La ignominia

Las declaraciones de Illa tras la manifestación de ayer, 8 de octubre, son muy significativas. Es minuto y medio; pero ahí está todo.

En primer lugar, como no podía ser menos, está la mentira. Es difícil que en tan poco tiempo se puedan incluir tantas cosas que no se ajustan a la verdad.

 

1. LA PRIMERA. Se refiere a la manifestación sin mencionar a quien la convocaba, una asociación cívica, Societat Civil Catalana, que él conoce bien, porque estuvo aguantando la pancarta en la manifestación convocada por esta asociación el 8 de octubre de 2017. Illa, sin embargo, no se refiere a ella y se queda en "la derecha" y "la ultraderecha", Feijóo y Abascal; como si fueran estos los convocantes y obviando, por ejemplo, que uno de los dos oradores invitados a intervenir (además del vicepresidente de SCC, Àlex Ramos -por cierto, militante del PSC, desconozco si lo sigue siendo; pero, desde luego, lo era cuando tenía más trato con él, hace unos pocos años-; y de su presidenta, Elda Mata) fuera Francisco Vázquez, socialista, y no de base, sino una figura relevante en el partido "hermano" (ahora ya, hermano pequeño) del PSC, el PSOE. Desde la tribuna también intervino Teresa Freixes, activista antifranquista, discípula de Jordi Solé Tura (seguro que el nombre le suena a Illa) y que no sé si, según el líder del PSC, tendrá que ser calificada de derecha o de extrema derecha; en vez de lo que realmente es: Catedrática de Derecho Constitucional, Catedrática Jean Monnet, europeísta y reconocida como "mujer europea en el año 2004".

 

2. LA SEGUNDA. Illa se refiere a la manifestación como si ésta tuviera por lema el "España se rompe", cuando lo que convocaba a los manifestantes era, ante todo, el rechazo a una posible ley de amnistía que reescribiera lo que sucedió en el año 2017. Los gritos que se coreaban eran, entre otros:

 

- No a la amnistía.

- Amnistía es impunidad.

- No todo vale para gobernar

 

Y si hubiera escuchado el discurso de su compañero Franciso Vázquez hubiera visto que lo que se reivindicaba era la concordia que había surgido de la Constitución y que resultaba incompatible con legitimar a quienes intentaron derogarla y deslegitimar a quienes se opusieron a esa derogación.

No, la manifestación no iba de "España se rompe", iba de lo que Francisco Vázques llamó "perjurio ideológico", que es el que se produce cuando los socialistas dejan el lado de los constitucionalistas para unirse al de los rupturistas.

No, señor Illa, no iba la manifestación de "España se rompe", sino de "hacer Venezuela en España", como resumió el antiguo alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, en su intervención.

3. LA TERCERA. Acusa a los manifestantes (en interesada confusión con Feijóo y Abascal, el PP y Vox, que eran asistentes a la manifestación, no convocantes de la misma) de "ir siempre a la contra", de ser incapaces de construir nada y de ir siempre destruyendo.

¿Se ha leído la convocatoria? ¿Ha escuchado las intervenciones? Ciertamente, si por ir a la contra entendemos apartarse de los dictados que en cada momento ordene Pedro Sánchez, pues entonces habrá que decir que la manifestación encaja en ese planteamiento. Por cierto, como todas las manifestaciones, que se hacen para protestar por algo o pedir algo; pero los que estábamos ayer en el Paseo de Gracia lo hacíamos no por destruir, sino por conservar. Por conservar el marco de convivencia que nos dimos en 1978 y que algunos de los que allí estaban (entre ellos, los oradores invitados) habían contribuido a construir.

Pero es que, además, el lema de la manifestación de ayer podría ser suscrito al 100% por el mismo Illa... de hace cuatro meses, cuando antes de las elecciones el PSC/PSOE sostenía justamente el lema de SCC para el 8 de octubre: ni la amnistía ni un referéndum de autodeterminación caben en la Constitución.

En un tweet se han recogido varias declaraciones de dirigentes socialistas (incluido Illa) en esta línea. No me he parado a contrastarlas; pero no tengo elementos para pensar que no se ajustan a la realidad, porque mi recuerdo personal es el de un rechazo claro de la amnistía y de un referéndum de autodeterminación, por parte de los socialistas hasta hace no mucho.

Defender lo que defendía el mismo Illa hace unas semanas es ir a la contra y sembrar el miedo. Es difícil encontrar un ejemplo más perfecto de cinismo.

Pero lo más preocupante no es la mentira; sino lo que hay tras ella.

Fijémonos en que Illa hace un canto al entendimiento y a la convivencia... a la vez que carga contra las decenas de miles (300.000, según SCC, 50.000 según la Guardia Urbana; seguro que más de medio millón según la ANC si fuera una manifestación independentista) que ayer se manifestaron en Barcelona. ¿Es que el entendimiento, el diálogo y la búsqueda de la convivencia no alcanza a quienes discrepan de la alianza nacionalsocialista (o socialnacionalista, no busquen intenciones ocultas en lo que es simplemente unir en la palabra lo que ya está firmemente unido en los pactos electorales y en las instituciones)?

Parece que no, que los que discrepamos no merecemos esa consideración que en otras ocasiones, desde la izquierda, se ha prodigado hacia "la calle", "la gente" o los manifestantes. ¿Para quién queda eso tan socorrido de que es necesario escuchar a todos y ver las razones de unos y de otros, que tantas veces he oído cuando unos pocos centenares de personas toman una bandera que, por lo que sea, interesa a la izquierda? Obviamente, solo para los afines; porque, al fin y al cabo, la amnistía también va de eso, de aplicar la ley con diferente rasero a unos y a otros. Para los unos, amnistía como premio al delito; para los otros ya no el silencio, sino el insulto como castigo a su oposición al delincuente.

Además, es de una coherencia estremecedora. La hostilidad y el desprecio de Illa se corresponde con lo que implica aquello por lo que protestamos ayer -y por lo que seguiremos protestando-, ya que la amnistía, como se ha repetido, supone legitimar a quienes intentaron derogar la Constitución en Cataluña en 2017 y, a la vez, deslegitima la reacción frente a ese intento de derogación. Hoy mismo, un diputado nacionalista del Parlamento de Cataluña nos recordaba que la amnistía implica pedir perdón. Es decir, nuestros país ha de inclinar la cabeza ante quienes hace seis años quisieron destruirlo.

Y ese pedir perdón, obviamente, deslegitima a quienes entonces mostraron su oposición al golpe contra las instituciones. El propio Illa, que acudió a la manifestación convocada por SCC el 8 de octubre de 2017 estará entre aquellos que deberían, si es coherente con lo que plantea su partido, explicar por qué entonces se opuso a lo que ahora se reconoce como justo. El discurso de Illa de ayer se inserta, como adelantaba, en esa línea de deslegitimación de la reacción al 1-O que se acabará escribiendo en piedra en una ley de amnistía.

Así pues, ese minuto y pico de Illa nos da mucha información. Nos habla con claridad de que la amnistía se inserta en una línea de actuación que tiende a excluir de pactos o acuerdos a la mitad de los españoles; mientras el partido socialista busca acomodar a sus votantes con los de los partidos nacionalistas; de tal manera que el futuro de España estará marcado por los acuerdos entre ellos dando la espalda a lo que planteen (planteemos) quienes no queremos sumarnos a esa alianza.

Aparte de lo anterior, hay otro elemento significativo. Cuando, tras despreciar la manifestación de ayer, nos habla de la convivencia, según él la entiende, va desgranando los nombres de varias Comunidades Autónomas. España somos todos, dice Illa; los que vivimos en Cataluña, los que viven en Andalucía, en el País Vasco...

Me llama la atención porque no habla -como había hecho Francisco Vázque en la manifestación de SCC, de izquierdas y derechas, de Maura y Azaña; sino que habla de territorios. Y esto, como digo, es muy significativo.

Un elemento claro en la alianza socialnacionalista es la apuesta por la confederación de España. Hace unos años, cuando se debatía sobre la presencia del castellano en las aulas catalanas, una ministra del gobierno de Sánchez (no recuerdo si fue Montero o Calvo) dijo algo así como que cada uno debería poder expresarse en las condiciones que establezca su territorio. Aquí "su territorio" es la Comunidad Autónoma, a la que se convierte en marco de referencia para algo tan básico como los límites a la libertad de expresión. La idea sería que España mutara de ser una nación de ciudadanos a convertirse en una confederación de Comunidades Autónomas, en las que el gobierno central debería asumir unas competencias mínimas, que, en su mayoría, deberían ejercerse de acuerdo con las Comunidades Autónomas.

Este planteamiento, a su vez, lleva a que la diversidad dentro de cada Comunidad Autónoma deje de ser relevante. Cataluña sería nacionalista y los nacionalistas deberían poder hacer y deshacer a su gusto; tal y como está sucediendo ahora, llevando a quienes no se adecuan a esa etiqueta (nacionalista y, quizás, podríamos añadir "nacionalista o amigo de los nacionalistas") a la parte oscura de la sociedad. A partir de aquí, resultaría que todo se reduciría a una serie de negociaciones entre Comunidades Autónomas o de las Comunidades Autónomas con el Estado; pero los ciudadanos, en términos generales, tendrían una interrelación directa con su Comunidad Autónoma, y tan solo mediata o indirecta con el conjunto de España.

En ese marco tiene sentido la afirmación de Illa de que España son los que viven en Cataluña, los que viven en Andalucía o los que viven en Galicia. El mensaje es que España no sería más que la suma de las particularidades de cada Comunidad Autónoma. Como digo, es un proceso que es fácil percibir en los últimos años y que podríamos llamar de confederalización de España.

Es un proyecto que a muchos, que vemos el afán uniformador de la Generalitat en Cataluña, nos pone los pelos de punta; porque abandonados por el Estado y en manos de los nacionalistas ya sabemos qué futuro nos espera: una Cataluña cada vez más nacionalista, cada vez más cerrada, cada vez más centrada en el proyecto de ingeniería social que pretende convertir una región extraordinariamente diversa en un territorio férreamente uniformado por el nacionalismo, utilizando para ello la lengua como marcador y termómetro de la "catalanización" de Cataluña.

No sé si lo que acaba de explicar le conviene al PSOE, que puede quedar condenado en varias Comunidades Autónomas a ser permanentemente "el otro"; aunque con la ventaja de que será difícil que en las Comunidades que no estén gobernadas por nacionalistas se de el nivel de sectarismo y exclusión que se vive en éstas. 

Sean cuales sean las ventajas o desventajas que tiene este proyecto confederalizador para el PSOE, sí que somos conscientes de las que implica para el conjunto de España y para los ciudadanos que no compartan ese planteamiento. Para España implica el debilitamiento de su proyecto común y el incremento del riesgo de secesión. Las confederaciones (de facto o de iure) son naturalmente inestables y el dotar de mayores medios y competencias a quienes hacen explícito que quieren usarlas para destruir al Estado; a la vez que éste se repliega de las Comunidades Autónomas es un cóctel explosivo; pero no insistiré aquí en ello porque el tema que nos unía ayer no era éste; sino, como he intentado señalar, el rechazo a lo que sería la legitimación del golpe de Estado y la deslegitimación de quienes se intentaron oponer a ello.

El PSC/PSOE ha elegido bando. La dura reacción de Illa ayer deja poco lugar para la duda; el constitucionalismo es hoy mucho más pequeño sin ese partido; aunque espero que siempre pueda contar con aquellos socialistas que estén dispuestos a dar un paso adelante para no incurrir en el perjurio ideológico del que hablaba ayer Francisco Vázquez.

Por desgracia, los que no den ese paso y decidan quedarse en el bando rupturista, mancillarán su nombre y su historia, tal como decía ayer el que fuera alcalde de La Coruña. Y lo harán por tomar parte en la ignominia, que es el nombre que otra socialista, ayer mismo, le daba a la amnistía en un cariñoso mensaje de apoyo que me transmitía privadamente, que le agradezco y que tomo prestado para dar título a esta entrada.

Illa no será uno de los que vuelvan al constitucionalismo. Ayer nos lo dejó meridianamente claro.

Todos debemos ser igualmente claros.

Lo que vale cada uno de nosotros

Hace ya bastantes años leía una entrevista a Juan Luis Arsuaga en la que éste explicaba que quizás la característica más llamativa de nuestra especie en relación a otros homínidos era nuestra capacidad simbólica. En un momento dado, basta izar una tela de un color determinado para que decenas, centenares o miles de personas se identifiquen con cierto grupo o con un propósito determinado. Creo recordar que añadía que, visto desde afuera, podría considerarse un rasgo patológico; pero que tenía también enormes ventajas evolutivas. A continuación explicaba que quizás nosotros no éramos más inteligentes que los neandertales; pero que teníamos la ventaja frente a ellos de que podíamos formar grupos más grandes a partir, precisamente, de esa capacidad simbólica.

La observación me sorprendió; pero inmediatamente me hizo comprender muchas cosas. Poco después de haberla leído, alguien en redes sociales comentaba que le había pasado una cosa curiosa. Quien comentaba era de Madrid, una persona a la que no le gusta el fútbol, racional y de los que buscan distancia con los sentimientos "primarios". Explicaba que la tele estaba encendida en su casa y que estaban viendo un partido europeo del Getafe. Al pasar no pudo evitar detenerse y al cabo de pocos minutos ya estaba animando al Getafe, lamentándose de una ocasión perdida y achuchando para que marcaran un gol. Como digo, en redes lo comentaba preocupado.

Yo le dije que no había por qué preocuparse. Simplemente, era un "homo sapiens" normal; esto es, con una acendrada capacidad de vincularse a un grupo a través de símbolos simples (una equipación deportiva, un himno; a veces, tan solo un color).

Desde luego, lo anterior no es nada racional; pero obviar que somos así no conduce a ningún lado. Por eso insisto siempre en que los símbolos importan, e importan mucho; y en que hay que desconfiar de quienes nieguen lo anterior porque, como digo, eso es tanto como negar nuestra propia naturaleza.

Aparte de lo anterior, esa capacidad de vinculación simbólica ha sido clave para nuestro desarrollo como especie; que muchas veces se basa en unir el esfuerzo de muchos para un propósito común. Parece ser que esto está ahí desde antes del Neolítico, como prueban las enormes construcciones paleolíticas en lugares como Göbekli Tepe, de más de 11.000 años de antigüedad.

Nada de lo que nos rodea (sociedad, servicios sociales, cultura...) existiría sin esa capacidad de los individuos de sumarse a un grupo o a un proyecto en el que, forzosamente, su aportación será pequeña en comparación con el conjunto; pero, a la vez, imprescindible.

Esto último ha de ser destacado. En la mayoría de las empresas cada uno de los que participan podría pensar que lo que el añade es insignificante; y, sin embargo, aún así, sigue empujando. En ocasiones, se aprecia una desproporción enorme entre el riesgo individual que se asume y lo que cada persona aporta al proyecto común. Piénsese, por ejemplo, en una carga de infantería. Una línea que puede ser de miles de personas. Cada una de ellas arriesga su vida y, sin embargo, sabe que lo que él aporta a la carga es menos de un 0,1% del empuje total. Y aún así, sigue. Muchos seguirán porque temen las consecuencias de abandonar; pero otros, sin duda, lo hacen porque creen que es su deber o, incluso, porque es más la satisfacción de defender aquello que creen que es justo o necesario que el riesgo que asumen personalmente. Los dos libros sobre la Primera Guerra Mundial de Ernst Jünger y Gabriel Chevallier lo ilustran perfectamente.

El anterior es, desde luego, un ejemplo extremo; pero en la vida diaria nos encontramos con casos en los que se nos exige un pequeño sacrificio para un fin que entendemos como valioso. Un pequeño sacrificio que, sin embargo, entendemos que puede ser evitado con el argumento de que lo que nosotros aportamos nada (o casi nada) añade al resultado final.

Cuando hacemos lo anterior no razonamos como homo sapiens, sino -si se me permite la expresión- como neandertales; porque ese exceso de razón es más propio de nuestros primos extintos que de nosotros. Como he dicho, lo que nos caracteriza es la capacidad de hacer cosas que no serían consideradas como racionales desde una perspectiva individual, pero que sí lo son desde un punto de vista colectivo.

Mañana tendremos otra ocasión de mostrarlo. Una mañana de domingo que se podría dedicar a muchas cosas; pero que muchos emplearemos en un propósito colectivo: manifestarnos para mostrar nuestro rechazo a la entrega del Estado de Derecho, de la justicia, de la igualdad y de la democracia a los nacionalistas. A manifestarnos para intentar construir una oposición sólida, en la sociedad y en la política, a la deriva antidemocrática en la que estamos entrando.

Habrá quien, estando de acuerdo con lo que se pide en la manifestación, piense que su ausencia no hará cambiar el resultado final.

Sí que lo cambiará, porque todos somos necesarios y todos sumamos. Yo, desde luego, estaré a las 11:00 en el punto de encuentro de Impulso Ciudadano, en el Paseo de Gracia, a la altura de la calle Rosellón. Espero encontrar allí a muchos amigos que, codo con codo, todos juntos hagamos ese recorrido Paseo de Gracia hacia el mar.

La impunidad desde la perspectiva de la víctima (sobre la mal llamada ley de amnistía)

Ángel Manuel Hernández, policía nacional, resultó herido en el brazo por una pedrada el 18 de octubre de 2019 en Barcelona. Como resultas de aquella herida ha perdido movilidad en el brazo por lo que fue declarado incapaz para el servicio y jubilado. Ese mismo día, otro policía, Iván Álvarez Faginas, fue herido en la cabeza y como consecuencia de ello tiene secuelas que permanecerán toda la vida.

Tras la ley de impunidad (amnistía), ningún reproche penal cabrá hacer a quien hirió e incapacitó a estos dos policías. Ningún problema habría para que los autores de los ataques -que no han sido detenidos- hicieran pública su participación en los incidentes que causaron esos daños y que sumieron a Cataluña, especialmente a Barcelona, en el caos durante días. 

El 23 de febrero de 2022, jóvenes estudiantes del colectivo S'ha Acabat! fueron rodeados, acosados y atacados en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Al final, por la fuerza, fueron expulsados del campus.

Los hechos están siendo investigados judicialmente en estos momentos. Si se aprueba la ley de impunidad (amnistía), esa investigación deberá cesar y ningún reproche jurídico cabrá hacer a quienes impidieron a otros expresar pacíficamente sus ideas, a quienes les rodearon y acabaron echando por la fuerza de un lugar, el campus universitario, que es de todos.

El 6 de octubre de 2021 otra carpa de S'ha Acabat!, en esta ocasión, en la UAB, fue atacada y destrozada. Fuimos zarandeados y algunos acabamos arrastrados por el suelo. Estos ataques están siendo ahora investigados judicialmente, pero si se aprueba la ley de impunidad (amnistía) esas investigaciones deberán cesar y ningún reproche podrá hacerse a quienes nos agredieron.

En septiembre de 2017, algunos comprobamos que nuestros datos personales habían sido incluidos, sin nuestro consentimiento, en el censo ilegal que se había preparado para el referéndum del 1 de octubre.

La utilización por una autoridad pública de datos personales al margen del consentimiento de su titular y para fines ilegales puede tener transcendencia penal. Actualmente se están investigando las denuncias que en su día planteamos en relación a esta utilización ilegal de nuestros datos personales. Si se aprueba la ley de impunidad (amnistía) esas investigaciones deberán cesar.

Porque lo que se denomina ley de amnistía es, en realidad, una ley de impunidad, una norma que establecerá que los nacionalistas -pero solo los nacionalistas- podrán actuar al margen de la ley sin que eso tenga consecuencias para ellos. De esta forma, las vulneraciones de derechos que ya se han producido, los atentados a la legalidad y a la democracia que han protagonizado quedarán sanados; de tal forma que las víctimas de aquellos actos quedarán deslegitimadas, doblemente victimizadas, puesto que el legislador de su propio país les estará trasladando que los atropellos que sufrieron estaban hasta tal punto justificados que no es posible actuar contra ellos. El siguiente paso será el exigir responsabilidades por las actuaciones que algunos desarrollamos a fin de impedir que aquellos a los que ahora se les da la razón se salieran con la suya. Quizás sea la próxima petición que deba atender Sánchez.

Lo anterior es de una enorme gravedad, y ya no solo porque, como se ha dicho, supone una enmienda al pacto constitucional; ni porque implica la quiebra de varios principios democráticos esenciales (separación de poderes, derecho a la tutela judicial, igualdad ante la ley...) sino porque rompe el delicado equilibrio que hasta ahora se había mantenido en Cataluña. Me explico.

Cataluña es una sociedad dividida. Se apreció con mucha claridad en 2017. Con diferencia de días, las mismas calles se llenaban con centenares de miles de manifestantes que pedían la secesión y por otros tantos que exigían la continuidad de Cataluña en España.

En una sociedad en la que se vive esta división y en la que, por tanto, los consensos están rotos, lo único que permite mantener la convivencia es el respeto a la ley. Por eso insisto tanto en lo dañino que resulta que los poderes públicos alardeen de no cumplir las leyes y las sentencias. Si los ciudadanos que no comparten los planteamientos políticos de la autoridad no pueden confiar en que quien gobierna la administración ajustará su comportamiento a la ley, la sensación de inseguridad es angustiosa en sentido literal, no metafórico.

Durante estos años, sin embargo, los defensores del Estado de Derecho, de la continuidad de Cataluña en España y de la vigencia de la Constitución contábamos con el apoyo de la ley. Incluso aunque los dirigentes de la Generalitat la desconocieran, incluso aunque se produjeran abusos, incluso en aquellos casos en los que se nos atacaba ante la policía sin que esta interviniera, teníamos la confianza de que, en alguna forma, se acabaría reconociendo que estábamos en el lado correcto de la historia, tal y como escribió en su día Enric Millo.

La impunidad (a la que insisten en llamar amnistía) supone quitarnos eso también. Una amnistía implica que el legislador dobla la cerviz ante quien le desafió y le reconoce sus razones. Y eso, además, sin que se haya producido ninguna renuncia a volver a actuar contra la Constitución, cuando se siguen vulnerando los derechos de quienes discrepan del nacionalismo y cuando quienes se enfrentan a dicho nacionalismo continúan sin tener ningún reconocimiento. Un reconocimiento que se vuelve imposible una vez que la ley de amnistía sanciona que en los hechos que acaecieron desde 2014 (la fecha en la que parece que quieren fijar el inicio de la impunidad) quienes llevaban la razón eran quienes desafiaban a la Constitución y a los tribunales, quienes amenazaban y malversaban, quienes quemaban y destrozaban; y no quienes se les oponían.

Hace ya tiempo creo que era Fernando Savater quien, ante la pregunta de qué es lo que habían dado los socialistas a los nacionalistas (¡qué tiempos! ¡qué larga tendría que ser ahora la respuesta a esa pregunta!) contestó: "les han dado lo más importante. Les han dado la razón".

La amnistía es la consagración de ese darles la razón. Los victimarios salen triunfantes, las víctimas se invisibilizan y, por tanto, ya poco tiene sentido. Sin consensos y sin ley tan solo una lección queda: poco importa lo que hagas si al final consigues tu propósito. Si todos se aplicaran ese principio ¿qué sociedad es la que nos espera?

Es por eso que no creo excesivamente útil entrar ahora en el debate sobre si la Constitución permite o no la amnistía. ¿Qué más dará ya cuando lo que se hace es legitimar a quienes dicen abiertamente que no reconocen autoridad alguna a la Constitución y anuncian que la desobedecerán en cuanto tengan ocasión? ¿Qué más dará si cualquier pronunciamiento relevante sobre este extremo no se dará más que tras varios años en el marco de una decisión del Tribunal Constitucional?

El tema no es la constitucionalidad o no de la ley de impunidad (amnistía); el tema es qué razones la justifican.

Y no pregunto por las razones que la explican. Ahí se podrá decir que es que Pedro Sánchez lo necesita para gobernar y les dará lo que pidan los nacionalistas. Más o menos eso es lo que venía a admitir el presidente socialista de Asturias, Adrián Barbón, hoy mismo en Onda Cero

Podría ser, aunque no lo comparto completamente. No creo que haya únicamente razones de oportunidad, sino que también hay una coincidencia estructural entre las políticas socialistas y nacionalistas; pero, como digo, no quiero entrar en esto porque lo que me preocupa no son las razones que explican la ley de impunidad, sino las que la justifican; esto es, las que se tendrán que incluir en la exposición de motivos de la ley.

Y ahí tan solo es posible una respuesta: una concesión de impunidad a los nacionalistas que no va acompañada de la renuncia a la secesión ni del compromiso de cumplir la ley y las decisiones judiciales ni de ninguna concesión (NINGUNA) a las demandas de los constitucionalistas catalanes tan solo puede justificarse porque se entiende que los que delinquieron lo hicieron justificadamente.

Tan solo puede justificarse la impunidad porque el legislador entiende que:

- dejar lisiados de por vida a policías,

- usar la violencia contra las asociaciones juveniles constitucionalistas,

- atacar los medios de comunicación que no se alinean con el nacionalismo (ataque de Arran a Crónica Global hace unos años),

- levantar barricadas,

- oponerse a la policía,

- desobedecer órdenes judiciales,

- conspirar para derogar la Constitución en Cataluña,

- llegar a acuerdos con agentes extranjeros para apoyar la secesión,

- utilizar de manera ilegal los datos personales de los catalanes,

- malversar dinero público o

- coaccionar a los funcionarios judiciales

eran acciones justificadas.

En los indultos lo anterior estaba implícito; en la ley de impunidad ya será explícito.

Ante esto, queridos conciudadanos, tenemos que oponernos con los medios de los que dispongamos. Todos somos responsables de hacer lo que esté en nuestra mano.

Y si me permitís, quienes tienen una mayor responsabilidad en este sentido son los socialistas, puesto que sé que muchos en privado manifiestan su crítica a estas medidas.

Pues bien, queridos amigos, ahora es el momento de hacerlo en público. Si no lo hacéis ahora ¿para cuándo lo dejáis?

Y a los demás, creedme, es el momento de hacer política de verdad. Y la política de verdad empieza donde acaba la política de partido.

Las lenguas en el Congreso

En los últimos días se ha comenzado a debatir la posibilidad de que en el Congreso de los diputados puedan utilizarse lenguas españolas diferentes del castellano. Puigdemont lo ha planteado como primera exigencia en su negociación con el PSOE

Y hay que recordar que ya estaba en el programa de ERC.

Como puede comprobarse, la propuesta de ERC es que las lenguas de uso y de trabajo del Congreso de los Diputados sean -se supone que junto con el castellano- el catalán, el vasco, el gallego, el aragonés, el asturleonés, el occitano (aranés), así como las lenguas de signos de cada una de estas lenguas.

La propuesta, además, ha sido bien acogida por Yolanda Díaz con el argumento de que España "es un país de países".

El planteamiento es interesante y significativo.

Hasta ahora, como es sabido, en el Congreso de los Diputados tan solo se permite el uso del castellano. No así en el Senado, donde es posible emplear también otras lenguas oficiales españolas (arts. 11 bis, 20.3, 56 bis. 9, 84, 191 y Disposición Adicional Quinta del Reglamento del Senado). Al no estar permitido el uso de una lengua diferente del español en el Congreso, si algún interviniente se mantiene en el uso de un idioma distinto, quien preside la reunión (pleno, comisiones o cualesquiera otras) podrá retirarle el uso de la palabra.

A mí nunca me ha gustado que se imponga una lengua o que se retire el uso de la palabra por usar una u otra lengua. Me produce un rechazo casi visceral. Si por mí fuera no se prohibiría que nadie utilizara la lengua que tuviera por conveniente en el Congreso... o en cualquier otro lugar. Otra cosa es, como veremos inmediatamente, que haya que poner medios de traducción o de interpretación. Aquí ya adelanto que mi respuesta es negativa. Uno ha de tener libertad para elegir la lengua que utiliza, pero también es él quien tiene que decidir cuál es la que mejor responde al propósito que busca. Y si este propósito es la comunicación, deberá optar por aquella que lo facilite en mayor medida. Por supuesto, si su propósito es otro, la elección también será diferente.

Otro dato que hemos de tener en cuenta es que aproximadamente 2 de cada diez españoles no tienen el castellano como lengua materna. Por supuesto, esto no los convierte en menos españoles. A veces se tiene la impresión de que algunos asumen que solamente es plenamente español un determinado perfil de ciudadano. Esto ha de ser rechazado de una manera radical y asumido con todas sus consecuencias. Recuerdo que cuando estaba en Sociedad Civil Catalana lo repetíamos con frecuencia: "Una Cataluña plural en una España plural"; o lo que es lo mismo, una Cataluña consciente de su diversidad interna en una España también consciente de la riqueza de su diversidad.

Finalmente, hemos de tener en cuenta también que el español es una lengua conocida por prácticamente todos los españoles. De hecho, legalmente se presume que todos la conocen o la deben conocer, ya que el sistema educativo ha de garantizar que todos los alumnos dominen el español al concluir sus estudios y la adquisición de la nacionalidad española por residencia exige un cierto arraigo que incluye el conocimiento del español (art. 6 del RD 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia). Esta exigencia responde al hecho de que el español es la única lengua oficial en todo el país, tal y como establece el art. 3 de la Constitución.

El español es la lengua que, de hecho, utilizan todos los españoles para comunicarse entre ellos cuando no comparten otra lengua. Me imagino que cuando se encuentran Belarra (Navarra), Colau (Cataluña) y Díaz (Galicia); incluso aunque su lengua materna fuera euskera, catalán y gallego (cosa que ignoro), entre ellas utilizarían el castellano; de igual forma que cuando Otegui se reúne con Junqueras, ambos emplean el español y no recurren a un intérprete para que Otegui pueda hablar en euskera y Junqueras en catalán.

El que el español sea la lengua común en España no es resultado de la imposición franquista, sino que es una realidad que está ahí desde hace varios siglos. En Barcelona se editaban publicaciones en español antes de los Decretos de Nueva Planta y la utilización y presencia de la lengua en las calles y en la cultura no era ninguna rareza en los siglos XVIII, XIX o XX. Comienza a serlo en el siglo XXI; pero, precisamente, por la política nacionalista consciente de limitación de la presencia del castellano que se viene practicando desde los años 80 del siglo XX.

Siendo, por tanto, el español, lengua común de los españoles -y esto no es un título jurídico, sino una constatación de hecho- es claro que la petición de utilizar otras lenguas diferentes del castellano en el Congreso no tiene como fin facilitar la comunicación, puesto que objetivamente se producirá una complicación de la misma. Si no se recurre a intérpretes, solamente una parte de los diputados y del público entenderá a quien hable en gallego, catalán o euskera; sin que se consiga ningún oyente nuevo; pues todos los que hablan gallego, catalán o euskera también entienden castellano. Si se utilizan intérpretes, el mensaje suele perder. Esto explica, por ejemplo, que en el Parlamento Europeo, pese a que cada diputado puede utilizar cualquier lengua oficial de la Unión, se recurra con cierta frecuencia al inglés, para que así el resto de diputados y público pueda entender de manera directa lo que se está exponiendo.

Aquí dejo, por ejemplo, esta intervención de Guy Verhofstadt acerca de la situación en Hungría, en la que este eurodiputado belga, de lengua flamenca, se dirigió a la Cámara en inglés.

O esta otra de la Eurodiputada española Eva Poptcheva sobre las nuevas normas fiscales de la Unión Europea.

Así pues, la pretensión de que se puedan utilizar en el Congreso otras lenguas oficiales españolas diferentes del castellano no tienen una finalidad comunicativa, sino otra; una finalidad simbólica.

Pero ¿qué simboliza?

Simboliza, en primer lugar, el rechazo a la lengua común española, lo que es coherente con la hispanofobia que muestran los nacionalistas en su actuación diaria y, en concreto, en el intento de excluir el español de la escuela y de la esfera pública en las Comunidades Autónomas que gobiernan.

Simboliza también el proceso de creación de una España confederal en la que los ciudadanos ya tendrían que relacionarse necesariamente con el Estado a través de sus "territorios". Recordemos la frase de Yolanda Díaz que compartía hace un momento: "España es un país de países". Ese, sin duda, es el objetivo de algunos, profundizar en la separación para que España se configure como una yuxtaposición de Comunidades Autónomas que, a su vez, tenderán a ser monolíticas y excluyentes en su interior.

Simboliza, por tanto, también la pretensión de que lo normal en Cataluña sería expresarse únicamente en catalán, igual que esa sería la normalidad en Baleares o en Valencia (aquí, si se quiere, llamando al catalán valenciano); que lo normal es que en Galicia se hable gallego y que en el País Vasco sea el euskera la lengua de convivencia. A partir de aquí ¿cómo negar que en el Congreso de los Diputados cada diputado hable la lengua "normal" de su Comunidad Autónoma? En realidad, ambos procesos se retroalimentarían: la oficialización en el Congreso de las lenguas cooficiales normalizaría que cada una de ellas reclamara exclusividad en su propio territorio. Al menos, quienes reclaman la oficialidad de las lenguas cooficiales en el Congreso (Junts, ERC, Sumar o el PSC) es lo que defienden en las Comunidades Autónomas en las que gobiernan o legislan.

Pese a lo anterior, como decía al principio, no me parece adecuado decirle a nadie qué lengua ha de utilizar. Cada uno ha de ser responsable de la que elige. Si en vez de comunicarse, pretende utilizarla como símbolo de un proyecto de construcción nacionalista que implica la sustitución lingüística del castellano por las lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas, creo que es muy libre de hacerlo.

Claro está que si se opta por ello, tampoco es exigible que el resto le entiendan. Utilizar pinganillos en un lugar en el que todos pueden entenderse en una única lengua es un absurdo. Es, sin embargo, un absurdo al que los nacionalistas se han acostumbrado. No es infrecuente en Cataluña que personas que tienen como lengua materna el castellano mantengan una conversación en catalán "porque toca" en función del lugar o situación en que te encuentres. Son estas situaciones sutiles las que acaban conduciendo a ese proceso de sustitución lingüística en el que están empeñados los nacionalistas.

Me imagino que esta oficialización del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso no tiene vuelta atrás. Será concedida sin dudar por el PSOE y no será ni de lejos la cesión más grave que harán. Seguro que otras son mucho peores.

Veámoslo como lo que es, la búsqueda de un reconocimiento simbólico que es relevante para el proyecto de construcción nacional en el que están metidos y que, inevitablemente, es también un proyecto de confederalización de España; pero que, en sí, no afectará excesivamente a nuestras vidas. En el Congreso, fuera de los momentos en los que se busque el foco para que aparezcan los pinganillos como metáfora, todo el mundo seguirá entendiéndose en castellano. No creo que se llegue a la situación de las escuelas en Cataluña, en las que los maestros tienen prohibido utilizar entre sí una lengua que no sea el catalán.

Pero, a la vez, tomemos nota; porque los que pretenden confederalizarnos ahora dispondrán de cuatro años más para ello, y el tiempo se agota. Necesitamos convicción y claridad de ideas si queremos mantener un proyecto político común.

Y ya estamos perdiendo demasiado tiempo en esto, cuando precisaríamos centrar nuestras esfuerzos en otros temas: cambio climático, crisis energética, guerra en Ucrania, desafíos que plantea la Inteligencia Artificial, nuestro posicionamiento en la rivalidad entre China y Estados Unidos, construcción de una política de defensa creíble, mejora de los salarios, garantía del mantenimiento de las pensiones, gestión de una sociedad en la que el trabajo será escaso, profundización en la construcción europea, recuperación de los valores y principios democráticos, lucha contra los populismos...

¡Qué gana de que sean esos los temas en los que nos centremos y no tengamos que dar vueltas sobre si en el Congreso nos ponemos o no un pinganillo!

¿Gran coalición?

I. Introducción

Repito con cierta frecuencia que hay dos formas de entender la política: o bien como un instrumento para ganar elecciones y controlar los resortes del poder, o bien como una herramienta para cambiar y mejorar la sociedad. Casi cada decisión puede ser juzgada a partir de esta distinción, de tal manera que actuaciones que serían correctas si consideráramos la política como una puerta de acceso al poder, no lo serían si la entendemos como una vía para la mejora del conjunto de la sociedad. Por supuesto, también al revés.

Una de las cuestiones que pueden ser analizadas tanto desde la perspectiva de la "política-poder" como de la "política-bien común" es la de un acuerdo entre el PP y el PSOE para gobernar España. Lo que se denomina también como gran coalición, a  semejanza de la que se concretó en otros países (Alemania) entre los dos partidos con más votos.

II. La Gran Coalición desde "la política=ganar elecciones"

Si analizamos la política como un mecanismo para que determinadas élites lleguen al poder, la Gran Coalición no es una buena idea. La razón de ello es que en un sistema con dos grandes partidos, cada uno de los cuales representa a un cierto bloque (derechas e izquierdas, por simplificar); pero con la capacidad de atraer en ciertos momentos votos del otro bloque, lo ideal es mantener una política de confrontación con el otro gran partido, porque así cuando éste gobierne, el desgaste que se derive de dicho gobierno, y que normalmente se concretará en los momentos de crisis económica, irá a beneficiar al otro partido. De esta forma, ambas formaciones bloquean la posibilidad de que lleguen a otros actores a la política y prácticamente se garantizan que cada dos o tres legislaturas llegarán al poder.

Vamos a verlo en el caso de España con algunos datos; teniendo en cuenta los votos obtenidos por el PP y el PSOE desde 1982.

En este gráfico se ve el porcentaje de voto de PP y PSOE desde 1982

Obviamente, no todo se explica a partir de un hipotético trasvase de votos entre ambos partidos. Así, por ejemplo, desde el año 1982 hasta el año 1989 se aprecia un suave descenso del porcentaje de voto del PSOE que no va acompañado de un incremento de voto en favor del PP. En 1993, 1996 y 2000, sin embargo, sí que se percibe una cierta correlación entre la bajada de la columna roja y la subida de la columna azul. De igual forma que 2004 y 2008 sucede al revés (sube la columna roja y desciende la azul; mientras que en 2011 es al contrario (fuerte subida del voto al PP y acusado descenso del voto al PSOE. A partir de 2015 el escenario cambia, con un fuerte descenso del porcentaje de voto que suman los dos grandes partidos. Lo que podríamos denominar la crisis del bipartidismo sobre la que tendremos que volver.

Ahora bien, ahora lo que nos interesa es destacar que con un sistema en el que uno de los dos grandes partidos está en el gobierno y el otro en la oposición, el desgaste de quien ejerce el poder, de alguna forma, beneficia a quien no lo ejerce. Esta idea se muestra con la siguiente gráfica, en la que se pone en relación la evolución del PIB de España y los resultados electorales de PP y PSOE.

La línea que representa el crecimiento del PIB vendría dad por la media de crecimiento anual calculada e tanto por mil (un crecimiento de 50, como el que se da en 1989, indicaría que la media de crecimiento del PIB entre las elecciones de 1986 y las de 1989 fue de un 5%, por ejemplo). Aquí se advierte cierta correlación entre el trasvase de votos del partido de gobierno al de la oposición como resultado de las crisis económicas. El descenso del crecimiento del PIB que se aprecia a partir de 1989 iguala bastante a PP y PSOE en 1993 y acaba produciendo la victoria del PP en 1996. La racha económica positiva que siguió se tradujo en una mayoría todavía mayor del PP; y si en 2004 ganó el PSOE no fue como consecuencia de problemas económicos; sino, como es sabido, por la gestión de los atentados del 11-M. La crisis económica a partir de 2008, sin embargo, sí que tuvo un reflejo claro en el cambio de voto en 2011. Y en 2019 el PSOE también se benefició de la bonanza económica como consecuencia del cambio de gobierno que siguió a la moción de censura del año 2018. La debacle económica que siguió al COVID ha tenido, sin embargo, una traducción electoral menor y si el PP ha ganado ahora no es, seguramente, consecuencia esa crisis; aunque ahora no nos podemos detener en esto, porque se trata únicamente de mostrar que permanecer en la oposición permite obtener réditos electorales cuando las cosas se complican para el gobierno. Se trata solamente de tener paciencia para que la siguiente crisis económica te lleve, casi sin hacer nada, al poder.

La confrontación permanente entre los dos grandes partidos, además, dificulta que otros puedan acceder al primer plano. Si las cosas van mal para el que está en el gobierno, el recambio posible es el que está en la oposición, y cualquiera que pretenda inmiscuirse podrá ser tachado de aliado del partido de gobierno, pues dificulta que se produzca la alternancia. Si los dos grandes partidos pactan el gobierno, por el contrario, si las cosas vienen mal dadas otros agentes políticos tendrán su oportunidad, puesto que el electorado no tendrá el recurso de votar al partido grande que se ha quedado en la oposición.

Como vemos, por tanto, tiene cierta lógica evitar la "Gran coalición". Se mantiene estable la estructura de partidos y los dos grandes saben que en uno u otro momento les tocará gobernar.

III. La Gran Coalición desde "la política=velar por el interés general"

Si nos alejamos de la contienda electoral y descendemos a lo que debería venir después de las elecciones: gobernar y legislar, las cosas se presentan de una manera diferente. Cuando ningún partido tiene mayoría absoluta lo lógico es buscar acuerdos entre aquellos que presentan mayores afinidades; y, precisamente por tratarse de los dos únicos partidos que han tenido presidentes del gobierno en España en los últimos 41 años, el PP y el PSOE se parecen bastante.

Lo anterior no es necesariamente un elogio; sino la mera constatación de una realidad. En principio hemos de presumir que ambos partidos defienden la continuidad de la Constitución de 1978 (aunque podrán discrepar sobre si hay que introducir tal o cual reforma), rechazarán la secesión de las Comunidades Autónomas, defienden la participación de España en la UE y en la OTAN y también el estado de bienestar (también con matices, obviamente).

En cualquier caso, es, seguramente, más lo que les une entre ellos que los que les une con otros partidos. El PP no se plantea una recentralización territorial (como si hace VOX); y el PSOE, al menos aparentemente, no está por la secesión de Cataluña o del País Vasco. No se trata de diferencias menores entre los dos grandes partidos y sus potenciales aliados. Desde esta perspectiva, por tanto, lo lógico sería buscar acuerdos entre ellos. Ya sé que decir esto choca con la tradición política española; pero como hemos visto antes, esta tradición política tiene sentido en una comprensión de la política como maquinaria para ganar elecciones. Si sacamos este elemento de la ecuación ¿por qué no pactar con aquellos cuyo programa más se puede asemejar al nuestro? Desde esta perspectiva, el pacto entre PP y PSOE no sería tan complicado. Obviamente, el PSOE también podría mirar a Sumar (y el PP a Vox); pero ninguna de esas combinación otorga mayoría a ninguno de los dos, por lo que lo lógico sería explorar la segunda mejor opción.

No debería escandalizar, porque fundamentar la negativa en que una gran coalición abriría la competencia a nuevos partidos y pondría el riesgo el bipartidismo (que es un argumento tan solo para los líderes de los partidos interesados) no tiene en cuenta que el bipartidismo ha ido perdiendo terreno desde 2008. El gráfico que sigue lo muestra.

La suma de PP y PSOE pasó de superar el 80% de los votos en 2008 a no llegar al 50% en 2019. Las ultimas elecciones han visto un repunte de ese porcentaje; pero todavía no ha llegado al 70%. Veremos qué pasaría si hubiera una repetición electoral.

En definitiva, el bipartidismo se erosiona no porque los principales actores se alíen entre ellos (lo que no ha pasado nunca en  España) sino porque las profundas crisis por las que ha pasado nuestra sociedad no han encontrado una respuesta satisfactoria en el bipartidismo. No se trata solamente de la economía, por supuesto, y la crisis en Cataluña en 2017 seguramente algo tiene que ver con esa caída del voto a PP y PSOE en el año 2019; pero la economía es importante, como muestras el siguiente gráfico, en el que se pone en relación la evolución de la suma de voto a PP y PSOE con el crecimiento del PIB.

La crisis del bipartidismo coincide con la crisis económica de los años 2010-2011 y se prolonga en los siguientes, unos años muy duros en los que la percepción generalizada fue la de que "el sistema" estaba dejando gente atrás. Por supuesto, que existiera esta percepción no era solamente consecuencia de la actuación del PSOE (que gobernaba en el primer momento de la crisis) y del PP (quien se hizo cargo del gobierno a partir de 2012) sino también de la Unión Europea, con una política despiadada que se mostró dañina y que no han querido repetir con ocasión de la crisis del COVID. Las duras medidas adoptadas para hacer frente a la crisis de 2010 dañaron profundamente al sistema, facilitaron la entrada de nuevos actores (Podemos y lo que hay en el entorno de Podemos, y ahora Sumar) y contribuyó a una polarización que merece un tratamiento específico.

Tal y como he adelantado, además de la situación económico también hay que considerar la crisis institucional que vive nuestro país, y de la que son responsables en buena medida, tanto el PP como el PSOE (más el PSOE, sin duda). Si la economía no se recupera y el daño institucional continúa el mantener el simulacro de confrontación entre PP y PSOE que ha caracterizado los últimos 40 años quizás no sea suficiente para mantener la estructura de partidos en España.

Es por eso que quizás fuera bueno que ambos partidos exploraran la posibilidad de un gobierno conjunto. Ciertamente, desde la izquierda tienen menos incentivos para ello, puesto que aquello que podría causarles más temor, un gobierno del PP con Vox, no es posible; pero, desde la perspectiva del PSOE ¿es recomendable profundizar en la división o, por el contrario, resultaría más saludable explorar el entendimiento con una fuerza política a la que ha votado más de un 33% del electorado?

Si atendemos a los porcentajes de voto, el gobierno que está negociando Sánchez con Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y Junts podría servir para que se vieran representados en el gobierno un 50% de los votantes (la suma de los votos de todos esos partidos); pero tendría un rechazo muy significativo por parte de un 45% de los votantes (los que optaron por el PP, VOX y UPN); un rechazo que no estaría causado tanto por el PSOE como por los socios del pacto de investidura, partidos que cuestionan elementos básicos de nuestro sistema político.

Frente a lo anterior, un gobierno del PP y del PSOE supondría que se verían representados en él más de un 64% de los votantes; y el rechazo que podría producir en el 36% restante disminuiría por la presencia en el gobierno de sensibilidades cercanas a las propias (votantes de Sumar podrían verse reflejados en algunas de las políticas que llevara a cabo el PSOE y votantes de VOX en algunas de las que se desarrollaran desde el PP.

En este gráfico estarían en color naranja el porcentaje de votantes que estarían representados en el gobierno y en verde los que no.

Obviamente, la democracia es el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías; esto es, los que están ubicados políticamente en la zona que en este gráfico es verde han de poder esperar que sus derechos sean respetados (lo que no ha pasado en los últimos años de gobierno socialista respecto a los derechos de las minorías, pero tampoco quiero profundizar aquí en ello); pero siempre será preferible que más personas se sientan representadas por el gobierno. Con un gobierno que vaya desde Junts y Bildu hasta el PSOE lo que se conseguiría es que prácticamente la mitad de la población se sintiera excluida. Creo que hay que buscar alternativas mejores.

Probablemente esta llamada a la búsqueda de acuerdos entre los grandes partidos caerá en saco roto. Desde el fin de las mayorías absolutas, en 2015, llevo clamando por acuerdos amplios entre los partidos centrales. En su momento apoyé el pacto entre Cs y el PSOE (y si entonces el PP hubiera apoyado con su abstención ese pacto estaríamos, probablemente, en una situación muy diferente a la actual); luego me pareció bien el pacto entre Cs y el PP, y solamente lamenté que Cs no hubiera entrado en aquel gobierno (de nuevo la situación podría haber sido muy diferente a la que tenemos ahora). Ahora ya estamos en el punto de, o bien agudizar la polarización, o bien buscar acuerdos entre PP y PSOE.

Creo que lo más razonable es lo segundo, pero mucho me temo que nos espera lo primero.

IV. La gran coalición y el programa de gobierno

Hasta ahora solamente he planteado la posibilidad de una gran coalición desde la perspectiva de limitar la polarización y pretender que el máximo de ciudadanos se sientan representados por su gobierno; lo que no solamente derivaría de que en él estuvieran tanto el PP como el PSOE, sino de la necesidad de orientar la acción de gobierno a la búsqueda del interés general, huyendo de la utilización sesgada del poder público; pero antes de concluir creo que es necesario reparar también en esto último.

No se nos escapa que España se enfrenta a una serie de desafíos bastante considerables. A aquellos que nos unen a otros países europeos (la guerra de Ucrania, la crisis energética, el control de la inflación, la búsqueda de la defensa de los intereses europeos frente a la pujanza de China, el poder de Estados Unidos y la amenaza de Rusia) o del mundo (cambio climático, cambios derivados de la globalización o de la introducción de la inteligencia artificial), se unen los específicos españoles, y que incluyen una profunda degradación institucional (parálisis en la renovación del CGPJ, llamadas de atención sobre la calidad de nuestro Estado de Derecho desde la Comisión Europea) y la crisis generada por los nacionalismos disgregadores, en particular por el desafío secesionista catalán.

Ante esta situación, somos muchos los que vemos con inquietud la alianza entre el PSOE y los nacionalistas; y siendo conscientes de las limitaciones del PP, vemos un acuerdo con este partido con mucha más tranquilidad que otro con partidos dirigidos por personas buscadas por la justicia y que hacen explícito su propósito de destruir España (no soy tremendista, me limito a describir).

Un gobierno de coalición debería abordar la reforma del sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ, la implementación de las reformas que se nos exigen desde Bruselas, el mantenimiento de la presencia del Estado en Cataluña y en el País Vasco, la garantía de que todas las administraciones actuarán dentro de los márgenes legales y constitucionales; así como la garantía de los servicios públicos y un plan pragmático en relación a la generación de energía y el mantenimiento de las pensiones; así como una regulación del mercado de trabajo que tenga en cuenta la delicada situación en la que se encuentra no solamente por el paro estructural que caracteriza a España, sino por los desafíos que se derivan de la introducción masiva de la IA en cada vez más ámbitos.

¿Podrían nuestros líderes hacer el esfuerzo de generosidad en reparar en lo anterior y olvidarse por unos años de sus guerras intestinas para conseguir colocar a éste o aquél en uno u otro puestecillo?