Hace unos meses el gobierno de la Generalitat editaba un libro (Catalonia calling. What the world has to know) que enviaba a diez mil personas influyentes de todo el mundo. Sonia Sierra escribió un mordaz artículo sobre el proyecto que muy acertadamente tituló "Catalonia Calling: no en mi nombre". Rechazaba en él la confusión entre propuestas de partido y de gobierno y pedía que esta confusión no pudiera hacer pensar que el envío se hacía en su nombre (evidentemente, no en su propio nombre, sino en el del pueblo de Cataluña al que ella también pertenece).
Artur Mas vuelve a insistir en esta apropiación de lo público y en la utilización incorrecta del pueblo de Cataluña como argumento para sus pretensiones; ahora en una carta publicada en seis periódicos de Bélgica, Bulgaria, Chipre, Malta, Estonia y Croacia. En ella vuelve a arrogarse la representación del pueblo de Cataluña para así hablar en nombre de todos nosotros. Esto es incorrecto y un abuso que no deberíamos tolerar.
El pueblo de Cataluña, como cualquier otro pueblo, entendido como un sujeto con voluntad propia no es más que una creación jurídica. Estamos tan acostumbrados a oír hablar en nombre del pueblo alemán, del pueblo americano, del pueblo español o de cualquier otro pueblo que se nos pasa algo evidente: siete millones de personas (u ochenta millones en el caso de Alemania o trescientos millones en el caso de Estados Unidos) son un conjunto de individuos cada uno con planteamientos y voluntad propia y pretender que alguien actúa en nombre de todos es una ficción que funciona únicamente si se respetan los mecanismos que la hacen posible. Estos mecanismos están recogidos en el ordenamiento que rige en cada territorio y que establecen, en primer lugar, quién integra el pueblo (en el caso de Cataluña los nacionales españoles con residencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña) y cómo se configura la voluntad de ese pueblo; esto es, en nuestro caso mediante la existencia de unas instituciones que actúan dentro de sus competencias marcadas por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. A la vez se determina quiénes dentro del pueblo de Cataluña tienen capacidad para designar a los integrantes de las instituciones que nos representan a todos (los mayores de edad que no se encuentran incapacitados ni privados de su derecho al voto) y cómo se configuran las elecciones.
Si falla alguno de los elementos del párrafo anterior la ficción dejará de operar: si en las elecciones catalanas votaran quienes no son ciudadanos catalanes o se privara de derecho de voto a una parte de ellos (los residentes en Girona, por decir algo absurdo) no podría decirse correctamente que los designados hablaran en nombre del pueblo de Cataluña, si se dejara votar a los niños o se privara del derecho de voto a los rubios (por ejemplificar con un absurdo) tampoco se configuraría correctamente la voluntad del pueblo catalán. De igual forma si no se designara a los diputados que han sido elegidos según el sistema electoral o no se nombrara al presidente de la Generalitat de acuerdo con el procedimiento establecido, y también cuando los diputados o el presidente de la Generalitat actuaran fuera del marco competencia que les es propio quienes se pronunciaran en nombre del pueblo catalán lo estarían haciendo de forma incorrecta.
Esto es lo que está pasando desde hace unos meses. El presidente de la Generalitat se arroga competencias en materia de política exterior que no tiene ni según la Constitución Española ni de acuerdo con el Estatuto de Autonomía aprobado por referéndum hace unos pocos años. Actúa, por tanto, fuera del marco legal en el que ha sido nombrado y es por ello incorrecto que pretenda expresarse en nombre de todos los catalanes ¿ya se ha producido la revolución que ha convertido en Derecho no vigente en Cataluña la Constitución de 1978 y el Estatuto de 2006? ¿Ya han sido sustituidos por una Constitución Catalana de acuerdo con la cual el Presidente de la Generalitat tiene la facultad de representarnos ante otros Estados y reclamar la celebración de consultas que conducirían a la ruptura de vínculos con el resto de España? ¿Qué me he perdido en los últimos meses que ha hecho que el Presidente de la Generalitat pueda actuar como un Jefe de Estado?
No, desde luego, que no. Ya lo he dicho y lo repito. No me siento en absoluto representado por un gobernante que desprecia el ordenamiento a través del cual ha sido designado. Esta es una situación completamente nueva en mi experiencia. En muchas ocasiones quienes han gobernado, tanto en España como en Cataluña, son personas o partidos a las que yo no había votado, pero eso no impedía que me sintiera representado por ellos en tanto en cuanto actuaban en el marco del ordenamiento que nos vincula a todos. Siempre he tenido un alto sentido institucional y de lealtad hacia quienes en cada momento representan la voluntad del conjunto de los españoles o de los catalanes; pero esa lealtad y respeto solamente son posibles si los elegidos ajustan sus actuaciones a lo establecido en las leyes que nos vinculan a todos. Fuera de ellas, de las leyes, su actuación no tiene más legitimidad que las de un forajido que cuenta con medios suficientes para mantener amedrentada a la población (el viejo problema del Estado y la banda de ladrones que ha ocupado a tantos juristas y politólogos). Y esa es la situación en la que me siento ahora. Roto el respeto a las normas, actuando por la vía de hecho, apoyándose en pretendidas voluntades mayoritarias que no existen más que en su imaginación, vivo en medio de la crisis institucional más seria que recuerdo haber experimentado en mis 46 años de existencia.
No en mi nombre.
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