Escuela y oficialidad de las lenguas autonómicas

I. Introducción

En Asturias existe un debate bastante vivo sobre la propuesta de oficialidad del asturiano; una propuesta que, parece, no se limitaría a la "llingua", sino que incluiría también el gallego-asturiano, al que se le conoce también como "fala" o eo-naviego y que se habla en la parte occidental de Asturias.

Es un debate que tiene múltiples dimensiones. De hecho, hace unos años ya me ocupé aquí de algunos de ellos.

Hace unos días publiqué un artículo en "La Nueva España" en el que me detenía en las consecuencias que tendría la oficialidad del asturiano (y del gallego-asturiano; dense por repetidas para esta lengua lo que diga sobre el asturiano) para el sistema educativo.

La tesis del artículo es que una vez declarada la oficialidad el asturiano tendría que ser vehicular en la enseñanza, lo que podría llevarse a cabo por dos vías: o bien se desdobla el sistema educativo para ofrecer enseñanza diferenciada en asturiano y en castellano o, si se mantiene un único modelo para toda Asturias, el asturiano debería ser vehicular en una proporción no inferior al 25%.

La afirmación anterior se basa en la consideración de la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia. En el espacio del artículo no era posible detallarla; pero aquí dispongo de la capacidad para detallarlo. Al mimso tiempo podré ocuparme de la distincion entre la obligación de aprender (más bien de enseñar) el asturiano y la necesidad de que al menos parte de la enseñanza se desarrolle en esa lengua.

Hoy he visto que otros juristas (además, maestros o amigos en su mayoría) se han pronunciado también sobre este tema y me parece interesante desarrollar los argumentos que en el artículo en prensa tan solo se podían apuntar.

II. La obligatoriedad de la enseñanza del asturiano

Cuando una lengua se convierte en oficial pasa a ser obligado que el sistema escolar la incluya en su currículo de tal manera que se garantice que todos los estudiantes la aprendan. Esto se desprende con claridad de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No entraré aquí a analizar si esto es necesariamente así a partir de lo que establece la Constitución. Esto es, no entraré a cuestionar la doctrina del Tribunal Constitucional, sino que simplemente la presentaré.

Es, como digo, una doctrina clara que ya se recoge en la STC 87/1983 de 27 de octubre, donde se lee que existe el deber constitucional de asegurar el conocimiento tanto del castellano "como de las lenguas propias de aquellas comunidades que tengan otra lengua como oficial". A esto se añade que "Una regulación de los horarios mínimos que no permita una enseñanza eficaza de ambas lenguas en esas comunidades incumpliría el art. 3 de la Constitución".

Esta obligación de enseñanza de ambas lenguas cooficiales es consecuencia de una concepción particular de España en lo que se refiere al régimen de las lenguas oficiales y que se concreta, tal como explica la STC 337/1994, de 23 de diciembre, en que en los territorios en los que junto al castellano hay otra lengua oficial la situación no es de coexistencia, sino de convivencia, lo que exige a los poderes públicos preservar el bilingüísmo, lo que lleva a la necesidad de fomentar el conocimiento y asegurar la protección de las diferentes lenguas oficiales.

En esta misma sentencia se recuerda que la finalidad (una de las finalidades, obviamente) del sistema educativo es alcanzar "el dominio de la lengua castellana y de la lengua propia de la Comunidad Autónoma al término de los estudios". Asimismo, se recuerda que la obligación de enseñanza de las lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma deriva de la Constitución, lo que es destacado de forma expresa.

Así pues, parece claro que la doctrina del Tribunal Constitucional es que una vez establecida la oficialidad de una lengua, ya no es posible que se convierta o mantenga el estatus de lengua optativa, pues se hace preciso, por exigencias constitucionales, que el sistema educativo garantice la competencia en la misma al concluir los estudios. En lo que se refiere al asturiano, esto llevará aparejado que exista una asignatura de asturiano con las horas suficientes como para garantizar el dominio del idioma a todos los escolares. No veo cómo pueden interpretarse de otra forma las decisiones que acabo de citar.

III. El asturiano como lengua vehicular

Tema diferente, y con frecuencia se confude, es el de la utilización de la lengua cooficial como vehicular en la escuela. Aquí ya no estamos hablando de la enseñanza DEL asturiano sino de la enseñanza EN asturiano.

La decisión más clara en relación a este punto es la STC 31/2010, de 28 de junio, donde, partiendo de doctrina anterior se afirma que no puede pretenderse que la enseñanza se realice en una sola de las lenguas oficiales "por constituir la enseñanza en las lenguas oficiales una de las consecuencias inherentes, precisamente, a la cooficialidad (STC 87/1983, de 27 de octubre, FJ 5). Siendo así que ambas lenguas han de ser no sólo objeto de enseñanza, sino también medio de comunición en el conjunto del proceso educativo, es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares, siendo en tales términos los particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de ellas."

Más claro no puede ser el Tribunal Constitucional. Nos está diciendo que las lenguas oficiales han de ser vehiculares. No se limita a indicar que el castellano ha de ser necesariamente vehicular, sino que insiste en que también las lenguas cooficiales han de serlo y que, además, han de serlo por exigencia constitucional ("es constitucionalmente obligado") no porque así lo establezca la normativa autonómica. Esto es, una vez que la lengua es oficial ha de ser vehicular. No veo cómo puede escaparse a este resultado y, por eso, me sorprendió tanto el contundente titular del actual presidente del Principado de Asturias cuando esta misma semana afirmó que el asturiano no sería vehicular. Sin duda, o mintió o es que desconocía la sentencia que acabo de traer a colación.

No es cierto: si el asturiano es oficial tendrá que ser vehicular y, como digo, no por decisión en su caso de la normativa autonómica, sino porque es "consitucionalmente obligado". Ahora bien, queda por ver cómo se ha de concretar esa vehiculariedad. Aquí se abren dos vías diferentes. En el País Vasco existe la posibilidad de elegir una escuela en la que la lengua vehicular es el español (modelo A), una en la que las lenguas vehiculares son el español y el euskera (modelo B) u otra en la que la lengua vehicular es el euskera (modelo D). El Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de esta posibilidad de opción en su sentencia (ya citada) 87/1983, donde se afirmó que nada obstaba a que la Comunidad Autónoma estableciera una red de escuelas en las que la lengua vehicular fuera el euskera siempre que hubiera también escuelas en las que la lengua vehicular fuera el castellano "siempre y cuando queden garantizados, en igualdad de condiciones, los derechos de los residentes en el País Vasco para elegir con libertad real uno u otro tipo de enseñanzas".

Así pues, esta vía está abierta: que haya centros en los que la enseñanza sea en asturiano y otros en los que la enseñanza sea en castellano. Ahora bien, de acuerdo con lo que habíamos visto en el epígrafe anterior, en cada uno de los dos modelos debe haber una presencia suficiente de la otra lengua oficial para garantizar su dominio al final de la enseñanza. Además, debe garantizarse la igualdad real entre unos y otros, no puede privilegiarse a los que tienen como lengua vehicular el asturiano sobre los que tienen el castellano o viceversa.

No es obligado, sin embargo, ofrecer esta libertad de elección. El Tribunal Constitucional ha indicado en varias ocasiones que no existe un derecho a elegir la lengua vehicular, sino que es la Comunidad Autónoma quien configura el sistema educativo sin que deba someterse a los deseos de las familias. Así se establece en la ya citada sentencia 337/1994

De esta forma, la Comunidad Autónoma puede decidir que habrá un solo modelo educativo, sin ofrecer a las familias ninguna elección. Como hemos visto, no hay nada en la Constitución que impida al legislador autonómico ofrecer una opción entre modelos, pero ésta sí que será un opción del legislador regional.

Ahora bien, si este legislador opta por un único modelo (como sucede en Cataluña o Galicia, por ejemplo), lo que no puede hacer este legislador autonómico excluir ninguna lengua cooficial como vehicular. Así lo dejó claro la STC 31/2010, que ya ha sido también citada al comienzo de este epígrafe.

¿En qué se traduce esa vehiculariedad mínima de la lengua oficial? Esto ya no ha sido tratado por el Tribunal Constitucional, pero sí tenemos decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, confirmadas por el Tribunal Supremo, que indican que la lengua cooficial ha de tener una presencia de, al menos, el 25% para que pueda considerarse que no tiene el tratamiento de una lengua extranjera. La Sentencia más significativa es la dictada por la Sección 4 de la Sala de los Contencioso del Tribunal Supremo el 28 de abril de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:1670), en la que se confirma que ese porcentaje mínimo de presencia de la lengua oficial (en este caso, el castellano) es del 25%.

En este caso se trataba de una sentencia en la que se pedía esa presencia mínima para el castellano; pero como ya hemos visto, desde la perspectiva constitucional el tratamiento a todas las lenguas oficiales ha de ser el mismo, por lo que esta doctrina es trasladable a cualquier otra lengua cooficial en una Comunidad Autónoma; de tal manera que si no hay una diversidad de modelos que permitan elegir la lengua vehicular, en el único modelo existente, la presencia de cada una de las lenguas cooficiales habrá de ser, al menos, del 25%. Al igual que en relación a las conclusiones anteriores, no veo manera de llegar a otra interpretación.

En consecuencia, de declararse la oficialidad del asturiano, o bien se ofrece la posibilida de cursar los estudios EN asturiano, abriendo así la vía de que las familias elijan la lengua vehicular (como en el País Vasco) o bien, si se mantiene un único modelo, ese único modelo deberá tener al menos un 25% de asturiano; un porcentaje que podrá subir el legislador autonómico pero sin sobrepasar el 75%, puesto que a partir de ahí se estaría reduciendo de manera excesiva la presencia del castellano, lengua oficial en toda España y, por tanto, también en Asturias.

Estaría bien que se aclarara cuál es el modelo por el que optaría el Principado una vez que se declarara oficial el asturiano, porque las consecuencias prácticas de uno u otro son diferentes, así como las exigencias para el sistema educativo y para las familias.

Finalmente, no se nos escapa que en Cataluña no se respeta este mínimo del 25% para el castellano; pero no porque sea constitucional o legalmente posible esa exclusión como vehicular de una lengua oficial, sino porque la Generalitat incumple sistemáticamente su obligación de ofrecer una enseñanza en la que el castellano sea vehicular. Quizás algunos piensen que en Asturias podría hacerse lo mismo; esto es, declarar oficial el asturiano para luego incumplir con las obligaciones constitucionales que se derivan de esta oficialidad en lo que se refiere a la escuela; pero ya avanzo que basarse en una práctica administrativa inconstitucional no es buena base para nada. La frustración de los derechos individuales llevará a la indingación, la judicialización y la crispación.

IV. Oficialidad "territorializada"

Cuando se trata el tema de la oficialidad de lenguas diferentes al castellano en las Comunidades Autónomas, con cierta frecuencia se producen deficiencias en la interpretación de los distintos modelos derivadas de pasar por alto que en unos casos las lenguas cooficiales lo son en el territorio de toda la Comunidad Autónoma y en otros casos tan solo en algunas zonas de la misma.

Esta oficialidad "territorializada" se da en Navarra, donde el euskera solamente es oficial en las zonas de Navarra vascoparlantes, tal como establece el art. 9 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

De esta forma, tan solo en aquellas zonas de Navarra en las que el vascuence sea oficial se darán las obligaciones en cuanto a la enseñanza y condición de lengua vehicular que hemos visto en los apartados precedentes. En las zonas no vascoparlantes ninguna obligación habrá respecto a la presencia del euskera en la enseñanza.

En Valencia la situación es parecida. Por una parte, el estatuto de autonomía establece el carácter oficial del valenciano en toda la Comunidad Autónoma (art. 6.1 del Estatuto de Autonomía); pero por otra, el propio estatuto prevé que puede haber zonas en las que se exceptúe la enseñanza y usod del valenciano (art. 6.7 del Estatuto de Autonomía).

De esta forma, es el propio estatuto el que, en el momento de establecer la oficialidad del idioma introduce una excepción a sus implicaciones para la enseñanza. Dado que la excepción se encuentra en el propio estatuto entiendo que es constitucionalmente legítima y que, por tanto, de forma parecida a lo que sucede en Navarra, puede haber zonas en las que se excepcionen las obligaciones sobre enseñanza y vehiculariedad de la lengua cooficial. En caso de que no se hubiera tenido esa previsión en el estatuto dudo que por legislación autonómica se hubiera podido excluir la enseñanza o la vehiculariedad del valenciano en ninguna parte de la Comunidad Autónoma.

Esta posibilidad de "zonificación" es interesante y en Asturias debería considerarse de manera ineludible para separar las zonas del gallego-asturiano de las del bable. Es más, podría incluso determinarse concejo a concejo en cuáles existiría la obligación de estudiar el bable y "en" bable y en cuáles no. No hay nada que impida hacerlo así y, por tanto, dado el nivel en el que se encuentra el debate actual, sería oportuno que se tuviera conciencia a nivel local del mismo y los distintos territorios se plantearan si quieren o no verse afectados por la oficialidad o prefieren un trato parecido al que hay en Navarra o en Valencia. Lo dejó ahí abierto.

En cualquier caso, quiero llamar la atención sobre la importancia de tener lo anterior en cuenta. En Cataluña, por ejemplo, el aranés era oficial, inicialmente, tan solo en el Valle de Aran; pero desde el año 2006 es oficial en toda Cataluña, pese a que sus hablantes se limitan en la práctica a la comarca aranesa. Esta oficialidad, sin embargo, tiene consecuencias, como se vio en las recientes pruebas de selectividad, en las que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó que los enunciados de los exámenes se repartieran tanto en catalán como en castellano y en aranés, corrigiendo así el "olvido" de la Generalitat que no había tenido en cuenta este idioma pese a su carácter oficial en todo el territorio de Cataluña.

Y es que la oficialidad no es ninguna broma. Tiene consecuencias y tenerlas en cuenta es esencial para adoptar las decisiones correctas.

UAB, 6 de octubre de 2021

Los jóvenes de S'ha Acabat! habían convocado una carpa informativa en la Plaza Cívica de la UAB para hoy, 6 de octubre de 2021. La carpa tenía previsto extenderse desde las 10:30 hasta las 13:30.

A eso de las 10:30 me acerqué a saludarles. Me comentaron que explicarían su posición sobre el plan de las universidades catalanas para que al menos un 80% de la docencia se impartiera en catalán y les compartí que a mí me parecía importante que se respetara la lengua de docencia que figuraba en las guías. No duró mucho, sin embargo, el intercambio, porque creo que antes de las 11:00 ya vimos cómo se aproximaba a la carpa un grupo en formación que bien a las claras mostraba que tenía como objetivo boicotear el acto.

En la carpa no estaríamos más de diez personas, y los que pretendían rodearnos eran varias docenas. El personal de seguridad se interpuso entre ellos y nosotros y quedaron enfrentados el grupo de autodenominados antifascistas y los integrantes de S'ha Acabat!.

No era una situación novedosa. Prácticamente todas las carpas organizadas por estudiantes constitucionalistas en la UAB han sido objeto de algún tipo de agresión. Aquí he recuperado las ya muchas entradas anteriores sobre estos ataques.

El esquema es siempre el mismo. Un grupo se proclama guardian del espacio público y decide quién puede expresarse y quien no. Cuando alguien no se somete a su dictado se rodea la carpa, se boicotea el acto y, si se puede -como al final pasó hoy- se destroza el material para intimidar a quienes discrepan del pensamiento oficial. La universidad aporta personal de seguridad, pero si éste se ve sobrepasado, que Dios reparta suerte. Los Mossos d'Esquadra no intervienen, o si están presentes (hoy no lo estaban) ni practican detenciones ni garantizan que los derechos sean respetados. Hoy lo pudimos comprobar.

El acto ya no podía desarrollarse con normalidad. La función de una carpa es estar en el lugar de paso para que quien se interese pueda pedir información y así transmitir las ideas propias y escuchar las preocupaciones ajenas. Cuando se convierte en un grupo rodeado por guardas de seguridad e increpado desde pocos metros lo único que cabe es aguantar como testimonio de que a la libertad de expresión no se renuncia y que no se reconoce ninguna legitimación a los intolerantes. Durante unos minutos lo que vimos fue un embate de decibelios en los que la música desde la carpa competía con la que reproducían los boicoteadores.

Duro poco.

Los violentos atacaron la carpa. Primero uno se acercó y robó una bandera. Otro intentó hacerse con el material que había en la mesa. Los guardas de seguridad retrocedieron y ya estaban prácticamente en la carpa.

Cuando pudieron llegar a la carpa tiraron de sus patas para destrozarla. Intentamos evitarlo, pero la carpa quedó rota.

Había pasado bastante tiempo desde que comenzó el acoso. Al menos entre media hora y una hora. Los chicos de S'ha Acabat! habían llamado a los Mossos d'Esquadra quienes no acudieron. Esto me parece extraordinariamente grave.

Lo que estaba sucediendo no era solamente un atentado a la democracia, sino que suponía también incurrir en varios delitos: se había robado una bandera, se intentaba coaccionar a unas personas para que dejaran de hacer aquello a lo que tenían derecho y se había interrumpido el acto convocado por S'ha Acabat!, lo que supone una infracción del art. 514.4 del Código Penal. Este delito se cometía, además, por claros motivos ideológicos. Aparte de esto las amenazas eran constantes, como puede verse en este otro vídeo.

Y en este otro de twitter.

No era la primera vez que pasaba. Ante las limitaciones a la libertad de expresión de los que se oponen al nacionalismo, la policía no actúa. Es realmente estremecedor comprobar cómo se permite que los violentos actúen mientras la policía mira para otro lado. En esta ocasión, además, se había denunciado en el Parlamento lo que estaba sucediendo sin que esto fuera suficiente para que los Mossos d'Esquadra intervinieran. Y, repito, se estaban cometiendo en aquel momento delitos claros. Una estrategia de sometimiento a los discrepantes de manual en el que los grupos organizados atemorizan sin que las fuerzas del orden público actúen. Nauseabundo.

Tras destrozar la carpa nos envolvieron y nos conminaron a irnos. Nos negamos. Éramos solo media docena de personas, rodeadas por guardias de seguridad y tras ellos varias docenas de autodenominados antifascistas vociferantes y amenazadores; pero no nos moveríamos. En un primer momento esperando a los Mossos d'Esquadra y luego, cuando ya vimos que no vendrían, aguardando a que se fueran quienes nos rodeaban. No les daríamos la satisfacción de salir por un pasillo de insultos ni el contento de habernos expulsado.

Así seguimos por un tiempo que se nos hizo -he de reconocerlo- largo. Quizá una hora o más. De pie, rodeados y convencidos de que no nos iríamos antes de los que nos increpaban. Un poco después de las 13:30 llegaron a la UAB varios diputados de Cs. Se habían enterado de lo que había pasado y Carlos Carrizosa había denunciado en el Pleno del Parlament la inacción de los Mossos. También lo hizo Alejandro Fernández. Cuando les indicamos que pese a sus denuncias seguíamos rodeados y sin la presencia de los Mossos mostraron su disposición a venir a apoyarnos. Aceptamos de inmediato, claro. Eramos, como explicaba, medida docena de personas rodeadas y cualquiera que se quisiera sumar a nosotros sería muy bienvenido.

Cuando ya estaban próximos, acompañados de cámaras, los que nos rodeaban se disolvieron. En pocos segundos se alejaron. Era como volver a respirar. Cuando llegaron, sin embargo, fueron increpados y a Carlos Carrizosa y a la presidenta de S'ha Acabat!, Júlia Calvet, alguien les tiró una botella de refresco por encima cuando se dirigían a hacer declaraciones a los medios.

Yo me fui poco después de aquello. Sé que unos minutos más tarde llegaron también a la Plaza Cívica varios diputados de Vox que también fueron increpados.

Ya por la tarde, el equipo de gobierno de la UAB difundió un comunicado en relación a lo que había sucedido. Es éste:

Es un comunicado coherente con lo que ha sido la línea que siguieron equipos de gobierno anteriores: tras una proclama vacía hacia la necesidad de que el campus pueda ser lugar donde se expresen todas las ideas y reivindicaciones "democráticas" (¿determimará el equipo de gobierno qué es democrático y qué no? Es bueno recordar aquí que los tribunales ya establecieron en una ocasión que el equipo de gobierno de la UAB había discriminado por razón de ideología a los estudiantes constitucionalistas). A continuación rechaza "la situación de tensión" ¿qué situación de tensión? había unos agresores y unos agredidos, unos que querían expresarse y otros que no les dejaban, había una carpa y quien la destrozó, había unos que rodeaban y amenazaban y otros que eran rodeados y amenazados. Concluye lamentando "la instrumentalización ideológica que se hace del campus". No hace falta indagar mucho para ver que esta frase va referida a la visita de los diputados.

Esto último es lo que más me indigna, porque ante la pasividad de la policía y de las autoridades académicas fue, precisamente, la llegada de los diputados la que puso fin a nuestro encierro. Pero es que, además, no deja de ser cínico que el equipo de gobierno hable de instrumentalización ideológica del campus cuando hace no mucho los rectores firmaron un comunicado criticando la detención de Puigdemont en Italia.

Que las autoridades públicas utilicen sus cargos y las webs de las universidades para exponernos cuáles son sus posturas políticas no es instrumentalización del campus y sí lo es que los diputados acudan a apoyar a quienes han visto vulnerados sus derechos, retirado su derecho a expresarse líbremente, robadas sus pertenencias, amenazados y rodeados.

No tengo calificativos.

Seguiremos. Durante aquellas horas nos preguntaron muchas veces que por qué no nos íbamos. En una ocasión a uno le contesté que si se lo tenía que explicar no lo entendería.

Nos quedamos porque no se puede ceder a los violentos, porque lo que defendíamos con nuestra presencia allí era la libertad de expresión de todos, también de los que son minoría, también de los que discrepan, de todos sin distinción. Por eso nos quedábamos y por eso seguiremos.

No se trata de que no pase, sino de que no pueda pasar

No deja de sorprenderme la facilidad con la que se asume con naturalidad que no hay alternativa al soborno permanente al nacionalismo si se quiere evitar otro 2017.

Tras la crisis más grave de la democracia, que ocasionó un enorme coste social y político, además de comprometer la posición internacional de España, se da por bueno que la táctica de Sánchez; consistente en dejar hacer al nacionalismo en Cataluña (ley Celáa para favorecer la inmersión lingüística, ausencia de actuaciones contra los ayuntamientos que exhiben símbolos partidistas, desamparo de los constitucionalista que sufren agresiones o privación de derechos...) a cambio de que renuncien a volver a intentar lo que padecimos hace cuatro años. De esta manera algunos están satisfechos pues calculan que no habrá un nuevo intento de derogación de la Constitución en Cataluña.

En definitiva, están satisfechos porque Pedro Sánchez ha conseguido que, al menos de momento, no se haya repetido el ataque contra la Constutición que sufrimos en 2017 y miran para otro lado ante el constante incumplimiento de la legalidad y vulneración de derechos que se sufre en Cataluña.

Para mí es una perspectiva equivocada.

Tras esa gravísima crísis lo razonable hubiera sido analizar cómo pudo suceder; qué es lo que falló en nuestra arquitectura constitucional para que las autoridades de una Comunidad Autónomas se colocaran en disposición de causar el daño que causaron al conjutno del país. Ese análsis está por hacer.

A partir de aquí lo que debería intentarse es poner los medios necesarios no para que no se repita lo sucedido, sino para que sea imposible que se repita.

La diferencia puede parecer sutil, pero tiene su importancia. No es lo mismo intentar que algo no suceda que poner los medios para hacer imposible que suceda. Existen muchos ejemplos: así se pueden realizar campañas para concienciar sobre lo negativo que es secuestrar aviones (intentar impedir que se produzcan); pero, a la vez, se practican controles al pasaje antes de subir al avión para evitar que puedan transportar armas que pudieran ser utilizadas para secuestrar el aparato (poner los medios para impedir que suceda).

Las medidas anteriores no son incompatibles entre sí; es decir, no hay nada que impida que, a la vez que se ponen los medios para impedir que se introduzcan armas en el avión, se realicen campañas de disuasión o concienzación; pero sería absurdo limitarse a estas últimas y descuidar completamente las primeras. Imaginémos una prisión llena de advertencias sobre las consecuencias del quebrantamiento de condena, pero en el que todas las puertas estuvieran abiertas. Estaría en manos de los reclusos cumplir con su obligación de permanecer en el recinto penitenciario en tanto en cuanto no cumplieran su pena. Quizás algunos lo hicieran voluntariamente una vez que hubieran llegado a la conclusión de que romper dicha condena, arriesgándose a otra sanción carecería de sentido; pero lo cierto es que las prisiones siguen teniendo puertas cerradas y altas vallas; no fuera a ser que el convencimiento no resultara suficiente.

Yendo a un ejemplo un poco más amable; podríamos conformarnos con intentar convencer a las autoridades públicas que contrataran siempre a quienes ofrecen un mejor servicio a un precio más económico; pero se entiende que esto no es suficiente: se hace necesario regular la contratación pública con una serie de requisitos y contrapesos que hagan imposible que quien tienen la capacidad de contratar la utilice para beneficiarse él o quienes están próximos a él.

¿Por qué, sin embargo, en lo que se refiere al desafío nacionalista se renuncia a establecer las medidas que convertirían en imposible que las autoridades autonómicas comprometiesen los intereses generales del Estado y nos conformamos, como decía, con un soborno a plazos a los nacionalistas que consiste, además, en el abandono de los constitucionalistas catalanes?

Hay, por supuesto, una parte de cálculo político en esta táctica orientada a eludir la adopción de medidas que garantizaran la seguridad de todos a través de mecanismos que impidieran que pudiera repetirse un nuevo desafío como el vivido hace cuatro años; pero me parece que también hay una parte de pereza intelectual y de torpeza en el análisis; una torpeza que impide percibir en toda su dimensión la gravedad del peligro y una pereza que paraliza el estudio y la puesta en marca de las reformas de calado que podrían evitar que en el futuro se repitiera el intento de derogación de la Constitución que vivimos en septiembre y octubre de 2017.

Y aún podría especularse con que no es del todo inconveniente -desde la perspectiva de algunos- que los nacionalistas conserven todos los instrumentos con los que contaban en 2017. Si esos instrumentos no son usados contra un gobierno socialista, su mera presencia será un elemento paralizador para un gobierno alternativo. Tal y como comentaba hace unas semanas, la historia nos muestra que la alinza entre la izquierda y los nacionalismos es ya larga y se ha mostrado resistente a cambios coyunturales. Esa alianza podría ser especialmente útil en un futuro cercano, ofreciendo a los socialistas varias posibilidades de actuación en el caso de que fueran derrotados en las urnas.

Sea como fuere, lo cierto es que, como mostraba al principio. Muchos parecen satisfechos con la situación actual, en la que el gobierno de una Comunidad Autónoma conserva la capacidad de desafiar al estado en el momento que tenga por oportuno.

Desde mi perspectiva, esta situación es insatisfactoria. No deberíamos calcular cuántos derechos hay que sacrificar al nacionalismo para que este se mantenga apaciguado, sino que deberíamos estar ocupados en poner fin a su amenaza.

Soy conciente, sin embargo, de que es una batalla casi con toda seguridad perdida: la mayoría de mis conciudadanos parece que prefieren nuestra sumisión al nacionalismo que la construcción de una comunidad donde todos gozaran de los mismos derechos.

Señorear las ruinas

El 11 de septiembre nunca ha sido una fiesta pacífica para los catalanes. No se trata tanto de que se basa en un relato tergiversado de la Guerra de Sucesión, tal como muestra el reciente documental de "Historiadors de Catalunya", como que solamente puede resultar como festiva desde una determinada perspectiva: la nacionalista.

Lo primero, la tergiversación, es, seguramente, propio de todas las historias que acaban siendo aprovechadas para fortalecer el sentimiento de pertenencia a una comunidad política; el problema, por tanto, se centra en que el relato que sirve de base para esa celebración no permite que se identifiquen todos los catalanes, sino solamente quienes comparten esa visión nacionalista de Cataluña en la que encaja la historia del 11 de septiembre; una visión que se basa en el enfrentamiento con el resto de España, la reivindicación de una personalidad separada que se hace arrancar de la Edad Media y el recuerdo de un agravio que, de una forma u otra, exige reparación cuando no venganza.

Lo anterior explica que siempre fuera percibida con cierta reticencia; pero no creo que haya duda de que la utilización de la misma como mascarón de proa de la ruptura con España desde el año 2012 ha acabado por condenarla en las mentes y en los corazones de muchos catalanes. Quienes nos vimos amenazados y nos sentimos agredidos por el intento nacionalista no podemos asumir como propia una fiesta que ha sido clave en esa amenaza y en esa agresión. Las cifras de manifestantes en la Diada eran utilizadas como munición contra quienes nos oponíamos a la secesión. De esta manera, al final se ha confirmado que la Diada es tan solo una fiesta para nacionalista y creo que harían bien en darse cuenta de ello las fuerzas políticas y sociales que, sin ser -en principio- nacionalistas, aún persisten en participar en la parafernalia vinculada a la celebración (con el homenaje floral a Rafael de Casanova, por ejemplo). La apropiación de la Diada por los nacionalistas ha acabado por deslegitimarla como fiesta de Cataluña y sería bueno que cuando se dieran las circunstancias propicias se modificara el estatuto de autonomía a fin de trasladarla a otro día que, creo, sí contaría con el apoyo de todos los catalanes: el 23 de abril, día de Sant Jordi.

Esa apropiación nacionalista tiene también otro efecto: la Diada se convierte en metáfora del conjunto del proceso; de tal manera que su evolución refleja también la de Cataluña en estos años. Echar la vista atrás hacia las diferentes Diadas vividas desde 2012 es también recuperar las diferentes fases de la empresa que pretendía conducir a Cataluña hasta la independencia.

Y lo que no muestra el examen de esas diferentes fases es una progresiva degradación del proyecto nacionalista que acaba devorando también la convivencia. Frente a las luminosas manifestaciones de los primeros años, ahora nos encontramos con la cada vez más frecuente presencia de la violencia y una división que ya afecta, incluso, a los propios independentistas.

Podría pensarse que esta debacle satisfaría a los que nos oponemos a la secesión; pero he de confesar que en mi caso particular veo con cierta amargura que las previsiones que en su día se hicieron sobre la decadencia y empobrecimiento de Cataluña que serían consecuencia del "procés" acaban confirmándose. Desde luego, la independencia hubiera sido mucho peor; pero es lamentable que tras estos años los nacionalistas no hayan sido capaces de reconducir su actuación a la legalidad y de buscar una auténtica reconciliación entre catalanes. Con su empeño de seguir adelante en un desafío en el que ya han fracasado dos veces tan solo nos perjudican a todos y contribuyen a hundir un poco más al conjunto de la sociedad.

Las manifestaciones de los años 2012, 2013 y 2014 resultaban apabullantes. Sorprendía la enorme capacidad de convocatoria. Si dejamos de lado las cifras fantásticas dadas por los organizadores, la Generalitat y la Guardia Urbana de Barcelona e intentamos calcular el número real de asistentes nos encontraremos con que el año 2012 rondaban el medio millón, en el año 2013 (el pico, la manifestación más concurrida) se alcanzaron los 800.000 y en el 2014 probablemente se superó el medio millón. La manifestación de la Meridiana del año 2015 también estuvo probablemente por encima del medio millón de asistentes.

Son cifras enormes. Acostumbrados a las fábulas de los convocantes y de quienes están interesados en engordar el número de participantes pueden sonar a poco; pero es realmente espectacular. Medio millón de personas "de verdad" son muchísimas.

Costaba en aquellos años oponerse a ese movimiento que parecía unánime de la sociedad. El discrepante o simplemente tibio rehusaba con frecuencia expresarse con libertad ante el temor de ser considerado como extravagante. El nacionalismo dominante, además, no ocultaba su propósito de conseguir una adscripción total de la población a su empresa

El alineamiento de la administración autonómica y la mayoría de las administraciones locales con el proceso era total y muchos partidos que no eran nacionalistas alababan la capacidad de convocatoria de estos y ponían el acento en la necesidad de atender a las demandas que jusitificaban esa movilización sin precedentes.

Deberíamos, sin embargo, estar avisados de que cuando se produce un movimiento como éste, en el que los poderes públicos buscan de manera expresa el apoyo de la calle y ponen los medios de los que disponen (incluidas televisiones, radios, periódicos y medios digitales de titularidad pública o subvencionados por fondos públicos) al servicio de esa movilización, nos encontramos ante una situación anómala en democracia y que debería despertar nuestras alarmas. La voluntad de imposición, que es expresa en la viñeta que acabo de compartir, es incompatible con la democracia, máxime cuando esa voluntad se apoya en el poder público, un poder que -no lo olvidemos- cuenta también con medios violentos para imponerse.

Pero la violencia explícita no es precisa cuando se dispone de una mayoría aplastante en la opinión pública. Sería sencillo colocar aquí alguna imagen que nos lo recuerde; pero no lo haré, creo que todos nos entendemos.

Tras el año 2015 las cosas comenzaron sutilmente a cambiar.

Las Diadas de los años 2012, 2013 y 2014 estaban orientadas a dar apoyo a un proceso político que eligió una fecha para el inicio de la secesión: el referéndum del 9 de noviembre de 2014. En el ideario nacionalista, ese referéndum sería el inicio de un proceso que debería conducir a la independencia. No fue así, pero Artur Mas aún pilotó la política catalana hasta las elecciones de 2015, que se plantearon como un plebiscito para la independencia.

En las elecciones de 2015 los nacionalistas no consiguieron superar el 50% de los votos y precisaban el apoyo de la CUP para formar gobierno. Mas dejó la presidencia de la Generalitat y se abrió una nueva etapa.

Con Mas se fueron los restos de aquel nacionalismo aparentemente amigable que tanto gustaba en la capital de España. La situción se volvió confusa. Recuerdo en el año 2016 la visita de un empresario de Madrid que se me acercó y casi al oído me preguntó "pero aquí, ahora ¿quién manda?". No es que Cataluña comenzara a resquebrajarse (llevaba mucho tiempo resquebrajada); es que muchos que vivían en la inopia se estaban dando cuenta de que algo no cuadraba. Lamentablemente, la tendencia a buscar al "buen nacionalista" es irresistible en las riberas del Manzanares, y ahí tenemos el intento de convertir a Junqueras en esta figura en la época de idilio con Soraya Sáenz de Santa María. El gobierno de Sánchez persiste en este empeño.

El nacionalismo continuó con su desafío; pero sin tener ya el apoyo tan mayoritario y desacomplejado del que había gozado en los años anteriores. Seguían controlando las administraciones, seguían teniendo un gran poder de convocatoria; pero ya no se podía negar que había una división dentro de Cataluña. Las grandes manifestaciones de la Diada siguieron como por inercia, con el mismo carácter mayoritariamente pacífico, aunque ya con menos asistencia que en los años iniciales del proceso.

La clave en esos años ya no era el desafío pacífico que buscaba la unanimidad del pueblo y el reconocimiento internacional; sino una expresa rebeldía institucional que precisaba ya no de centenares de miles de tranquilos manifestantes, sino de unos pocos miles de convencidos capaces de enfrentarse a la policía si era preciso. Eso es lo que necesitaban para los días 1 y 3 de octubre de 2017.

Desde ese momento, la violencia, que había estado implícita siempre tras la cara amable y sonriente de las manifestaciones de los primeros años ("¿y si hablamos con el vecino del segundo?"), se fue haciendo más visible. Una violencia que, lógicamente, implica también violencia por parte de la policía y acaba en los juzgados, lo que, a su vez, acaba generando más violencia.

A partir de 2017 la violencia ha estado presente cada vez con más intensidad en las calles de Cataluña, teniendo su apogeo (hasta ahora) en las semanas de octubre de 2019 que siguieron a la sentencia en la que se condenaba a la mayoría de los cabecillas del intento de derogación de la Constitución en octubre de 2017.

Ahora esta violencia llega también a la celebración de la Diada. Este año se han producido incidentes en Vía Layetana

Además, se había producido también el ataque a una carpa independentista por otro grupo también independentista.

Demasiada violencia, demasiada crispación. Un independentismo que en la calle no muestra la fuerza de hace años (la manifestación tuvo una participación sensiblemente inferior a la de las celebradas en los años 2018 y 2019, en las que ya se apreciaba un descenso respecto a las de los años en los que se lanzó el "procés").

Diada 2018

Diada 2019

Diada 2021

La imagen de un fracaso. Al no haber conseguido la independencia el desánimo y la crispación acaba degenerando en violencia, una violencia que, no podemos olvidarlo, estuvo amparada desde el poder (el famoso "apreteu" de Joaquim Torra a los CDR).

Ahora bien, ¿ha vencido la Cataluña constitucionalista? En absoluto, al revés, la sensación de derrota es tan acusada entre el constitucionalismo como entre los independentistas. Es cierto que no se ha conseguido la independencia; pero las instituciones siguen controladas por los nacionalistas que continúna silenciando a quienes discrepan y prosiguen con su política de catalanización que se manifiesta tanto en las escuelas como en los medios de comunicación y en una política simbólica que dista de ser irrelevante. Además, la amenaza de actuar unilaterlamente cuando lo estimen oportuno sigue pendiendo sobre nuestras cabezas. El mimo del gobierno español con los nacionalistas contrasta con el desprecio hacia los constitucionalistas, lo que ahonda en la sensación de humillación.

Tenemos, así, a una sociedad catalana dividida en la que todos tienen la sensación de haber perdido, en la que todos están insatisfechos y en la que seguimos enfrentados en este conflicto interminable en vez de mirar hacia el futuro y reconducir la convivencia.

Los nacionalistas gobernaron la Cataluña próspera y cosmopolita del último tercio del siglo XX y ahora señorean las ruinas que ha dejado el procés. Y una de esas ruinas es la Diada del 11 de septiembre, irrecuperable ya como punto de encuentro entre catalanes.

Convicción democrática frente al nacionalismo

Entre ayer y hoy he leído dos artículos que, me parece, en el fondo tratan desde dos perspectivas diferentes el mismo problema.

Ambos se encuentran en "El Mundo". Uno es de Juan Claudio de Ramón, publicado el 2 de septiembre y se ocupa de los homenajes a los etarras que salen de prisión.

El segundo es de Félix Ovejero y se ha publicado hoy y trata de la espinosa cuestión de si los constitucionalistas han ganado o han perdido en Cataluña.

Coinciden en algo a lo que vengo dado vueltas desde hace un tiempo: el hecho de que el País Vasco y Cataluña sigan siendo parte de España y no hayan logrado la independencia no supone, en realidad, ni la derrota de ETA ni la del separatismo catalán. La independencia como meta es un capote al que muchos en el conjunto de España han seguido con mansedumbre sin percatarse (o sin querer percatarse) de que el mantenimiento del status quo formal se hacía a costa de que el estado abandonara ambas comunidades autónomas entregándolas de manera casi total a los nacionalistas. De esta manera, el estado aún puede reclamar el título formal de que Cataluña y el País Vasco son parte de España y la secesión ha fracasado; pero el auténtico control del territorio y de la población tanto en una como en otra comunidad autónoma está plenamente en manos nacionalistas.

¿Cómo se ha llegado a esa situación?

Bien, por caminos parcialmente diferentes en uno y otro caso.

En el caso del País Vasco, y ahora que se habla tanto de pasar página y todas esas cosas, quizás fuera bueno recordar que el terrorismo de ETA y todo lo que lo rodeaba no solamente provocó cientos de muertos, sino también miles (quizás decenas o centenares de miles) de desplazamientos hacia otras partes de España. Los que se oponían al nacionalismo eran expulsados, los que se quedaban no osaban discrepar públicamente y de esa forma la sociedad vasca mutaba en una en la que el nacionalismo se convertía en el único planteamiento que podía ser expresado con libertad en el espacio público. Ejemplo claro de lo que digo es el acoso a los constitucionalistas que pretenden hacer oír su voz en Euskadi.

Así pues, tenemos que ahora la sociedad vasca es una sociedad que no puede ser entendida más que si proyectamos sobre ella la sombra de ETA. El vídeo que acabo de compartir habla Maite Pagaza. A su lado podría estar su hermano Joseba; pero, no. ETA lo asesinó en 2003, cuando contaba 45 años de edad. Intenten imaginarse el vídeo anterior como un diálogo entre Joseba y Maite y ahora vuelvan a verlo sintiendo la ausencia de quien debería estar ahí si no hubiera intervenido la mano de ETA.

O fíjense en este otro vídeo, en el que se ve un debate en ETB tras unas elecciones.

Participan Joseba Egibar (PNV), Gregorio Ordóñez (PP) y Fernando Buesa (PSE). Es el año 1994. Unos meses después de este debate era asesinado Gregorio Ordoñez y en el año 2000 lo mismo pasaba con Fernando Buesa. Seis años después de este debate, de los tres contertulios solamente vivía el representante del PNV. Una metáfora de lo que sucedió en el País Vasco y de lo que implicó el terrorismo de ETA para la política en Euskadi. Algo que explicaba bien Monedero en un tweet que debería helarnos la sangre. Un tweet que, por lo que veo, ahí sigue, pese a todo lo que implica.

Efectivamente, algunos hicieron el trabajo y el resultado es que la oposición al nacionalismo en el País Vasco ha desaparecido. ¿Es el País Vasco un país independiente? No, pero los nacionalistas lo controlan sin oposición. A esto yo no lo llamaría ni una derrota de ETA ni una victoria constitucionalista. Los ongi etorri a los etarras nos lo recuerdan, el acoso a quienes se oponen al nacionalismo en el País Vasco es una señal clara de ello y el hecho de que los partidos nacionales españoles hayan asumido la dialéctica nacionalista da, quizás, cuenta de la magnitud de la derrota.

En el caso de Cataluña el camino ha sido diferente. La violencia terrorista ha estado presente; pero en mucha menor medida que en el País Vasco. Esto, sin embargo, no ha impedido que también el desplazamiento de los que discrepan del nacionalismo haya sido relevante. En 1985, miles de maestros fueron expulsados de Cataluña al no haber adquirido competencia suficiente en catalán

Y lo que se ha vivido en los últimos cuarenta años es la progresiva apropiación por parte del nacionalismo de todos los espacios públicos en Cataluña, de tal manera que la oposición al mismo era o deslegitimada o directamente prohibida. La presión del nacionalismo hacia quienes se le oponen adopta muchas formas, sin excluir las violentas; aunque, como decía, el terrorismo tuvo una incidencia en Cataluña mucho menor que en el País Vasco.

Eso no quiere decir que no hubiera hecho acto de presencia. Aquí es significativo uno de los primeros atentados de Terra Lliure, el que tuvo como víctima a Federico Jiménez Losantos, entonces profesor de secundaria en Barcelona. Tras ser una de las caras visibles del denominado "Manifiesto de los 2300", crítico con la política de limitación del uso del castellano que había puesto en marcha la Generalitat, fue secuestrado, atado a un árbol, disparado en una pierna y allí abandonado mientras se desangraba.

El atentado coincidió con una campaña dirigida a defender la política lingüísitica de la Generalitat y que tuvo como acto más significativo, un concierto en el Camp Nou el 24 de junio de 1981. Lo destaco porque es un ejemplo perfecto de cómo se multiplican los efectos de un acto violento. No se trata solamente del atentado, sino del amparo que reciben quienes sostienen las mismas posiciones de los violentos. Obviamente, nadie está obligado a cambiar de opinión porque haya quienes con la violencia defienden lo mismo; pero en este caso existe una especial obligación de no solamente desmarcarse de ella, sino también de apoyar y amparar a quienes la sufren, aunque no se compartan los planteamientos que éstos defienden. La ausencia de ese amparo, condujo a que tras el atentado contra Federico Jiménez Losantos muchos de los principales firmantes del manifiesto abandonaran Cataluña, de lo que se congratulaban los nacionalistas. 

Al final, la expulsión de quienes se oponen al nacionalismo para así dejar campo libre a que éste controle sin trabas la sociedad. En la actualidad este control se manifiesta en una constante vulneración de derechos que carece de respuesta oficial. Las condenas, por ejemplo, a las universidades públicas catalanas por vulnerar los derechos fundamentales de los miembros constitucionalistas de la comunidad universitaria se suceden sin que haya respuesta por parte de los órganos de gobierno de dichas instituciones. De la misma forma, pese a las reiteradas decisiones judiciales que exigen el fin de la inmersión obligatoria en la enseñanza, los poderes públicos mantienen su desafío a los tribunales y, por tanto, la limitación de derechos de los catalanes que no comparten los planteamientos nacionalistas.

Esta hegemonía nacionalista, que es asumida sin titubeos no solamente por las administraciones públicas, sino también por sindicatos, asociaciones y colegios profesionales es la auténtica seña de identidad de Cataluña, y aunque no se haya traducido en la independencia formal de la comunidad autónoma, sí implica que el control sobre el territorio y la población ya no es propiamente del estado, sino de los nacionalistas.

Por supuesto se podrá aducir que si es así es porque ganan las elecciones, y es cierto; pero aquí hay que tener en cuenta dos circunstancias.

En primer lugar, no hemos de olvidar que el triunfo electoral no puede implicar una privación de derechos para los que han perdido esas elecciones. Esto es, el ganador está obligado a ejercer el poder público dentro de los límites legales, pues de sobrepasarlos pierde su legitimidad. Si esa actuación ilegal se mantiene en el tiempo sin que haya reacción a la misma podemos empezar a preguntarnos si realmente estamos ante una democracia. Es en esta actuación ultra vires, que va más allá de lo posible según la constitución y las leyes en las que se advierte la hegemonía nacionalista y, a la vez, la derrota del constitucionalismo; porque perder unas elecciones no es derrota en democracia, lo que es derrota es que quienes las hayan ganado actúen impunemente al margen de la ley.

En segundo lugar, como hemos visto, en el caso de Cataluña, al igual que en el País Vasco, la sociedad ha sido modulada por la utilización de la violencia, actuaciones ilegales y el progresivo silenciamiento de quienes se oponen al nacionalismo. Es una sociedad que ha sido privada de personas que podrían liderar la oposición al nacionalismo, como hemos visto tanto en el caso de Euskadi, no solamente con los asesinados, sino también con los exiliados (quizás aquí sí sea legítimo utilizar este término); y en Cataluña como consecuencia de una serie de políticas que han mezclado hábilmente violencia, silencio y muerte civil de los que discrepan del nacionalismo.

El nacionalismo ha conseguido la situación perfecta: no solamente tiene el poder, sino que, desde él y sin permitir la discrepancia, construye un relato de victimismo que -no nos engañemos- tan solo triunfa porque, precisamente, tiene el poder. La condición de víctima solamente beneficia a quien ha ganado; quien ha perdido no obtendrá ningún rédito por su victimización. Muchas veces oirán justo lo contrario; pero no hagan caso; se lo dice quien tiene experiencia en perder y en ser considerado víctima. Lo dicho, no da ningún rédito.

Lo que se acaba de explicar debería ser asumido por la sociedad española, porque tiene cierta gravedad. Hemos de ser conscientes de que la violencia política en España ha dado sus frutos; y si bien (todavía) no se ha conseguido la independencia de Cataluña o del País Vasco lo que sí se ha logrado es que la oposición al nacionalismo en dichos territorios se encuentre en una situación de extrema debilidad; una debilidad que es consecuencia, al menos en parte, no solamente de la violencia política, sino de actuaciones ilegales y de una estrategia explícita de silenciamiento y acoso a quienes discrepan del nacionalismo.

Si la sociedad española asumiera lo anterior deberíamos estar lejos de "pasar página" y los discursos trifunfalistas sobre el fin de ETA o el fracaso de la intentona de 2017 deberían ser sustituidos por una reflexión serena y rigurosa sobre la ilegitimidad de las políticas que se aprovechan de la violencia o de la privación de derechos, unida a una política activa de reparación a las víctimas del nacionalismo.

Lo anterior no es posible porque los grandes partidos españoles mantienen una alianza explícita con el nacionalismo (PSOE) o temen enfrentarse abiertamente con él en una guerra de relatos que no saben si ganarán (PP).

Necesitamos convicción para llamar a las cosas por su nombre (como hacen Juan Claudio de Ramón y Félix Ovejero, con cuyos artículos comenzaba). De esa convicción surgirá una línea de acción política que deje de tratar de convivir con el nacionalismo violento o que se aprovecha de la violencia, excluyente y supremacista; para combatirlo, primero en el ámbito del relato, los argumentos y las razones; para, de ahí, pasar a una acción política que exigirá necesariamente dejar de blanquear a los que se han convertido en poder gracias al asesinato o el miedo de quienes se les enfrentaban.

Convicción democrática frente al nacionalismo. No hace falta más, no podemos conformarnos con menos.