La renovación del consenso... catalanista

La Fundación Rafael Campalans, del PSC organizó los días 28 y 29 de enero unas jornadas sobre la renovación del consenso lingüístico en Cataluña (puede consultarse el programa aquí). Asistí a la inauguración el viernes y a las dos primeras mesas. El sábado seguí por youtube la última mesa y la clausura (en el link anterior se encontrarán también los enlaces a los vídeos donde se recoge el contenido de las jornadas).

No dudo de la buena fe de los organizadores de este encuentro. En él hubo elementos interesantes; pero creo que debemos ser honestos y reconocer que más que unas jornadas para recuperar el consenso lingüístico en Cataluña eran más bien unas jornadas para la renovación del consenso catalanista. Lo explicó bien Jesús Rul en su intervención, que comparto un poco más abajo, cuando planteó que todo el acto no podía entenderse más que dentro del marco mental nacionalista y que, por tanto, no podía ser una base para buscar un auténtico consenso en la sociedad catalana.

Desde el principio nos dimos cuenta de que el eje no sería el consenso, sino el catalán. Ya en la intervención inicial de José Montilla quedó claro que de lo que se trataba era de ver cómo el catalán podría seguir siendo el eje de la sociedad catalana pese a la dificultad que planteaba la "judicialización" de la lengua en las escuelas. En la intervención de Montilla, por ejemplo, se insistió -en contra de la posición tremendista de otros sectores nacionalistas- en que el catalán gozaba de buena salud y se valoraron como positivas las cifras de personas que conocen el catalán y lo emplean, así como que cada vez más personas tuvieran el catalán como lengua inicial. En ese punto, significativamente, también se citó el dato de que eran menos las personas que tenían el castellano como lengua materna. No sé si deberíamos entender que ese también era un dato positivo. Dado el contexto, parece que así deberíamos considerarlo.

En las mesas que siguieron (hubo dos que no pude ver y no sé si en ellas me perdí algo que me pudiera hacer cambiar de opinión, me temo que no) no había representación de quienes discrepan directamente de los planteamientos nacionalistas; excepción hecha de la presencia de Fernando Sánchez Costa en la última mesa, donde defendió un planteamiento diferente, aunque sin poder eludir -me imagino que influido por el ambiente- un dato que no se corresponde en absoluto con la realidad: que en muchas escuelas catalanas ya se estaba aplicando el 25% de castellano. A esto se redujo la oposición a los planteamientos catalanistas en las mesas organizadas.

Es verdad que fuimos invitados algunos representantes de la "otra" Cataluña a estar entre el público. Así, Jesús Rul, quien pese a su reconocida competencia en temas escolares, habiendo sido director e inspector durante décadas y habiendo publicado varios libros sobre la materia, no tuvo papel en la mesa dedicada a la escuela, teniendo que limitarse a una pregunta -la que he compartido antes-, sin que, por tanto, se viera realmente reflejada la pluralidad de Cataluña en este tema. Otras personas que han estudiado el tema de la escuela en Cataluña como Jorge Calero o Álvaro Choi no estaban presentes, como tampoco asociaciones como Hablamos Español, Convivencia Cívica o Asociación por la Tolerancia.

Esto explica que los mantras clásicos del nacionalismo sobre el éxito del modelo de escuela catalana, la escuela como elemento de integración, etc. pudieran circular sin problemas. De hecho, había una clara coherencia en casi todos los mensajes. Intentaré explicarme.

Se partía -y no se discutía- en que la lengua escolar debía ser el catalán con carácter primordial, y que lo que había que hacer era tener sensibilidad hacia las lenguas que los niños traían de casa, incluido el castellano, claro. Se ponían ejemplos, por ejemplo, de cómo se podía, desde la lengua familiar, llevar al niño hasta el catalán; pero en ningún momento se planteó que lo que quieren muchos en Cataluña es que el español sea también esa lengua escolar que, junto con el catalán, sea percibida como lengua de encuentro y de referencia, dado el carácter oficial de ambas lenguas. Esta perspectiva estaba completamente ausente de los planteamientos de las mesas que pude seguir.

Esto conecta con otro elemento que me llamó la atención: la insistencia que se ponía en la actitud más que en las competencias. Parecía darse a entender que lo que se pretendía era que la escuela consiguiera inculcar una determinada actitud hacia el catalán (ya digo que el eje de las jornadas era el catalán, no otro, puede percibirse, incluso, en el hashtag usado por Illa para sus tweets sobre el evento "ParlemDelCatalà")

más que unas competencias que -se llegó a decir en algún momento- podían desalentar el uso del idioma. Creo que se entendía: lo fundamental era transmitir que la lengua de Cataluña era el catalán y que lo "normal" era utilizar siempre el catalán. El castellano no recibiría el tratamiento de una lengua extranjera (esta idea se repitió abundantemente); pero tampoco se explicó en qué se traduciría que el castellano no fuera considerado como una lengua más de las que se hablan en Cataluña y que, por tanto, merecía respeto y consideración.

En este buscar actitudes me apunté una frase que se dijo en la primera mesa y sobre la que me parece que deberíamos reflexionar: "Se ha de velar para que uso de la lengua catalana sea espontáneo".

En esta línea creo que no sorprenderá que el castellano estuviera ausente de las intervenciones. En la primera jornada no se usó hasta que yo tomé la palabra (pongo un poco más abajo el vídeo) y en la segunda solamente se lo oí a Fernando Sánchez Costa en una parte de su intervención. Por supuesto, que todo el mundo hable la lengua que quiere; pero deberíamos preguntarnos cómo es posible que en unas jornadas como éstas la lengua que se utiliza se aleje tanto de lo que es la utilización normal de las lenguas oficiales en Cataluña.

Como decía, yo también tuve oportunidad de formular una pregunta tras una mesa dedicada a temas jurídicos. En lo que se refiere al aspecto jurídico del tema, la posición generalizada durante todo lo que vi de las jornadas fue la de criticar la "judicialización" de la lengua en las escuelas y la reiteración de que no había un problema. En ningún momento se reflexionó sobre lo que implicaba que los tribunales hubieran declarado que durante décadas se habían vulnerado los derechos lingüísticos de los ciudadanos en las escuelas ni se hizo referencia a las campañas de acoso a quienes pedían el cumplimiento de la ley en materia escolar. Antoni Bayona, que era el único jurista que había en la mesa de juristas, se dedicó a intentar explicar que subterfugios se podían emplear para eludir la sentencia del 25% y sí que resultó interesante la intervención de Albert Branchadell, quien, pese a no ser jurista, hizo una intervención muy clara y precisa sobre el papel de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en este asunto. En mi intervención me referí a ambas cuestiones.

En definitiva, las jornadas han supuesto un notable esfuerzo para reconstruir el consenso catalanista; pero no pueden ser calificadas como un verdadero intento de construir el consenso lingüístico. Iremos a donde se nos invite, aunque sea de público y para poder hacer una intervención de 3 minutos tras escuchar educadamente un debate sesgado y falto de rigor en muchos casos; pero no llamaremos a eso una auténtica búsqueda del consenso, porque no lo es.

The Duke of York

 

Oh, thou, city of York! Wind freezes your walls. Under a grey sky, green fields around. How many deaths have your stones witnessed? How much blood have your land wet? Tell me about your people, about the peasants and craftsmen, about lovers and beggars, about marriages and burials, about children and old women telling sad stories to the priests.

Tell me about your dukes, the lords and their manors. Let me see them calling to war. Let me listen to young voices marching south; let me hear the screams; let me touch the tears of the wounded, smell the fragrance of the death.

Oh, thou, city of York! Open your cathedral's doors, music plays and horses neigh. A new duke has arrived and humble people cheer him on. The duke is a king's son. One day he will call to war and many will die for a crown, for a title, for a throne.

Lo anterior surgió como un comentario a la siguiente observación en Facebook de Jamie Mayerfeld:

El conflicto catalán en una imagen

El Departamento de Educación del gobierno de la Generalitat ha presentado un cartel que se repartirá por todos los colegios de Cataluña. El cartel es éste:

Resume perfectamente el conflicto que se vive en Cataluña en relación a la lengua, un conflicto que no se limita a la escuela, pero que también se refleja en ella. Además, dada la importancia de la educación en cualquier sociedad, el enfrentamiento que aquí se produce es especialmente relevante. Conviene, por tanto, fijarse en lo que quiere transmitir la Generalitat en este cartel.

La idea esencial es clara, y coincide con un planteamiento nacionalista que es ya ampliamente conocido: la única lengua común de Cataluña debería ser el catalán. El resto de lenguas habladas en Cataluña serían aptas para la vida familiar, pero la única que debería recibir el máximo reconocimiento institucional sería el catalán, ya que solamente el catalán es la lengua "natural" de Cataluña. El castellano, de acuerdo con este planteamiento, se situaría en el mismo plano que cualquiera otra de las lenguas que se utilizan en Cataluña. El cartel responde a esta idea, pues el paraguas que cubre a todos los niños es el catalán; aquí, específicamente, la escuela en catalán; el catalán sería el idioma que permitiría comunicarse a quienes tienen otras lenguas maternas. Los niños que aparecen bajo el paraguas representarían algunas de estas lenguas. Así puede verse un signo chino (到), una "ñ", que identifica la lengua española; letras griegas, y lo que parece ser letras del punyabí, del árabe e, incluso, un corazón.

La propuesta nacionalista para Cataluña choca, sin embargo, con la realidad y la legalidad. En lo que se refiere a la primera, el caso es que las lenguas de Cataluña son dos (tres si incluimos el aranés): el catalán y el español. Y lo son desde hace siglos. No me detendré aquí en reiterar los múltiples testimonios de presencia del español en Cataluña desde la Edad Moderna y que desmienten que la situación actual sea consecuencia de los movimientos internos de población en España durante la segunda mitad del siglo XX; una tesis especialmente cara a los nacionalistas.

En la actualidad, más de la mitad de la población de Cataluña tiene el castellano como lengua materna, situándose muy por delante del catalán (52,7% de población de más de 15 años que tiene el castellano como lengua materna -inicial en la terminología de la Generalitat- frente a un 31,5% que tienen el catalán; un 2,8% manifiestan que tanto el catalán como el castellano son sus lenguas maternas). Por comparar con otros idiomas hablados en Cataluña, el chino es materno de un 0,4% de la población, y el árabe de un 2,2% de los catalanes.

De hecho, pocas dudas hay de que el castellano, junto con el catalán, es lengua de comunicación habitual, utilizada también como medio de comunicación entre personas que tienen lenguas maternas diferentes. Esta presencia del castellano incomoda a los nacionalistas, que no ocultan que el objetivo de que el catalán sea la única lengua común en Cataluña pasa porque sea la única que conoce todo el mundo. Es decir, pasa porque no todos los catalanes conozcan el castellano. La escuela monolingüe en catalán sería un elemento importante en este objetivo, al intentar que aquellos que tienen lenguas maternas diferentes del castellano, se escolaricen en catalán y, por tanto, asuman con naturalidad que esa es la única lengua común de los catalanes. Desde esta perspectiva, la presencia del castellano en la escuela como lengua de aprendizaje sería un obstáculo muy serio a ese propósito nacionalista, pues supondría un freno al nada disimulado intento de expulsarlo de la escuela y de la vida pública, reducido al mero papel de una lengua que ha de ser aprendida en las mismas condiciones que el inglés u otra lengua extranjera. El cartel que nos ocupa incide en la misma idea, al colocar al castellano en la misma posición que lenguas como el chino o el árabe, pese a que, como vemos, su presencia y relevancia en Cataluña no puede compararse con la de estos idiomas.

La propuesta nacionalista choca, por tanto, con la realidad; pero también con la legalidad; puesto que el español, a diferencia de las otras lenguas que salen en el cartel diferentes del catalán, es lengua oficial en Cataluña y, por tanto, no puede recibir el tratamiento de una lengua extranjera. Esta oficialidad genera, además, derechos lingüísticos; entre ellos el de recibir educación EN castellano, y no solamente DE castellano. El español, en tanto que lengua oficial, puede también ser utilizada por los ciudadanos en sus comunicaciones con la administración y tienen también el derecho a que la administración se comunique con él en español. La política nacionalista, sin embargo, pretende reducir ese derecho al mínimo mediante mil argucias, contando incluso con la complicidad del Síndic de Greuges, quien en vez de defender los derechos de los ciudadanos se ocupa de favorecer el mencionado plan nacionalista de exclusión del castellano de la vida pública.
El cartel que comentamos obvia completamente esta posición del castellano como lengua oficial y, por tanto, en una situación equivalente a la del catalán; para asumir sin complejos que el puesto del español en Cataluña se corresponde con el de lenguas extranjeras que son habladas en algunos casos por menos del 1% de la población.

Frente a este planteamiento, la alternativa es mantener sin complejos que el castellano es lengua también propia de Cataluña; esto es, lengua que debe tener reconocimiento institucional y educativo. Por eso, la escuela ha de ser en catalán y en castellano. Esto último no impide que la presencia del catalán sea superior a la del castellano, ni es un obstáculo a las políticas de promoción del catalán, pero siempre que esas políticas no se conviertan en políticas de exclusión del castellano. Desde esta perspectiva, el cartel debe ser rechazado porque no responde ni a la realidad de Cataluña ni a la posición legal del español como lengua oficial en Cataluña. Sería bueno que hubiera un posicionamiento claro de todas las fuerzas políticas porque en este tema no hay posibilidad de equidistancia: o se está de acuerdo con esta campaña que pretende trasladar a los niños la idea de que el castellano no es lengua común de los catalanes o se está en desacuerdo con ella y se recuerda que tanto el español como el catalán y el aranés han de ser consideradas como lenguas propias de Cataluña, sin que sea legítimo extranjerizar ninguna de ellas.

Es por esto que antes decía que el cartel ejemplifica perfectamente el conflicto que vivimos en Cataluña. Una Cataluña en la que la única lengua que tiene el máximo reconocimiento institucional o una Cataluña en la que el catalán y el castellano son consideradas como lenguas propias de los catalanes. Ese es el debate y, como decía, es preciso indicar a qué posición se adscriben las diferentes propuestas políticas para que los ciudadanos puedan optar por una u otra con total claridad.

Existe otra cuestión que ha de ser comentada.

El cartel está muy bien dibujado y los colores y la composición están cuidados. El grupo de niños que aparecen bajo el paraguas está bien estructurado en lo que parecen cuatro columnas (una simbología que probablemente no es casual). Resulta, además, significativo que los niños que se vinculan a los respectivos idiomas no respondan -excepto uno, como veremos- a ningún estereotipo: color de la tez o del pelo, rasgos faciales... se alejan de los tópicos que pudiera haber en relación a los idiomas; lo que es, como digo, digno de elogio. Personalmente rechazo tópicos y estereotipos en estos temas y prefiero siempre insistir en que en la actualidad el mestizaje es cada vez más profundo a todos los niveles; lo que valoro de una forma muy positiva.

La estructura del dibujo parte de tres bloques de niños. En la parte izquierda y derecha hay tres (parte izquierda) y cuatro (parte derecha) niños a los que se les atribuye un idioma o símbolo. Cada grupo forma una especie de columna. En el centro hay otros ocho niños en dos columnas. En la parte baja hay tres niños más pequeños y con ellos otros cinco, que están aguantando el paraguas en el que se lee la palabra "català".

Antes decía que solamente había apreciado una excepción en lo que se refiere a la no correspondencia entre los rasgos físicos tópicos y los idiomas. El niño que se sitúa en la parte de abajo a la derecha y al que parece vincularse un carácter chino tiene rasgos que se relacionan con el estereotipo asiático. A su lado se encuentra una niña de tez oscura y que va en una silla de ruedas. A ésta a quien se atribuye la "ñ" que se identifica de manera inequívoca con la lengua española.

No hay nada de especial en que en el dibujo aparezcan personas con discapacidad. Al revés, lo considero también un acierto. Ahora bien, en este caso que coincida precisamente con la niña que se conecta con la lengua española me parece que no ha sido una buena idea.

Y no lo es, porque no podemos perder de vista que este cartel se inserta en una campaña más amplia en la que la Generalitat de oposición al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece la necesidad de que un mínimo de un 25% de la docencia se imparta en castellano en todos los centros educativos de Cataluña. En el marco de esta campaña se ha planteado que las aulas con alumnos que hayan solicitado la enseñanza bilingüe se refuercen con profesores adicionales, dado que la necesidad de dar satisfacción a la petición de la enseñanza en catalán y en castellano se ve como un problema y se pretende afrontarla con las herramientas que se utilizan para atender la diversidad en las aulas. El vídeo que comparto a continuación es muy claro a este respecto.

Como puede apreciarse, la enseñanza bilingüe se presenta de forma explícita como un "mal" al que hay que buscar soluciones, y la vinculación entre la presencia de dos profesores en las aulas en las que la enseñanza se tenga que realizar en parte en castellano se conecta con las técnicas que se utilizan para atender la diversidad. La vinculación entre enseñanza no exclusivamente en catalán y la existencia de algún tipo de problema es clara. Es por esto que la coincidencia que se da en el cartel que comento entre el niño que se conecta con el idioma español y la presencia de algún tipo de discapacidad es especialmente torpe ya que podría ser interpretada como una forma de traer al cartel esta vinculación entre petición de la enseñanza en español y en catalán y existencia de un problema; una vinculación que desde siempre ha intentado el nacionalismo, que pretende que quien se aparta de la dogmática catalanista sufre algún tipo de carencia.

No hago un juicio sobre cuál era la intención del diseñador a la hora de componer el cartel; pero con intención o sin ella esta opción a la hora de representar los distintos idiomas que figuran en el mismo no hace más que profundizar en el carácter marcadamente sectario de un cartel que, como he intentado explicar da voz a un planteamiento político que no solamente choca con la realidad de Cataluña, sino también con la legalidad. Un cartel que pretende ser distribuido en todos los colegios y que, por tanto, pasará a ser parte del material que verán nuestros hijos en el entorno escolar.

No me extraña que ya haya iniciativas orientadas a impedir que con dinero de todos se apoyen planteamientos no solamente partidistas, sino contrarios a la ley y a los derechos lingüísticos de los ciudadanos, incluidos los menores.

Confío en que estas iniciativas den sus frutos. Estamos hartos del supremacismo nacionalista.

Hartos.

Si todo pasara en un año... o en una vida

Último día del año... cuando era niño esperaba al 31 de diciembre para rememorar toda la historia de la Tierra. En algún momento había leído uno de esos artículos en los que explicaba que si el Sistema Solar hubiera nacido el 1 de enero y toda su vida se concentrara en un solo año, los seres humanos apareceríamos el 31 de diciembre ya por la tarde, que nuestra especie no surgiría hasta que faltara media hora para acabar el año y que acontecimientos como en nacimiento de Jesucristo o el descubrimiento de América no se producirían más que unos pocos segundos antes las campanadas (hay que pensar que a esta escala cada segundo es más de un siglo).

El paso del tiempo es otro misterio, y las diferentes magnitudes en que se desenvuelve provocan vértigo. Hace poco le daba vueltas a la cantidad mínima de tiempo, el intervalo de Planck, que es el tiempo en el que un fotón, viajando a la velocidad de la luz, atraviesa una distancia igual a la longitud de Planck (la longitud de Planck es del orden de 10 elevado a -35 metros). Ese tiempo es del orden de 10 elevado a -44 segundos. Es decir, si ese tiempo de Planck fuera una décima de segundo (quizás el intervalo más corto que podemos aún apreciar en nuestra experiencia), un segundo serían... 10 elevado a 43 segundos. Para hacerse una idea, centenares de billones de billones de veces la edad de nuestro Universo. Completamente inimaginable; tan solo podemos intuir que en el Universo ocurren fenómenos que no podemos siquiera concebir a escalas que son completamente diferentes de las que manejamos nosotros.

El tiempo de Planck y lo que implica está creo que definitivamente fuera de las posibilidades que nos ofrece cualquier escala; pero en lo que se refiere a la vida de nuestro Sistema Solar quizás sí es posible intentar hacerse una idea mediante una escala; pero para eso no me quedaré con la que reduce la historia hasta el presente de nuestra estrella a un solo año. Prefiero otra en la que la vida de nuestro sol ocupa 80 años, más o menos como la vida media de una persona.

Esos 80 años han de representas 12.000 millones de años, que es, más o menos, la vida que se supone que tendrá nuestra estrella. En esta escala, por tanto, cada año son 150 millones de años. Cada día, por tanto, unos 400.000 años; cada hora, unos 17.000 años; cada segundo, casi 5 años.

En esa escala el Sol tendría ahora unos 30 años, podemos imaginarnos que mañana, 1 de enero de 2022, cumpliría 31 (nacido el 1 de enero de 1991, por tanto), y aún le quedarían casi otros 50 de vida.

Ahora bien, no en todos ellos la Tierra sería habitable. Lo veremos enseguida; pero antes veamos a esa escala algunos acontecimientos de nuestro pasado.

La vida en la Tierra habría aparecido pronto, hace aproximadamente 4000 millones de años, cuando el Sistema Solar tenía tan solo 3 años, hacia 1994. Sería, sin embargo, una vida sencilla hasta hace relativamente poco. Solamente hace unos 1000 millones de años; o sea, en nuestra escala hace tan solo 7 años, en 2014 aparecerían los primeros organismos pluricelulares. La explosión cámbrica no se daría hasta hace 500 millones de años; esto es, en el años 2017. Los dinosaurios aparecieron hace unos 250 millones de años (en abril de 2020) y se extinguieron (excepto las aves) hace 65 millones de años; es decir, a mediados de julio de 2021.

Los primeros seres humanos (Lucy y los australopitecos) son de hace unos 4 millones de años; o sea, ya de diciembre, y nuestra propia especie, el homo sapiens, habría surgido en África hace 200.000 años; esto es, el 31 de diciembre al mediodía. Tan solo hace 40.000 años (hacia las nueve de la noche), habríamos emigrado fuera de África, las pinturas de Altamira habrían sido realizadas un poco después de las 11 de la noche del 31 de diciembre, el nacimiento de Cristo se habría producido a las 23.53, la llegada de Colón a América después de las 23.58 y la Revolución Francesa ya en el último minuto del año. La Constitución de 1978 habría sido promulgada 8 segundos antes de acabara el año. Y si no nos detenemos aquí, cuando nos levantemos el 1 de enero ya estaremos más de 100.000 años en el futuro. Los madrugadores que se despierten, incluso el primer día del año, a las siete de la mañana estarán en el año 119.000. Quienes esperen hasta las diez ya saldrán de la cama en el 170.000. Para Reyes habrán pasado dos millones de años  y en junio estaremos 65 millones de años en el futuro; el mismo tiempo que ha transcurrido desde la extinción de los dinosaurios. ¿Existirá nuestra especie entonces? ¿Quién lo puede saber?; si así fuera estaríamos viviendo ahora un momento realmente excepcional, pues nos encontraríamos en los primeros 200.000 años de una historia que se extendería por millones más. Esto es, ahora sería el primer 0,4% de la historia de nuestra especie; el equivalente a los dinosaurios que vivieron hace 250 millones de años y que no sospechaban que a su especie aún le quedaban otros 190 millones de años de vida.

Aparte de lo anterior, lo cierto es que la historia que conocemos, desde el Paleolítico hasta la actualidad ocupa un brevísimo espacio en la vida del Sistema Solar; una hora en 30 años; y dentro de esa hora, la historia documentada ocuparía apenas 15 minutos. Ahora, como veíamos, podemos soñar que estamos viviendo un momento excepcional, el del nacimiento de una era humana que se extenderá por millones de años en el futuro (varios años en nuestra escala); pero démonos cuenta que en la historia de la Tierra nuestra especie apenas ha ocupado una fracción mínima de su tiempo (un 0,1% si contamos todas las especies humanas, un 0,005% si contamos nuestra propia especie; y poco más de un 0,0001% si contamos la historia escrita). No existen indicios que nos lleven a pensar que el conjunto de  nuestra historia como especie alcance una magnitud diferente. Siempre estaríamos hablando de unas pocas horas, días a lo sumo. Ahora bien, también es justo reconocer que lo anterior es una especulación, porque no hay manera de saber cuánto se extenderá en el tiempo la presencia de nuestra especie en la Tierra; aunque con el límite que se deriva de la propia finitud de la Tierra, que dejará de ser habitable, como mucho en mil millones de años.

En nuestra escala 1000 millones de años son 6 años; esto es, cuando el Sol tenga 37 años y aún no haya alcanzado la mitad de su vida la Tierra dejará de ser un planeta habitable. Nuestra huella en la Tierra desaparecerá irremediablemente.

De todas formas, el calentamiento del Sol, que llevará a que la Tierra deje de ser habitable, puede hacer que otros planetas que ahora no lo son cambien radicalmente. Quienes existan entonces, en ese futuro lejano (si, cambiando de imagen, suponemos que un año es un milímetro, las pirámides de Egipto están a cuatro metros tras nosotros, mientras que ese futuro en el que la Tierra dejará de ser habitable por el aumento de la energía que emite el Sol sucederá mil kilómetros por delante de nosotros. En esta escala, una vida humana son menos de diez centímetros) podrían, quizás asentarse en Marte o en alguna de las lunas de Júpiter. A medida que pasen los años y el Sol aumente de tamaño tendrían que ir desplazándose a planetas cada vez más externos al Sistema Solar. Cuando el Sol se convierta en una estrella del tipo gigante roja, con un diámetro que llegará a la órbita actual de la Tierra, tan solo los objetos situados más allá de Neptuno pueden tener posibilidades de albergar vida semejante a la nuestra. Eso sucederá en más de 7000 millones de años; esto es, en nuestra escala, dentro de más de 45 años, hacia el año 2067, cuando ya le quede muy poco tiempo al Sol para vivir, apenas unos pocos años.

Hacia el año 2071 (en nuestra escala) el Sol moriría, convirtiéndose en una enana blanca y haciendo que el Sistema Solar colapse.

El Universo existía antes que el Sol (en nuestra escala el Universo habría nacido en 1930, más de 60 años antes que el Sol) y puede extenderse hacia el futuro sin que sepamos cuál podría ser su límite. En medio de esos años, más de un siglo, nuestra especie habría ocupado tan solo un día, un día entre decenas de miles; y la mayor parte de ese tiempo correspondería a los miles de años que precedieron a la historia escrita. Todo aquello que conocemos a través de crónicas, literatura, mitos o historias quedaría reducido a unos minutos en medio de varios siglos.

El tiempo nos rodea como un desierto rodea a un oasis.

La necesaria denuncia por parte de España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias

I. Introducción

Me voy a ocupar aquí de un tema que tiene una cierta complejidad; pero que resulta de ineludible consideración para entender el régimen lingüístico en el sistema educativo de aquellas comunidades autónomas en que haya más de una lengua oficial. Se trata de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, un texto del año 1992, elaborado en el marco del Consejo de Europa, y que España ratificó en 2001.

II. La doctrina constitucional sobre presencia de las lenguas oficiales en el sistema educativo

Se trata de un texto que tendremos que poner en relación con la doctrina constitucional en materia de presencia de las lenguas oficiales en el sistema educativo y, tal como veremos, existe alguna contradicción entre esa doctrina constitucional y la mencionada Carta tal como ha sido ratificada por España.

En otras entradas me he ocupado de las exigencias constitucionales en lo que se refiere a la presencia del castellano y resto de lenguas oficiales en España en el sistema educativo. Quizás la más completa es ésta, "Confusión y mentiras sobre la lengua en las escuelas de Cataluña". Pueden encontrarse más en la sección que dedico a la escuela en Cataluña en mi blog sobre derecho, literatura y política.

También he tratado este tema en tres entradas relativamente recientes en el blog de "Hay Derecho":

- ¿De qué hablamos cuando hablamos de lengua vehicular en la escuela?, de 10 de noviembre de 2020.

- Vehiculariedad del castellano en la escuela catalana y proyectos lingüísticos, del 11 de noviembre de 2021.

- Vehiculariedad del castellano en la escuela catalana y desobediencia, del 25 de noviembre de 2021.

En estas entradas explicaba que el Tribunal Constitucional ha establecido que la oficialidad de una lengua implica que ha de ser lengua de aprendizaje en el sistema educativo. Es decir, no basta con que las lenguas oficiales en cada comunidad autónoma (el español y las que la comunidad autónoma pueda establecer como oficiales en su territorio) sean enseñadas hasta garantizar que todos los alumnos las dominan al acabar los estudios obligatorios; sino que, además, han de ser utilizadas para la enseñanza de otras materias.

Cada comunidad autónoma puede decidir cómo cumple con esta obligación, existiendo dos posibilidades: una es que se ofrezcan diferentes modelos de escuela, de tal manera que en unos la lengua de aprendizaje sea el español y en otros la lengua cooficial, pudiendo las familias elegir a cuál de ellos envían a sus hijos y siempre con la obligación de que en cada uno de los modelos haya suficientes horas de enseñanza DE la otra lengua cooficial que permitan que esta se domine al final de los estudios. Pongo en mayúsculas el "DE" para resaltar la importancia que tiene aquí distinguir entre dar clases DE una lengua y enseñar EN una lengua. La exigencia constitucional es, como hemos visto, que se den clases EN todas las lenguas oficiales.

Una de las formas de cumplir con esa exigencia constitucional es, como se acaba de decir, dejar que las familias escojan a qué escuela van. La otra manera es ofrecer un sistema único para todas las familias, sin que haya libertad de elección de lengua vehicular, pero en este caso ese sistema único ha de tener como lenguas de aprendizaje las dos lenguas oficiales. Simplifico a dos lenguas, aunque soy consciente de que puede haber más de una lengua cooficial porque no quiero ahora complicar el tema añadiendo los problemas que plantea esta pluralidad de lenguas cooficiales; que existen y que no son desdeñables; pero que habrá que tratar en otra ocasión. Es por eso que aquí me limitaré a considerar supuestos en los que el castellano convive en la comunidad autónoma con otra lengua cooficial.

La mayoría de las Comunidades Autónomas han optado por el segundo sistema, un sistema en el que, como se acaba de indicar, ambas lenguas cooficiales han de ser lenguas de aprendizaje. Como es sabido, Cataluña plantea un problema específico, porque las autoridades regionales se niegan a cumplir con esta obligación constitucional y pretenden mantener un sistema en el que la única lengua vehicular es el catalán. Esta pretensión es ilegal y contraria a las decisiones de los tribunales, quienes han establecido que una lengua oficial no puede recibir el tratamiento de una lengua extranjera, y han fijado en un 25% el porcentaje de docencia mínimo que ha de recibirse en la lengua oficial para cumplir con esta obligación. De esta manera, en ningún caso puede ninguna de las lenguas oficiales estar presente en menos de un 25% en el sistema educativo, correspondiendo a la comunidad autónoma (o al estado, pero no me meteré ahora tampoco en este problema, que tiene también su enjundia) fijar cómo distribuye el 50% de la docencia que no queda comprometido por la necesidad de garantizar una presencia mínima a cada una de las lenguas oficiales.

III. Las exigencias derivadas de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias

Hasta aquí lo que se deriva de la doctrina constitucional sobre oficialidad de las lenguas. Ahora tenemos que ver cómo incide en esta doctrina la ratificación por España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

La Carta, como se ha adelantado, se elaboró en el marco del Consejo de Europa, que, además, tiene un mecanismo de seguimiento sobre su cumplimiento. Ahora bien, no es obligado que los estados miembros de la organización la suscriban, de hecho, en la actualidad solamente 25 de los 47 estados miembros del Consejo han ratificado la Carta. Entre los firmantes, por ejemplo, no se encuentran ni Francia ni Italia ni Irlanda ni Portugal, por mencionar solamente algunos estados relevantes por su tamaño y población o por el hecho de que en él se hablen varias lenguas que podrían ser consideradas regionales o minoritarias.

El objeto de la Carta es la protección de las lenguas regionales y minoritarias, entendidas como aquellas son habladas tradicionalmente en un territorio dentro de un estado por nacionales de ese estados que constituyen un grupo numéricamente inferior al resto de la población y que son diferentes de las lenguas oficiales del estado. También se protegen las "lenguas sin territorio", definidas como las lenguas habladas por nacionales del Estados que son diferentes de las lenguas empleadas por el resto de la población del estado, pero que, a pesar de emplearse tradicionalmente en el territorio del estado, no pueden circunscribirse a un área geográfica determinada.

En el caso de España, los mecanismos de la Carta irán dirigidos a la protección de las lenguas cooficiales en las diferentes comunidades autónomas; así como el resto de lenguas, diferentes del español, que estén reconocidas en los estatutos de autonomía (caso del asturiano, por ejemplo). Es claro que las disposiciones de la Carta en ningún caso se aplican al español ni los hablantes del español están protegidos o amparados por las disposiciones de la Carta. Más adelante veremos algunas consecuencias de ello.

A partir de lo anterior, la Carta recoge diferentes mecanismos de protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias, con la particularidad de que se ofrecen diferentes alternativas y son los estados que ratifican el texto quienes eligen por cuál de esas modalidades de protección optan. Aquí nos ocuparemos solamente de lo relativo a la enseñanza, pero hay que dejar al menos señalado que también existen medidas respecto a la justicia, las autoridades administrativas, medios de comunicación, actividades y servicios culturales y vida económica y social (arts. 9 a 13 de la Carta).

En lo que se refiere a la enseñanza (art. 8), la Carta ofrece varias posibilidades que, en lo esencial, se resumen en las siguientes:

1ª- Educación EN las lenguas regionales o minoritarias.

2ª- Educación en la que una parte substancial se haga EN las lenguas regionales o minoritarias.

3ª- Ofrecer alguna de las medidas anteriores a los alumnos cuyas familias lo deseen y cuyo número se consideren suficientes.

La primera opción supone que la enseñanza se realiza íntegramente en la lengua regional o minoritaria; la segunda que una parte substancial de la educación (en torno al 50%) se ofrece en la lengua regional o minoritaria y la tercera opción que junto a una enseñanza en la lengua oficial de todo el estado, se da la posibilidad a las familias que lo deseen de solicitar una educación en la lengua regional o minoritaria (en su totalidad o en una parte substancial), y siempre que haya un número suficiente de familias que lo soliciten.

De las tres opciones, la que mejor se adecua a nuestro modelo constitucional es la segunda, en la que se garantiza una educación en la que una parte substancial se realiza en la lengua regional o minoritaria; ahora bien, cuando España ratificó la Carta no optó por esta segunda opción, sino por la primera para todos los niveles de enseñanza excepto la enseñanza universitaria [apartado e)].

Así pues, España está obligada, en virtud de los compromisos asumidos al ratificar la Carta Europea sobre las Lenguas Regionales o Minoritarias, a ofrecer enseñanza preescolar, primaria y secundaria EN las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Una enseñanza en la que el 75% de la docencia se imparte en la lengua regional y el otro 25% en español no cumple con las exigencias que se corresponden con la primera de las posibilidades que ofrece la Carta.

Esto, obviamente, plantea un problema. Ahora mismo ha de ejecutarse una sentencia que impone la necesidad de que todos los alumnos de Cataluña reciban una enseñanza en la que al menos el 25% de la docencia se imparta en castellano. Dado que el sistema vigente en Cataluña no es el de elección de lengua, sino un sistema único; prohibiéndose, además, la separación de los alumnos en razón de su lengua habitual (art. 35.3 del estatuto de autonomía de Cataluña) no hay forma de dar satisfacción simultáneamente a las exigencias constitucionales de presencia del castellano en la enseñanza, a las obligaciones contraídas sobre la base de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias manteniendo un sistema en el que no es posible elegir por las familias la lengua vehicular en el aprendizaje.

IV. ¿Qué opciones tenemos?

Ante esto, ¿qué opciones se abren?

Si queremos mantener a España dentro del sistema de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias no queda más opción que ofrecer en Cataluña un sistema de elección de lengua. Ahora bien, dado que la Carta solamente protege las lenguas regionales y que, por tanto, de ningún texto internacional vigente en España se deriva que deba garantizarse la escolarización íntegra en la lengua materna o en la lengua oficial del estado, resultaría que debería necesariamente ofrecerse una línea de enseñanza exclusivamente en catalán para quien lo deseara. El contenido de la otra línea educativa no viene condicionado por el contenido de la Carta Europea; pero deberá ajustarse a las exigencias constitucionales, y éstas, como hemos visto, son de que cuando solamente hay un modelo educativo, ambas lenguas oficiales han de estar presentes como lenguas de aprendizaje; con un mínimo de un 25% para cada una de ellas tal como han establecido los tribunales ordinarios. Ahora bien, cuando hay dos líneas y una de ellas es en una de las lenguas oficiales, ha de darse la posibilidad de que las familias elijan en igualdad de condiciones la educación en una u otra lengua (STC 137/1986, de 6 de noviembre).

De acuerdo con esto, por tanto, resultaría constitucionalmente obligado que si se ofrece una enseñanza exclusivamente en catalán, debería ofrecerse también una enseñanza exclusivamente en castellano. Obviamente, incluyendo en cada uno de los modelos enseñanza DE la otra lengua oficial que permita que al concluir los estudios se domine. La existencia de esta línea en castellano no sería, sin embargo, consecuencia de la aplicación de la Carta, pues, como se acaba de indicar, ésta no se ocupa de las lenguas que no sean regionales y minoritarias, más allá de algunas indicaciones sobre las que volveremos enseguida. Esta línea es español sería una consecuencia de la exigencia constitucional de que si se ofrece enseñanza en una de las lenguas oficiales ha de ofrecerse igualmente en la otra.

Volveremos enseguida sobre esto; pero antes ha de aclararse que lo que la Carta de Lenguas Regionales o Minoritarias impone no llega al punto de hacer obligatorio que aquellos que no lo desean sean escolarizados obligatoriamente en la lengua regional. El texto de la Carta nos ofrece una pista sobre la voluntariedad del aprendizaje de la lengua regional para quienes no sean sus hablantes en el artículo 7.1, donde se indica que los objetivos y principios que seguirán incluyen "la provisión de medios que permitan aprender una lengua regional o minoritaria a los no hablantes que residan en el área en que se emplea dicha lengua, si así lo desean" (cursiva añadida); y esta idea se confirma en los comentarios a la Carta y en los informes de los comités de expertos que se enmarcan en el mecanismo de seguimiento del cumplimiento de la Carta, tal como veremos a continuación.

Así, en lo que se refiere a los comentarios, en el de J.-M. Woehrling (La Charte Européenne des langues regionales ou minoritaires, Editions du Conseil de l'Europe, 2005, p. 149) se indica que la educación en la lengua regional o minoritaria no excluye excepciones para los padres que así lo piden. Por lo que respecta a los comentarios del Comité de Expertos, estos han indicado que la obligación es la de poner a disposición de las familias la educación en la lengua regional, pero no imponen su extensión a todos los alumnos, incluso aunque no lo deseen. En este sentido es especialmente claro el Informe en relación a España del segundo ciclo de supervisión [ECMLR(2008) 5, de 11 de diciembre de 2008, donde se indica literalmente que: "La Carta no exige la educación obligatoria en valenciano para todos los alumnos, sino sólo para aquéllos cuyos padres así lo deseen" (p. 108).

De esta forma, tal como se ha adelantado, la única forma de compatibilizar las exigencias constitucionales con las propias de la Carta es ofrecer la posibilidad de que los alumnos cuyos padres así lo deseen reciban enseñanza únicamente en la lengua cooficial, ofreciendo también la posibilidad de enseñanza en castellano. Lógicamente, ni la Carta ni la Constitución impiden que junto a estos dos modelos exista otro en el que la enseñanza se imparte en castellano y en la lengua cooficial en la proporción que se considere oportuna. Aquí ya no operaría el límite mínimo del 25%, ya que la existencia de líneas en las que la única lengua vehicular sería la cooficial o el español haría innecesario que en esa línea "mixta" fuera constitucionalmente obligado cualquier porcentaje determinado. Eso sí, debería existir igualdad de oportunidades para las familias a la hora de elegir el modelo lingüístico que desearan.

Creo que la consideración conjunta de la Carta Europea y de las exigencias constitucionales no nos permite llegar a otro resultado. Y, de hecho, en los medios nacionalistas, tras conocerse la firmeza de la sentencia que impone con carácter general un mínimo de un 25% de castellano en la educación ya ha comenzado a plantearse esta posibilidad (aquí y aquí).

Los artículos anteriores ofrecen pistas interesantes sobre este tema, y destaco sobre todo el de Albert Branchadell, quien tiene conocimiento de primera mano sobre el tema, ya que es el representante español en el Comité de Expertos que hace el seguimiento del cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

Resulta, sin embargo, curioso, que los mismos nacionalistas que en Cataluña siempre han rechazado la separación de niños cuando el sistema era de enseñanza monolingüe en catalán comiencen a ver esta separación como una alternativa cuando es obligado que una de cada cuatro horas de docencia se imparta en castellano. Creo que debería hacernos reflexionar esta negativa a que ¡un 25%! de la docencia se imparta en español, incluso cuando sigue manteniéndose que el otro 75% se imparta en catalán. Ahora bien, no me detendré aquí en esta reflexión porque lo que me interesa ahora tan solo es destacar que, ciertamente, una aplicación conjunta de la Constitución y de la Carta Europea, de acuerdo con los compromisos asumidos por España cuando la ratificó, nos lleva inevitablemente al desdoblamiento del sistema educativo y a cambios sustanciales en el mismo. En principio, no solo en Cataluña, sino en toda España, porque lo que se ha explicado hasta ahora es predicable de todas las comunidades autónomas con lengua cooficial y, probablemente, extensible también a aquellas otras comunidades en que se pudiera establecer otra lengua como cooficial junto con el castellano, un debate que ahora mismo, por ejemplo, está abierto en Asturias.

V. La necesaria denuncia de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias

Mi impresión es que una transformación de este calado de nuestro modelo educativo plantea problemas de muy diversa índole. Desde el coste del desdoblamiento de la red escolar, hasta la dificultad de hacerlo en lugares poco poblados y el establecimiento de una división que no se acompasa con el discurso que ha sido mayoritario en España en las últimas décadas. En este sentido, un único modelo en el que estén presentes las dos lenguas oficiales parece mucho más razonable. Ahora bien, como se ha intentado explicar, dicho modelo no es compatible con el cumplimiento de las obligaciones que asumió España al ratificar la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias.

Ante esta situación creo que lo más razonable es que España denuncie la Carta Europea, tal como se prevé en su art. 22.

Ya hemos dicho que no pocos estados miembros del Consejo de Europa no están vinculados por la Carta, por lo que la situación de España, en caso de retirarse de la Carta, no sería una rareza. Ahora bien, esta renuncia podría ser tan solo temporal, pudiendo volver a ratificarla, pero con otra modalidad de cumplimiento que se adapte mejor a las exigencias constitucionales derivadas de la oficialidad del castellano en toda España.

La discusión sobre estos extremos tendría la virtualidad de que se examinara con rigor el planteamiento de la Carta y de su filosofía. Ciertamente, es loable el propósito de mantener y proteger las lenguas regionales o minoritarias; pero esta protección no debería suponer nunca el sacrificio de los derechos lingüísticos de los hablantes de las lenguas que no son regionales y minoritarias y que, como hemos visto en el caso de Cataluña, pueden verse conculcados por una aplicación rigorista de algunos de los extremos de la mencionada Carta. Quizás fuera deseable que en la Carta se hiciera expreso con mayor claridad que lo previsto en ella no podrá ser utilizado nunca para esta privación de derechos lingüísticos a los hablantes de lenguas no minoritarias y esta ausencia podría aconsejar mantener a España fuera de la Carta, al igual que están fuera otros países europeos muy cercanos a nosotros.

Ahora bien, también puede retomarse la participación de España en dicho instrumento, pero siempre en una forma tal que sea perfectamente compatible con la doctrina constitucional sobre oficialidad de las lenguas.

Creo que es un debate que debe ser abordado.

Comunicados que son claudicaciones

El equipo de gobierno de la UAB no suele decepcionar. En este caso -me refiero al comunicado emitido el 9 de diciembre pasado- tampoco lo ha hecho; pese a que estábamos ante una ocasión en la que era relativamente fácil que sucediera, ya que las circunstancias parecían conducir inexorablemente a un comportamiento sensato que pudiera ser elogiado sin reservas. Como veremos, sin embargo, y en una contorsión difícil de empeorar, ha conseguido que otra vez sintamos cierta vergüenza ajena y sigan aumentando los motivos que ya teníamos para preocuparnos por el gobierno de nuestra Universidad.

Veamos lo sucedido.

Todo empezó el 6 de octubre. Aquel día, como ya tuve ocasión de relatar, una carpa de la organización juvenil "S'ha Acabat!" fue atacada en el campus de Bellatera, en la que se denomina, con curiosa incoherencia, "Plaza Cívica".

Pese al acoso y al ataque, los Mossos d'Esquadra no intervinieron. No resulta claro si esa no intervención fue consecuencia de la falta de solicitud por parte del equipo rectoral o de órdenes de los mandos de los Mossos. Lo que sí puede asegurarse es que esa intervención no fue consecuencia de que los estudiantes no la pidieran, habiéndose requerido incluso su auxilio al Conseller por parte de varios diputados que, estando en el Pleno del Parlament, tuvieron noticia de lo que estaba sucediendo en la UAB. Todo en vano. La policía no apareció y el acoso a los estudiantes se prolongó por horas.

Tras ese incidente, el equipo de gobierno de la UAB emitió un deleznable comunicado ampliamente criticado por pretender ser equidistante entre los agresores y los agredidos. No insistiré, sin embargo, en este punto porque para juzgar el comunicado del 9 de diciembre no precisamos saber más en relación a los hechos del 6 de octubre.

El 25 de noviembre los jóvenes de "S'ha Acabat!" organizaron otro acto en la UAB. Alabo su perseverancia, que me parece muy sana; porque no habría mensaje peor que el de que el acoso y la violencia tienen premio; que se tolera que determinadas personas u opiniones están excluidas del espacio público y que debemos plegarnos a aquellos que creen que mediante la fuerza pueden limitar la libertad de expresión de otros. Varios políticos confirmaron su asistencia al acto; lo que creo que también hay que agradecer, porque el mensaje que se quería transmitir era el de la libertad de expresión y de opinión es sagrada en democracia y que debemos luchar contra toda limitación que quieran imponernos a nuestro derecho de opinar, reunirnos y expresarnos.

En esta ocasión sí había una dotación suficiente de los Mossos d'Esquadra como para impedir que los violentos boicoteasen el acto de S'ha Acabat!. La policía formó un cordón que impidió que los encapuchados llegaran a la puerta del acto. Aún así, y tras haber concluido éste, lanzaron objetos a la policía que, finalmente, cargó para dispersarlos.

En esta ocasión, el equipo de gobierno de la UAB no emitió ningún comunicado. Del mal el menos, sin duda; porque el hecho de que se intentará impedir el acto de S'ha Acabat! y que se produjera el enfrentamiento con la policía que acabó en las cargas que se dieron quizás merecería algún reproche por parte del equipo de gobierno de la universidad; pero viendo los antecedentes, quizás el comunicado, de haber salido, hubiera sido más bien para recriminar a los boicoteados su presencia acusándoles de instrumentalizar políticamente el campus; así que, como digo, del mal el menos. La ausencia de comunicado podría ser vista como un progreso. A este punto hemos llegado.

Unos días más tarde, el 8 de diciembre, se produce un hecho que debe ser condenado sin paliativos. Un grupo denominado "Acció per la Independencia" reivindicó la realización de varias pintadas intimidatorias en el domicilio particular del rector de la UAB.

A través de su cuenta de twitter, este grupo difundió las fotos y, además, un comunicado en el que amenazaba no solamente al rector sino también a los integrantes de "S'ha Acabat!". El motivo de estas pintadas y amenazas era haber organizado el acto del 25 de noviembre ("S'ha Acabat!"), haberlo permitido y haber autorizado la intervención de los Mossos (el rector).

Llama la atención que cuando escribo esto (11 de diciembre) aún sigue en twitter no solamente la cuenta de este grupo, sino también el tweet en el que se vierten las serias amenazas que pueden verse en la imagen anterior.

Creo que o algo estamos haciendo mal o alguien no está cumpliendo con su trabajo cuando en una red social sigue ahí un mensaje que, como puede comprobar cualquiera, es una amenaza en toda regla; pero no me quiero ahora detener en esto.

A lo que voy es que, lógicamente, esta acción execrable fue condenada de inmediato; también por S'ha Acabat!, quien mostró su solidaridad con el rector de la UAB, Javier Lafuente

Ante esta situación, el equipo de gobierno de la UAB tenía varias opciones. La más sencilla era no hacer ningún comunicado. Al fin y al cabo, como he explicado, tampoco lo habían hecho el 25 de noviembre y existen otros antecedentes de situaciones en las que se habían producido ataques graves en el campus universitario sin que el equipo de gobierno se hubiera pronunciado. En este caso, siendo, además, el directamente afectado el rector; no solamente miembro, sino la cabeza de dicho equipo de gobierno, bien podría excusarse la emisión de un comunicado. Quizás hubiera sido lo más sensato.

Pero dejaron pasar esta oportunidad de callar y emitieron el siguiente comunicado:

El comunicado es realmente lamentable y creo, que así debe ser señalado, porque -a mi juicio- compromete la dignidad ya no del equipo de gobierno, sino de la propia universidad.

Por supuesto, nada que objetar al primer párrafo del comunicado. La repulsa a las pintadas y a las amenazas es compartida por todos y no puede ponerse un pero a su denuncia también por el propio amenazado y sus compañeros del equipo de gobierno.

Pero a partir del segundo párrafo la cosa ya cambia radicalmente.

No olvidemos que estamos ante unas amenazas, que además no van dirigidas solamente al rector, sino también a los integrantes de una asociación juvenil y que pretende intimidar a los miembros de esa organización y las autoridades académicas con el fin de que se limite la actuación de "S'ha Acabat!" en la UAB.

Ante esto, a mi juicio, lo único que cabe decir es que se denunciará a la policía, a la fiscalía o a los tribunales toda amenaza y toda coacción, que se rechaza cualquier intento de condicionar por medios violentos los actos que pueden realizarse en el campus y que se reitera el compromiso del equipo de gobierno en la garantía de la libertad de expresión de todos los integrantes de la comunidad universitaria.

En vez de esto, el comunicado, en el segundo párrafo del mismo se dedica a explicar que el rector no tenía capacidad para impedir el acto porque la entidad convocante estaba inscrita en el registro de entidades de la universidad ya que cumplía con los requisitos necesarios para este registro.

¿Estamos dando explicaciones a los que amenazan? ¿Les estamos justificando que tenemos las manos atadas y que no hay forma de impedir que S'ha Acabat! organice actos en el campus? La verdad es que este segundo párrafo del comunicado parece que va en este sentido.

El tercer párrafo insiste en estas explicaciones. Recordemos que, de acuerdo con el comunicado de "Acció per la Independència", las pintadas son consecuencia no solo de haber permitido la realización del acto de "S'ha Acabat!" (párrafo segundo) sino por la presencia de los Mossos d'Esquadra en el campus y por las cargas realizadas por estos. El tercer párrafo del comunicado se dedica a este punto, para explicar que el rector no tiene que autorizar la entrada en el campus de las fuerzas de seguridad. Esto es, en este tercer párrafo parece querer quitarle de encima al rector y al equipo de gobierno la responsabilidad por las cargas. Más o menos viene a decir que las pintadas se dirigen a la persona equivocada, porque él no tiene ninguna responsabilidad en la actuación de los Mossos.

Sea o no sea verdad lo anterior (que daría para mucho, yo mismo he sido testigo en alguna ocasión de cómo los Mossos d'Esquadra se negaban a actuar en el campus con el argumento de que el rector -rectora en aquel momento- no les había llamado); lo cierto es que introducir esto en un comunicado de respuesta a unas pintadas y a un comunicado amenazante tiene toda la pinta de eso, de respuesta en sentido literal a los miserables que han llegado al domicilio particular del rector y que amenazan con más acciones contra el rector y contra S'ha Acabat! Y entrar en diálogo con gente como la que se esconde detrás de la marca "Acció per la Independencia" es una profunda indignidad que, en este caso del equipo de gobierno de la UAB pasa a la propia universidad. Me siento literalmente avergonzado por esta claudicación de quienes representan a mi universidad.

Pero aún hay más, porque todavía queda un cuarto párrafo.

Recordemos, unas pintadas amenazantes por la realización de un acto en el campus universitario. Y en el cuarto párrafo el equipo de gobierno deja ya el tema de las pintadas para denunciar... que el campus es objeto de una confrontación de intereses políticos ajenos a las actividades y funciones propias de la Universidad.

Es decir, se aprovechan las pintadas para cargar... contra quienes fueron objeto de dos boicots y ataques en el campus en el lapso de dos meses. Digo esto porque la tesis del equipo de gobierno de la UAB es que los actos de S'ha Acabat! tienen una connotación política que debería dejarse fuera del ámbito universitario. Ya lo indicaban en el lamentable comunicado tras el ataque a la carpa de la organización juvenil el 6 de octubre y no reiteraré aquí la crítica que entonces hice a ese planteamiento de la UAB; pero me pregunto si cuando se habla de utilización de la universidad para la defensa de intereses políticos que son ajenos a la actividad y funciones propias de la universidad el equipo de gobierno se refiere a cosas como éstas:

Vamos, que cuando la universidad se utiliza, por parte de sus propios órganos de gobierno, como herramienta política, siempre a favor del nacionalismo, es todo legítimo y correcto; pero cuando alguien osa plantear alternativas al nacionalismo en el campus lo que se produce es una "confrontación" en la que acabarán siendo culpables aquellos que son boicoteados, acosados, coaccionados y hasta agredidos.

Sin duda porque lo que hacen es "provocar", como ya tuve que escuchar en más de una ocasión.

Todo conocido, pero reiterarlo incluso en un momento como éste, en el que ha sido atacado el domicilio particular del rector supera incluso las expectativas más pesimistas.

Lo dicho, el equipo de gobierno de mi universidad nunca decepciona, ni siquiera cuando lo tiene más fácil para hacerlo.