Ley y política en Cataluña

miércoles, 8 de febrero de 2017

Arriar las esteladas

Recuerdo bien una de las primeras reuniones de lo que luego sería la sectorial de juristas de Societat Civil Catalana. Debatíamos qué hacer y enseguida salió el tema de las esteladas que ondeaban en tantos lugares de titularidad pública de Cataluña.



Como juristas sabían (unos) o teníamos la intuición (otros) que la utilización de estas banderas por los poderes públicos no se ajustaba a Derecho; pero, a la vez, no sabíamos cómo atacar judicialmente su presencia. Se diseñaron varias estrategias y al final nos decidimos a reclamar la retirada de una de ellas: la que se izaba en la Plaza Lluís Millet de Sant Cugat.



El objetivo era, por supuesto, que se retirara esa estelada, pero más allá de eso se trataba de que los tribunales hicieran expreso lo que pensábamos que correspondía en Derecho en relación a este tipo de banderas, pero que aún no había sido formulado de manera explícita: al tratarse de banderas que respondían a una determinada opción ideológica no podían ser utilizadas por los poderes públicos porque vulneraban la neutralidad institucional y limitaban la libertad ideológica de los ciudadanos.
Las anteriores son ideas que deberían ser fácilmente asumibles por todos los demócratas: los poderes públicos han de actuar de acuerdo con el interés general y sin favorecer determinadas opciones partidistas. Intuitivamente supongo que todos asumimos que no es admisible que, por ejemplo, en el ayuntamiento luzca la bandera del partido que gobierna el municipio. Si un ayuntamiento hiciera eso estaría haciendo patente que una opción ideológica concreta cuenta con el respaldo del poder público y eso resulta inadmisible por las razones que acaban de ser señaladas: por una parte es incompatible con la neutralidad de las instituciones y por otra supone imponer una determinada opción ideológica al conjunto de la ciudadanía.
Nos parecía importante dar esta batalla porque lo anterior no es solamente teoría jurídica, sino realidad política y social. Los ciudadanos que ven ondear impunemente esteladas en ayuntamientos o rotondas sienten que ya todo está decidido y, a la vez, que los no independentistas somos ciudadanos de segunda. Al hacer propios los símbolos secesionistas las instituciones se colocan al servicio de los independentistas y quienes no comparten esa posición política se convierten en meros usuarios, se ven reducidos en su condición de ciudadanos. La batalla de los símbolos es importante y por eso los nacionalistas la plantean con la rotundidad con la que lo hacen. Son conscientes de que ganar en lo simbólico prefigura también la victoria en lo real.
Estas razones explican que Societat Civil Catalana asumiera como uno de sus ejes de actuación la retirada de los símbolos secesionistas de los espacios en los que no deben estar. Se trataba de recuperar esos espacios públicos para todos los ciudadanos, impedir que los no separatistas fuéramos expulsados de ese espacio que ha de ser de todos.
Esta batalla no se libró solamente en relación a la estelada de la plaza Lluís Millet, sino que se afrontó también en los períodos electorales con el argumento de que en época electoral la presencia de esteladas en edificios públicos y otros espacios de titularidad pública era especialmente grave, pues vulneraba las reglas electorales que exigen que los poderes públicos no tomen partido por ninguna de las opciones políticas que concurren a las elecciones.
Fue en el marco de las quejas y recursos que planteamos en época electoral que el Tribunal Supremo acabó dictando la importantísima sentencia de 28 de abril de 2016 que decía expresamente aquello que andábamos buscando: que la estelada es un símbolo partidista y que, por tanto, no puede ser usada por las administraciones públicas.



Esta sentencia fue considerada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que finalmente ordenó la retirada de la estelada que ondeaba en la plaza Lluís Millet.



Con la retirada de la estelada de la Plaza Lluís Millet no concluyó el proceso en relación al Ayuntamiento de Sant Cugat. La alcaldesa intentó burlar a la justicia trasladando la estelada desde la plaza Lluís Millet a la plaza Octavià, pero volvimos a recurrir y en un plazo muy breve la Jueza que había dictado la primera sentencia ordenó también la retirada de la estelada de la plaza Octavià a la vez que reiteraba que ninguna estelada podía lucir en ningún espacio público. Finalmente, hoy ha sido arriada la estelada de la plaza Octavià.


Estoy muy satisfecho. Creo que somos muchos los que hoy estamos contentos porque se ha demostrado que el Estado de Derecho funciona. Tarde, con mucho esfuerzo, pero finalmente hemos conseguido por la vía de la ley y de los tribunales que se reconozca la ilegalidad de la utilización de esteladas por los poderes públicos y la necesidad de retirar aquellas que lucen en espacios de titularidad pública.
La retirada de la estelada de la plaza Octavià de Sant Cugat no debería ser más que el primer paso para la retirada de todas las esteladas que en Cataluña lucen en espacios de titularidad pública; pero para eso necesitamos ayuda. Ha sido enorme el esfuerzo de Societat Civil Catalana para poder llevar adelante los procedimientos abiertos. Abogados y voluntarios han dedicado muchísimas horas, muchísimo esfuerzo y dedicación a localizar esteladas, presentar quejas ante las Juntas Electorales, preparar recursos, llevar procedimientos, etc. Hemos realizado un esfuerzo que se ha visto compensado con un éxito que confirma la necesidad de dar la batalla de los símbolos, pero para continuar en ella es preciso que otros se sumen a este trabajo.
Afortunadamente cada vez son más las asociaciones y entidades que en Cataluña alzan la voz contra el nacionalismo, a ellas pedimos ayuda para continuar con esta lucha por recuperar los espacios públicos, para eliminar de ellos símbolos partidistas como la estelada.
Pero también han de implicarse en esta tarea los partidos políticos y el Gobierno de España. Ahora ya está claro que la presencia de esteladas en espacios de titularidad pública es ilegal. Veamos de qué forma se puede reconducir a la legalidad el paisaje catalán. No podemos ser pusilánimes en esta batalla porque, como decía antes, los símbolos importan, e importan mucho.
Hemos dado un paso, pero hay que seguir avanzando.


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