domingo, 11 de marzo de 2018

Médicos, maestros y ejércitos europeos

El gasto militar anual de los 27 países de la UE (excluyo ya el RU en esta lista y en toda la exposición) es de unos 160.000 millones de euros. Es una cantidad enorme, más del doble de lo que gasta Rusia en defensa, aunque tan solo supone un 25% de lo que dedica Estados Unidos a sus ejércitos.
En cualquier caso, la pregunta es qué se consigue con ese gasto militar, un gasto que supone para cada uno de los 440 millones de europeos dedicar 363 euros anuales a defensa. La respuesta es que si todo ese dinero se dedicara a un único ejército probablemente estaríamos ante unas fuerzas armadas con cierta capacidad y eficacia. Tan solo hay que pensar que esos 160.000 millones de euros son más de tres veces el presupuesto de defensa de Francia, un país que opera submarinos y portaaviones (portaavión en realidad) nucleares. Ahora bien, lo que sería una enorme cantidad para un solo ejército puede resultar asombrosamente ineficiente si la dividimos entre 27 fuerzas armadas. Pondremos un par de ejemplos:
- En los 27 países de la UE hay cuatro buques capaces de operar aviones de combate: un portaaviones francés, dos portaaviones italianos y el Juan Carlos I español. Dado que estos buques requieren largos períodos de mantenimiento podría darse la circunstancia de que los cuatro buques tan solo 1 o 2 pudieran ser operados en caso de necesidad. De hecho, el portaaviones francés permaneció inoperativo durante el año 2017 para proceder a su modernización.
- Casi cada país parece tener la necesidad de contar con algún destructor o fragata. Entre los 27 estados europeos hay más de cien buques que pueden encuadrarse en estas categorías, una cantidad semejante a la de buques de ese tipo de Estados Unidos. Claro que los buques europeos pertenecen a clases diferentes, construidos en períodos muy variados y seguramente con capacidades muy diferentes ¿no sería más conveniente tener menos buques, más homogéneos y más eficaces?



Seguramente podrán encontrarse más ejemplos y quizás haya abundantes estudios sobre este tema: cómo las economías de escala que se conseguirían con uno único ejército europeo podrían permitir maximizar la eficacia del gasto de defensa europeo. Parece intuitivamente evidente que si en vez de 27 ejércitos nacionales la UE dispusiera de un único ejército europeo los 160.000 millones de euros anuales en defensa serían mejor aprovechados.
Pero, además, no creo que deba descartarse que incluso consiguiendo una mayor eficacia en la defensa se pudiera introducir un ahorro significativo en los gastos militares. ¿No sería suficiente para un ejército europeo un presupuesto igual a la suma de los presupuestos de defensa de Francia, Alemania e Italia, los tres países europeos con presupuestos militares más elevados? La suma de los gastos anuales de defensa de estos tres países es de algo más de 100.000 millones de euros; es decir, 60.000 millones menos que lo que actualmente se gasta.
Mi impresión es que el presupuesto de defensa de un ejército europeo que desplazara a los ejércitos nacionales actuales podría ser, incluso, inferior a esos 100.000 millones de euros anuales (el gasto de defensa de Rusia es de 70.000 millones de euros anuales); pero quedémonos en esos 100.000 millones de euros, que supondrían un ahorro anual de 60.000 millones de euros, lo que supondría de media, que el gasto per cápita en defensa en Europa pasaría de 363 euros anuales a 227 euros, un ahorro medio de más de más de 130 euros por persona, que en el caso de algunos países sería aún más significativo (el gasto medio actual per cápita de Francia, por ejemplo, es de 681 euros). En el caso de otros países el ahorro per cápita sería menor. Así España, por ejemplo, tiene actualmente un gasto per cápita anual de 260 euros, por lo que la creación del ejército europeo tan solo supondría un ahorro de algo más de 30 euros por persona y año.



¿Qué supondrían esos 30 euros por persona y año en el caso de España? Si decidiéramos dedicar ese ahorro a partes iguales a educación y sanidad, 15 euros por persona supondrían, por ejemplo, que en mi municipio, de 25.000 habitantes, dispondríamos de 375.000 euros más cada año, que nos permitirían contratar más de 12 maestros adicionales a los actuales, 2 para cada una de las escuelas e institutos del pueblo.
En cuanto a sanidad, si consideramos el área sanitaria de nuestro entorno más inmediato, la atendida por los hospitales de Mollet y de Sabadell, y que abarca aproximadamente a 300.000 personas, esos 15 euros por persona suponen 4.500.000 euros, suficientes para contratar a unos 150 médicos más para CAPS y hospitales.
Incluso con unas cifras como estas las implicaciones sociales de un ahorro como el planteado serían significativas en el caso de España.


Ciertamente, no son pocas las dificultades que plantea un ejército europeo, y entre ellas una no menor es que si se quiere que sea un ejército de verdad Francia tendrá que transferir a dicho ejército europeo su capacidad nuclear; ahora bien, la situación actual como hemos visto es que Francia, con una fuerzas armadas que sobre el papel tienen activos importantes, no goza de los recursos suficientes como para que dichas fuerzas armadas estén permanentemente operativas, tal como ya se ha comentado y, además, ha de asumir un gasto per cápita en defensa que inevitablemente lastra su economía y sociedad. Con un ejército europeo, como hemos visto, el gasto per cápita en defensa en Francia pasaría de 681 euros a 227; es decir, un ahorro de más de 450 euros por persona. Incluso incrementando los gastos sanitarios y educativos en la misma medida que en España aún quedarían 400 euros per cápita de ahorro; 26.400 millones de euros anuales de ahorro, más de un 1% del PIB de Francia.



Se trata, por supuesto, de decisiones de calado; pero no se trata de elegir entre seguridad, educación o salud. Un ejército europeo nos daría más seguridad con menos coste y permitiría aumentar la inversión en otros ámbitos. Lo único que impide este avance es la tensión entre la unificación europea y el mantenimiento de unas políticas nacionales que son caras e inefectivas.

Canto de ira y fuego 2018

Cada año por esta fecha retomo la publicación que aquí comparto y que pretende ser un homenaje a las víctimas, a todas las víctimas.
Hace unos años me di cuenta, por casualidad, que el número de versos era 192. Acabo de comprobar que el de víctimas mortales fue de 193, así que he añadido un verso para que cada una de las líneas vaya dedicada a cada uno de los fallecidos; aunque, como no podía ser de otra forma, el recuerdo es igualmente intenso para los heridos y para todas las personas que han sufrido directa o indirectamente las consecuencias de aquel horror injusto y criminal. Un horror que cada poco se repite en tantos lugares del mundo y con tantas víctimas que igualmente merecen ser recordadas.

(Foto: Manu Arenas)


Una mano pequeña
te agarra como ancla;
es tan sólo un recuerdo
en la fría mañana.
Otros recuerdos vienen,
son los que te acompañan
desde aquel otro día,
gris memoria lejana.
Otra mano a lo lejos
que por ti se agitaba;
El asesino azul
tranquilo te aguardaba.
Pero antes las piedras
con sangre han sido untadas.
Él quedó en el camino
y en tu alma su mirada.
Ahora la estás viendo,
aquí, en esta mañana,
definitiva, ardiente,
caótica y extraña.

La sal seca la boca,
la ropa está mojada,
horizonte lejano,
miedo al crujir las tablas.

Regresabas del campo
cuando viste las llamas
cuando oíste los gritos,
tu nombre pronunciaban;
un silbido en el aire
te trajo la desgracia.
Aceptas el periódico
que en el metro regalan
te aprietas contra tantos
que el mismo aire exhalan.
¿Acaso hay diferencias
entre los que para vivir trabajan?

Una mano en el culo,
tragas saliva, pasas.
Los ojos distraídos
se fijan en su cara.
Guapa, morena, pálida.
Le clava la mirada,
ella también le mira,
parece contrariada.
Quiero olvidar su gesto
cuando el café tomaba,
y el sabor de su piel
cuando con él follaba.
Hoy acabo el informe
y hago ya la llamada.
Si estamos a primeros,
otro mes sin la paga,
cogeré los ahorros
para el envío a casa.
Es guapo el tío negro,
lástima que no vaya
al bar en el que entro;
que baje en mi parada,
le sigo, me lo cruzo,
caída de pestañas.
¿Y el móvil, dónde está?

Como cada mañana
entra en la habitación,
igual que la dejara
el día de desgracia;
bueno, hecha la cama.
La arregló el mismo día
al regresar a casa.
Vio en la mesita el móvil
que entonces olvidara
encendido y abierto;
y que ahora muerto también estaba.

En el Cielo tus hijos
están, a ti te aguardan.
Grita y golpea airado
ante las cajas blancas,
blancas como el metal
del cajón en que viaja.
De pie echa la cuenta
de lo que aún le falta
para acabar el pago
de la pierna moderna
que a su hija regala.
Sabe que allá muy lejos
ella por ella aguarda.
Ahora busca sombra
donde antes jugaba
¿Cuánto dinero cuestan
de un pájaro las alas?
Las manos en los guantes,
todo fluye y encaja,
incluso el traqueteo
con su mente acompasa.
Tranquilo en su palacio
goza de la mañana.
De nuevo han fracasado
los que la paz pactaban.
Superficial artículo,
por algo lo regalan,
luego lo mirará
en...
...y todo estalla.

Sí que es malo el café
del bar de la parada;
pero ella que no tiene
se siente como en casa
entre ruido de trenes
y churros en la barra.
De repente el estruendo
y el mundo que se acaba.
No te puedes mover,
estás petrificada.
El bar es un dibujo
de gente estupefacta.
Tiras del compañero,
hacia el andén avanzas.
Del túnel salir ves
el primer cadáver de la mañana.
Rojo, azul, alarido;
del infierno la entrada.
Tienes que ir, ahí.

Oscuro alrededor,
agua y sangre en la espalda.
Echa en falta su guante,
la mano que guardaba
y el brazo que movía
el mundo en que gozaba.
Fulgores de linternas,
una voz que le llama.
Vio el fuego, oyó la bomba;
la chica se quemaba,
su rostro se fundió;
el fuego rojo avanza
hacia él, indefenso,
la llama ya le mata.
En las piernas temblor,
los hierros ella salta,
la sigues, entras, rezas.

El silencio, el dolor;
muerte bajo la carpa.
Lloran y se estremecen
los que en ella trabajan
cuando en un móvil vivo
se oye la llamada
por la que amante, amigo,
padre, madre o hermana
palabras de un cadáver
con angustia reclaman.
Ve la sábana blanca,
encima la tarjeta,
alguien ya la levanta.
Pues sí, ha sucedido
un mundo así se acaba.
Unos ojos cerrados,
sangre seca en la cara,
no más mañanas juntos
perreando en la cama.
Muchos años después
aún recuerda aquella blanca mortaja,
de la que es una copia
la que la luz le tapa.

Llevas en ti la muerte
y un recuerdo en el alma.
El dolor es más fuerte,
sientes como te abraza,
casi te reconforta
en esta hora amarga.
Si tus hijos vivieran...
los sientes a tu espalda,
pronto serán reales;
muerte en vida tornada.
Hoy tiemblan los maestros
que a las cinco aguardan
a los que recogen
esta preciosa carga.
¿Alguno no vendrá?
No aguantan las miradas
que los chavales serios
asustados les lanzan.

La estación está cerca,
los pasos no engañan.
Primaveral calor
de la luz en la cara;
fúnebre negra máscara.
Color de la mañana,
que tras ella se oculta,
ven a mi y me regalas
tan solo dos minutos
para ver la muchacha,
perfume penetrante,
que tan suave me habla
con voz entrecortada.

¡Oh, tristes odios imperecederos!

domingo, 4 de marzo de 2018

Manifiestos, diálogo y reiteración delictiva


I. Introducción

Resulta curioso que en los últimos días hayamos conocido varias peticiones orientadas a conseguir la libertad de aquellos que están en prisión en relación al complot que condujo al golpe de septiembre/octubre o a poner fin a los procesos judiciales iniciados; todo ello en aras a conseguir una solución política al "conflicto" en el que nos encontramos inmersos. Una de esas propuestas viene de un grupo de "personalidades no independentistas", otra de Antonio Garrigues Walker y se trata tan solo de una selección de las existentes.
Antes de seguir con la explicación de por qué resulta especialmente llamativo esta llamada a la libertad de los implicados en la conspiración que condujo a la crisis de hace meses quizás sea necesario hacer explícita la corrección del término complot o conspiración, ya que todavía ahora algunos se niegan a admitir que lo que vivimos fue resultado de un plan orientado a la derogación por la vía de hecho de la Constitución en Cataluña. Es cierto que a diferencia de las conspiraciones habituales gran parte del plan se desarrolló a la vista de todos sin que se actuara hasta que ya era tarde para evitar los males que padecimos en los últimos meses. Esta inacción se produjo pese a las advertencias de no pocos; pero la fase de negación en la que vivía -y en cierta forma todavía vive- la sociedad española paralizó la actuación del gobierno, de las fuerzas políticas y hasta de los tribunales. Ahora bien, no todos los preparativos para el golpe fueron públicos, como muestra el interés de los implicados en mantener ciertas cosas ocultas; y para comprobarlo basta escuchar, por ejemplo, la conversación entre Lluís Salvadó y su secretaria en relación a los papeles que debían esconder o tirar por la ventana antes de que la policía diera con ellos. Creo que es, pues, exacto y no ninguna tergiversación hablar de complot o conspiración para referirse a la actuación concertada de quienes se conjuraron para derogar la Constitución en Cataluña.



II. Derecho

Así pues, una vez aclarado ante qué supuesto nos encontramos, podemos volver a las razones que hacen que sea sorprendente que ahora aparezcan estas llamadas -por cierto, dirigidas ¿a quién? ¿a los jueces?- a la libertad de quienes ahora se encuentran en prisión, porque precisamente ahora existen -entiendo- más elementos para justificar la prisión provisional de los investigados que hace meses. Personalmente tengo menos dudas ahora sobre la adopción de esta medida que las que albergaba hace tres meses.
Como es sabido, existe un requisito objetivo para adoptar la medida de prisión provisional. Se trata de la exigencia que la pena que pueda imponerse a la conclusión del procedimiento sea igual o superior a dos años. En el caso que nos ocupa la concurrencia de esta circunstancia no plantea ninguna duda: los delitos de malversación, sedición y rebelión por los que están siendo investigados los miembros del anterior gobierno de la Generalitat, otros altos cargos, diputados y líderes de asociaciones nacionalistas implican menas mucho más elevadas que esos dos años.
Junto a este requisito objetivo hay otros que han de ser valorados a la luz de las circunstancias del caso. El primero es que haya indicios de la participación de los investigados en la comisión de los delitos mencionados, lo que se llama en ocasiones con un latinajo fumus bonis iuris que se aplica a todos los supuestos de medidas cautelares y que implica que en la fase en la que se adopta medida debe haber algún elemento que sin ser prueba plena, permita aventurar que no existen probabilidades de que la condena llegue a producirse. No es precisa una prueba plena porque esta prueba plena solamente puede darse en el juicio, por lo que basta que existan indicios de la comisión del delito.
En otras entradas de este mismo blog ya me ocupé de esta cuestión en relación a alguno de los delitos que podrían haberse cometido en este caso (aquí y aquí). Además, en dos vídeos (éste y éste) intenté presentar algunos de los elementos que tendrían que tenerse en cuenta en relación a algunos de los delitos que podrían haberse cometido en el golpe secesionista. Evidentemente, habrá que esperar al juicio para determinar los hechos y la participación de los investigados; pero no creo que haya muchas dudas de que se intentó derogar por la vía de hecho la Constitución en Cataluña, constituir en su territorio un Estado independiente y que este plan contaba con la participación de grupos organizados de personas que, entre otras cosas, pretendían impedir la actuación de la policía que daba cumplimiento a las órdenes judiciales que exigían el precinto de los colegios electorales el 1 de octubre y la requisa del material utilizado en el referéndum.
Si todos esos elementos se dan juntos (intento de derogar la Constitución, de impedir el cumplimiento de las órdenes judiciales y el recurso a las movilizaciones en la calle) estamos muy cerca de lo que es sedición y no lejos de lo que es rebelión, para lo que falta tan solo que a lo anterior se una la utilización de la violencia.
Por lo tanto, sin entrar ahora en la prueba plena de todo lo anterior, me parece que cualquier observador imparcial concluirá que al menos hay indicios de que todo lo anterior sucedió en Cataluña y que quienes dirigían la Generalitat y se comprometieron expresamente a llevar adelante la secesión alguna implicación podrían tener en el asunto; al igual que la Presidenta del Parlamento en el que se aprobó la declaración de independencia o los líderes de asociaciones nacionalistas que convocaron a la multitud para dificultar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
Lo anterior, sin embargo, aún no justifica la adopción de una medida como la prisión provisional. Para que sea legítima su adopción aún debe darse otra circunstancia (art. 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Esta circunstancia es que la medida sea necesaria o bien para evitar la fuga del investigado, para evitar que destruya o alteres pruebas o para evitar la reiteración delictiva. Basta que se dé cualquiera de las tres circunstancias para que deba decretarse la prisión preventiva.
¿Se da alguna de estas tres circunstancia en el caso que nos ocupa? A mi criterio sí, en realidad las tres; pero -y por aquí comenzaba- quizás con más claridad alguna de ellas ahora que hace tres meses. Vamos por partes.
Se ha insistido poco en la posibilidad de que los investigados pudieran destruir o alterar pruebas. Con el argumento de que ya no ejercen cargos públicos se ha despachado esta posibilidad diciendo que ya no están en condiciones de proceder a esta sustracción o alteración. Tengo mis dudas. Como es sabido, la aplicación del art. 155 de la Constitución solamente implicó el desplazamiento de los primeros niveles de la administración catalana, por lo que una mayoría de los cargos de designación política en la Generalitat siguen siendo aquellos nombrados por los depuestos, con quienes se mantienen reuniones con cierta frecuencia.


En estas circunstancias, la posibilidad de que los investigados pudieran, a través de sus contactos en la administración, alterar u ocultar pruebas no parece descabellada; pero tampoco quiero ir por ahí porque las otros dos circunstancias que habilitan decretar la prisión provisional me parecen todavía más claras.
En lo que se refiere al riesgo de fuga ¿qué añadir a lo que todos conocemos por la prensa y hemos visto en televisión? Estamos ante la investigación de una trama en la que participan una pluralidad de personas, y de ellas, cinco permanecen en Bélgica, sin atender a los requerimientos de los tribunales españoles. Una más se encuentra en Suiza, también eludiendo así presentarse ante la justicia. Aparentemente todos ellos disponen de medios para permanecer en el extranjero e, incluso, establecer una cierta estructura administrativa y de comunicación, sobre lo que volveremos enseguida. En estas circunstancias descartar que exista la posibilidad de que otros participantes en el complot puedan seguir el mismo camino puede resultar más difícil de justificar que sostener justo lo contrario, que ese riesgo de fuga existe.


Pero quizás sea aún más clara en estos momentos la necesidad de la prisión provisional si atendemos al objetivo de evitar la reiteración delictiva. Desde el comienzo de la instrucción se ha repetido una idea que, creo, plantea alguna incoherencia. Se ha indicado que dado que los investigados ya no ocupan cargos públicos carecen de la capacidad para continuar con la rebelión (o sedición) iniciada, lo que haría posible que quedaran en libertad pues no tendrían capacidad para continuar delinquiendo.
Las rebeliones, sin embargo, no precisan que sus líderes ocupen cargos públicos. No lo tenía Lenin en 1917 ni Mussolini en 1922. La rebelión puede ser llevada a cabo por quienes no ejerzan cargos públicos y, por tanto, el hecho de los investigados no desempeñen ninguno no es argumento suficiente para descartar la reiteración delictiva.
Ahora bien, es cierto que hace unos meses, cuando las medidas adoptadas sobre la base del artículo 155 fueron implementadas podría pensarse que el propósito secesionista había cesado y que, efectivamente, no había lugar para la reiteración delictiva porque las posibilidades de intentar continuar con la trama golpista estaban cercanas a cero. Podría pensarse que simplemente los fugados buscarían un modus vivendi en el extranjero sin interferir con la política española. Es claro que no ha sido así.


Las continuas proclamas de Puigdemont en el sentido de que continuará desde Bruselas su lucha por hacer realidad la República catalana, unido a la difusión de planes para mantener una estructura política en Bruselas que de cobertura a la internacionalización de las reclamaciones nacionalistas nos indica que el propósito de hacer realidad la separación de Cataluña del resto de España al margen de la legalidad española continúa; y que, además, estos planes no solamente implican a quienes se encuentran en Bruselas, sino que se pretende que el gobierno autonómico se supedite a la estructura creada en Bélgica con el fin de acabar consiguiendo la secesión de manera efectiva. No se trata de especulaciones. Hay informaciones en la prensa en este sentido y las entrevistas en Bruselas entre los fugados y personas con responsabilidad en la política catalana se suceden.
¿Es descabellado pensar que estas actuaciones se encuentran vinculadas al plan secesionista? Diría que no. Vamos, si es que los propios protagonistas así lo afirman. En estas condiciones ¿cómo descartar la reiteración delictiva? Si hay declaraciones expresas en el sentido de que el propósito secesionista continúa y existen planes, como digo, que involucran a los investigados con otras autoridades.
La verdad es que la duda no es cómo permanecen en prisión quienes en ella están, sino como otros investigados están fuera de ella pese a que sus nombres aparecen en los planes publicados para continuar el desafío secesionista. Creo que lo lógico sería interrogar a estos investigados sobre sus relaciones con quienes desde Bruselas abiertamente declaran que continuarán desafiando la legislación española.
Así pues, al contrario de lo que plantean algunos, creo que ahora hay todavía más razones que hace unos meses para justificar la prisión provisional de quienes en ella permanecen; e incluso se añaden motivos para adoptar esta medida respecto a otros investigados que pueden estar en contacto con quienes han huido de la justicia. Incluso no acabo de entender cómo no se llama a declarar, aunque sea en la condición de testigo, a quienes mantienen contactos oficiales con aquellos que hacen públicos sus planes para crear la República catalana al margen de la legalidad española. Tan solo si cesaran las actividades y propuestas de desafío a la legalidad española o quienes están investigados se apartaran de los planes que han sido difundidos se podría plantear que no existe el riesgo de reiteración delictiva que obliga a decretar la prisión provisional.

III. Política

Hasta aquí en lo relativo a si existen razones jurídicas para poner fin a la prisión provisional de los investigados por el golpe de septiembre/octubre; como intentaba explicar no creo que sea ningún dislate jurídico mantener dichas prisiones e, incluso, aumentarlas; ahora bien, tal como se adelantaba, existen propuestas de poner fin a la reclusión de los investigados "para favorecer el diálogo". Este es una acercamiento que, me parece, plantea algunos problemas.
En primer lugar, es siempre delicado plantear que ha de orientarse la interpretación de la norma por razones políticas. El Derecho cumple su fin si puede ser entendido como un conjunto de reglas que operan a partir de sus propios criterios de interpretación sin que sea posible orientar dicha interpretación, precisamente, en función de criterios políticos. Evidentemente no digo que en la interpretación jurídica se integren criterios políticos (toda norma responde a criterios políticos), pero por una parte no puede recurrirse a consideraciones políticas que no estén incluidos en la norma y, por otra, si se utilizan realmente criterios políticos que son ajenos a la formulación de la norma -que pasa, evidentemente- esto ha de verse como un fallo del sistema o de sus aplicadores. Pedir expresamente que se adopten decisiones "políticas" es, a mi juicio, una grave irresponsabilidad que muestra una escasa comprensión del papel del Derecho en las sociedades democráticas.



En segundo término, y yendo al caso concreto que nos ocupa. Pedir un tratamiento favorable a determinadas personas acusadas de ciertos delitos muestra, inevitablemente, cierta comprensión hacia los delitos cometidos. Recuerdo hace bastantes años, antes de que se hablara de violencia de género, el caso de la muerte de un hombre a manos de su mujer. Parece ser que el hombre tenía aterrorizados a su mujer y a sus hijos y que su muerte fue consecuencia de una situación de temor e injusticia que conmocionó a toda España. En aquel momento se alzaron voces para que se actuara con clemencia, y esa petición no podía basarse más que en la idea de que en el crimen habían concurrido circunstancias que permitían explicar cuando no justificar la actuación de la acusada.
¿Qué razones equivalentes concurren en los investigados por el golpe de septiembre/octubre para que deba mostrarse esta clemencia? ¿Qué es lo que han hecho para merecer este mejor tratamiento? La pregunta creo que es legítima y quienes abogan por levantar la prisión provisional deberían contestarla. Las apelaciones genéricas a que eso "facilitaría el diálogo" nada dicen sobre qué hay en el comportamiento de los investigados que justifica que se reinterprete, favorablemente para ellos, la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión preventiva. Sin esa explicación, la sospecha de que de alguna forma se comparten los fines, razones u objetivos de los investigados será difícilmente desechable.
¿Qué pensaríamos de quien pide que se levante la prisión provisional a un corrupto, a un violador, a un estafador o a un asesino? ¿No pensaríamos que de alguna forma se comparten sus planteamientos?
Alguno pensará que la pregunta es dura, pero no creo que se dude de que es legítima, y quienes sostienen la conveniencia de esos beneficios deben pensar que las víctimas de la actuación de los investigados podrán replicar.
Sí, víctimas ¿o es que pensamos que los delitos de rebelión o sedición no causan víctimas? Para algunos es como si estuviéramos ante planteamientos abstractos, meras propuestas parlamentarias que no inciden en la vida real de las personas; pero eso no es así.
El golpe de septiembre/octubre afectó a las personas, nos llenó de temor, obligó a que tomáramos decisiones sobre nuestros ahorros, nos planteamos cuál podría ser nuestro futuro personal o profesional, tuvimos que afrontar la presencia en las calles de quienes proclamaban su desafío al Estado de Derecho y en los colegios la realización de actuaciones delictivas. Recibimos en nuestras casas notas escolares que culpabilizaban a la policía por cumplir las órdenes judiciales y hubo niños que fueron acusados en clase por las acciones de sus padres. Todas estas acciones se conectaban con el plan secesionista impulsado por quienes ahora son investigados y, por tanto, sería bueno que se depuraran responsabilidades antes de comenzar a hablar de la necesidad de pasar páginas.
Pero el problema no es solamente la rebelión y la sedición en sí mismas, sino también otros actos que la acompañaron. En septiembre nuestros datos personales fueron usurpados y colocados en webs piratas que facilitaban nuestro DNI, fecha de nacimiento y código postal. ¿Es eso irrelevante?
Pero este uso ilegítimo de los datos personales -que en otros contextos tanto escándalo ha causado, quizás a los mismos que ahora piden comprensión hacia los investigados- no es nada comparado con la utilización de la policía para espiar a los ciudadanos.
La divulgación de que los Mossos d'Esquadra habían sido empleados para espiar a quienes se mostraban contrarios al proceso debería haber supuesto el fin de toda comprensión con los conspiradores. Quien es capaz de poner a la policía contra las personas que debería proteger no merece más que el desprecio, y dejar pasar por alto una quiebra como ésta de principios básicos de la democracia no ha de obtener ninguna complicidad. Aquí también hay víctimas, todos los ciudadanos y especialmente quienes sufrieron los seguimientos de la policía o fueron objeto de informes por parte de ella dirigidos a sus jefes políticos.
¿Respetamos tan poco la democracia que admitimos relativismos en algo como esto? ¿O es que lo que se hace en nombre del nacionalismo goza de bula?



Creo que lo que necesitamos es:
1- Que se ponga fin al propósito ilegal de derogar la Constitución en Cataluña, propósito con el que aún están comprometidos algunos que se reúnen con nuestras autoridades autonómicas.
2- Investigar y juzgar lo sucedido en los últimos meses y que tanto la rebelión o sedición como las vulneraciones de los derechos de los ciudadanos que se produjeron durante el proceso sean castigadas con todo el peso de la ley.
3- Reconstruir nuestra convivencia mediante el diálogo entre nacionalistas y no nacionalistas, dentro de la ley y de una forma constructiva.
Sin el 1 y el 2, el 3 no será más que una farsa y un fracaso.

domingo, 25 de febrero de 2018

La escuela en Cataluña según "El País"

Publica hoy "El País" un editorial sobre la situación de la escuela en Cataluña. Comparto varias de las cosas que dice; pero discrepo en otras y, sobre todo, discrepo en el tono y el enfoque. En un tema como éste dejar de decir algunas cosas u omitir ciertas preguntas muestra un sesgo que me parece preocupante. Y no lo digo solo por el editorial de "El País". Tomo éste por el prestigio del medio y porque sirve para cuestionar una determinada manera de ver las cosas en Cataluña que comparten bastantes opinadores, intelectuales y políticos.
La visión es complaciente en relación al modelo vigente en la escuela catalana, y así se afirma que los resultados pedagógicos son "razonables". Podría discutirse, desde luego; porque los resultados de los escolares catalanes, por ejemplo en el informe PISA, no se corresponden con el nivel socioeconómico de las familias catalanas. Deberíamos preguntarnos cómo es posible que un sistema aparentemente tan bueno como el de inmersión tiene como resultado que en PISA, en sus resultados globales, Cataluña no está por encima de ninguna Comunidad Autónoma, excepto el País Vasco, con un índice socioeconómico superior al de Cataluña; y, sin embargo, tres comunidades con un índice más bajo que Cataluña tienen resultados mejores en el Informe Pisa (Castilla y León, Galicia y Aragón). Podria pensarse que el que Cataluña se sitúe por encima de la media española es más debido a su mayor nivel de riqueza (algo que influye de manera determinante en los resultados escolares) que por las bondades de su sistema educativo.
Pero más preocupante que esto es que en el editorial no se haga referencia a los informes existentes que prueban que los resultados difieren en función de la lengua materna de los estudiantes. Hay un informe de la fundación Jaume Bofill del año 2009 en este sentido y también uno más reciente de Conviviencia Cívica.
Que no se haga mención a estos informes y las dudas que se plantean ya no sobre el éxito del sistema, sino sobre su capacidad de cohesión, tratándose de un método que hace pasar sobre criterios pedagógicos una determinada opción política: la no segregación de alumnos por razón de lengua; da que pensar. Un análisis mínimamente objetivo no debería obviar datos como estos que podrían tener cierta relevancia.
Pero más allá de esto, lo que llama la atención es que en el editorial no se formulen algunas preguntas que, me parece, han de ser afrontadas.



La primera pregunta es cuáles son las razones para que la Generalitat mantenga un sistema que no se ajusta a las exigencias legales y constitucionales, tal como han reiterado los tribunales. En democracia no puede presentarse como irrelevante, y mucho menos obviarse, que una administración rehuse ajustar su actuación a las exigencias de la ley. Como es sabido, no es admisible un sistema que imponga como lengua vehicular únicamente la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma, excluyendo al castellano. Esta irregularidad en la actuación de la Generalitat tiene que ser resuelta y, además, debemos interrogarnos sobre las causas de una rebeldía tan contraria a principios democráticos básicos. Esta situación aberrante ha de estar presente en todo análisis de la situación, y más ahora, cuando es el Gobierno de España quien está obligado a hacer lo que hasta ahora no ha hecho la administración autonómica.


La segunda cuestión que ha de introducirse necesariamente en cualquier presentación sobre el tema de la lengua en Cataluña es el acoso a las familias que han solicitado el cumplimiento de la ley en esta materia. Resulta extraordinariamente grave que se hayan montado escraches a familias y boicots a negocios familiares; que niños hayan abandonado su colegio y que, como explica Ana Losada, se tenga miedo a pedir lo que en derecho resulta obligado para la Generalitat. ¿Cómo puede hablarse de convivencia -tal como hace este editorial- y no se haga mención a estos hechos, de una gravedad, como digo, enorme en cualquier sociedad y más en una que se pretenda democrática?



Finalmente, tampoco resulta razonable en una valoración de conjunto de la escuela catalana obviar las evidencias existentes sobre adoctrinamiento en las escuelas. Mirar para otro lado no hará que desaparezca el problema y tan solo ayudará a quienes han utilizado y utilizan las aulas para transmitir un determinado mensaje político ¿es que esto no es lo suficientemente grave o es que, en el fondo, se simpatiza con quienes han optado por convertir la escuela en una herramienta de construcción nacional y no en el lugar de formación de ciudadanos libres familiarizados con los valores constitucionales?


En definitiva. Para muchos -no solo para este editorial de "El País"- el problema en la escuela catalana no existe o lo crean quienes pretenden que la lengua materna de la mayoría de los catalanes y oficial en toda España tenga una presencia más allá de lo simbólico en la educación de nuestros hijos.
En realidad, sin embargo, existen elementos para afirmar que la escuela catalana se ha diseñado en los últimos cuarenta años para cumplir en primer lugar un fin político: estructurar la nación catalana a través de la lengua y de unos referentes culturales e históricos -en parte inventados- que fueran favoreciendo la progresiva separación del resto de los españoles. Cualquier elemento que afectara a este objetivo era desechado, hasta el punto de colocar al entero sistema en la ilegalidad al negarse a incorporar un 25% de la enseñanza en castellano. El acoso a las familias que han pedido el cumplimiento de la ley y las muestras de adoctrinamiento existentes colocan más sombras que luces sobre un sistema educativo que ni siquiera consigue los resultados académicos que deberían resultar del nivel de riqueza y socioeconómico de Cataluña.
Creo que un editorial con este contenido sería más ajustado a la realidad que el que hoy he leído.

jueves, 22 de febrero de 2018

El nacionalismo como oscuro centro

El debate sobre la lengua en la escuela catalana que estamos viviendo estas semanas es, probablemente, incomprensible para un observador externo; pero, a la vez, puede servirnos para calibrar hasta que punto el nacionalismo condiciona la vida política en Cataluña. Al igual que una estrella oscura puede ser percibida por la forma en que la luz se desvía al pasar cerca de ella, el nacionalismo, en gran parte oculto, que impregna a la sociedad catalana afecta de una manera profunda a cualquier cuestión  hasta el punto de distorsionar las claves que permitan su comprensión. La confrontación que vivimos en los últimos días entre quienes defienden que tanto el castellano como el catalán sean lenguas vehiculares y aquellos que mantienen que tan solo el catalán ha de ser vehicular en nuestros centros educativos permite, me parece, apreciar esa oscura tendencia hacia el nacionalismo que nos caracteriza.


Como digo, si hacemos abstracción del nacionalismo el debate que nos ocupa sería ininteligible. Las claves del mismo se pueden explicar de forma sencilla y relativamente breve: la Constitución española permite que las Comunidades Autónomas con lengua cooficial opte o bien por un sistema de elección de lengua vehicular por parte de las familias o por un sistema de conjunción. Lo primero implica que existen grupos que utilizan como lengua de enseñanza el castellano y otros la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma o una combinación de ambas. Se ofrecen distintas posibilidades y las familias eligen cuál prefieren, y entre estas posibilidades ha de encontrarse alguna que ofrezca el castellano como lengua vehicular. Lo segundo -que es la opción de la Ley de Educación de Cataluña- supone que no hay separación de los alumnos en razón de la lengua y ambas lenguas cooficiales son utilizadas en la enseñanza de las materias. Es lo que sucede, por ejemplo, en Galicia. Lo que no es admisible es que una Comunidad Autónoma decida que solamente la lengua cooficial, y no el castellano, sean vehiculares. Tal opción sería inconstitucional ya que se privaría de la posibilidad de escolarización en la lengua oficial en todo el Estado, el castellano.
La normativa catalana, como hemos dicho, opta por el modelo de conjunción, aunque indicando que la lengua que se utilizará normalmente será el catalán. Ahora bien, ese normalmente no impide que sea incluido también el castellano; inclusión que, como hemos visto, es constitucionalmente obligada. Así lo han interpretado los tribunales, que mantienen que la exclusión del castellano se produciría si la docencia en esa lengua no llegara al 25% del total. De esta forma, la Generalitat dispone de la capacidad para fijar la presencia del castellano en la educación, pero con el límite de ese 25%. En ningún caso sería admisible que esa presencia del castellano descendiera del 25%; aunque podría ser mayor; entiendo que con el límite de que la presencia de castellano no supere la del catalán, puesto que esto implicaría que esta última lengua no es de utilización "normal" en la enseñanza, que es lo que exige la Ley Catalana de Educación. Esta determinación de un porcentaje "razonable" de castellano en la educación es una exigencia también de la Ley Orgánica de Educación, exigencia que ni siquiera ha sido impugnada por la Generalitat de Cataluña.
La Generalitat se ha negado a fijar este porcentaje mínimo de catalán y, de hecho, en los centros públicos no se imparte más materia en castellano que la lengua castellana; lo que implica que la presencia del castellano es de cero horas hasta los seis años, de dos horas a la semana en la enseñanza primaria y de tres horas a la semana en la educación secundaria obligatoria. Se trata, evidentemente, de porcentajes inferiores a ese 25%.
Como desde el 27 de octubre las competencias en materia de educación de la Generalitat de Cataluña son ejercidas por el Ministro de Educación es a él a quien compete fijar ese porcentaje, y lo puede hacer dentro de esa horquilla que va del 25% al 50% de presencia. Esta determinación es, como decimos, ineludible, así como la adopción de las medidas necesarias para que en ningún centro educativo de Cataluña se ofrezca menos de un 25% de la docencia en castellano. Se trata de medidas que actúan con total independencia de la voluntad de los padres porque, como hemos dicho, en Cataluña no se ha optado por un sistema de elección de la lengua vehicular por parte de las familias, sino de conjunción, por lo que es la administración quien determina los porcentajes de cada lengua con los límites que antes hemos comentado.



En este contexto, varias asociaciones y personas a título individual han pedido al Ministro Méndez de Vigo que fije, tal como es obligado, el porcentaje de catalán en las escuelas catalanas para el curso 2018-2019, un porcentaje que, como hemos visto, no puede ser inferior al 25% y que no ha de suponer que el catalán deje de ser la lengua de uso "normal" en la educación en Cataluña.
Esto es lo que se pide: el cumplimiento de la ley y que el castellano sea lengua vehicular junto con el catalán sin desplazar a éste como lengua principal en el sistema educativo catalán.
A partir de aquí el conflicto debería resolverse de una forma relativamente sencilla. En primer lugar en los países democráticos no se plantea siquiera la posibilidad de que la administración incumpla la ley. Si todos estamos obligados a acatar las normas las administraciones más todavía, así que no debería ni siquiera discutirse sobre el 25% de castellano que es el mínimo establecido por los tribunales.
En su caso el debate podría plantearse sobre si convendría que ese porcentaje de castellano superara el 25% con carácter general o en determinados casos. Ese sí es un debate legítimo porque se produce dentro del marco legal ya que, como hemos visto, la Generalitat -ahora el Ministerio de Educación- tienen a su disposición una horquilla que podrán utilizar de acuerdo a criterios que no vienen predeterminados en la Ley de Educación de Cataluña.
Es evidente, sin embargo, que el debate no se desarrolla en estos términos. Ha bastado que se mencionara la posibilidad de que el Ministerio de Educación cumpliera (e hiciera cumplir) la ley en este punto para que los nacionalistas y sus compañeros de viaje salieran de sus cuarteles de invierno con las lanzas afiladas, espuma en la boca y ojos encendidos. Porque ¿cómo podríamos calificar de otra forma -metafóricamente hablando, claro- un artículo como el de Xavier Vidal-Folch en "El País" que concluye con la advertencia de que "la pasión por el catalán no se toca" e incluye una afirmación, sobre la que tendremos que volver, de lo más concluyente: Cataluña es el catalán? ¿O cómo podríamos interpretar que sistemáticamente cuando se argumenta que se pretende que todos los niños catalanes reciban enseñanza en catalán y en castellano la réplica sea que se intenta segregar a los alumnos por su lengua, algo que, como digo, no se plantea, entre otras cosas porque es imposible con la actual Ley de Educación de Cataluña?



El razonamiento más elaborado no hace mella en quienes salen a esta arena con un yelmo sin visera, completamente ajenos a lo que les rodea y con tan solo la voluntad de regalar mandobles a diestra y siniestra. El eslogan queda reducido a "la inmersión no se toca" y de ahí no pasamos. Una actitud irracional que cubre a un amplísimo espectro que va desde los nacionalistas declarados hasta Podemos & friends y una parte importante de los socialistas (PSC y también PSOE).
Ciertamente resulta preocupante que un abanico tan amplio de personas caigan en la irracionalidad; pero la irracionalidad no es democrática; quiero decir, que por muchos que sean quienes la practiquen no la convertirán en racionalidad, seguirá siendo irracionalidad y, por tanto, no cabe plegarse a ella sino intentar entenderla.
Y en esta tarea de explicación es donde entra el nacionalismo como clave que avanzaba antes. El nacionalismo es el auténtico eje en torno al cual gira toda la política catalana. Podríamos compararlo con una estrella oscura en torno a la cual giran estrellas y planetas. El movimiento de estas estrellas y planetas parecerá absurdo o aberrante porque lo que les hace girar es invisible a nuestros ojos. De la misma manera ese nacionalismo profundo que afecta también a tantos que no se reconocen como nacionalistas pero que lo abrazan por convicción o conveniencia explica los movimientos extravagantes de la vida catalana. Creo que conviene llamar a las cosas por su nombre.
Y para ver esto el artículo de Xavier Vidal-Folch nos viene especialmente bien, porque es un periodista que no se declara nacionalista y que, sin embargo, el articulo que citaba hace un momento no puede ser entendido más que desde esa clave nacionalista, clave que aquí no es oculta, sino que se encarga de hacer explícita con la frase que destacaba hace un momento: Cataluña es el catalán. Evidentemente solamente un nacionalista catalán sostendría esto con tal rotundidad. Y, de hecho, solamente los nacionalistas catalanes lo sostienen (olvidémonos del condicional); lo que sucede es que los nacionalistas catalanes se dividen en dos grupos: los que se reconocen como tales y los que niegan ser nacionalistas para así, transmitir la impresión de que también los no nacionalistas comulgan con los postulados nacionalistas. Bueno, es una impostura eficaz, pero porque el resto la tolera, si tomáramos la sana costumbre de utilizar el nombre de las cosas sería mucho menos productiva. El debate sobre la inmersión creo que permite apreciarlo; de igual forma que una luz especialmente intensa que pase relativamente cerca de una masa importante permite adivinar la existencia de ésta, y hasta su tamaño y densidad.
Y, como decía, este debate nos está permitiendo apreciarlo.
¿Cómo se entiende sino esta cerrazón absoluta a que ¡un 25%! de la docencia se imparta en castellano en una Comunidad Autónoma en la que más de la mitad de la población tiene el castellano como lengua materna? Tan solo el mito de una Cataluña estructurada sobre la preeminencia del catalán podría justificar que este 25% pudiera ser considerado como un peligro mortal... ¡para la convivencia!
Porque este es el otro mantra: cuando coincides con quienes no se declaran nacionalistas pero fruncen el ceño cuando hablas de la presencia del castellano en la escuela uno de sus argumentos favoritos es que este debate atenta contra la convivencia; sin caer en que la convivencia ya se rompió cuando se montaron escraches a niños a la entrada del colegio, cuando se boicotearon negocios familiares por pedir el 25% de la docencia en castellano, cuando se presionó a los padres para que renunciaran a exigir el cumplimiento de la ley. Ahí es donde se produjo la quiebra de la convivencia; pero, claro, desde una perspectiva nacionalista esto que acabo de contar realmente no es relevante porque no afecta a la preeminencia del catalán en la sociedad, mientras que sí lo hace el pedir que la enseñanza se desarrolle en un 75% en catalán (y no en un 100%) y en un 25% en castellano. Repito, solamente desde ese nacionalismo oculto que tanto explica resulta inteligible una negativa frontal como ésta a razonar a partir de los principios de la lógica; pero, ya se sabe, el nacionalismo y la lógica son antitéticos.
En definitiva, nada hay tan malo que no contenga algo bueno; y el tremendo despropósito que estamos viviendo estos días, cuando hemos de contemplar atónitos cómo se especula con el incumplimiento de la ley por parte de las administraciones y se hace pasar por totalitarios a quienes tan solo piden que la lengua materna de la mayoría de los catalanes tenga un papel subordinado en el sistema educativo, frente al papel inexistente que tiene actualmente; todo este espectáculo lamentable ha de servirnos para ir poniendo cifras, tamaño y densidad, a esa enorme estrella oscura de nacionalismo que va engullendo a toda nuestra sociedad. Quizás estemos a tiempo de evitar el colapso que se produce cuando la masa de la estrella supere el límite que la convierte en un agujero negro. Mucho me temo que estamos cerca de ese punto; pero aún a tiempo de evitar un desenlace fatal.

viernes, 16 de febrero de 2018

La escuela y el 155

Desde hace años la escuela en Cataluña se encuentra en una situación de ilegalidad, incumpliendo la Generalitat la propia ley catalana de educación, tal como ha sido interpretada por los Tribunales. Estos últimos han establecido reiteradamente que la ley de educación de Cataluña ha de ser entendida en el sentido de que siendo el catalán la lengua que se utilice preferentemente en la educación, esta preferencia no puede suponer la exclusión del castellano como lengua vehicular, debiendo estar este idioma presente en, al menos, un 25% de las materias y pudiendo ser usado también, junto con el catalán, en las comunicaciones con las familias. Lo intentaba explicar ya hace años aquí, donde puede  encontrarse la referencia a alguna de las resoluciones que se han ocupado del tema; y volvía sobre ello unos años más tarde aquí.
Lo que impone la ley, interpretada de acuerdo con la Constitución, es que, como digo todos los niños catalanes (no los que lo elijan, no hay ningún derecho de elección) reciban su educación mayoritariamente en catalán pero con una presencia de, al menos, un 25% de castellano. Esa es la obligación legal que la Generalitat siempre se ha negado a cumplir. Es más, las familias que han solicitado el cumplimiento de la ley han sido sometidas a un acoso inmoral por parte de la propia administración educativa.



Desde el 27 de octubre de 2017 la administración educativa catalana depende del Ministro de Educación del Gobierno de España. El artículo 155 ha llevado a que sea el Sr. Íñigo Méndez de Vigo el responsable último de lo que sucede en las escuelas catalanas.



¿Puede el Sr. Méndez de Vigo, o lo que es lo mismo, el Gobierno de España; cambiar el modelo educativo en Cataluña? No. Nos podrá gustar más o menos lo que ahora hay (preferencia del catalán e imposibilidad de elección por los padres), pero ese es el modelo que resulta de la ley catalana de educación y, por tanto, es el que ha de ser aplicado hasta que esa ley no sea modificada. Ahora bien, ha de ser aplicado tal como es; es decir, sin que el catalán, que es preferente, pueda ser la única lengua vehicular. Al menos el 25% de las materias han de ser impartidas en castellano. Es decir, aparte de la lengua castellana, otra materia (matemáticas, conocimiento del medio...) han de ser impartidas en castellano. Esta es todo el ataque al catalán que implica el cumplimiento de la ley y de las resoluciones de los tribunales: que conocimiento del medio se imparta en castellano. Y ahora es responsabilidad del Sr. Méndez de Vigo que así sea. Como titular -vía 155- del Departamento de Educación de la Generalitat tiene la obligación de hacer cumplir la ley y las sentencias de los tribunales y establecer, por tanto, ese 25% de castellano para todos los alumnos catalanes.
Esto es lo que ha de hacer y esto es lo que puede hacer. Como acabo de decir, el artículo 155 no le habilita para cambiar el modelo educativo en Cataluña, sino para aplicar correctamente el vigente, y esa aplicación correcta supone la introducción de ese 25% de castellano. No puede hacer más y no ha de hacer menos. Por otra parte, no creo que sea especialmente complicado. Ofrezco un borrador de texto para la instrucción que debería adoptarse en los próximos días:

"De acuerdo con lo establecido en la Ley de Educación de Cataluña y los tribunales de justicia en reiteradas decisiones, es necesario que en todos los niveles educativos no universitarios al menos un 25% de las enseñanzas se impartan en castellano.
Es reponsabilidad de este Departamento y de todos los funcionarios el cumplimiento de este requisito, por lo que se establece:
1. En todos los proyectos lingüísticos de centro se indicará que materias se impartirán en catalán, cuáles en castellano y cuáles en otras lenguas, debiendo ser el porcentaje de castellano de al menos un 25% y garantizándose que la lengua que se utilizará en, al menos, un 50% de las materias será el catalán.
2. Los directores transmitirán a Inspección las modificaciones que realicen de los proyectos lingüsisticos de centro e Inspección elaborará un informe sobre el cumplimiento de esta normativa en cada centro.
3. El plazo para la modificación de los poyectos lingüísticos de centro concluye el día 1 de abril de 2018 y el plazo para la elaboración del informe de inspección al que se refiere el punto 2 termina el 2 de mayo de 2018.
4. Los cambios regulados en esta orden serán efectivos para el curso 2018-2019"

Evidentemente, sería posible también que se formulara a las familias una pregunta sobre la lengua vehicular o conjunto de lenguas vehiculares que prefieren. Siempre sería una información valiosa; pero sin que esa pregunta implicara una facultad de opción sobre la lengua utilizada en la escuela porque, como digo, el modelo actual no permite esa opción.
Así pues, lo que urge es que se dicte una instrucción desde el Ministerio de Educación en su calidad de responsable del Departamento de Enseñanza de la Generalitat con el fin de que en todas las escuelas e institutos de Cataluña se determinen las materias que se cursarán en castellano en el curso 2018-2019. Es una instrucción que no ha de demorarse mucho, porque es ahora cuando se han de decidir estas cosas. Si en esa instrucción se incorpora también la previsión de pasar a las familias un formulario sobre las lenguas vehiculares preferidas no pasa nada; pero se tratará de eso, de una encuesta, no de un derecho de opción a la lengua vehicular.
Cualquier otra cosa no respondería ni a las obligaciones ni a las facultades del Ministro de Educación: hacer cumplir la ley y las sentencias de los tribunales dentro del modelo educativo vigente en Cataluña.

lunes, 12 de febrero de 2018

Sobre la oficialidad del asturiano


El debate sobre la oficialidad del asturiano está sobre la mesa. Creo que es un debate importante y por eso conviene, creo, aportar argumentos. Aquí comparto mi visión sobre el tema.

I. La situación del asturiano

(Mi abuela Carmen hacia 1923, la niña es mi tía Maruja)

Cuando era niño en Asturias, allá por los años 70 del siglo XX, mi abuela, nacida en 1905, me comentaba a veces "los antiguos lo decían así" y me soltaba alguna frase en bable. Deduzco que sus padres y abuelos hablaban más en bable que en castellano, y que mi abuela, que era la primera de la familia que había ido a la escuela, distinguía uno y otro, aunque el español que hablaba tenía muchas influencias del bable y también unas cuántas docenas de palabras que no eran castellanas, sino asturianas (de las que yo también utilizo, "mancar", "chiscar", "arbejo", "fesoria", "pomarada", "llagar", "güelo"...).
Hace 100 años probablemente se hablaba bastante bable en Asturias. Diría que en el siglo XX su uso fue desapareciendo y yo no tengo ningún recuerdo de conversaciones en bable durante mi infancia. Quizás en algunas zonas se utiliza más profusamente; pero me gustaría tener datos sobre cuántos asturianos tienen hoy el bable como lengua materna; me imagino que muy pocos.
La escolarización en castellano laminó el uso del bable, y además lo hizo como si éste no existiera. No recuerdo tampoco que en el colegio me explicaran las particularidades del español que yo usaba, y que se debían a la influencia del bable (sustitución del pronombre de objeto indirecto por una "i", no utilización de las formas compuestas de los verbos, lo que, a su vez, implicaba que el condicional hacía las funciones de pluscuamperfecto, etc.). La oficialidad del castellano, que se imponía también en el ámbito escolar conducía a actuar como si el bable simplemente no existiera. Las escasas explicaciones que tuve de algunos profesores sobre este tema eran una iniciativa personal, no formaban parte del curriculo (hasta donde yo sé).
Y así nos tropezamos ya con un primer elemento que tiene que ser considerado: ¿qué quiere decir "oficialidad" de un idioma? ¿por qué se opta por declarar algunos idiomas oficiales? ¿por qué el castellano es oficial?

II. La oficialidad del castellano


La oficialidad de un idioma es siempre una reacción a la existencia de otro. Si no hubiera más que un idioma no sería posible ni siquiera concebir que pudiera ser "oficial"; simplemente sería. Es el propósito de hacer prevalecer un idioma sobre otros que también se utilizan lo que lleva a convertirlo en oficial. En el caso de Europa durante los últimos dos o tres siglos esta voluntad de imposición del uso de un determinado idioma fue un elemento clave en la construcción de las naciones que ahora conocemos. Se repite que en Francia en el siglo XVIII se hablaban docenas de idiomas, y que fue la imposición del francés un elemento clave para la construcción de la nación francesa. En Italia basta leer ese libro imprescindible, "Corazón", para entender el papel que jugó la escuela italiana del XIX en la unificación de un idioma, el italiano, que estaba tan fragmentando como las estructuras políticas de la península italiana (que no estuvo plenamente unificada hasta 1870); y cómo se vincula esa unificación del idioma con una determinada construcción de la nación italiana.
En España no es diferente: es obvio que en España se hablaban y hablan diferentes idiomas; pero el castellano es la "lengua común" desde hace siglos. Si se trataba de construir la nación al modo que se había hecho en Francia o en Italia el único candidato para ello era el castellano, que no solamente era conocido en todo el país, aunque no se hablara en las zonas rurales de una buena parte del mismo (Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Valencia, Baleares, zonas de Aragón), sino que desde el siglo XVI era asumido como lengua de cultura en toda España (la publicación de libros y periódicos en castellano en Barcelona era habitual mucho antes de los Decretos de Nueva Planta, por ejemplo).
Así resultó la oficialidad del castellano, que queda reforzada en la Constitución por la obligación que tienen de conocerlo todos los españoles. Difícilmente encontraremos una señal más clara de oficialidad que esta obligación de conocimiento que remarca el carácter estructural de la lengua en la construcción de la nación española.
A esa visión de la oficialidad responde la escolarización en castellano que vivieron mis abuelos (y mis padres y yo mismo) que no prestaba atención a la realidad lingüística sobre la que se proyectaba. Así sucedió en Asturias y en toda España; aunque en algunas zonas eso no impidió la conservación de lenguas diferentes del castellano, que durante los siglos XIX y XX tuvieron su propio desarrollo literario y cultural. Esas lenguas, además, fueron objeto de atención por parte de los nacionalismos periféricos que desarrollaron una política activa de conservación de los mismos, lo que quizás es especialmente llamativo en Cataluña y en el País Vasco. A la pervivencia de dichas lenguas responde el reconocimiento, también en la Constitución, de la posibilidad de que tales lenguas sean también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas.
Este será el segundo elemento que deberemos tener en cuenta, la oficialidad de lenguas diferentes del castellano en las Comunidades Autónomas.

III. La oficialidad de las lenguas españolas diferentes del castellano

¿Qué implica esta oficialidad de las lenguas españolas diferentes del castellano? En primer lugar, esta oficialidad es un muro frente a la "vis expansiva" del castellano. Habíamos visto en el apartado anterior que la oficialidad de una lengua se entiende solamente en relación a otras que también son utilizadas y a las que la oficial pretende desplazar. Cuando una de esas lenguas se convierte también en oficial carece de sentido que ese desplazamiento opere; lo que obliga a que ambas lenguas convivan. Esta convivencia, a su vez, debe traducirse en los diferentes ámbitos de la sociedad, desde la escuela hasta el comercio pasando por la cultura, los medios de comunicación y cualquier otro ámbito que se nos ocurra; y tratándose de convivencia lo lógico es que la regulación de dicha convivencia resultara de acuerdos entre los distintos actores institucionales implicados; esto es, en el caso de España, tanto el Estado central como las Comunidades Autónomas. De no hacerlo así nos encontraremos con constantes conflictos, que es la situación que vivimos.
Las Comunidades Autónomas donde se hablan lenguas diferentes del castellano han optado por entender como propia tan solo la lengua diferente del castellano cooficial en su comunidad (ahora volveremos sobre el concepto de "lengua propia") y regular de manera unilateral su utilización, estableciendo ciertas imposiciones que no se ven contrarrestadas de forma eficaz por la legislación estatal. De esta forma, a lo que asistimos no es a una convivencia de lenguas, sino a una tensión entre ellas por decirlo suavemente.
De hecho, no es extraña esta tensión. Como veíamos antes el concepto de lengua oficial parte siempre de la confrontación con otras lenguas utilizadas en el territorio de que se trate. En la esencia de la oficialidad está la extensión en el uso de la lengua oficial, y ello es algo a lo que no renuncian las lenguas cooficiales en las diferentes Comunidades Autónomas. Ahora bien, hace un momento veíamos que el carácter oficial de las lenguas españolas diferentes del castellano constituía un muro a la acción expansiva del castellano ¿no opera también a la inversa? ¿la oficilidad del castellano no es un muro a la vis expansiva de las lenguas cooficiales diferentes del castellano?
No, no lo es. El concepto de "lengua propia" que mencionaba unas líneas más arriba es la clave para deshacer esa situación de teórico empate entre el castellano y las lenguas cooficiales en las diferentes Comunidades Autónomas. Lo vemos a continuación.

IV. La lengua oficial diferente del castellano como "lengua propia"

En los diferentes Estatutos de Autonomía se recoge que la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma es también "lengua propia". Es decir, el castellano es oficial, pero la otra lengua (el catalán en Cataluña, el euskera en el País Vasco, el gallego en Galicia, etc.) son oficiales y propias. Esta consideración como lengua propia tiene una enorme virtualidad como veremos enseguida, pero, además, conceptualmente ya implica un problema que ha de hacerse explícito.
Si asumimos que el catalán es la lengua propia de Cataluña; estamos indicando que el castellano es una lengua "impropia"; esto es, que es una lengua que de alguna manera "sobra" en Cataluña. No estoy siendo paranoico. En Cataluña es constante el discurso que, obviando la realidad histórica, mantiene que el castellano ha sido una lengua de imposición y artificial en lo que se refiere a su utilización en Cataluña. Se trata de un discurso de corte nacionalista que pretende que Cataluña ha de estructurarse a partir de una sola lengua, el catalán, de tal manera que, tal como se ha dicho públicamente, llegue el momento en el que el catalán sea la única lengua conocida por todos los catalanes. Esto es, superando la situación actual en la que todos los catalanes (o prácticamente todos) conocen tanto el castellano como el catalán. Con matices, este es el discurso también de los otros nacionalismos españoles en relación al euskera o al gallego. En todos estos casos se trata de construir comunidades políticas en las que la lengua ejerce como elemento eficaz de articulación. El concepto "lengua propia" es el punto de apoyo para esta política.
No es extraño, por otra parte. Ya habíamos visto que el concepto de lengua oficial nace en el contexto de la construcción de los Estados nación europeos en los siglos XVIII y XIX y en oposición a las otras lenguas que se hablaban en el territorio de esos Estados. Los nacionalismos autonómicos en España no hacen más que replicar el modelo: se trata de reforzar la identidad nacional -en este caso sobre la base de la Comunidad Autónoma- pretendiendo extender el uso de la lengua "propia" en detrimento de otras lenguas, incluida la cooficial que no tiene el carácter de "propia".
Creo que lo anterior es bastante evidente, las políticas de promoción del uso de la lengua que utilizan a veces el argumento de la necesidad de protegerla, son políticas que tienen como efecto ineludible la disminución en el uso de las otras lenguas, incluido el castellano. No hablamos o escribimos más por tener dos, tres o cuatro lenguas. Hablamos y escribimos lo mismo, por lo que si aumentamos el uso del catalán o del euskera o del gallego disminuimos el uso del castellano, con lo que esas políticas de promoción del uso (debemos diferenciar entre promoción del uso y promoción del conocimiento, volveremos sobre ello enseguida) tienen el mismo efecto que las políticas sobre oficialidad de la lengua en los siglos XVIII, XIX y XX: hacer disminuir el uso de las lenguas que no sean la oficial y propia.
¿Cómo se consigue esta promoción del uso? Aparte de las políticas de promoción del conocimiento tenemos la utilización de la escuela, sobre la que no me extenderé, porque merece capítulo aparte, y su uso por parte de la administración pública en las relaciones como los ciudadanos. Transmitir la imagen de que la lengua de utilización "normal" en la administración es la lengua propia contribuye a su difusión, aunque en función del contexto social puede resultar "insuficiente". De ahí las políticas sobre rotulación obligatoria, lengua en los medios públicos de comunicación o, incluso, prohibición del uso de la lengua cooficial no propia (el castellano) en determinados supuestos.

V. El caso de Asturias

Los elementos anteriores creo que deben ser tenidos en cuenta en el caso de Asturias. La oficialización del asturiano, unido al más que probable reconocimiento como lengua propia, implicaría la apertura de las políticas de promoción del uso de la lengua que he descrito antes. El propósito sería potenciar la utilización del asturiano frente al castellano desplazándolo en intervenciones públicas (ha comenzado a pasar), en los medios públicos de comunicación (ya se plantea un aumento de las emisiones de la televisión pública en asturiano, lo que, evidentemente, haría disminuir las emisiones en castellano), y en la escuela, donde se impondría seguramente un porcentaje de utilización del asturiano como lengua vehicular, lo que obligaría también a que los profesores obtuvieran las correspondientes acreditaciones en lengua asturiana.
En mi opinión esta imposición del uso del asturiano (sí, imposición, si se establece la obligación, por ejemplo, de utilizar un 50% del tiempo el asturiano en los medios públicos de comunicación estamos ante una imposición, no puede llamarse de otra manera) responde solamente a fines nacionalistas, al intento de construir una identidad política en la que el idioma jugará un papel determinante. No puede decirse que responda al interés de responder a la realidad social asturiana, y eso por dos razones.
En primer lugar, porque en la realidad asturiana el castellano es también lengua propia, la materna de la inmensa mayoría de los asturianos y, por tanto, desplazarla como resultaría del reconocimiento del asturiano como oficial unido a la presumible consideración como lengua propia es ya la primera falsedad de ese proyecto de ingeniería social que es todo nacionalismo.
Segundo, porque lo que se reconoce no es la lengua que hablaban mis bisabuelos, sino la "llingua" creada por la Academia como elemento de normalización de los diferentes bables. No se trata de la conservación de la lengua que hablaban nuestros antepasados -lo que, de todas formas sería discutible como proyecto político- sino de la imposición de una creación académica que tiene el mismo fin que las normalizaciones de otros siglos: encuadrar a la sociedad a través de una lengua, incluso artificial, para conseguir un determinado objetivo político, un objetivo político que no puede ser más que nacionalista. Lo hemos visto en otros territorios y me sorprendería que en Asturias fuera diferente.

VI. ¿Qué hacer?

Y ante esto ¿qué se puede hacer? Creo que, como decía al principio, es claro que en Asturias hay una realidad subyacente al castellano que hablamos la inmensa mayoría, que son los distintos bables. Estudiarlos, conocerlos e incorporarlos al curriculum académico me parece muy importante; pero hablo de los bables, no de la lengua artificial de la Academia.
Por otro parte, ha de reconocerse el derecho de todos a utilizar la lengua que deseen y sin que se pongan trabas por el hecho de que esa lengua no sea el castellano. Hay asturianos que se sienten más cómodos hablando su bable que el castellano y eso debe ser reconocido, sin que la oficialidad del castellano sea una traba para ello; pero sin que la oficialidad del asturiano de la Academia sea otra traba.
Mi impresión es que el mismo concepto de lengua oficial resulta pernicioso (también lo es la oficialidad del castellano) y lo que debemos es regular donde sea necesario para garantizar los derechos de las personas. En ese sentido la ley asturiana de 1998 puede ser un buen punto de partida y si es preciso modificarla para facilitar que los bables sean reconocidos y que sus hablantes sean respetados hagámoslo, pero sin caer en el error de una oficialidad que tiene mucho de simbólico; pero de simbólico en el sentido nacionalista, de reconocimiento de una realidad política enfrentada al proyecto común español.
No permitamos que las lenguas sean utilizadas por quienes pretenden dividirnos.

Adjunto enlace al vídeo del acto del pasado día 7 de febrero sobre la oficialidad del asturiano en el que participé y en el que se trataron algunas de las ideas que aquí comento

domingo, 11 de febrero de 2018

4:33

4:33, de John Cage, es para muchos una broma. Una obra musical que tan solo está hecha de silencio. El pianista llega a la sala, cierra el piano (o lo abre, supongo que no hay gran diferencia entre una cosa y la otra), pone en marcha su cronómetro y se queda ante el piano sin tocar una nota durante cuatro minutos y 33 segundos.


El pasado 7 de febrero, en Sinfonía de la Mañana, Martín Llade compartía un relato en el que explicaba cómo había surgido en Cage la idea de esta obra. Explica que había visitado la cámara de silencio de la Universidad de Harvard y allí había percibido una especie de fallo: pese a que se suponía que debía reinar un silencio total él escuchaba algunos sonidos que no sabía interpretar. Cuando salió le explicaron que esos sonidos eran de su propio cuerpo. Eran el latido de su corazón y el sonido que produce la actividad cerebral, sonidos que tan solo pueden llegar a ser oídos en el silencio más absoluto. Aquello fue para Cage una especie de revelación sobre la imposibilidad del silencio absoluto.
Explicaba esto ayer a mi hija de 14 años. Estábamos sentados en un parque al solecillo de la tarde de invierno, todo bastante tranquilo. Le gustó la historia y continuamos comentándola. Le dije que esa pieza podía interpretarla hasta yo, que no tengo ni idea de música. "Y yo" añadió ella. "Bueno", le repliqué, "tú puedes interpretar esa y otras muchas, yo solo esa". Ella toca el violín y también un poco el teclado.


"¡Interpretémosla!"- propuso.



Me pareció una idea divertida. Así que ella puso en marcha su cronómetro y estuvimos en silencio cuatro minutos y treinta y tres segundos.
Cuando transcurrieron nos miramos sorprendidos: lo que parecía que no pasaría de una broma sin nada especial se había convertido en una experiencia difícil de explicar. En el silencio todo lo que nos rodeaba adquiría un sentido diferente. Los ruidos inconexos (la conversación de un grupo a unos metros de nosotros, un avión que pasaba, el ruido de las hojas movidas por el viento, el tráfico más lejano...) adquirían sentido, se completaban a través de nosotros. Tanto ella como yo hacíamos de catalizador de lo que nos rodeaba. De alguna forma nos colocábamos fuera del mundo que observábamos. Ya no formábamos parte de la plaza en la que estábamos, sino que todo era escenario y nosotros espectadores; pero, precisamente por serlo, construíamos algo diferente a lo que meramente existía a nuestro alrededor.
Nos dimos cuenta de que 4:33 no era ninguna broma. Lo que es una broma es interpretarla en una sala de conciertos. 4:33 no es lo que se espera para una sala de conciertos y una sala de conciertos es quizás el sitio en el que la pieza menos brillará. Toquémosla junto al mar


O bajo un árbol


O en un parque


Y en cada ocasión 4:33 sonará diferente. Cada intérprete hará suya la pieza de una manera especial.
No, 4:33 no es ninguna broma.