Canto de ira y fuego 2018

martes, 2 de enero de 2018

Balance de situación

Si esto fuera una serie, las elecciones del 21 de diciembre hubieran sido un capítulo de final de temporada; así que ahora es buen momento para hacer balance de dónde nos encontramos y qué podemos esperar de la siguiente temporada, la que empezará en pocos días con la Constitución del nuevo Parlamento catalán, que deberá convivir con la aplicación del art. 155 de la Constitución, que se mantendrá hasta la toma de posesión del nuevo gobierno de la Generalitat.



¿En qué punto nos encontramos? Bien, tendremos que recordar algunas cosas que podrían parecer evidentes, pero que no todos parecen tener claras. Vamos a ello.
Cataluña es una región española sobre la que actúan principalmente tres administraciones: la administración estatal, la autonómica y varias administraciones locales. Puede parecer una obviedad, pero esto primero ya es revolucionario para algunos que pretenden que las únicas administraciones que actúan (o deberían actuar) en Cataluña son la Generalitat y las administraciones locales, de tal forma que la presencia del Estado debería ser o inexistente o mínima. Esta pretensión va acompañada de la afirmación de que la administración autonómica es soberana; esto es, capaz de actuar sin más límites que los que marque la legislación catalana. Las referencias al carácter soberano del Parlamento catalán son constantes, y es sabido que el gobierno de la Generalitat no tuvo ningún problema en reconocer, a lo largo de los años 2016 y 2017, que actuaba al margen de sus competencias para construir las estructuras de Estado que necesitaba la Generalitat para asumir todas las funciones que le corresponden a un Estado.
Evidentemente, desde una perspectiva constitucional y legal ni el Parlamento de Cataluña es soberano ni la Generalitat pueden construir "estructuras de Estado": se trata de un Parlamento y Gobierno regional que tan solo pueden actuar en el marco que fija la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Ahora bien, precisamente la clave de los dos últimos años (en realidad, más, pero vamos a centrarnos en estos dos años, que quizás pudieran ser el escenario de "la temporada" que ahora acaba) es la tensión entre lo que la Generalitat (Govern y Parlament) podían legalmente hacer y lo que realmente hicieron. A esto hay que añadir la opción de la mayoría de los municipios catalanes por adscribirse, incluso formalmente, a la administración "soberana" catalana que pretendía la Generalitat.
El abandono del orden constitucional por parte de las administraciones regional y local (en gran medida) y su adscripción al movimiento para la construcción de la república catalana puede observarse desde dos perspectivas distintas (al menos):

por una parte supone la vulneración de una serie de derechos esenciales que padecen los ciudadanos catalanes; unos consintiendo (los nacionalistas) y otros muy a su pesar (los no nacionalistas).
- por otra parte supone un desafío al Estado español que se escenifica ante la comunidad internacional con el fin de conseguir que España deje de ser considerado el Estado que controla de manera efectiva el territorio y la población de Cataluña lo que facilitaría el nacimiento de la república catalana y, eventualmente, su reconocimiento (en Derecho internacional no es lo mismo que un Estado nazca y que sea reconocido; algo que muchos analistas ¡y políticos! confunden con lamentables consecuencias, algunas las veremos aquí).

Ambas perspectivas están relacionadas. Así, por ejemplo, en Cataluña se da una permanente vulneración de la exigencia constitucional de que el castellano esté incluido como lengua vehicular en la enseñanza. Los ciudadanos reclaman ante los tribunales, consiguen sentencias favorables a sus peticiones pero la Generalitat se resiste con todos los medios a su alcance a implementar dichas decisiones judiciales y lo cierto es que todavía hoy son una minoría anecdótica los alumnos catalanes que reciben la educación que sería constitucionalmente obligada: aquella en la que tanto el castellano como el catalán fueran lenguas vehiculares. Desde una perspectiva constitucional este incumplimiento de la Generalitat es una vulneración flagrante de los derechos de los niños y de sus familias; ahora bien, si nos colocamos en la posición del orden jurídico que pretende establecerse en el territorio de Cataluña, la república catalana, nada hay de extraño en esa imposición que, seguramente encajaría perfectamente con las normas fundamentales de la República una vez que estuvieran formalizadas.
De igual forma, la utilización de símbolos como las esteladas por los poderes públicos debería considerarse contrario a derechos fundamentales como la libertad ideológica de los ciudadanos, que no deben verse enfrentados a que gocen de oficialidad determinados posicionamientos partidistas (la búsqueda de la independencia de Cataluña, la condena del encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, etc.). Ahora bien, desde la perspectiva de la república catalana estas posiciones (la búsqueda de la independencia, la condena de la detención de Sánchez y Cuixart) no son partidistas, sino que formarían parte de los contenidos ideológicos que configurarían dicha república, por lo que es natural que pretendan imponerlos como una muestra más de que el Estado español ha dejado de estar presente en Cataluña.
Como los anteriores podrían ponerse muchos ejemplos que mostrarían cómo en Cataluña se vive una situación de excepcionalidad en la que la Constitución no se aplica ya plenamente -ni siquiera con el recurso del art. 155, y si no véanse cuántos lazos amarillos o pancartas de apoyo a los "presos políticos" pueden encontrarse en los espacios de titularidad pública catalanes-, lo que supone una pérdida cierta de derechos para los catalanes y, a las vez, la constante erosión de la presencia y vigencia del orden constitucional en Cataluña.



Este desafío que no es menor no ha sido correctamente interpretado ni por el Gobierno de España ni por el PSOE ni por un conjunto de opinadores, intelectuales y medios de comunicación que desde hace tiempo o bien no se han opuesto a esta progresiva degradación de la Constitución en Cataluña o, incluso, se han mostrado contemporizadores con la misma, rechazando la posibilidad misma de que lo que aquí estaba sucediendo pudiera tener la gravedad que tiene. Como ejemplo paradigmático de ello está la constante negación de que exista adoctrinamiento en las escuelas catalanas, cuando hay cientos de evidencias de la presencia en los centros educativos de injerencias nacionalistas que van desde la inmersión como sistema educativo -en contra de la obligación constitucional de que el castellano sea también lengua vehicular, como acabamos de ver- hasta el contenido de los libros de texto o las actividades extraescolares que se desarrollan en los centros. Tantas evidencias y tan pocas ganas de investigarlas o ponerles fin. Una muestra, como digo, de la tolerancia hacia el proceso nacionalista de progresiva separación de Cataluña respecto al resto de España.


En este sentido ha sido especialmente grave la actitud del gobierno de España. Durante todos estos años ha renunciado a utilizar las competencias de las que dispone para poner freno al desafío nacionalista. También ha fracasado en la elaboración de normas que facilitaran esa oposición a los nacionalistas, pese a ser claras sus intenciones (las de los separatistas) desde hace tiempo. Finalmente, ha tolerado que tanto dentro de España como fuera la Generalitat actuará como un poder desvinculado del ordenamiento español lo que ha acabado teniendo graves consecuencias como vamos a ver inmediatamente.
Es claro que al menos desde 2012 existe un intento por parte de la Generalitat de convertirse en un actor internacional, algo que no es compatible con la Constitución española. A finales de aquel año Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, dirigió cartas a líderes políticos europeos pidiendo apoyo para la secesión de Cataluña. En aquel momento la respuesta debería haber sido la aplicación del art. 155 para evitar que un conflicto meramente interno se internacionalizara, pero en lugar de esto el Gobierno español prefirió, por una parte, dejar hacer a la Generalitat, confiando quizás en un acuerdo según la teoría de que en realidad la Generalitat actuaba tan solo de farol; y  por otra parte, utilizar la diplomacia española para dificultar los intentos de internacionalización de la Generalitat.
De siempre he manifestado mi estupor por esta actitud del Gobierno español. Utilizar la diplomacia contra una parte del Estado carece de sentido. Por una parte los otros Estados difícilmente lo entenderán, porque en caso de que una parte del Estado actúe al margen del orden constitucional hay que reconducir dicha actuación a la legalidad utilizando los mecanismos internos de los que disponga el Estado y no recurrir a las relaciones diplomáticas. Por otra parte, al utilizar mecanismos propios de la diplomacia en relación a la actuación de la Generalitat el Gobierno español está reconociendo que el problema no es puramente interno.
Como digo no acabo de entender la "estrategia" del Gobierno español porque, tal como he intentado explicar, suponía debilitar internacionalmente la posición de España a la vez que reforzaba la pretensión de la Generalitat de que el control efectivo del territorio y de la población catalanas estaba pasando del Estado española a la Generalitat, pudiendo mutar ésta en República Catalana en el momento que estimara conveniente. Quizás confiaba el Gobierno en que nunca se darían pasos definitivos hacia la independencia o de que de darse estos pasos sería suficiente la acción diplomática para establecer un cerco de hierro a la diplomacia de la Generalitat... y en estas estábamos cuando llegó el 1 de octubre.



El 1 de octubre fue el día más difícil para España desde una perspectiva internacional tras la Marcha Verde de 1975. El 1 de octubre se concretaron todos los fallos que habían venido acumulándose desde hacía años.
Como he intentado explicar, de manera incomprensible el Gobierno español había tolerado que la Generalitat actuará de facto como un poder independiente del Estado español. En el interior la AMI, las esteladas, la escuela tan solo en catalán, las estructuras de Estado y un Parlamento que aprobaba una tras otra resoluciones que desafiaban la Constitución española. En el exterior una acción diplomática de la Generalitat que recibía también respuestas diplomáticas por parte del Gobierno español. Es cierto que el Gobierno había conseguido que el Tribunal Constitucional anulara todas las resoluciones acordadas por el Parlament y el Govern, incluidas las que conducían al referéndum del 1 de octubre; pero quizás los responsables del Gobierno de España no cayeron en la cuenta de que tales declaraciones de nulidad carecerían de relevancia si, finalmente, el referéndum llegaba a celebrarse, pues en ese caso sería patente que el Estado español no controlaba de manera efectiva el territorio catalán.
Y eso fue lo que pasó. El 1 de octubre el referéndum se celebró -así se interpretó en todo el mundo-, pese a las declaraciones del Tribunal Constitucional, la falta de garantías y todo lo que se quiera; pero se celebró. No he encontrado ni un solo responsable político o periodista extranjero que haya negado que hubo referéndum. Muchos de ellos coinciden en que el referéndum fue ilegal; pero no niegan que hubo referéndum; lo que, desde una perspectiva internacional tiene graves consecuencias. En concreto, confirma que España no controla plenamente el territorio de Cataluña.
Además esta falta de control fue aderezada con imágenes hábilmente manipuladas que fueron interpretadas como la utilización de una violencia desmedida por parte de la policía española, lo que hizo que no pocos se inclinaran por pensar no solamente que el caso catalán ya no era propiamente un asunto interno español -que evidentemente ya no lo era- sino que incluso era posible que la razón no estuviera del lado de España, sino del de Cataluña.
Lo que acabo de decir no es ningún descuido. Realmente quiero decir lo que acabo de escribir: los días 1 de octubre y siguientes en el ámbito internacional, en las cancillerías y en las organizaciones internacionales, en las embajadas y en las reuniones informales, el tema catalán ya era un tema internacional y se barajaban las formas en que unos y otros actores internacionales deberían intervenir en él. Nunca España había tenido una posición tan débil desde la perspectiva internacional en las últimas décadas. La culminación de una serie de despropósitos entre los que se incluye que la aplicación del art. 155 no se hubiera puesto en marcha el día 6 de septiembre, cuando el Parlamento de Cataluña se declaró abiertamente en rebeldía al aprobar la Ley del Referéndum de Autodeterminación.



Fácilmente todo podría haber acabado en desastre; pero no fue así. El discurso del Rey del día 3 de octubre trasladó el mensaje a la comunidad internacional de que España seguía considerando el tema catalán como un tema puramente interno. Aviso formal para navegantes, cierre de puertas a las especulaciones y terreno preparado para un art. 155 que lo fiaba todo a que los independentistas no consiguieran de nuevo mayoría absoluta en las inmediatas elecciones autonómicas.
Seguramente no había alternativa a esta convocatoria inmediata de elecciones. Como digo, el mayor problema que tenemos es que los partidos políticos a nivel de todo el Estado, así como opinadores e intelectuales se niegan a admitir la gravedad de la situación en Cataluña. Así se explica que el 155 hubiera excluido de su aplicación a los medios públicos de comunicación dependientes de la Generalitat, quienes en estos meses se han hartado de hacer propaganda nacionalista, lo que, incluso, ha llevado a que recibiera alguna advertencia por parte de la administración electoral. Un cambio radical de la situación en Cataluña exige un convencimiento a nivel de todo el Estado que actualmente no se tiene. Mientras ese convencimiento no exista no se podrán abordar las reformas que son necesarias para evitar que, por ejemplo, mis hijos vayan a hacer sus deberes a una biblioteca pública en la que cuelga un cartel pidiendo la libertad de los Jordis, que a la entrada de mi pueblo luzca una señera -no una estelada, menos mal, pensarán algunos- que nos recuerda que esto es Cataluña, no España, y que el que estemos o no en España es coyuntural mientras que nuestra condición de catalanes no se discute; que en mi universidad (pública) en un edificio del a propia universidad haya una pintada que reclama la independencia y símbolos de sindicatos independentistas de estudiantes. No impedirá los lazos amarillos en los ayuntamientos ni la persecución a las familias que piden que el 25% de la enseñanza sea en castellano; no impedirá que los medios públicos de comunicación se dediquen a denigrar o tolerar la denigración de quienes no somos nacionalistas y que todo se parezca cada vez más a un régimen.



No es tarea fácil. En realidad, si repasamos la historia, los regímenes solamente han sido derrotados por guerras o revoluciones. Son raros los casos de regímenes derrotados en las urnas, precisamente porque en las elecciones cuentan con ventajas que dificultan su derrota electoral. Confiábamos en que el 21 de diciembre esa derrota podría producirse, pero no ha sido así finalmente. Los independentistas tienen de nuevo la posibilidad de formar gobierno en una Cataluña dividida y en la que puede darse la  curiosa circunstancia de que el Presidente de la Generalitat esté en prisión o pueda ser llevado a ella en cualquier momento sin que dicha prisión vaya a tener consecuencias institucionales, al menos inmediatas.

Porque a todo lo anterior aún hay que añadir el análisis el papel de los tribunales, que llevan meses investigando las actuaciones que se enmarcan en el proceso y que podrían tener transcendencia penal. No dudo que esas investigaciones continuarán y acabarán con condenas para quienes:

- han dedicado dinero público a actuaciones ilegales.
- han conspirado para conseguir por la vía de hecho, al margen de los procedimientos establecidos, la derogación de la Constitución en Cataluña.
- han sustraído los datos personales de los catalanes para la confección de un censo ilegal.
- ordenaron a la policía espiar por razones políticas a los ciudadanos.
- montaron células de resistencia dentro de cuerpos armados.
- entorpecieron investigaciones judiciales o directamente impidieron físicamente que las comisiones judiciales realizaran su labor.
- etc.

Se trata de hechos gravísimos que no pueden quedar sin sanción penal; pero que no han supuesto sanción alguna en las urnas, lo que profundiza en la división de la sociedad catalana, en la que las mismas personas son consideradas delincuentes por unos y héroes por otros.
Nada fácil gestionar esta situación, pero si hay una esperanza de que no vaya a mucho peor ésta pasa porque el conjunto de los españoles dejen atrás la fase de negación y asuman la gravedad de lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará en Cataluña.

1 comentario:

Anónimo dijo...

El lazo amarillo también podría querer decir que el Reino de España encarcela a personas arbitrariaremente y sin motivos. Es decir España no es um estado de derecho. Eso sería una acusación grave.