lengua en los medios públicos de comunicación o, incluso, prohibición del uso de la lengua cooficial no propia (el castellano) en determinados supuestos.

 

V. La proposición no de ley aprobada hoy, 11 de marzo, en el Congreso

 

Después de lo anterior estamos en mejores condiciones para valorar lo aprobado hoy en el Congreso. Se trata de profundizar en la exclusión del español como lengua común lo que, a su vez, redundará en la limitación de los derechos lingüísticos de quienes tengan el español como lengua en aquellos territorios en los que exista otra lengua oficial. Hay que tener en cuenta, además, que el ejercicio de ingeniería social que será necesario para promover esa limitación del español en algunos territorios deberá ser especialmente intensa, pues se trata de Comunidades Autónomas en las que realmente no existen o prácticamente no existen personas que tengan como lengua materna la que, paradójicamente, se considerará como propia (Asturias, por ejemplo; probablemente, también Aragón).

Todo sea por debilitar nuestro proyecto común, sembrar división y enfrentamiento y hacer más difícil afrontar los desafíos que tenemos como sociedad.

Y no exagero nada. Lo que hemos visto en Cataluña, lo que está comenzando a verse en Baleares y Valencia; también en Navarra, es suficientemente ilustrativo.

Sé que es poco, pero realmente me sentiría mal si ante todo esto callara.

Tú que me lees ¿callarás?

Renovación del Consejo General del Poder Judicial y Estado de Derecho

A continuación comparto algunas noticias en relación a la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Como puede verse, los distintos partidos políticos asumen sin reservas que la negociación consiste en determinar cuántos vocales puede designar cada partido y, a partir de ahí, se califica de veto el que uno de los intervinientes en la negociación se oponga al nombramiento de quien es desiganado por el otro partido. A la vez se habla sin disimulos de cuotas y los partidos pugna por nombrar a "sus" vocales.

Es decir, no parecen existir dudas de que el órgano de gobierno de los jueces es una extensión de las mayorías parlamentarias existentes y que su nombramiento responde a lógicas partidistas.

Ahora vamos a ver lo que decía la Sentencia del TC que sancionó la constitucionalidad de la Ley de 1985 que estableció que todos los vocales del CGPJ serían designados por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos; cambiando el sistema anterior, en el que 12 vocales (de 20) eran designados por los jueces.

El Tribunal Constitucional fue claro: convertir la designación de los vocales del CGPJ en un intercambio de cromos entre los partidos es contrario al espíritu de la norma constitucional. Pero, claro, con espíritus de las normas vamos a ir a nuestros dirigentes políticos. La falta de impudicia para asumir un discurso que choca frontalmente contra lo que es el espíritu de la norma, tal como ha establecido el Tribunal Constitucional, se merecería una reprobación contundente que, sin embargo, no creo que se produzca desde una sociedad que parece o inculta (desconoce lo que acabo de explicar) o falta de sensibilidad ante la quiebra de principios democráticos que se encuentran en la base de nuestro marco de convivencia.

Ahora bien, todavía hay más. Fijémonos ahora en lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

En estas decisiones se repite una idea: el poder judicial ha de ser independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo. Y para que esta independencia sea real es relevante la configuración del órgano de gobierno de los jueces. Si este órgano de gobierno está designado por el poder legislativo y no por los propios jueces (al menos en parte) no existen garantías de que no exista una indebida influencia del poder legislativo sobre el judicial. Esto explica que en el caso de Polonia la Comisión Europea haya reprochado la modificación del sistema de designación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, habiendo pasado de ser elegidos por los propios jueces a ser designados por el Parlamento, sin que el hecho de que el nombramiento se haga mediante una mayoría reforzada (tres quintos) pueda excusar la designación directa por los jueces.

La necesidad de que al menos la mitad de los integrantes del órgano de gobierno del poder judicial sea designado por los jueces no es una planteamiento original de la Comisión Europea, sino que tiene su origen en la propuesta de GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), organismo creado en el marco del Consejo de Europa.

Si había dudas sobre la politización del CGPJ el actual proceso de renovación ha acabado de disiparlas. La falta de cuidado en disimular que los partidos no buscan candidatos de consenso sino que, al revés, se quejan de los "vetos" a quienes son propuestos por algunos de los partidos, como si existiera un derecho adquirido a que cada partido designe "sus" vocales ha acabado -por si era necesario- de probar que lo que se temía el Tribunal Constitucional en 1986 es una realidad: los partidos han utilizado el CGPJ como una extensión de su lucha por controlar la sociedad.

Esto no solamente es contrario al espíritu de la Constitución, tal como la interpretaba el TC en 1986, sino que también es ahora contrario a las exigencias sobre la independencia judicial que se derivan de nuestra participación en el Consejo de Europa y en la Unión Europea.

Ante esto, lo único sensato es parar la negociación para la renovación de los vocales del CGPJ y sustituirla por la aprobación, si es necesario por el trámite de urgencia, de una modificación de la LOPJ que haga realidad lo que se exige desde el Consejo de Europa y desde la Unión Europea: que al menos una parte de los vocales del CGPJ sea elegida directamente por los jueces.

Cualquier otra cosa sería ir enterrando un poco más nuestro Estado de Derecho.

Washington y Barcelona

I. Electrones y revueltas

Un electrón es indistinguible de otro electrón. Son exactamente lo mismo.

Ahora bien, en cuanto salimos del mundo de las partículas elementales ya dejamos de encontrarnos con identidades perfectas. Siempre hay algún elemento que diferencia a una persona de otra (aunque sean gemelos idénticos) y también a unos y otros acontecimientos.

Esto viene a cuento de la comparación entre lo sucedido en Washington y el sistemático ataque a la democracia que sufrimos en Cataluña y que tuvo su momento más tenso en los meses de septiembre y octubre de 2017. Evidentemente, no es lo mismo que una multitud invada el Capitolio en Washington e interrumpa uan sesión de las Cámaras en las que se está validando la elección del Presidente de Estados Unidos que los acontecimientos que hemos vivido en Cataluña. No estamos ante dos electrones.

Pero sí que existen muchos elementos relevantes comunes; y los que los separan no son especialmente significativos si analizamos ambos acontecimientos desde la perspectiva del respeto a los principios democráticos y el estado de derecho.

II. Washington y Barcelona: ataque a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho

El elemento esencial común que conecta Barcelona con Washington es la impugnación de la legitimidad de las instituciones y principios democráticos. Aquí siempre es necesario recordar que la democracia, tal como se entiende en la Unión Europea y también en Estados Unidos, no se limita a votar; sino que precisa del respeto a la ley, a los derechos fundamentales y a la separación de poderes. Sin estos elementos por muchas votaciones que haya no habrá democracia. En Cataluña los que asaltaron la legalidad en 2017 (y no solamente en 2017) no pretendían eliminar las votaciones; al revés; sino que su objetivo era poner fin a los otros elementos que son esenciales para la democracia. De igual forma, quienes asaltaron el Capitolio en Washington no lo hacían porque les molestara que se votara; sino precisamente porque pensaban que sus votos no habían sido considerados de la forma adecuada. Unos y otros podía apoyarse en las urnas para coger impulso en su ataque a la democracia.

Este ataque se concretaba en la ruptura de los procedimientos; algo que suena a accesorio, pero que es esencial. En el caso de los seguidores de Trump lo que impugnaban no era la votación en sí, sino la forma en que se contaban los votos, se resolvían las reclamaciones y se sancionaba el resultado final (lo que hacía, precisamente, en el Capitolio en el momento en el que se produjo el asalto). Ahora bien, esos procedimientos son esenciales, porque sin ellos ¿en qué forma puede realizarse una votación sin incurrir en abusos o frauedes? ¿cómo podemos votar si no respetamos las reglas que previamente hemos acordado para determinar cómo hemos de proceder?

El caso catalán no es diferente. No es que no se pueda decidir sobre la secesión de Cataluña, lo que pasa es que los nacionalistas catalanes quieren decidir sobre ese asunto sin contar con quienes sí pueden hacerlo, que es el conjunto de los españoles, y saltándose el procedimiento que habilitaría la creación de un nuevo estado en el territorio de Cataluña, la reforma de la constitución española de 1978. Este saltarse el procedimiento aquí implica privar de voz a quienes se ven afectados por la decisión y romper las reglas que nos permiten adoptar decisiones colectivas.

El caso catalán es, sin embargo, más grave que lo sucedido en Estados Unidos. Con la información de la que disponemos en este momento, no parece que el asalto fuera parte de un plan que tuviera por objeto la derogación de la constitución de Estados Unidos o su inaplicación. En el caso catalán, sin embargo, era esto exactamente lo que se pretendía con los diversos hechos que vivimos en los meses de septiembre y octubre de 2017. Una serie de acontecimientos que tenían por objeto la pérdida de eficacia de la constitución española en Cataluña como paso previo a la independencia de la región. Su concatenación era, a su vez, extremadamente lógica:

- Derogación de la Constitución en los plenos de los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña.

- Impedir que las instituciones del estado pudieran actuar en Cataluña. Y aquí fue clave el bloqueo de una comisión judicial que investigaba la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017.

- Desobediencia expresa a las decisiones del Tribunal Constitucional con el fin de visibilizar que el estado español no controlaba de manera eficaz el territorio de Cataluña

- Realización del referéndum de secesión del 1 de octubre con el fin de hacer nacer una legalidad que se opusiera a la legalidad española.

- Paro de país del 3 de octubre orientado a conseguir que se hiciera patente la aparición de una nueva realidad política independiente de España. Petición de retirada de Cataluña de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Acoso a los agentes de las policías que dependían del estado e instrumentalización de la policía regional.

- Declaración de indepedendencia del 10 de octubre.

En el caso de Cataluña la existencia de un plan orientado a conseguir el fin de la vigencia del ordenamiento jurídico español en Cataluña es expresa; y para ello se recurrió en varias ocasiones a la utilización de las masas como elemento que imposibilitara la actuación de la policía o de los tribunales. En este sentido, el paralelismo entre el bloqueo de la comisión judicial en la Consejería de Economía el día 20 de septiembre y la ocupación del Capitolio es evidente; así como la ocupación de colegios el 1 de octubre para la realización del referéndum (en contra de la prohibición de los tribunales), así como la oposición a la actuación de la policía, organizada e incluyendo el levantamiento de barricadas, emboscadas a los agentes o el acoso a los mismos, tanto en el ejercicio de sus funciones como fuera de servicio.

Con posterioridad a aquellos meses tuvimos, además, un intento de ocupación del Parlamento (1 de octubre de 2018), así como de infraestructuras básicas como el aeropuerto ya en el año 2019.

No puede negarse, por tanto, que hay similitudes bastante claras entre lo sucedido en Washington y lo acaecido en Cataluña. En ambos casos se trata de impedir la actuación de las autoridades (los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado en el caso de Estados Unidos, los tribunales, agentes judiciales y policía en el caso de España, fundamentalmente; aunque con un conato también de ocupar el Parlmento) con el fin de cuestionar el marco político; esto es, con el fin de debilitar el Estado de Derecho.

III. Washington y Barcelona: Conexión entre el poder público y quienes actúan

Las semejanzas van más allá, sin embargo. Es clave en ambos casos la conexión entre el poder público y quienes actúan. Tanto en Washington como en Cataluña nos encontramos inicialmente con lo que podría ser una manifestación, pero que muta para convertirse en algo más como consecuencia de la instrumentalización que de ella se hace desde el poder público.

En el caso de Estados Unidos, el papel de Trump agitando los ánimos de sus seguidores y conminándoles a actuar ha sido clave. En el caso de Catauña es evidente la labor de la Generalitat y otras adminsitraciones catalanas controladas por los nacionalistas en la construcción de un agravio que enfureció a una parte considerable de la sociedad, el mantenimiento del mismo con una versión tergiversada de la realidad y de la historia cuando no acudiendo directamente a mentiras; la inoculación de la creencia en que se tenían ciertos derechos que, en realidad, no existían, y la afirmación de que la protesta popular podía convertirse en abierta insurrección sin que esto tuviera que tener ninguna tacha ni política ni penal. Los discursos de Trump insistiendo en un fraude electoral, su petición de que se acudiera al Capitolio y la tímida petición de que se depusieran las actuaciones violentas a la vez que manifestaba sus simpatías con quienes habían ya interrumpido la sesión conjunta del Congreso; se corresponden con la insistencia en el pretendido maltrato a Cataluña por parte del estado; la proclamación de un inexistente derecho a la secesión, las llamadas a la población catalana a participar en el referéndum del 1 de octubre o en las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2019, la petición de Joaquim Torra a los CDR para que "apretaran" y el tardío rechazo a la violencia generada. En ese sentido, Trump mostrando su simpatía con los asaltantes a la vez que la Guardia Nacional intervenía se asemeja a la del gobierno de la Generalitat con la de quienes protestaban en octubre del 19, a la vez que los Mossos d'Esquadra cargaban contra ellos y el propio gobierno condenaba las cargas que él mismo había ordenado.

En definitiva, tanto en el caso de Estados Unidos como de Cataluña nos encontramos con una actuación concertada entre el poder público y los ciudadanos en los que estos hacen de fuerza de choque, confundiendo lo que es el inicio de una rebelión con una protesta amparada por el derecho de manifestación y dejando la puerta abierta a ser más o menos contundente en la respuesta en función del resto de circunstancias.

Personalmente entiendo que esta manera de actuar es especialmente deleznable. Aquí me aparto de la comparación porque no tengo elementos para determinar cómo se desenvuelven las cosas en Estados Unidos, pero en Cataluña es realmente sangrante ver cómo son sujetos u organizaciones en principio desvinculadas del poder público quienes actúan coaccionanando, por ejemplo, a los disidentes ante la pasividad de la policía. La sensación de indefensión que se siente en esas ocasiones es difícilmente descriptible. Alguien te boicotea, te arroja objetos o te intenta agredir y la policía se queda ante ti de brazos cruzados. Horrible.

Así pues, vemos como hay paralelismos relevantes entre lo sucedido en Estados Unidos y lo que pasa en Cataluña: en ambos casos nos encontramos ante un ataque a principios democráticos protagonizado por ciudadanos que son movidos desde el poder público y que quizás obran confiados en la protección del propio poder. En el caso de Cataluña es evidente, y en el de Estados Unidos no hay que olvidar que quien animaba a protestar era el presidente de Estados Unidos, como dice el tópico, la persona más poderosa del mundo.

IV. Washington y Barcelona: Diferencias

Existe, sin embargo, una diferencia muy relevante entre Estados Unidos y España. En Estados Unidos la reacción de la opinión publicada fue inmediata y contundente. Rápidamente se extendió la indignación ante el ataque a las instituciones, se desalojó a los ocupantes del Capitolio, se iniciaron actuaciones policiales, se anunciaron actuaciones penales y se exigió el cese de Donald Trump. Palabras como sedición llenaron los análisis de los tertulianos y se comenzó a estudiar si lo sucedido podía ser considerado como un intento de golpe de estado.

La previsión es que los que participaron en el asalto y sean identificados pasarán por los tribunales y probablemente por la cárcel. No parece que haya muchas dudas de ello.

En España, en cambio, ante ataques objetivamente más graves al Estado de Derecho, ante desobediencias expresas a los tribunales, ante la amenaza de la secesión, ante la ocupación de los colegios para la realización de actos ilegales, ante la derogación de la Constitución y la vulneración de los derechos parlamentarios de la oposición, ante la instrumentalización de las instituciones y el aviso de que la policía autonómica se pondría del lado de la rebelión (de la República Catalana), la reacción fue en un sector muy relevante de los opinadores y de los medios públicos de comunicación, de contemporización, de un "no es para tanto", de "¿de verdad que se van a iniciar acciones penales?", de necesidad de dialogar con los que habían quebrado la ley, de tolerancia hacia las vulneraciones legales que siguieron, de rechazo a buscar responsables entre quines bloquearon a la policía que tenía órdenes judiciales, de quienes ocuparon colegios, de quienes montaron barricadas, de quienes cortaron vías de comunicación, de quienes impidieron por la fuerza que quienes quisieran pudieran trabajar o estudiar el 3 de octubre o en otros momentos en los que los nacionalistas decidían que todo teníamos que hacer huelga.

Esta es una diferencia no menor entre Estados Unidos y España. En Estados Unidos hasta personas muy cercanas a Donald Trump rechazaron con contundencia lo que estaba sucediendo y se negaron a cuestionar la actuación de la policía (que causó cuatro muertos en unas pocas horas). En España, unas horas después de haberse iniciado una actuación policial en todo el territorio de Cataluña con centenares de intervenciones y en las que no hubo un solo fallecido y en la que resultaron heridas de una gravedad tal que requirió hospitalización cuatro personas, mayoritariamente se hablaba de desproporción en la actuación policial. Como excepción este artículo de Félix Ovejero y Alejandro Molina.

Esta es la diferencia. Si no hay convicción democrática para defender los principios básicos del Estado de Derecho al final quienes sí tienen esa convicción, pero para destruirlo, acabarán venciendo.

En Estados Unidos han tenido una experiencia peligrosa, con un presidente que ha jugado claramente a destruir ese Estado de Derecho; pero la sociedad se ha mostrado lo suficientemente fuerte como para reaccionar. La sociedad civil española no ha mostrado esa misma convicción.

Y eso debería preocuparnos.

De nuevo sobre la monarquía

Poco después del discurso de navidad del rey, "El Español" realizó una encuesta sobre la opción "monarquía/república" con un resultado muy claro a favor de la primera

Casi un 67% de los españoles optan por la monarquía, mientras que menos de un 30% lo hacen por la república. Ahora bien, hay otro dato interesante. Mientras que en el conjunto del país el apoyo a la monarquía es claro, entre quienes apoyan a los tres bloques que forman la mayoría de gobierno (PSC/PSOE, Podemos y nacionalistas) la opción preferida es la república. Con relativamente poca diferencia en el caso del PSOE (51 por ciento a favor de la república y 45% a favor de la monarquía), pero con mucha en el caso de Podemos (más de un 80% a favor de la república) y de los nacionalistas (más de un 73% a favor de la república).

Es decir, tenemos un país claramente monárquico gobernado por republicanos. Esto, en sí, no debería ser un problema, pero se convierte en tal cuando ese gobierno utiliza su posición para debilitar a la monarquía. Y eso es lo que está haciendo, como se vio con mucha claridad cuando se le negó al rey estar presente en el acto de toma de posesión de los nuevos jueces en Barcelona. Me ocupaba de ello en un vídeo de hace unas semanas

Y es un problema porque esa campaña contra la monarquía desde el poder y también desde ciertos medios de comunicación -algunos públicos-, al dirigirse a un país mayoritariamente monárquico lo que provoca es tensión y división. Existe un sentimiento difuso, pero cada vez más sólido, de una actuación injusta por parte del gobierno. Y es injusto porque quiene gobierna puede -y debe- llevar adelante su programa electoral, pero no puede modificar los consensos sobre los que se asienta nuestro sistema político por vías diferentes de la reforma constitucional. Esto es, un presidente (o un vicepresidente) del gobierno pueden ser legítimamente republicanos; pero mientras el jefe del estado sea un rey, en el ejercicio de sus funciones han de actuar como monárquicos. Y están plenamente legitimados, como cualquier otro, para instar la modificación de la constitución y convertir a España en una república; pero mientras eso no suceda el rey ha de tener el papel que le corresponde como jefe del estado y no puede ser arrinconado por el mismo gobierno que prometió su cargo ante él.

En el caso de España, además, el ataque al rey se vincula muy claramente con el cuestionamiento global de la constitución de 1978 que es explícito en Podemos y en los nacionalistas y que muchos tememos que alcance también al PSOE, llevado aquí de la mano del PSC, quien no ha tenido problema en apoyar iniciativas destinadas a debilitar a la corona. Este cuestionamiento no implicaría solamente cambiar la forma política de España; lo que ya es muy relevante, como veremos enseguida; sino que también va unida a la regulación del derecho de secesión de las comunidades autónomas, lo que, obviamente, supondría una transformación profunda de lo que ahora es España.

A lo anterior aún se añadiría un cambio en la arquitectura política global, restando importancia a la división de poderes y al respeto a los derechos fundamentales. En lo primero, el intento del partido socialista y de Podemos de cambiar la forma en que se designaría a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, conviritiendo a este órgano en una sucursal del gobierno más que del parlamento, y que ha sido parado por la rápida actuación de la Unión Europea, nos indica cuál podría ser el modelo de país que sustituiría al que ahora tenemos. En lo que se refiere al respeto a los derechos, es constante la vulneración de los mismos por parte de las instituciones controladas por los nacionalistas sin que esa vulneración haya llevado a la construcción de políticas orientadas a la garantía de los mismos (neutralidad de las instituciones, derechos lingüísticos de los castellanohablantes, derecho a la participación política, entre otros). Al revés, en algunos casos se ha apoyado explícitamente esa vulneración de derechos como ha sucedido recientemente con la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Educación, orientada -la reforma- a consolidar el sistema de inmersión lingüísitica obligatoria en catalán que ya ha sido declarado por los tribunales como contrario a la constitución.

Es por lo anterior que el debate entre monarquía y república no es en absoluto formal. Para muchos, el debate no es más que una manifestación de otro más profundo entre un sistema político basado en la división de poderes, la garantía de los derechos de todos y el mantenimiento de la integridad territorial del estado, y otro modelo en el que el poder ejecutivo tendría amplios poderes, los derechos fundamentales no estarían garantizados cuando perjudican a quien detenta el poder y en el que la unidad territorial del estado podría quebrarse conduciendo España a la balcanización.

Como digo, los dos debates están conectados puesto que un cambio en un elemento esencial de la constitución de 1978 como es la forma política del estado, podría facilitar la introducción de otros cambios en línea con lo defendido por los partidos que forman actualmente la mayoría de gobierno en España.

Y esto nos conecta con el último punto del que quería ocuparme: la diferencia entre monarquía y república no es meramente formal. Si bien desde un planteamiento formalista la república sería un sistema político más democrático y moderno, pues estaría libre de ese residuo medieval que es el monarca, que adquiere su posición por herencia, lo que es, sin duda, muy poco racional, lo cierto es que la realidad es un poco más compleja cuando se considera en su contexto histórico.

Las repúblicas modernas nacen a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX por el mecanismo de sustituir la figura del rey por la de alguien elegido por los ciudadanos o por una parte de ellos; pero que en buena medida asumiría el papel que tenían los reyes en el Antiguo Régimen. Ciertamente, se pueden establecer contrapesos al poder del presidente; pero en esencia nada impide que una república sea un estado en el que no se respetan los derechos de las minorías ni la división de poderes.

La monarquía parlamentaria, en cambio, sigue una evolución distinta: el rey se mantiene como jefe del estado, pero progresivamente se le van limitando poderes hasta convertirlo en una figura puramente simbólica (lo que no quiere decir que no sea importante; los símbolos importan, e importan mucho). De esta forma el conjunto del sistema descansa en esos principios democráticos que van mucho más allá de las elecciones libres y que incluyen también el respeto a la ley, la división de poderes y la garantía de los derechos fundamentales. Al haber reducido el jefe del estado a un mero símbolo es más difícil que nadie se apropie de más facultades de las que le tocarían en ese equilibrio delicado que es toda democracia moderna.

De acuerdo con lo anterior, por tanto, no debería sorprender que entre las 20 democracias plenas del mundo, 10 son monarquías y 10 son repúblicas, mientras que entre los 20 países menos democráticos del mundo, 19 son repúblicas y solamente uno es una monarquía

Así pues, el debate entre monarquía y república es más profundo de lo que a veces parece. Es un debate que afecta a las libertades y a la integridad del estado. Es por eso que es tranquilizador que el apoyo a la monarquía sea alto, y también que el rey haya transmitido que su compromiso con todos, con la constitución y con España es firme. Eso no puede querer decir otra cosa diferente de que no va a tirar la toalla, que se mantendrá en su puesto y que, por tanto, la única forma de poner fin a la monarquía parlamentaria en España será por una reforma de la constitución.

Quien se anime a esa reforma que la proponga, y mientras no se produzca, aténganse todos, y el primero el gobierno, presidente y vicepresidentes incluidos; a esa constitución, incluido su artículo 1.3

Lo que piensan los nacionalistas sobre la lengua en Cataluña

Recomiendo el visionado de esta tertulia del programa "Obrim fil" sobre la situación de las lenguas en Cataluña.

Es un debate en el que se aprecia claramente la divergencia entre los planteamientos nacionalistas sobre este tema y los que defienden la convivencia entre las lenguas en Cataluña.

La frase anterior no pretende ser provocativa, sino una descripción de los elementos esenciales del debate en el que estamos inmersos. En este debate los nacionalistas optan por una Cataluña identificada con el idioma catalán en el que esta lengua sería, a efectos prácticos, la única lengua oficial, en el sentido de que sería la lengua de la escuela y de la administración y una lengua con una presencia mayoritaria en el ámbito público, lo que se conseguiría mediante políticas de sanciones para quienes no la utilicen y otros mecanismos de limitación de utilización del castellano, la lengua mayoritaria actualmente en Cataluña. Lo anterior, sin embargo, no impediría una presencia residual del castellano, reconociéndose la legitimidad de su uso por parte de las personas de más edad, manteniéndose su enseñanza como lengua extranjera en las escuelas y, probablemente, reconociendo también una utilización limitada del mismo por los usuarios de la administración.

Frente a este planteamiento, quienes no comparten las propuestas de los nacionalistas, defenderían que se reconociera que el castellano no es una lengua "impropia" de Cataluña, sino que tiene que ser asumida también como lengua de los catalanes, reconocida su utilización en la escuela y en las administraciones, rechazándose que pueda imponerse la utilización del catalán en el ámbito privado. No se admitiría, por tanto, que se establezcan sanciones para quien rotula en castellano, y los medios públicos de comunicación tendrían que utilizar también el castellano junto con el catalán.

A mí me parece que tan solo el segundo planteamiento puede considerars como uno que busca la convivencia. El primero hace expresa su voluntad de reducir, arrinconar y limitar el uso del castellano, por lo que difícilmente, a mi juicio, puede considerarse como una vía para la búsqueda de la convivencia y no lo que parece, un programa supremacista.

Quizás quien haya llegado hasta aquí piense que cuando describo las posiciones de los nacionalistas incurro en exageraciones o distorsiones. Y es por eso que recomiendo el visionado del programa, porque ahí verán claramente expresadas las grandes líneas que enumeraba antes. Hace un par de párrafos decía que los nacionalistas defienden:

1- Tan solo el catalán es lengua de Cataluña.

2- La escuela ha de ser en catalán porque solo el catalán es la lengua de Cataluña.

3- Ha de sancionarse a quienes rotulan en castellano (expulsión del castellano del ámbito público).

4- Han de desarrollarse políticas para limitar el uso del castellano en el ámbito privado.

5- Qudarían excluidas de esta necesidad de utilización del catalán las personas de cierta edad.

Estos puntos quedan reflejados en las declaraciones de los nacionalistas que intervinieron en el progama.

1- Sobre el catalán como única lengua de Cataluña:

"Los territorios sí que tienen lengua" (Enric Gomà).

"El catalán es lengua de cohesión porque es la lengua propia del país" (Enric Gomà).

"Aspiro a que el catalán sea lengua societaria". (Enric Gomà). 

2- Sobre que la escuela sea en catalán porque solo el catalán es la lengua de Cataluña:

"Que a los patios se hablara en catalán sería un gran avance" (Enric Gomà).

"La lengua propia de Cataluña es el catalán y por eso se estudia en catalán en las escuelas" (Estel Solé).

3- Sobre la necesidad de que el catalán se imponga al castellano y lo vaya desplazando:

"Las personas no son adversarias, pero las lenguas... las hay dominantes y minorizadas". Sí, el catalán y el castellano son adversarios (Marius Serra).

"Tenemos que distinguir entre el castellano como lengua de las personas y el castellano como lengua de poder" (Enric Gomà).

"¿Piensas que se ha de descastellinizar Cataluña?" (Xavier Sardà). "Naturalmente" (Enric Gomà).

Estoy a favor de imponer que el catalán sea un requisito para hacer determinadas cosas (Enric Gomà)

"No es una guerra contra nadie en concreto, sino ver los espacios que ocupa una lengua en una sociedad"" (Enric Gomà).

4- Sobre la necesidad de políticas para limitar el uso del castellano en el ámbito privado:

Imponer multas a quienes ponen un rótulo que ponga "Restaurante" y no "Restaurant" es una manera de impulsar la presencia del catalán en el espacio público (Enric Gomà).

"Concienciar a los jóvenes de que no se pasen al castellano. Que lo que puede ser en catalán no lo hagan en castellano" (Jordi Cartanyà)

5- Sobre la legitimidad de que las personas mayores puedan seguir usando el castellano:

"Cuando una persona es mayor y ha tenido la vida que ha tenido y ha trabajado mucho, sabe la lengua que sabe y ya está".

Este es el planteamiento nacionalista, y quien lo cuestiona "politiza":

"Quienes han politizado la lengua son quienes han puesto el castellano como lengua perseguida en Cataluña. Y eso lo ha hecho Cs" (Marius Serra).

Quizás piensen que descontextualizo las frases anteriores pueden ver el programa entero. Creo, sinceramente, que de ese visionado completo resultará todavía con más claridad el supremacismo nacionalista que de la selección -moderada- de citas que aquí hago.

Entiendo que los nacionalistas pretendan conseguir que su lengua sea mayoritaria; pero para ello no les queda más camino que conseguir que quienes ahora utilizan el español en Cataluña cambien esa lengua por el catalán. Para eso tienen varias vías, pero optan claramente por utilizar el poder público: obligar a las escuelas a utilizar el catalán como única lengua vehicular, multar a quienes rotulan en castellano, exigir el conocimiento del catalán incluso para actividades que no tengan relación directa con la lengua, imponer el catalán en los medios públicos de comunicación y presionar a todos para que cambien su lengua.

No exagero, es lo que se desprende de lo que vemos en este programa y de los que se deriva de otros muchos testimonios o documentos.

Ante esto mi pregunta es ¿podemos permanecer impasibles? ¿nos parece razonable que se utilice el poder público para incidir en algo tan personal e íntimo como la lengua en la que uno se expresa? ¿hemos de renunciar a cuestionar este programa de ingeniería social que tiene como objeto limitar la utilización de la lengua oficial en toda España y materna no solamente de la mayoría de los españoles, sino de la mayoría de los catalanes?

Yo creo que no, que no es legítimo permanecer impasibles y que hemos de denunciar la utilización del poder público para cambiar la lengua que utilizan las personas.

En eso estamos y animo a que todos se comprometan en ello.

Rectificaciones

Leo con estupor el acto de contricción de Mónica Andrade, Vanesa Jiménez y Miguel Mora, director y directoras adjuntas del semanario digital CTXT, con motivo de la publicación de un artículo de opinión sobre la discriminación del castellano en la Universidad catalanas ("¿Cómo se dice xenofobia en catalán?", de Bruno Bimbi).

 

 

 

 

Me constaba que se había montado cierto revuelo a cuenta del mencionado artículo; pero reconozco que no lo había leído y tan solo me había percatado de algunos titulares que comentaban el acoso en redes al autor. Sabía, sí, que el tema era la denuncia de que en un curso de una Universidad catalana ninguno de los muchos grupos que se ofrecían incluía docencia en castellano, pese a que se había publicitado que sí habría docencia en ese idioma. No conocía, sin embargo, nada más y ni siquiera sabía de qué cursos hablaban o a qué Universidad se refería el artículo. Sin embargo, cuando llegó a mis manos el enlace a una tribuna que comenzaba afirmando "Por qué CTXT no debió publicar la tribuna "Cómo se dice xenofobia en catalán" ya no pude resistir la tentación de entrar en el tema.

La tribuna comienza repasando los insultos sufridos por el autor del artículo, un periodista latinoamericano y activista gay al que, según explican el director y directoras adjuntas de CTXT, fue calificado de "puto", "lacra" y "sudaca", no solo desde cuentas anónimas, sino también personas reales. Una auténtica muestra de intolerancia mezclada con homofobia y xenofobia debería, a mi juicio llevar a una condena rotunda y a una cierta reflexión sobre cómo es posible una reacción como esa en una sociedad abierta, moderna y tolerante. Sobre todo -y me coloco ahora en la posición en la que podrían colocarse los responsables de CTXT- en el marco de un medio claramente progresista e identificado con los valores que asume la denominada izquierda (el presidente de honor del consjeo editorial de CTXT es Noam Chomsky). La tribuna de Mónica Andrade, Vanesa Jiménez y Miguel Mora, sin embargo, despacha todo esto en una frase de nueve palabras: "Para todos los que hacemos CTXT, esto es inadmisible". "Esto" es el "torrente de ataques" sufridos por Bruno Bimbi como consecuencia del artículo publicado. Como puede apreciarse, los responsables del medio han optado quizás por la condena más liviana posible a tales ataques; pero no contentos con ello la hacen seguír de una locución preposicional que -diría- cumple la función de una conjunción adversativa ("... es inadmisible, más allá de las críticas legítimas que puedan hacerse al artículo"). A continuación se indica que fue un error publicar la contribución de Bruno Bimbi.

O sea, que el artículo puede ser objeto de críticas legítimas, tantas que el director y directoras adjuntas admiten que no debería haberse publicado; aunque eso no quita que sea inadmisible calificar al autor de "puto", "lacra" y "sudaca".

No hemos pasado del primer párrafo de este escrito de penitencia y ya la náusea invade al lector mejor predispuesto ante el ejercicio de hetero y autohumillación que se está desplegando ante él.

Acto seguido, el director y directoras adjuntas de CTXT comparten con nosotros que son una redacción pequeña y que cuentan con colaboradores habituales que escriben según su criterio -vamos, que nadie se lee lo que envían, parece indicar- entre los que se encuentra Bruno Bimbi, quien normalmente escribe sobre América Latina, pero que el 24 de noviembre -que la fecha concreta quede fijada siempre es importante en las actas de los tribunales- remitió un escrito sobre ciertos conflictos lingüísticos en las Universidades catalanas (aquí no reproduzco literalmente la columna de Andrade, Jiménez y Mora).

Me llama la atención que en  la tribuna de flagelación propia, y también de escarnio del señor Bimbi, se indique que el artículo de este era una columna de opinión que relataba una vivencia personal y hacía consideraciones subjetivas. Esto es importante, porque en los siguientes párrafos se critica esta aproximación y el equipo directivo de CTXT incide en la necesidad de que los periodistas no se centren en sus vivencias personales, cuestiona el valor informativo de la pieza y plantea que Bimbi debería haber concretado cuándo pasó lo que denuncia, en qué Facultad, en qué curso, etc.

Supongo que el señor Bimbi no debería tener grandes dificultades en detallar esos datos; pero mi extrañeza va más allá, puesto que lo que se estaba valorando no era una noticia, sino un artículo de opinión. Que se cuestione que en los artículos de opinión se viertan apreciaciones subjetivas me parece bastante llamativo. No soy periodista, pero la distinción entre información y opinión creo que forma parte de la cultura general. Cualquier lector de periódicos sabe que en las columnas de opinión se vierten apreciaciones subjetivas y que no es infrecuente que tales columnas comiencen con una anécdota personal. Soy lector de columnas de opinión desde que era niño y recuerdo algunas de Umberto Eco en las que incluía recurdos de su servicio militar; me viene a la cabeza otra de Vargas Llosa donde relata un viaje a no sé que isla exótica y para qué hablar de las de Javier Marías en El País cada domingo, donde tantas anécdotas personales son punto de partida para reflexiones que nos cautivan.

Vamos, que lo de que una columna de opinión queda desacreditada porque se vierten opiniones subjetivas y porque se parte de anécdotas personales es, me parece, un absurdo. Además, que quien encuentre razones para defender la columna sea alguien completamente ajeno a la publicación como soy yo, y que quien se invente las razones para criticar con dureza dicha publicación sean el director y las directoras adjuntas, debería sorprender a cualquier observador.

Demos un paso más: resulta que de lo visto hasta ahora resulta que la columna de opinión queda desacreditada porque parte de una experiencia personal, sin que la revista que lo ha publicado encuentre razones para defenderlo. Es más, los responsables de la revista se adhieren a la réplica publicada "horas después" (sic) por José Luis Martí. Estas son las palabras de la tribuna que comento: "Hasta ahora hemos hablado más de las formas que del fondo. Para hablar del fondo del artículo nos remitimos a la réplica que publicamos horas después, firmada por José Luis Martí, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Martí aporta su amplia experiencia y muchos datos".

 

¡Maravilloso! Esta pieza de Martí sí que debe ser un buen artículo objetivo y no basado en experiencias personales y, por tanto, anecdóticas. Ahora bien, si lo leemos nos encontramos con que el propio Martí dice cosas como éstas: "escribo y firmo este artículo como profesor de una universidad catalana y como ciudadano, no lo hago desde mi posición de vicerrector de dicha universidad, y no hablo en nombre de nadie más que de mí mismo". "He tenido el privilegio de impartir docencia (de diverso tipo) en cinco universidades catalanas distintas, tanto públicas como privadas. Nunca, NUNCA, ninguna de estas universidades me ha pedido u obligado a utilizar el catalán como idioma de docencia". "Yo imparto algunas de mis clases en catalán, otras en castellano y otras en inglés". "Tras 20 años de impartir docencia en universidades catalanas, no me he encontrado nunca con problemas serios de convivencia lingüística". Me parece que es claro que el señor Martí nos está trasladando su propia experiencia -así lo hace explícito- trufada de afirmaciones que no veo sustentadas en ningún dato objetivo. Así por ejemplo:

"El caso más habitual es precisamente el contrario, que asignaturas que están anunciadas en catalán acaben impartiéndose en castellano". Me imagino que no habrá estadísticas de esto que afirma el Sr. Martí o, al menos, no las aporta. Supongo que es una impresión personal suya que quizás hasta pueda compartir, pero que no pasaría ningún filtro que controlara las fuentes utilizadas para apoyar las afirmaciones que se hacen en el texto.

"Los profesores solemos ser flexibles permitiéndoes que de facto asistan a las clases del grupo que mejor se acomode a sus necesidades o preferencias". Bueno, discrepo. En mi experiencia no es así; pero, como digo, lo importante no es que sea más o menos cierto lo que dice el señor Martí, sino que se trata de impresiones personales que, sin embargo, en este caso son dadas por buenas mientras que la dirección de CTXT las rechaza de manera sangrante cuando se trata del artículo del señor Bimbi.

Creo que será difícil encontrar un ejemplo más acabado de argumentación sesgada y tramposa que la tribuna que firman Mónica Andrade, Vanesa Jiménez y Miguel Mora. Como hemos visto, hacen pasar a una columna de opinión por los filtros por los que debería pasar una noticia y, además, la contraponen a otra columna de opinión que presenta las mismas características que la criticada. Si una se basa en una experiencia personal la otra no pretende ser otra cosa que también el relato de experiencias personales. En ambas se encuentran datos objetivos que dan cobertura a algunas de los argumentos y otros que descansan simplemente en apreciaciones subjetivas. ¿Por qué una es duramente criticada y la otra alabada?

Bueno, es claro, porque una cuestiona algunos de los elementos de la política nacionalista en Cataluña y la otra, en cambio, se adscribe al argumentario nacionalista que pretende que no existe conflicto lingüísitico en Cataluña y que quienes hablan de tal conflicto son unos provocadores que no merecen más destino que el silencio impuesto.

Algo de esto se deduce de la columna que comento. En ella hay un punto especialmente tenebroso. Transcribiré unas líneas de la columna: "Los colaboradores de la revista trabajan con total libertad. Salvo en contadas ocasiones no avisan del asunto sobre el que van a escribir. No tenemos costumbre de censurar a nadie, nunca lo hemos hecho. No es una excusa, pero en este caso resulta evidente que fue un error no rechazar el artículo".

¿Se han fijado? No censuramos, en esta ocasión no lo hemos hecho, no pretendemos que este rechazo a la censura sea una excusa, aunque en este caso deberíamos haberla practicado.

No creo que puedan interpretarse de otro modo las líneas que he reproducido.

Hay opiniones que no deben salir a la luz.

Pero no solamente opiniones, porque el artículo que la propia revista que lo ha publicado cuestiona, fundamentalmente lo que relata es una experiencia personal que no tenemos razones para pensar que sea inventada. ¿Por qué algo que es cierto ha de ser callado? Será más o menos relevante y los lectores juzgarán pero ¿rechazarlo de plano? ¿por qué? ¿porque no encaja con determinado relato?

Es cierto que aparte de la anécdota personal el señor Bimbi aprovecha para extraer una conclusión (o adelantar una hipótesis), la de la pretendida voluntad de excluir el castellano de las universidades. Bien, es una opinión que podrá ser cuestionada o no, pero ¿ha de silenciarse? ¿por qué? ¿es una herejía, un anatema, atenta contra derechos fundamentales?

Más allá de eso ¿es falsa?

El caso es que si se conoce un poco la realidad de la Universidad en Cataluña nos daremos cuenta de que hay una política expresa de promoción del catalán que implica cosas como, por ejemplo, que en determinadas titulaciones los trabajos de fin de grado deban realizarse obligatoriamente en catalán o que los correos institucionales sean siempre en catalán.

Y toda política de promoción del uso de una lengua supone una minoración de las otras lenguas con las que compite la que se potencia.

El artículo del profesor Martí aporta en este sentido un dato significativo: en los estudios de grado de las Universidades catalanas el catalán tiene una presencia del 75.6% y el castellano de un 14%. El número de catalanes que tienen el castellano como lengua materna es de un 53%, mientras que solo el 32% de los catalanes tienen el catalán como lengua materna. ¿Cómo es posible que, habiendo plena libertad para elegir la lengua que se utiiza en la enseñanza, la proporción de materias en catalán y en castellano se aleje tanto de la presencia de ambos idiomas en la sociedad?

Pues por cosas como las que ejemplifica la tribuna que escriben el director y las directoras adjuntas de CTXT: si cuestionas las políticas de promoción del catalán los insultos que recibas no merecerán más reproche que el que se consideren "inadmisibles", aunque a renglón seguido se recordará que al fin y al cabo tu escrito podía ser objeto de críticas legítimas y, en realidad no debería haberse publicado. Tus experiencias personales serán calificadas de anécdotas irrelevantes y serán contrapuestas a las que presenten quienes te critican. Estas últimas experiencias, las de tus críticos, ya no serán anécdotas sino categorías sabias y sensatas.

Como colofón, sin ningún reparo, se reconocerá que contigo debería haberse ejercido la censura.

Esto es en lo que nos hemos convertido.

Leyendo tanto la tribuna del equipo directivo de CTXT como los artículos a los que se refiere ésta me he encontrado con múltiples invitaciones a suscribireme al medio.

No será una sorpresa para quien haya llegado hasta aquí que le comparta que nada más lejos de mi intención que ayudar con una suscripción a una publicación que es capaz de incurrir en una rectificación tan humillante y perversa, tan contraria a lo que deberían ser las exigencias y comportamientos de un periodista.