Spain is not overreacting to the nationalist rebellion in Catalonia (sobre el artículo de Noah Feldman "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion")

Mi amigo Jamie Mayerfeld, me comenta el artículo de Noah Feldman "Spain Overreacts to a Little Catalan Rebellion", publicado en Bloomberg. Creo que el artículo contiene algunos errores de apreciación, sobre todo en lo que se refiere a las consecuencias de lo que el articulista califica como de una "pequeña" rebelión que, sin embargo, no debió ser tan pequeña cuando motivó reacciones de decenas de países y de la Unión Europea.

No me ocuparé aquí de este aspecto, porque lo que me interesa es reflexionar sobre los motivos que pueden llevar a algunos comentaristas extranjeros a percibir de una manera sesgada lo que está sucediendo en Cataluña. De esta manera, no seguiré el artículo punto por punto, sino que tan solo me servirá para intentar ejemplificar una perspectiva que he visto en algunos comentarios, sobre todo procedentes del extranjero, que muestran una inexplicable simpatía con los causantes de la crisis del año 2017 en Cataluña.

Creo que un elemento clave para entender el verdadero alcance de lo acaecido en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017 (en el otoño de 2017, si se me permite la imprecisión, pues los hechos comenzaron en el verano, en concreto el día 6 de septiembre) es el asumir que la "rebelión", por emplear el término que utiliza el propio Noah Feldman, fue protagonizada por el poder público, no por ciudadanos que se enfrentaban a dicho poder público. Este, me parece, es un elemento que con frecuencia se pasa por alto. Se queda uno en las imágenes de las genes en las calles e instintivamente se interioriza que el conflicto se plantea entre manifestantes (nacionalistas catalanes) y la policía (gobierno español). Esto no es así. El actor principal del conflicto fue el Gobierno catalán, la cúspide de un poder público con un presupuesto de 32.000 millones de euros anuales y que gestiona en Cataluña la educación, la sanidad, las prisiones, las Universidades, la policía (17.000 agentes armados) y gran parte de los transportes, entre otras competencias (protección de menores, protección de consumidores, cultura...). Es decir, la "rebelión" no fue contra el poder, sino desde el poder, una rebelión que implicaba que dicho poder público se declaraba liberado de los límites establecidos en la Constitución en las leyes para actuar al margen de estas.

Como digo, creo que esta perspectiva ha de ser tenida en cuenta. No es lo mismo que un ciudadano o un grupo de ciudadanos protesten ante el poder público que este poder público decida ejercer el monopolio de la violencia que tiene al margen de las leyes y los límites establecidos. Esto es justamente lo que sucedió en Cataluña: el Parlamento catalán derogó la Constitución española en Cataluña, el Gobierno regional desobedeció al Tribunal Constitucional español y finalmente el Gobierno regional y el Parlamento declararon la independencia.

¿En qué situación dejaban estas actuaciones a los catalanes que no compartíamos los planteamientos nacionalistas? Puedo hablar en nombre propio: soy ciudadano de Cataluña, sometido al poder público de la Generalitat y contrario a la secesión y al nacionalismo. Abiertamente contrario, además. ¿En qué situación me encontraba una vez que el poder público que dirige a los policías que vigilan las calles, las escuelas donde estudian mis hijos, los centros de salud a los que acudo cuando estoy enfermo, la Universidad en la que trabajo y las prisiones en las que acabaría si soy detenido decide actuar al margen de la ley, en contra de la Constitución y privarme de las garantías que hasta ahora tengo para mis derechos (recurso al Defensor del Pueblo español, al Tribunal Constitucional español o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos)? Esta es justamente lo que sentíamos millones de catalanes en aquellas semanas de septiembre y octubre de 2017.

Digo millones y no exagero, puesto que en Cataluña los partidos nacionalistas obtienen menos votos que los partidos que no comparten los planeamientos secesionistas. El sistema electoral catalán, que prima las zonas en las que se concentra el voto nacionalista, hace que una minoría de votos se convierta en una mayoría de escaños en el Parlamento regional, pero esto no ha de hacernos olvidar que son más los catalanes no nacionalistas que los nacionalistas, igual que hemos de ser conscientes de que pese a que los medios públicos de comunicación, la escuela y las administraciones utilizan casi exclusivamente el catalán más de la mitad de los catalanes tienen como lengua materna el castellano. Otra imposición nacionalista.

Pero volvamos a esa situación patológica en la que el poder público decide actuar al margen de la legalidad. En el primer año en la Facultad de Derecho se explica como la diferencia entre el Antiguo Régimen y los Estados modernos es que en el Antiguo Régimen el poder público actúa sin límites externos, mientras que en los Estados modernos quienes ejercen ese poder público han de sujetar su actuación a los límites legales. Este sometimiento es una garantía para los ciudadanos. Durante décadas había sabido esto como parte de la Teoría del Derecho y del Derecho Constitucional. En el año 2017 supe lo que es sentir verse sometido a un poder que actúa al margen de la ley. Y no es agradable.

Es por eso que resultaba imprescindible recuperar el Estado de Derecho en Cataluña. Y Noah Feldman así lo entiende en su artículo, cuando manifiesta que entiende las razones para que el Gobierno español recurriera a los mecanismos excepcionales que habilita la Constitución para hacer cumplir la ley en una Comunidad Autónoma mediante la atribución directamente al gobierno de España del control de la región. Como digo, esta recuperación del Estado de Derecho en Cataluña era imprescindible no solamente por razones institucionales, sino también para hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos catalanes, que no se merecían verse sometidos a un poder público que actuaba al margen de la Constitución y de la ley y en contra de las decisiones de los tribunales. Una situación, evidentemente, inadmisible en cualquier democracia.

A partir de aquí la discrepancia de Feldman es acerca de la adopción de medidas penales en relación a los líderes de la "rebelión". Pareciera entender que sería mejor pasar página sin entrar en actuaciones ante los tribunales criminales. Discrepo.

Lo primero que tenemos que ver es la gravedad de lo sucedido y que en parte ya he adelantado:

- Se derogó la Constitución en Cataluña.

- Se desobedeció al Tribunal Constitucional.

- Se convocó un referéndum ilegal

- Se organizaron barricadas y otros obstáculos para dificultar la actuación de la policía.

- Se organizó la ocupación ilegal de escuelas y otros edificios públicos para realizar el referéndum.

- Se organizó la resistencia a la policía para impedir que diera cumplimiento a las órdenes judiciales.

- Se atacó a la policía que tenía orden de cerrar locales donde se estaba desarrollando el referéndum.

- Se persiguió y acosó a policías fuera de servicio.

- En las escuelas se señaló públicamente a los hijos de los policías.

- En las escuelas se organizaron protestas contra la actuación de la policía en las que participaron menores (en algunos casos niños pequeños).

- Se elaboraron bases de datos para el censo del referéndum al margen de las presiones legales sobre protección de datos personales.
- Y se declaró la independencia... dos veces.

¿En serio mantenemos que esto no merece reproche penal? Creo que no es serio mantener esta postura. Algunas o todas de estas conductas pueden entrar en varios tipos penales del Código Penal español y, por tanto, han de ser investigadas. Otra cosa es qué tipos concretos, y sobre esto hay margen de debate, un debate en el que Noah Feldman está cordialmente invitado a participar, pero que ha de hacerse a partir de la consideración de los distintos tipos penales previstos en el Derecho español. Una discusión de este tipo en un Estado democrático no puede hacerse más que sobre la base del tenor de la ley.

Y esto no es un formalismo. Existe aquí otra confusión que ha de ser denunciada. A veces se mantiene que el Gobierno español debería hacer esto o lo otro en relación a la situación de los acusados por los hechos del otoño de 2017 sin darse cuenta de que en España existe separación de poderes. Quienes juzgan son los tribunales, no el Gobierno, y quien acusa es el Fiscal, no el Gobierno; y realmente tanto los Jueces como el Fiscal son independientes y obran de acuerdo con lo que establece la ley, no según consideraciones políticas. Si de la ley se deriva que se han cometido delitos que han de ser perseguidos no es una opción dejar de hacerlo, existe la obligación de perseguir esos delitos. No es posible abstenerse de acusar o de condenar. Lo que puede hacer el Gobierno es, una vez juzgados y condenados, aplicar medidas de gracia como el indulto; pero en la fase en la que nos encontramos el Gobierno nada puede hacer, tan solo respetar lo que están haciendo jueces y fiscales.

Ahora bien, olvidémonos por un momento de lo que acabo de explicar y pensemos que es posible mirar para otro lado y dejar sin cargos a los responsables de los hechos de septiembre y octubre ¿qué mensaje se traslada con esto?

Para responder a esta pregunta hemos de darnos cuenta de que la sociedad catalana está profundamente dividida. Desde el extranjero a veces se piensa que todos los catalanes son nacionalistas, que todos los catalanes quieren la independencia, que todos los catalanes están en contra de los juicios a los políticos presos y que todos los catalanes rechazan a la policía española. Esto no es cierto. Tal como he indicado, la mitad al menos de los catalanes rechazan la secesión y un número muy significativo rechazan las políticas nacionalistas que nos hacen sentir ciudadanos de segunda en nuestro propio país. En definitiva, la sociedad catalana es una sociedad que carece de consensos.

Y en una sociedad que no tiene consensos el respeto a la ley es lo único que garantiza la convivencia. Si los nacionalistas tienen bula para saltarse la ley sin consecuencias ¿qué nos queda a los demás? Tan solo dos opciones: someternos a los nacionalistas o saltarnos nosotros también la ley. ¿Queremos crear esta situación, esta disyuntiva terrible? Pues a ella conduce la irresponsable propuesta de mirar para otro lado ante los delitos de los nacionalistas.

Ciertamente hemos de buscar la reconciliación, y para eso solamente hay un camino: el diálogo entre catalanes, entre los catalanes nacionalistas y no nacionalistas. Pero esta es una vía que los nacionalistas rechazan. Contaré una anécdota: hace un año o así coincidí en un programa de televisión con Irene Rigau, una líder nacionalista que había sido Consejera de Educación en la época de Artur Mas. Discutíamos sobre la presencia de castellano en las escuelas y en un momento dado dije que podría estar de acuerdo con ella en un punto. El presentador entonces le apuntó a Rigau que yo podría estar de acuerdo con ella y ella dijo que conmigo ella nunca podría estar de acuerdo. Para los nacionalistas los catalanes no nacionalistas simplemente no existimos, estamos "fuera del marco", y lo único que pretenden es establecer un diálogo con el gobierno español que deje al margen a los catalanes no nacionalistas. Esta vía no puede conducir a ninguna solución y sería bueno que el gobierno español condicionara cualquier diálogo con los nacionalistas al diálogo previo en Cataluña y al respeto a la ley por parte de todos. Esta es la vía para recuperar la convivencia. Una vía que no pasa por mirar para otro lado o negociar únicamente con los nacionalistas, sino hacer respetar el Estado de Derecho y establecer vías de comunicación entre todos los catalanes.

Estas son perspectivas que el artículo de Noah Feldman no tiene en cuenta. Lo entiendo, porque desde afuera es difícil apreciar los matices que aquí planteo, pero me gustaría que se tuvieran en cuenta cuando se habla, y más cuando se escribe, acerca de la situación que se vive en Cataluña.

Agradezco a Jamie Mayerfeld las preguntas y la sugerencia de convertir en un post el diálogo que hemos mantenido sobre este tema.

Rankings democráticos

En las últimas semanas se han publicado las nuevas ediciones dos conocidos rankings sobre calidad democrática. Uno de ellos el de la revista "The Economist", el otro de "Freedom House". Cada uno de estos rankings utiliza diferentes metodologías y, por tanto, los resultados no son los mismos; pero pueden observarse algunas tendencias comunes. En ambos el número de países que se sitúan en los estándares más altos es relativamente reducido (para "The Economist" solamente 20 países en el mundo pueden ser considerados democracias plenas), y los países se sitúan en posiciones parecidas, aunque no iguales. Así, en el caso del ranking de "The Economist" los primeros 20 países (democracias plenas) son los siguientes:

1- Noruega.

2- Islandia.

3- Suecia.

4- Nueva Zelanda.

5- Dinamarca.

6- Irlanda.

6- Canadá.

8- Finlandia.

9- Australia.

10- Suiza.

11- Países Bajos.

12- Luxemburgo.

13- Alemania.

14- Reino Unido.

15- Uruguay.

16- Austria.

17- Mauricio.

18- Malta.

19- España.

20- Costa Rica.

Y en el índice de "The Freedom House"

los 20 primeros países son los siguientes:

1- Finlandia.

2- Noruega.

3- Suecia.

4- Canadá.

5- Países Bajos.

6- Australia.

7- Nueva Zelanda.

8- Uruguay.

9. Dinamarca.

10- Irlanda.

11- Bégica.

12- Japón.

13- Portugal.

14- Suiza.

15- Chile.

16- Chipre.

17- Estonia.

18- Alemania.

19- Eslovenia.

20- España.

Como podemos ver, solamente 13 países figuran entre los 20 primeros en ambas listas. Si se quisiera intentar una especia de "ranking conjunto" a partir de los puestos en ambos estudios sumando las posiciones que cada país tenga en ambos; y teniendo en cuenta que cuanto más bajo fuera el número, obviamente, más sería la calidad en la democracia y en las libertades que debiera esperarse resultaría lo siguiente:

1- Noruega: 3

2- Suecia: 6

3- Finlandia: 9

4- Canadá: 10

5- Nueva Zelanda: 11

6- Dinamarca: 14

7- Australia: 15

8- Irlanda: 16

8- Países Bajos: 16

10- Uruguay: 23

11- Suiza: 24

12- Alemania: 31

13- Japón: 34

14- Reino Unido: 37

14- Austria: 37

16- España: 38

16- Chile: 38

18- Portugal: 40

18- Estonia: 40

20- Bélgica: 44

20- Costa Rica: 44

En este hipotético ranking conjunto Francia estaría en el puesto 25 y Estados Unidos en el 26, situados entre Taiwan y la República Checa. Italia estaría justo detrás de ésta en el puesto 28.

Creo que esta lista es significativa. De los 21 países que la integran 14 son europeos, 4 americanos , 2 de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) y tan solo uno asiático (Japón). No hay ningún país africano. De las 14 europeos, 10 son miembros de la UE (excluyendo ya aquí al RU), lo que, creo, confirma que la UE es el referente mundial en lo que se refiere a democracia y libertades.

Si consideramos el ámbito lingüistico en que se incardinan estos países vemos que hay 5 que tienen el inglés como lengua principal. 4 son países con el español como lengua oficial, en 3 de ellos el alemán es el idioma único o el principal (Alemania, Austria y Suiza) y el francés está presente en 3 de ellos (Canadá, Suiza y Bélgica).

De los más de 7600 millones de habitantes de la Tierra menos de 700 millones viven en estos 21 países, Tan solo 8 de cada 100.

Analizar, mejorar, extender. No demos por descontada la democracia ni la libertad. Cuidémoslas.

El taxi como metáfora

Leía ayer un tweet de García Domínguez sobre el conflicto del taxi que me parece muy acertado:

Taxistas y conductores de Uber y Cabify representan el pasado y el futuro, y como apunta Garcia Domínguez, ambos, pasado y futuro, pueden ser cuantificados. El pasado (taxi) puede etiquetarse como 2000 euros al mes y el futuro (el conductor de Cabify o Uber) como la mitad de esa cantidad; y esto resulta significativo, conectándose con una de las preguntas que más me inquietan y que más deberían inquietarnos: en un mercado completamente libre, sin regulación ¿cuál es el precio de una hora de trabajo?

Creo que la cuestión tiene su miga porque mi hipótesis es que como consecuencia fundamentalmente de la globalización estamos avanzando hacia esa liberalización del mercado laboral que nos sitúa a los europeos en un escenario nuevo, desconocido, el que vendrá determinado por la irrupción de las reglas del mercado en el ámbito laboral.

Hasta ahora no creo que esa haya sido la situación. Hace más de un siglo que se estableció el descanso dominical obligatorio, luego se fijaron horas máximas de trabajo semanal, vacaciones también obligatorias, salarios mínimos y, más importante todavía, mecanismos de negociación colectiva que distorsionaban una fijación del precio del trabajo a partir exclusivamente de las reglas del mercado. Esto, es obvio, está cambiando.

Creo que no nos equivocamos si aventuramos que la progresiva limitación tanto de las regulaciones estatales como de la negociación colectiva han conducido a una bajada del precio de la mano de obra, tanto en lo que se refiere al salario como a las condiciones laborales. Me ocupaba de esto hace un tiempo. Creo que la mayoría tenemos la intuición de que comparativamente ahora los salarios ofrecen un poder adquisitivo menor que hace décadas y es objetivo que la proporción de las rentas salariales en el PIB no deja de disminuir, situándose en España ya por debajo del 50% del PIB. Esto es, menos de la mitad de lo que se produce se destina a la remuneración de los trabajadores.

En esta situación creo que no deja de ser interesante determinar cuál sería el precio de la hora de trabajo en un mercado libre. Me adelanto ya a la típica objeción que se hará a esa pregunta: dependerá de la formación (el viejo truco!), ok, tengamos en cuenta las diferentes formaciones posibles; pero no nos dejemos engañar por el mito de que una buena formación garantiza buenos salarios. No perdamos de vista que el médico que le atiende en urgencias, después de 6 años de carrera y de haber superado una prueba tan dura como el MIR puede ser que no cobre más de 1500 euros al mes; y que hay ingeniero que no llegan a los 1000 o pilotos de líneas aéreas que probablemente se quedan por debajo de los 2000 euros al mes. Quizás podamos especular conque la diferencia entre un trabajo altamente cualificado y otro que no lo es en ese hipotético mercado libre será quizás menor de lo que pensamos. Puede ser que duplique, triplique o cuadriplique uno a otro, siendo el más bajo realmente bajo; pero, en cualquier caso, dejemos esta tarea a los economistas.

Mientras nos responden, el conflicto del taxi nos da algunas pistas. No es que Cabify y Uber no estén reguladas, que lo están; pero existe una diferencia grande entre la rigidez del taxi y la de estas plataformas, así que las remuneraciones de taxistas y conductores de estos otros vehículos pueden darnos alguna pista muy aproximada sobre lo que diferencia el mercado de trabajo regulado (ya sé que empleo mercado de trabajo de una manera muy laxa, puesto que los taxistas son en su mayoría autónomos; pero, como he advertido, toda la reflexión es especulativa, hipotética y, forzosamente, trazada con líneas muy gruesas) y el no regulado; y la diferencia, como hemos visto, es del 50%. Tal como adelantaba el tweet de García Domínguez, el paso del taxi a Uber implicará que los salarios se reduzcan a la mitad.

¿Es eso lo que queremos? Y ahora no pregunto tan solo por el tema del taxi y Uber, sino en general, ¿queremos un mundo en el que el trabajo tendrá una remuneración más baja que la que ahora existe, mucho más baja de la que había en Europa hace décadas?

¿Quién podría responder afirmartivamente a la pregunta anterior? Pero si la respuesta es negativa ¿qué puede hacerse para evitarlo? ¿Poner puertas al campo? ¿Incrementar por vía de regulación los salarios y mejorar las condiciones laborales? ¿Poner límites a la globalización? ¿Existen otras alternativas o deberemos resignarnos a una progresiva depauperación de las condiciones laborales, a una sociedad en la que deberán trabajar ambos miembros de la familia para obtener poco más de 1000 euros al mes?

Me gustaría que los partidos políticos opinaran sobre este problema, porque si hay partidos es para que aborden y resuelvan problemas como éste ¿para qué si no?

La Oficina de Derechos Civiles y Políticos y la retirada de lazos amarillos

En el pasado mes de agosto publicaba el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, un artículo en el que indicaba que quienes retiraban de lugares públicos símbolos independentistas en favor de los implicados en la declaración de independencia de octubre de 2017 debían ser considerados como fascistas. A partir de este artículo los Mossos d'Esquadra comenzaron a identificar a quienes procedían a dicha retirada.

Entonces me ocupé de este tema y mostré mi preocupación por la dirección que tomaba el gobierno de la Generalitat. La colocación de simbología política en la vía pública o en edificios públicos es una infracción administrativa, y cuando hace un tiempo en Barcelona se colocaron banderas españolas en espacios públicos sin contar con permiso para ello los Mossos d'Esquadra procedieron a identificar a quienes las habían colocado.

Sorprende que en aquella ocasión, cuando el símbolo era la bandera española, se procediera a la identificación de los autores por parte de los Mossos d'Esquadra y no, en cambio, cuando se colocaron símbolos nacionalistas en favor de los detenidos por los hechos de septiembre y octubre de 2017; pero esta doble vara de medir de la policía, inadmisible en cualquier país democrático, se convierte en escándalo mayúsculo cuando no solamente no se persigue a quienes colocan indebidamente símbolos políticos en el espacio público, sino cuando se actúa contra quienes lo retiran. Si son libres unos para llenar el espacio público de lazos amarillos, ¿por qué no son libres los otros de quitarlos? Recuerdo que la normativa vigente lo que establece es que nadie puede colocar símbolos políticos en el espacio público de manera permanente, y si se estableciera un doble rasero para unos y otros símbolos (en el caso de la bandera española se retira y sanciona a quienes la colocan y en el de los símbolos independentistas se tolera su colocación y se sanciona a quienes lo quitan) estaríamos ante una utilización arbitraria del poder público de una enorme gravedad y con consecuencias no solamente políticas, sino también -quizás- penales.

Como es sabido, en  los meses que siguieron asistimos a un debate intenso en cuanto a lo que correspondía hacer en esta situación. Impulso Ciudadano presentó en Fiscalía una denuncia en relación a tales identificaciones y la Fiscalía concluyó que identificar a los ciudadanos que retiraban lazos amarillos era un dislate. Esto es, no era delictivo proceder a dicha retirada y, por tanto, los Mossos debían abstenerse de identificar a quien lo hiciera. Además la Generalitat debería abstenerse de amenazar con graves sanciones a quienes procediesen a la retirada de dichos lazos.

Por su parte el Defensor del Pueblo hizo público su rechazó que en los edificios públicos pudieran colocarse lazos amarillos o símbolos equivalentes. Las razones para este rechazo son que las administraciones públicas han de servir con objetividad los intereses generales y no pueden mostrar su adscripción a ninguna concreta ideología. Como todos podemos apreciar, esta exigencia del Defensor del Pueblo ha caído en saco roto, lo que implica que la vulneración de la libertad ideológica en Cataluña por parte de la Generalitat y otras administraciones es constante. No podemos olvidar que, tal y como ya han señalado los tribunales, el que una administración acoja como propios símbolos partidistas supone una limitación de la libertad ideológica de los ciudadanos, ya que la oficialización de una determinada ideología implica colocar en un plano de inferioridad a aquellas que difieren de la oficial y, por tanto, también a los ciudadanos que las compartan.

Pero la Generalitat no se ha quedado aquí. Se ha creado una "Oficina de Derechos Civiles y Políticos" dependiente del Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda que acaba de hacer pública una nota de prensa en la que vincula a quienes retiran lazos amarillos con grupos de extrema derecha, a los que acusa de atentar contra la libertad de expresión.

Escalofriante.

Recordemos el punto de partida: según el Defensor del Pueblo los poderes públicos vulneran su obligación de neutralidad ideológica al utilizar en edificios públicos simbología partidista. La Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat obvia este planteamiento, reconduce a la libertad de expresión la presencia de tales símbolos; desconociendo que las administraciones públicas carecen de libertad de expresión; y criminaliza a quienes los retiran; olvidando que la colocación de símbolos partidistas en los edificios públicos es inadmisible y que su presencia en el espacio público no puede ser permanente y que, como habíamos visto, cuando los símbolos que se colocaron eran de otro signo político quienes los instalaron fueron identificados y se iniciaron los trámites para que fueran sancionados.

En este sentido, la vinculación con la extrema derecha es significativa. Comienzo diciendo que desconozco la ideología política de quienes integran los grupos que retiran lazos amarillos. Mi impresión es que en ellos hay personas de distintas orientaciones políticas y, por tanto, no descarto que entre ellos pueda haber personas que simpatizan con partidos de extrema derecha; igual que puede haber simpatizantes de Cs, del PP o de cualquier otro partido. Ahora bien, vincular la retirada de lazos con la extrema derecha es una falacia que no soporta la crítica, porque retirar lazos es una actividad que no se vincula con la extrema derecha, sino, como hemos visto, con la lucha por un espacio público en el que no se imponga una determinada ideología, y cuando los símbolos son retirados de edificios públicos, con la recuperación de la libertad ideológica, dañada -como hemos visto- cuando la administración toma partido. Tan absurdo es calificar como de extrema derecha la actuación de dichos grupos, incluso en el caso de que entre sus integrantes hubiera personas que simpatizaran con la extrema derecha, como vincular la retirada de lazos con el Fútbol Club Barcelona por el hecho de que algunos de los que retiran lazos sean aficionados del Barça (y es bastante probable que más de uno lo sea).

En este caso la vinculación con la extrema derecha no es lógica, sino que responde a la declarada intención nacionalista de considerar como extrema derecha toda manifestación de oposición al nacionalismo. Se coloca así en la línea del artículo de Torra de agosto y en toda la que ha seguido el nacionalismo de siempre y que tantos hemos sufrido: tachados de fascistas tan solo por oponernos al nacionalismo.

Pues no, los fascistas son ellos; y lo son porque utilizan el poder público, la Generalitat, para perseguir a sus adversarios políticos, para intimidarlos y amedrentarlos, para lanzar sobre ellos un estigma cuando los que atacan la libertad de todos, los que abusan de sus prerrogativas, los que quiebran la ley y la convivencia son los nacionalistas que ocupan la Generalitat y las administraciones locales.

Creo que ha de rechazarse políticamente la actuación de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, tan poco preocupada por el acoso, el boicot y las agresiones a los constitucionalistas y tan empeñada en criminalizar y arrinconar a quienes se oponen al nacionalismo. Es una auténtica vergüenza que el escudo de una Generalitat que debería ser de todos figure en la miserable nota de prensa que han hecho pública.

Espero que se denuncie ante el Defensor del Pueblo este atropello y que Fiscalía investigue si se puede haber cometido algún delito por esta estigmatización del constitucionalismo.

Societat Civil Catalana

El pasado sábado, 19 de enero, presenté (y retiré) mi candidatura a la presidencia de Societat Civil Catalana (SCC). En la propia Asamblea pude explicar sin entrar en detalles, las razones por las que había dado ese paso; pero desde entonces son varias las personas que me han preguntado por el tema, y ante informaciones que no se corresponden exactamente con lo que había pasado utilizo esta vía para detallar lo sucedido en las semanas previas a la Asamblea del día 19 de enero.

Como es sabido, el 19 de diciembre de 2018 se produjo un cambio en la atribución de cargos dentro de la Junta Directiva de la Asociación. El presidente hasta entonces, José Rosiñol fue sustituido por Álex Ramos y también se modificaron las Vicepresidencias, Secretaría y Tesorería de la asociación. A la mañana siguiente se publica una noticia en Crónica Global dando cuenta de estos cambios y señalando que existían dudas, dentro de la Junta Directiva, sobre la forma en que se había gestionado la entidad.

Observé con tristeza y desde la distancia la crisis generada pero sin pensar que pudiera hacer nada para resolverla. En los siguientes días, sin embargo, varias personas que habían tenido responsabilidades en SCC, habían participado en su fundación o ejercían responsabilidades dentro de la Fundación Joan Boscà, uno de los principales donantes de SCC, me preguntaron si yo estaría dispuesto a aceptar la presidencia de SCC como salida para la crisis generada. Mi contestación fue proponer nombres alternativos al mío que por unas circunstancias u otras no fructificaron. Finalmente dije que podría aceptar ese encargo pero siempre que se dieran una serie de condiciones, entre ellas que mi presidencia fuera aceptada por los distintos sectores enfrentados en la Junta; un consenso que, me parecía, no existía en ese momento. También indiqué que la situación económica de la sociedad debería resolverse antes de que yo aceptara la presidencia y que debía disponer de margen suficiente para configurar la Junta Directiva. El día 7 de enero tuve una reunión con un grupo de personas que pretendían actuar como mediadores en la situación y en el que se encontraban Ramon Bosch, Joaquín Tamames y Juan Arza (ambos de la fundación Joan Boscà), Joaquim Coll y Francesc Moreno. Expliqué mis condiciones y nos entrevistamos con los diferentes sectores confrontados en la Junta Directiva.

La actitud de los distintos integrantes de la Junta Directiva hacia la propuesta de mi presidencia se movió entre el rechazo absoluto (José Rosiñol) hasta la aceptación (Isabel Fernández) y la cautela (Alex Ramos). Ante esta situación, el 7 de enero comuniqué que no tenía sentido seguir con mi candidatura. En los siguientes días, sin embargo, se me comunicó que la actitud de quienes se habían opuesto a mi presidencia se había modificado y que la aceptaban. Dado que yo no había tenido constancia directa de ese cambio de actitud remití por escrito las condiciones que creía que debían darse para aceptar ser candidato a la presidencia. Este es el texto que envié el día 9 de enero:

El día 10 de enero recibí una llamada. Al otro lado, con el altavoz activado, estaban varios de los patronos de la Fundación Joan Boscà. Me pedían que aceptara presentar mi candidatura a la presidencia según las condiciones que les había expresado. En ese momento o posteriormente Joaquín Tamames, Joaquín Villanueva, Ramon Bosch y Joaquim Coll, entre otros, me trasladaron su pleno apoyo y que en las conversaciones con los distintos integrantes de la Junta estos habían aceptado que yo presidiera la entidad con el fin de resolver la crisis generada. En los días siguientes comencé la tarea de componer la Junta Directiva de la asociación. Según lo acordado, yo tendría margen para diseñarla en el bien entendido que deberían estar representadas las diferentes sensibilidades que componen la asociación.. Creo que la lista final respondía a este propósito. Este es el documento que pasé el viernes 18 al mediodía a quienes me habían pedido que asumiera la presidencia de SCC

Con Míriam Tey había hablado y me había manifestado que no podía incorporarse; pero posteriormente Joaquín Villanueva me indicó que había hablado con ella y había aceptado incorporarse en cuanto le fuera posible.

Entre los integrantes de la candidatura había personas que no eran socios de la entidad (Juan Mellen, Josep Lago, Óscar Alonso y Julia Moreno). Mi propuesta era que con anterioridad a la Asamblea se convocara una reunión de la Junta en que se les incorporara como socios, tal como se había hecho ya en ocasiones anteriores con otros candidatos a la Junta Directiva. En caso de que esto no fuera posible mi propuesta era la de que en la Asamblea se incorporaran aquellos que ya eran socios y se dejara para más adelante la inclusión de quienes todavía no eran socios.

En la misma tarde del viernes 18, la víspera de la Asamblea, y una vez conocida la composición de la Junta Directiva que proponía, volví a recibir el apoyo expreso de varias de las personas que habían promovido mi candidatura. Entre ellos Joaquim Coll, Ramon Bosch y Joaquín Villanueva. Varios de ellos también me indicaron que no les gustaba la propuesta de Junta Directiva a lo que respondí que entendía que no gustaría completamente a nadie, pero que debería poder ser asumible por todos. En ella había personas de las que habían perdido su responsabilidad en la sesión de la Junta de 19 de diciembre (Manuel Miró), personas del grupo que inicialmente había cuestionado en el seno de la Junta la gestión del anterior presidente (Isabel Fernández y Nuria Plaza), personas de las que se habían unido posteriormente a dichas críticas (Álex Ramos y Xavier Marín) y personas que no habían sido miembros de las anteriores juntas de SCC pero con un indudable prestigio en  el ámbito constitucionalista (Ana Losada y Jorge Calero, por ejemplo). De todas maneras, esa misma tarde del viernes reiteré que si no tenía el apoyo de quienes me habían pedido asumir la presidencia retiraría la candidatura en ese mismo instante. Se me animó a que continuara adelante.

Mi sorpresa el sábado no fue tanto que José Rosiñol anunciase una candidatura alternativa, pese a que lo que se me había dicho era que estaba de acuerdo en que fuera yo quien asumiera la presidencia; como que ninguno de las personas que me habían pedido que diera ese paso, que conocían mis condiciones y las habían aceptado, que me habían requerido para que mantuviera mi candidatura y todavía el día anterior me habían mostrado su apoyo, dijeran ni una sola palabra a favor de la misma o de explicación de lo que aquí relato. Creo que es legítimo sentirse decepcionado por ese silencio. En cualquier caso, dado que no se cumplía la primera de mis condiciones, que la candidatura fuera aceptada por todos, la retiré de inmediato.

No creo que sea ilegítimo o negativo que se produzca la confrontación entre distintas candidaturas. Al revés. Pero en mi caso, como he explicado, no tenía ningún interés particular en presidir SCC y tan solo me ofrecía como solución para intentar resolver una grave crisis de la entidad, y es obvio que si mi candidatura contribuía a la confrontación no ayudaría a resolver los problemas de SCC. Siempre tuve claro que no me pelearía por ser presidente de SCC y que lo único que había hecho era aceptar la petición que se me había formulado. Como es sabido, tras mi renuncia se presentó una candidatura encabezada por Josep Ramon Bosch y que incluía a Álex Ramos, Xavier Marín y Manuel Miró, candidatura que fue elegida por la Asamblea.

No puedo compartir, sin embargo, que la candidatura de Josep Ramon Bosch sea de consenso (tal como afirma la cuenta oficial de SCC)

y a la vez admitir que la mía no lo fuera. Es una afirmación que repugna a las más elementales reglas de la lógica pues todos los integrantes de la candidatura de Josep Ramon Bosch excepto él mismo, eran también integrantes de mi candidatura, donde, además, otras personas de diferentes sensibilidades estaban también presentes. ¿puede ser de más consenso una candidatura que incluye a una parte de los integrantes de otra candidatura -que se considera de menos consenso- a la vez que excluye a otros de dichos participantes? No, al revés, en mi opinión se trata de una candidatura que expresamente silencia a una parte de lo que es SCC.

Creo que, dada la ausencia de explicación alguna de lo que aquí relato, se hace necesario, por exigencias mínimas de transparencia, dar cuenta de lo sucedido en las semanas previas a la Asamblea  de SCC del pasado 19 de enero, tal como acabo de hacer.

Aprovecho para compartir el programa que hubiera presentado en la Asamblea del pasado sábado.

La utilidad del Defensor del Pueblo

En mi pueblo, Santa Perpètua de Mogoda, como en tantos lugares de Cataluña, los edificios públicos exhiben simbología partidista que vulnera el derecho a la libertad ideológica. Les cuesta a muchos entender que los lugares que son de todos no pueden exhibir más símbolos que los comunes; esto es, las banderas y escudos oficiales, los símbolos de España, de Cataluña, de la Unión Europea y del municipio correspondiente. Quitar estos símbolos o añadir otros que responden a determinados planteamientos ideológicos que no son comunes supone una apropiación de las instituciones de todos que es inadmisible en democracia.¿Se imaginan que en aquellos ayuntamientos en los que el alcalde fuera socialista luciera la bandera del PSC? Inadmisible ¿no? Pus igual de inadmisible es que cuelguen lazos amarillos o carteles con las imágenes de Sánchez, Cuixart o cualquiera de los líderes del movimiento secesionista; con frecuencia asociados a eslogans sobre su pretendida condición de presos políticos o la necesidad de "salvar Cataluña".

En el caso de Santa Perpètua un cartel gigante con las imágenes de Sánchez y Cuixart y el eslogan "Help Catalonia. Save Europe" colgaba del edificio que es usado como Biblioteca Municipal y museo local; además de servir para actividades de la Escuela Municipal de Música, que está justo a su costado.

Estos carteles no son fruslerías. Su efecto propagandístico es cierto. Tras varias semanas colgados, mis hijos de nueve años, que pasaban varias veces a la semana por delante del cartel, comenzaron a preguntarme quiénes eran esos señores y por qué estaba allí el cartel. Cuando intentaba explicar lo que había pasado era consciente de que me costaría evitar que percibieran a quienes figuraban en los carteles como personas buenas porque, de otra forma ¿cómo es posible que sus caras estuvieran presentes en el edificio donde ellos daban sus conciertos escolares?

El otro cartes estaba el ayuntamiento, una imagen de Cuixart.

Los ayuntamientos nos han de representar a todos, con independencia de quiénes los gobiernen; que en ellos se haga manifiesta la adscripción a una determinada ideología, dándole la apariencia de oficial, es una vulneración a la libertad ideológica, tal como ya han establecido los tribunales.

La presencia de tales símbolos en lugares de titularidad pública me parece completamente inadecuada; pero la idea de presentar una reclamación ante mi ayuntamiento me pareceía una pérdida de tiempo que se uniría a otras reclamaciones ante diversas instituciones ya hechas y que, aparentemente, no habían producido resultado alguno.

Es por eso que cuando el Defensor del Pueblo anunció que atendería las quejas que se le presentaran sobre vulneración de la neutralidad de las administraciones en Cataluña me animé a dirigirle una queja. Es sencillo, se puede hacer a través de la web en pocos minutos.

Al cabo de unas semanas recibí la notificación de que mi queja había sido admitida y que se procedería a pedir al ayuntamiento de Santa Perpètua explicaciones por la presencia de tales carteles.

Unas semanas más tarde los carteles ya no estaban. No sabía si había alguna relación entre la retirada de los mismos y mi queja, pero sospecho que sí que existe, porque hace pocos días recibí una comunicación del defensor del Pueblo en la que se me indicaba que el ayuntamiento de Santa Perpètua había respondido al requerimiento enviado por el Defensor del Pueblo indicando que ningún cartel atentatorio contra la libertad ideológica lucía en ningún edificio municipal.

Supongo que el ayuntamiento no miente. Ahora no existe ningún símbolo ideológico en los edificios municipales; pero no era esa la situación antes del requerimiento por parte del Defensor del Pueblo, a quien hay que agradecerle que no mire para otro lado ante la situación que vivimos en Cataluña.

Ojalá otras instituciones hicieran lo mismo.

El señor Cuixart no es un preso político

El pasado 19 de octubre “The National” publicaba un artículo del Sr. Jordi Cuixart en el que éste afirmaba que se trataba de un preso político y lanza graves acusaciones contra el gobierno español a la vez que cuestiona la calidad de la democracia en España.

Es comprensible que cualquier persona en prisión y que se enfrenta a la acusación de delitos graves, como es el caso del Sr. Cuixart, intente utilizar todos los medios posibles para su defensa; pero no pueden dejarse pasar afirmaciones que son radicalmente falsas y que, además, ocultan la gravedad de los hechos acaecidos en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017.

El Sr. Cuixart afirma que es un preso político. Esto es radicalmente falso. De acuerdo con la definición de preso político de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa [Resolución 1900 (2012)] una persona privada de su libertad será considerada “prisionero político” si su detención se ha realizado vulnerando alguno de los derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos, en particular libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, información, reunión y asociación; si la detención fue impuesta por puras razones políticas sin conexión con ninguna infracción; si la duración de la detención o sus condiciones son desproporcionadas respecto a la infracción de la que es acusada la personas; si la detención se ha realizado de manera discriminatoria respecto a otras personas o si la detención se deriva de procedimientos claramente irregulares o que parecen conectados con los motivos políticos de las autoridades.

Nada de lo anterior es atribuible al Sr. Cuixart.

El Sr. Cuixart no se encuentra en prisión a espera de juicio por, como dice él, haber defendido derechos fundamentales ni por haber subido a un coche de la policía ni por haber incitado a la participación en el referéndum del 1 de octubre. Tal como detalla el auto de procesamiento dictado en el mes de marzo de 2018 el Sr. Cuixart era, y continúa siendo, presidente de Omniun Cultural, una entidad soberanista que promueve el proceso de secesión de Cataluña, y en su calidad de tal participó en el desarrollo de un plan que tenía como fin conseguir por la vía de hecho y al margen de la legalidad española la creación de un Estado en el territorio de la actual Comunidad Autónoma de Cataluña. Este proceso implicaba que las autoridades públicas desobedecieran al Tribunal Constitucional español, y así lo pidió públicamente Jordi Cuixart (p. 41 del auto de procesamiento) y una movilización en la calle que no se limitaba a la organización de manifestaciones, sino también la resistencia a la autoridad pública.

Esta resistencia se concretó el 20 de septiembre de 2017 en la convocatoria a la población ante la sede de la Consejería de la Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, lugar en el que agentes judiciales acompañados de policías realizaban una investigación en el marco de la depuración de responsabilidades por los delitos de desobediencia que pudieran estar cometiéndose al desatender las autoridades catalanas las órdenes de los tribunales que prohibían la realización del referéndum previsto para el 1 de octubre.

La convocatoria ante la sede de la Vicepresidencia de la Generalitat aquel día 20 de septiembre, en la que participó activamente el Sr. Cuixart, es de una enorme gravedad, puesto que tenía por objeto intimidar e impedir la actuación de los agentes judiciales y policías que realizaban el registro judicial, quienes quedaron rodeados en el edificio de la Consejería del que no pudieron salir en horas. De hecho no fue hasta la noche cuando el Sr. Cuixart, acompañado por el Sr. Sánchez, presidente de la ANC, pidió a los congregados que pusieran fin al bloqueo de la Consejería.

En el Código Penal español se tipifica como delito impedir la actuación de funcionarios o agentes de la autoridad y ésta es la acusación que pesa sobre el Sr. Cuixart en lo que se refiere a los hechos del 20 de septiembre de 2017. En las páginas 43 y siguientes del auto de procesamiento del Sr. Cuixart y resto de implicados en los hechos de septiembre/octubre de 2017 pueden encontrarse los detalles de su participación en el bloqueo de los agentes judiciales y policías encerrados en la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat.

En lo que se refiere a su participación en los hechos del 1 de octubre, la acusación que pesa sobre el Sr. Cuixart no es por haber animado a la participación en el referéndum, sino por haber organizado desde Omnium Cultural, junto con el Sr. Sánchez, presidente de la ANC, la ocupación ilegal de los colegios designados como centros de vocación con el fin de impedir, de nuevo, la actuación de la policía. En el auto de procesamiento se detalla cómo los Sres. Sánchez y Cuixart promovieron que grupos de personas ocuparan los edificios públicos (entre ellos escuelas y centros sanitarios) para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre e impedir que la policía cumpliera las órdenes judiciales de evitar que tales edificios fueran utilizados para la celebración del referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional. La policía, además, tenía órdenes de requisar el material que hubiera en dichos centros, que sería utilizado como prueba en los procesos abiertos por desobediencia. Esto es, los ocupantes de los colegios no solamente impedían que se cumpliera la orden judicial de cerrarlos, sino que protegían también pruebas que eran necesarias para proseguir una investigación criminal.

Es importante destacar que la resistencia que ofrecieron los ocupantes a la policía no fue solamente pasiva. A lo largo del día 1 de octubre varios policías fueron atacados y heridos por quienes participaban en las ocupaciones organizadas con intervención del Sr. Cuixart. En este sentido, es revelador el testimonio de la corresponsal en España de “Le Monde”, quien relata cómo le explicaban en uno de los colegios ocupados en qué forma habían conseguido emboscar a la policía cortando tanto la calle por la que avanzaban como la calle por la que debería retroceder la policía.

Como se ha indicado, impedir que la policía cumpla órdenes judiciales es un delito tipificado en el Código Penal español, y cuando existe una actuación concertada, multitudinaria y violenta que tiene como fin la derogación de la Constitución o la secesión de una parte del territorio se incurre en el tipo de rebelión del artículo 472 del Código Penal. De esto de lo que se acusa al Sr. Cuixart. No de defender la independencia de Cataluña, y ni siquiera de defender la conveniencia de llegar a dicha independencia por medios ilegales, sino de haber organizado el bloqueo de una comisión judicial el día 20 de septiembre de 2017 y haber participado en la organización de grupos que pretendían impedir el cumplimiento de órdenes judiciales y que llegaron a herir a varios agentes; grupos que pretendían mediante la realización de estas actuaciones ilegales, conseguir por la vía de hecho la derogación de la Constitución en Cataluña y la creación de un Estado en el territorio de la actual Comunidad Autónoma.

Evidentemente, será en el juicio que se desarrollará en los próximos meses cuando todos estos extremos que han resultado de las investigaciones desarrolladas hasta ahora deban ser probados y es exigible que el proceso se desarrolle con todas las garantías, como es habitual en España, uno de los países que menos condenas tiene por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De acuerdo con las estadísticas del propio Tribunal hay 103 sentencias de la Corte de Estrasburgo que han encontrado al menos una violación del Convenio de la que es responsable España. La cifra para otros grandes países europeos es la siguiente: Alemania, 193; Francia, 728; Reino Unido, 314; Italia, 1819. Bélgica, otro país que es puesto como ejemplo por el Sr. Cuixart, acumula 171 sentencias condenatorias. Más que España pese a que su población es menos de una cuarta parte de la población española.

Esto ha de ser destacado especialmente. España es un país plenamente democrático en el que existe respeto a los derechos fundamentales y separación de poderes. Todos los estándares internacionales confirman el carácter plenamente democrático de España y no pueden dejarse pasar las acusaciones de falta de democracia o de peligro para los derechos fundamentales en nuestro país. Esto simplemente es falso. En España se pueden expresar todas las opiniones y prueba de ello es que de nuevo se encuentran en el gobierno de la Generalitat quienes no ocultan que su propósito es la secesión de Cataluña; una situación que sería, seguramente, imposible en otros países con una amplia tradición democrática. Esta tolerancia, sin embargo, no puede implicar que pueda atentarse contra el orden constitucional sin que este atentado quede sin castigo alguno. Si el Sr. Cuixart se encuentra en prisión es porque está acusado de delitos graves, tal como hemos examinado. Su caso, como se ha indicado, será juzgado por un tribunal en los próximos meses; y será éste quien decida sobre su culpabilidad o inocencia; pero no puede negarse que existen indicios de que cometió los delitos de los que se le acusa y que, por tanto, su detención y mantenimiento en prisión no son en absoluto arbitrarios o desproporcionados.

No puede perderse tampoco de vista que los hechos de septiembre y octubre de 2017 no solamente supusieron un desafío institucional al ordenamiento constitucional español, sino que también fueron percibidos como una amenaza y agresión concreta por muchos ciudadanos que no compartían los planteamientos nacionalistas y que se vieron enfrentados a la amenaza de sufrir la pérdida de sus derechos ciudadanos y a la derogación de la Constitución en su tierra. Estos ciudadanos se vieron sometidos durante semanas a un poder público, la Generalitat, que actuaba al margen de la ley, vieron como sus datos como nombre, DNI y dirección fueron utilizados ilegalmente para crear las bases de datos necesarias para la secesión y cómo la escuelas en las que sus hijos estudiaban eran politizadas y convertidas en instrumentos para la secesión. Cuando el Sr. Cuixart pretende colocarse como víctima olvida que durante las semanas en que estuvo abierta la posibilidad de la secesión todos los ciudadanos, y especialmente aquellos que se oponían al nacionalismo, fueron también víctimas de comportamientos amenazantes e intimidatorios. Un Estado de Derecho no puede dejar pasar actuaciones como éstas y, por tanto, la investigación y juicio de las mismas no puede ser objeto de ninguna componenda política, precisamente para preservar los principios y valores esenciales de la democracia.

Desde un punto de vista humano es lamentable que cualquier persona se encuentre en prisión; pero esta situación es la misma para el Sr. Cuixart que para los otros 58.000 internos que hay en las cárceles españolas, de los cuales más de 8.000 están, como el Sr. Cuixart, en situación de prisión preventiva.

Confiemos en que los tribunales se pronuncien lo antes posible sobre las acusaciones que pesan sobre el Sr. Cuixart y sobre el resto de implicados en los hechos de septiembre y octubre y que todos asumamos que en los países democráticos, como es España, no es legítima ninguna actuación política que se realice al margen y en contra de la ley.

Bajo el mar

Estoy en un curso de buceo. Una de esas cosas que pensaba que nunca haría. Soy, por tanto, un aprendiz de buceador y voy a poner por escrito un apunte de las sensaciones que ahora tengo y que quizás dentro de unas semanas sean ya diferentes (o no).

Lo primero es que cuando estás en el barco que te lleva al punto de buceo lo que quieres es tirarte al agua cuanto antes; y no solamente porque es lo que has ido a hacer, sino porque el barco, cuando ya está anclado, se mueve bastante, incluso con la mar tranquila, y todo el trajín de preparar el equipo (poner los plomos, buscar la máscara y las aletas, colocarse las aletas) implica subir y bajar la cabeza, lo que puede acabar mareándote. Empiezas a pensar en el momento de tocar el agua como aquel en el que su frescor hará desaparecer la náusea que empieza a invadirte.

Además, una vez colocado el equipo (jacket, botella, máscara, regulador, aletas...) en tierra o en la cubierta de un barco no eres más que un pato o un pingüino. Es completamente antinatural caminar con plomos y una botella de 15 litros a la espalda, con una máscara que te quita una parte de la visión y con un regulador en la boca. El equipo solamente adquiere sentido en el agua, y es, por tanto, ahí donde quieres ir.

Una vez que te tiras y estás flotando a la espera de que se organice el grupo para empezar la inmersión el deseo de tirarse al agua es sustituido por el deseo de sumergirse. Y, de nuevo, no solamente por las ganas de ver qué es lo que hay en el fondo, sino porque el equipo de buceo está pensado para el agua, pero no para su superficie. Una de las cosas que más sorprenden la primera vez que te tiras al agua, ya en la piscina donde se hacen las primeras clases, es que nada (o casi nada) de lo que sabías acerca de nadar te sirve cuando llevas puesto un equipo de buceo. La técnica es diferente y los instintos que tienes como nadador son casi antitéticos con los que tienes que desarrollar para bucear. Con el jacket inflado flotas muy bien en el agua, pero no te sientes en tu habitat natural. Cuando se da la instrucción de vaciar los jackets y estás ya completamente sumergido la sensación cambia completamente. Te sientes mucho más libre. No tienes la frontera que marca la superficie entre el aire y el agua, sino que todo lo que te rodea es agua. Si pegas aletas hacia abajo bajas; si lo haces hacia arriba, subes; si estás en horizontal, avanzas. No estás limitado a dos dimensiones, sino que las tres te pertenecen. Es una sensación extraordinaria.

Hoy cuando descendía llevaba por delante a quien era mi compañera, Magnolia, y al instructor que iba a su lado. Delante de mi el cabo que nos servía de guía para descender, que bajaba en suave pendiente perdiéndose en medio del azul verdoso de la mar, más allá de donde llegaba mi vista y sin llegar a distinguir el fondo. En medio de ese azul las figuras negras de Magnolia y Àlex, el instructor. El azul, el negro y el cabo del ancla. Nada más. Era un contraste bellísimo. Una escena realmente hermosa.

Y sí, todavía no he dicho nada de los peces, del fondo marino, de los bichitos que se encuentran, del cambio de colores y de lo que hay entre la arena y las rocas; pero es que lo que hoy más me ha llamado la atención ha sido esa irrealidad del azul marino rodeándote por todas partes.

Hermoso.