Hace unos pocos días el ministro de asuntos exteriores, Josep Borrell, abandonó una entrevista en la televisión pública alemana enfadado por la ignorancia que el presentador mostraba acerca de la situación en Cataluña. Para el presentador la prisión de quienes lideraron el intento de secesión en 2017 no estaba justificada y España le parecía un estado autoritario incapaz de dar una salida democrática al problema catalán. En definitiva, una historia de buenos y malos en la que los buenos son los nacionalistas catalanes (a los que se identifica como "catalanes" sin tener en cuenta todos los catalanes que no comparten los planteamientos nacionalistas) y los malos los españoles (obviamente, los españoles no catalanes).
He escuchado esa historia muchas veces en foros diferentes. Es el relato nacionalista, lleno de mentiras, tergiversaciones y olvidos; pero un relato que ha cautivado a muchas personas, medios y políticos en medio mundo. Sería razonable preguntarse por qué.
Las razones son varias y aquí no pretendo dar una explicación completa; sino tan solo fijarme en uno de los aspectos que inciden en este éxito del mensaje nacionalista. Y este aspecto está relacionado con la respuesta a unas preguntas largas, pero sencillas: ¿cómo esperamos que en un relato de buenos y malos, como al final son todos los relatos, los nacionalistas asuman el papel de malos si nos negamos a denunciar la forma en que incumplen la ley, atacan la convivencia y vulneran los derechos fundamentales del conjunto de los ciudadanos y, especialmente, de los catalanes no nacionalistas? ¿Cómo esperamos que en el extranjero el estado español sea considerado "bueno" si nos negamos a admitir que quien se enfrenta frontalmente con ese estado, quien constantemente lo acusa de antidemocrático, injusto y autoritario obra de mala fe, con abuso de los poderes y de manera arbitraria? ¿Cómo podemos esperar que en el extranjero se entiendan juicios y medidas extraordinarias si el propio gobierno español afirma que en Cataluña "todo está bien"?
Las preguntas anteriores suponen una serie de hechos y circunstancias que podrían ser discutidos, pero en los que no me pienso detener excesivamente. Comenzando por lo último ¿no es verdad que el gobierno español mantiene que la situación en Cataluña está tranquila, que quitando elementos puntuales de tensión la Generalitat cumple con el ordenamiento jurídico, no se afectan los derechos de los ciudadanos, la escuela cumple su labor de acuerdo con lo que es constitucionalmente exigible y las administraciones sirven con objetividad los intereses generales? Creo que si se hace un repaso a las declaraciones de los miembros del gobierno en los últimos meses esta es la impresión que se extraería de ellas.
Ahora bien, ¿es esto cierto o, por el contrario, es "más cierto" -que se diría en un interrogatorio- que las administraciones catalanes no actúan de acuerdo con la obligada neutralidad que deberían respetar, que los derechos fundamentales son vulnerados y que la escuela no actúa de acuerdo con los que es constitucionalmente exigible?
Por desgracia, lo que resulta más ajustado a la realidad es lo segundo. Sobre la falta de neutralidad de las administraciones catalanas hay pruebas abundantes, incluso en forma de sentencias judiciales (orden de retirada de banderas esteladas ubicadas en espacios de titularidad pública, condenas por la adscripción de administraciones locales a la Asociación de Municipios por la Independencia, declaración de que la suscripción por parte de corporaciones de derecho público del Pacto Nacional por el Referéndum o por el derecho a decidir vulnera la libertad ideológica de los asociados, etc.).
No menores son las evidencias de la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, especialmente, de los constitucionalistas. Así, por ejemplo, la declaración por los tribunales de que la UAB había vulnerado el derecho de los alumnos constitucionalistas a no ser discriminados por razón de pensamiento, a la libertad ideológica, libertad de expresión y derecho a la educación; prohibición de actos políticos de partidos constitucionalistas, utilización de los datos personales de los ciudadanos para la elaboración de bases de datos ilegales y, de nuevo por desgracia, una larga lista de irregularidades y vulneraciones de derechos que apenas tienen eco en la opinión pública española y, por tanto, tampoco en la internacional.
Finalmente, por no extenderme más, la situación en la escuela es también la descrita y no la idílica que algunos pretenden. En Cataluña, donde más de la mitad de la población tiene como lengua materna el castellano, no hay posibilidad en la educación pública ni de estudiar en castellano ni de hacerlo en una combinación de catalán y castellano. El único modelo existente es de utilización exclusiva del catalán como lengua vehicular con una asignatura de castellano en primaria y secundaria. Se trata de una situación que es contraria a derecho, como prueba que cada vez que es denunciada por alguna familia los tribunales indefectiblemente fallan a favor de la familia denunciante, lo que prueba la ilegalidad del sistema al que se ven sometidos todos los escolares en Cataluña. No insistiré en el adoctrinamiento, denunciado también en varios informes que tampoco tienen eco alguno en el debate político español.
Esta es la situación, frente a una constante vulneración de derechos fundamentales y exigencias constitucionales por parte de los nacionalistas, la posición del gobierno de España, del PSOE y de todo lo que se autoproclamada a la izquierda del PSOE más los propios partidos nacionalistas en Cataluña y en otras comunidades, es la de que los nacionalistas catalanes no hacen nada malo y que hay que tender la mano hacia ellos, no molestarlos y ofrecerles salidas para que depongan su actitud de enfado. ¿Nos extrañamos entonces que en el extranjero se vea a España cono un país autoritario y antidemocrático? Si no se denuncian las vulneraciones de principios democráticos básicos en que incurren los nacionalistas y, al contrario, se les mira comprensivamente ¿por qué no hacer caso a las acusaciones de estos contra España, el sistema institucional español y los españoles?
Creo que sería bueno para evitar bochornos como el que tuvo que pasar el Sr. Borrell el otro día que el gobierno español dijera, por ejemplo, cosas tan moderadas como éstas:
- El Ministro de Ciencia y Universidades: "Me preocupa que una Universidad española haya sido condenada por haber vulnerado derechos fundamentales de sus alumnos constitucionalistas. Estudiaré qué medidas deben adoptarse para evitar que se repita".
- La Ministra de Educación: "La Generalitat ha de cumplir con las exigencias constitucionales en lo que se refiere a la presencia del castellano en la educación. La exclusión como lengua vehicular de la materna de más de la mitad de los catalanes no es admisible y limita los derechos de los alumnos catalanes".
- La Ministra de Educación (otra vez): "Estudiaremos con detalle los informe sobre adoctrinamiento en la escuela catalana. El que la escuela pueda ser utilizada de manera no adecuada por los nacionalistas nos preocupa y adoptaremos las medidas necesarias para garantizar los derechos de los alumnos catalanes".
- La Ministra de Justicia: "La utilización de los datos personales de los catalanes de manera ilegal vulnera principios básicos que no son compatibles con la democracia. Más allá de las condenas que puedan ser dictadas por los tribunales, examinaremos qué medidas han de adoptarse para evitar que el poder público abuse de su posición en relación a los datos personales de los ciudadanos".
A veces nos quejamos de que los nacionalistas son capaces de construir un relato falso, pero quizás atractivo y nos preguntamos por qué nosotros no lo conseguimos.
Quizás bastaría con no ayudarles callando sobre la forma en que utilizan el poder público para limitar los derechos de quienes se les oponen.
A veces decir la verdad sin callarse elementos relevantes basta para construir un relato convincente.
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