Ley y política en Cataluña

viernes, 27 de enero de 2017

Santiago Vidal y la fase de negación

En cierta forma es sorprendente el revuelo que se ha creado en torno a las declaraciones de Santiago Vidal en las que el entonces senador de ERC detallaba algunas de las medidas que se están adoptando para hacer realidad la secesión de Cataluña en el plazo de unos meses.


Son declaraciones de hace tiempo que se insertan en la explicación que se hace por toda Cataluña de la forma en que se está implementando la hoja de ruta secesionista, implementación que ha sido expresamente prohibida por el Tribunal Constitucional (Sentencia de 2 de diciembre de 2015 y Auto de 19 de julio de 2016). Pese a esta prohibición y sin que cause escándalo, por pueblos y ciudades proliferan los apóstoles de la secesión que explican con todo lujo de detalles cómo se desarrollará la destrucción del orden constitucional en Cataluña. Veamos, por ejemplo, cómo se despacha en este sentido Vicenç Partal, director de VilaWeb, uno de los medios separatistas que subvenciona la Generalitat.


Se trata de declaraciones habituales que quienes vivimos en Cataluña estamos acostumbrados a soportar. Y digo soportar porque quizás desde fuera de esta comunidad no se percibe la indignación que produce que constantemente nos encontremos con personas que arrogantemente afirman sin rubor que nos privarán de nuestra tierra, convirtiéndola en extranjera, quizás también de nuestra nacionalidad, de nuestra condición de ciudadanos europeos y puede que de nuestro trabajo (Santiago Vidal hacía referencia, parece ser, a los jueces que se quedarían y los que se tendrían que ir después de la independencia. Supongo que estarán también haciendo sus cuentas sobre policías, maestros o profesores de universidad).
Son declaraciones que hace tiempo que denunciamos y que, sin embargo, poco eco han tenido entre los gobernantes, los partidos políticos o los medios de comunicación. Quizás pudiera pensarse que se les da poca credibilidad. Con una cierta ingenuidad podríamos refugiarnos en que Vicenç Partal no es más que un periodista y que Santiago Vidal, pese a su condición de senador, no tiene responsabilidades directas de gobierno. Desde mi perspectiva, como digo, este tipo de razonamientos se me antojan infantiles; pero podría estar dispuesto a conceder un margen de duda en relación a la seriedad de estos propagandistas del separatismo; pero es que el anuncio del golpe de Estado contra el orden constitucional no se limita a estos personajes secundarios, sino que personas con responsabilidad de gobierno en Cataluña no han tenido problema en manifestarse en la misma línea.
Veamos, por ejemplo, esta intervención del Conseller de Justicia, Carles Mundó, en la Universitat Catalana d'Estiu este mes de agosto:


A partir de 01:05:23 el señor Mundó explica cómo se trabaja desde el Gobierno de la Generalitat en la hoja de ruta secesionista (y eso un mes después de que se hubiese dictado el Auto del Tribunal Constitucional de 19 de julio que, como hemos visto, prohibía expresamente dar apoyo a dicho proceso de secesión). En 01:06:57 se señala expresamente la conveniencia de no hacer públicas todas las medidas que se están adoptando para evitar que sean impugnadas; esto es, algo muy similar a lo que declaró el senador Vidal. En esta misma conferencia parece ser que el Señor Mundó indicó que el objetivo de su tarea era garantizar el control del territorio y de la población de Cataluña, tal como publicó La Vanguardia. Curiosamente, no se aprecia esa cita en el vídeo, pero parece que hay un corte en el mismo en el minuto 52:41, justo en el momento en el que comienza la intervención del Sr. Mundó ¿donde indicaba lo que recoge La Vanguardia, especulo?



Desde luego debería ser más preocupante la declaración del Conseller de Justicia que la de un periodista o, incluso que la de un senador; y, sin embargo, no hubo especial escándalo con estas declaraciones que, sin embargo, en su momento también fueron difundidas y denunciadas.



Pero no solamente el Conseller Mundó y otros cargos del Gobierno de la Generalitat han realizado declaraciones plenamente coherentes con las del Sr. Vidal, sino que el propio Presidente de la Generalitat no ha tenido inconveniente en repetir que su Gobierno trabaja en la consecución de la secesión, y eso, como digo, pese a la expresa prohibición del Tribunal Constitucional. Veamos, por ejemplo, su intervención en el Parlament de Cataluña durante el debate sobre la cuestión de confianza planteada por el propio presidente Puigdemont



Canal Parlament|Parlament de Catalunya



A partir del minuto 34:00 Puigdemont explica cómo su proyecto político, en el que está trabajando como Presidente de la Generalitat, es la construcción de un Estado independiente en forma de República. Detalla que está preparando legislación y medidas más concretas. Algunas de las cuales no serán detalladas más que cuando sea políticamente necesario. Estas palabras no solamente están en vídeo, sino también en el Diario de Sesiones del Parlament de Cataluña. A continuación reproduzco algunos fragmentos que pueden encontrarse en ese Diario de Sesiones:


Si se escuchó en su momento a Puigdemont y Mundó o se leyeron sus declaraciones creo que se entiende que sorprenda tan solo relativamente lo que dice ahora el Sr. Vidal. De hecho, tras las declaraciones de Puigdemont del 28 de septiembre de 2016 Societat Civil Catalana ya pidió que Puigdemont dejara de ser el presidente de la Generalitat, porque no es admisible que ejerza el poder público sobre los catalanes quien hace expreso que actuará en contra de la ley y la Constitución desobedeciendo lo establecido por los Tribunales. Pero fue una voz que clamó en el desierto, nadie reaccionó, aparentemente, ante la gravedad de lo que allí se decía.
De hecho, esta misma semana Puigdemont dijo cosas muy parecidas en Bruselas, en su discurso en el edificio del Parlamento Europeo. En concreto, dijo que

"De acuerdo con el resultado de las elecciones del año 2015, por tanto, existe en Cataluña una mayoría de ciudadanos que quiere construir un nuevo estado que de respuesta a las necesidades y a las ambiciones de futuro, y el Parlamento y el Gobierno tienen el encargo claro e inequívoco de trabajar para hacerlo posible. Durante todo este tiempo se ha estado haciendo y se está haciendo el trabajo necesario para poder llegar a ser un estado: esto incluye la preparación de las estructuras de estado y la legislación necesaria para poder actuar como un país independiente integrado en la Unión Europea y en la comunidad internacional desde el primer día"

Como puede apreciarse, no algo muy diferente de lo que manifestó Vidal y, sin embargo, han sido las declaraciones de Santiago Vidal las que han generado peticiones de comparecencia, actuaciones de Fiscalía y un general escándalo ¿por qué? ¿no es más grave y preocupante lo que expresa el Presidente de la Generalitat o el Conseller de Justicia que lo que dice un senador sin responsabilidades directas de gobierno?



Mi impresión es que hasta este mismo momento, hasta hoy, 27 de enero de 2017, la sociedad y la política españolas se encontraban encerradas en una colosal fase de negación que les impedía asumir la gravedad de la situación que estamos viviendo. Es comprensible, porque el desafío al que se enfrenta España es de una enorme gravedad.
Lo que está sucediendo es que un grupo de personas han aprovechado su acceso a instituciones clave del ordenamiento constitucional español (el Gobierno de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña, la mayoría de los ayuntamientos catalanes y otras administraciones locales) para utilizar los resortes de poder que estas administraciones tienen para hacerse con el control efectivo del territorio y de la población de Cataluña (recordemos las palabras de Mundó en la Universitat Catalana d'Estiu) con el fin de llegar a ser la única administración de un nuevo Estado, la República Catalana, desplazando así al Estado español de esta región.
Se trata del plan para, mediante un golpe de Estado que pasa por la apropiación de las instituciones de la Comunidad Autónoma y de las administraciones locales, crear un sujeto de Derecho político amputando a España una parte de su territorio y más de siete millones de habitantes. Respecto a estos habitantes, el resultado de la operación es sustraerles de la soberanía española para o bien pasar a ser extranjeros en el territorio del nuevo Estado o bien perder su condición de españoles y ciudadanos europeos para convertirse en nacionales del nuevo Estado (dejando aparte aquellos supuestos que pudiera haber de doble nacionalidad y que no pasarían de ser excepcionales, como con carácter general son todos los caso de doble nacionalidad).
Todo esto no lo digo yo. Como puede comprobarse es lo que dicen los altos cargos de la Generalitat empezando por su Presidente y es de tal gravedad que es comprensible que la sociedad española haya reaccionado mediante ese humano mecanismo que es la negación.
Solamente a partir de la limitación que se deriva de la incapacidad de percibir las auténticas consecuencias de lo que está sucediendo se entiende la pasividad con la que se ha admitido hasta ahora la ocupación de las instituciones y administraciones por los nacionalistas que pretenden la ruptura del Estado. Anonadados calculábamos (calculaban, para ser más precisos) que todo respondía a un engaño, que no era cierto lo que decían, que se trataba tan solo de bravuconadas, pero sin que tales excesos verbales respondieran a la realidad. Una actitud, en definitiva, incomprensible y que carece de fundamento, porque incluso en el caso de que todo lo que decían los responsable políticos fuera una mera invención no es admisible que se mantenga a los ciudadanos en la permanente amenaza de que el ordenamiento que les protege será destruido para ser sustituido por otro al margen de los procedimientos previstos.

Tuvo que llegar el ex-juez Vidal para que la venda comenzara a caer. Y no porque dijera cosas
diferentes de las que se habían dicho hasta ahora; sino por detalles tales como que él mismo empleara la palabra "ilegalidad", como si la ausencia de este término en el discurso de Puigdemont excluyera que lo que decía fuera una evidente ilegalidad; o porque detallara en qué consistía el engaño que se perpetraba contra el Estado (ocultar en los presupuestos determinadas partidas destinadas al referéndum ilegal), como si esto añadiera algo al famoso "tenemos que engañar al Estado, de Artur Mas"
Han sido estos detalles los que han comenzado a romper el muro que la sociedad y la política españolas construían en torno al conflicto generado por los nacionalistas. No sé si se esta grieta que se abre será suficiente para que los responsables políticos, los opinadores y articulistas y la opinión pública asuman ya que nos enfrentamos a un desafío al orden constitucional que no admite medias tintas y que solamente podrá ser resuelto desde la convicción de que la defensa de nuestro sistema de libertades justifica que se arrincone el prejuicio de corrección de los nacionalistas que ha condicionado nuestra política desde hace cuarenta años.
Santiago Vidal, al hablar de apropiación ilegal de datos y al explicar con una sonrisa que "estábamos todos fichados" ha entreabierto la puerta que oculta el plan secesionista y por primera vez la mayoría de los ciudadanos han intuido que tras esa puerta lo que se oculta no es una broma, sino la amenaza más seria para nuestra democracia desde el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

1 comentario:

Juan Amor dijo...

Es verdaderamente muy preocupante la situación a la que hemos llegado, y la que estos evangelistas de "la buena nueva" de la república catalana nos anuncian para este mismo año.
Es más preocupamnte que el Estado siga sin actuar, sin reaccionar, como si estuviera narcotizado por fuertes dosis de burundanga.
¿Tendremos que ser los españoles de a pié ciudadanos de Cataluña, los que tengamos que autodefendernos de este golpe de estado que tanto pretende robarnos, y organizarnos clandestinamente para contragolpear? ¿Es eso lo que quiere el Gobierno central? ¡Tremendo!