En las dos entrega anteriores sobre gobernanza universitaria (pueden consultarse aquí y aquí) planteaba que la forma correcta de abordar la reforma de la Universidad era identificar los problemas que queríamos resolver y, a continuación, encontrar las maneras de resolverlos, verificando de forma objetiva si las reformas que se pretenden introducir favorecen la consecución de los objetivos de que se trate. Me quejaba de que en ocasiones se tiene la impresión de que estos debates están siendo oscurecidos por la discusión acerca de la gobernanza, que además se plantea sobre bases endebles, tales como la necesidad de modernizar (sin justificar por qué) o la comparación con los modelos de otros países, como si la mera copia de lo que se hace fuera resultara motivo suficiente para cambiar el modelo propio sin necesidad de ulteriores justificaciones.
Ya he indicado que esta forma de proceder me parece extraordinariamente peligrosa. Tal como he señalado en las dos entradas anteriores lo racional es identificar los objetivos a mejorar y a partir de ellos proponer reformas; no partir de la reforma para luego ver la forma en que se acomoda al objetivo (que ni siquiera hemos definido bien). Por otra parte, esto tan extendido de "en otros países se hace así" no me parece de recibo. En Derecho tenemos una amplia bibliografía sobre lo que se ha denominado "trasplante jurídico"; esto es, la introducción en un determinado ordenamiento jurídico de figuras o instituciones propias de otro Derecho. En la literatura que se ha ocupado de este tema se destacan los peligros de tales trasplantes ya que cada figura aparece conectada con otras figuras o instituciones de tal forma que al introducirla en un sistema en el que tales figuras o instituciones tienen una naturaleza o regulación diferente se pueden producir desajustes que hacen que lo que en un país funciona bien en otro país no sea tan útil. Lo mismo podría pasar con la simple copia de tal o cual modelo de funcionamiento de la Universidad extraído de Estados Unidos, Alemania u Holanda y que no tiene en cuenta las diferencias entre el contexto social, cultural y económico de esos países y el propio de España.
Mi reticencia general hacia el debate que se está planteando se ve acentuada cuando se examinan cuáles son los problemas de la Universidad española y las recetas que se proponen en los diferentes documentos sobre gobernanza. Habíamos visto cómo la escasa empleabilidad de los graduados españoles probablemente tiene más que ver con el atraso del tejido económico y empresarial español que con deficiencias en la formación que reciben los estudiantes universitarios; y también habíamos concluido que ninguna de las medidas que podrían hacer que la Universidad española suba posiciones en los rankings internacionales se vincula directamente con un cambio en la forma de gobernar las Universidades.
Sin intentar más que lanzar algunas hipótesis, resulta que la Universidad española ofrece una bastante aceptable formación a sus estudiantes a un coste relativamente bajo gracias a un alto número de profesores que, en su conjunto, no suponen un estipendio excesivo debido a lo reducido en la remuneración de los que forman la base de la plantilla docente, todos aquellos profesores que no han alcanzado todavía una plaza de profesor titular o su equivalente como profesor contratado. Estos profesores, además, ven su tiempo para la investigación limitado por las muchas clases que imparten y por las tareas de gestión que deben acometer como consecuencia en parte de lo reducido de las plantillas de personal de administración y servicios.
Si se quiere mejorar en los rankings universitarios internacionales se hace preciso aumentar la inversión en la Universidad, dotar de más medios a los profesores, ofrecer condiciones atractivas a fin de atraer a profesorado extranjero y ofrecer al profesorado más tiempo para investigar, publicar, realizar estancias en el extranjero y participar en redes transnacionales. Se necesita, además, incentivar políticas que permitan la inclusión de las revistas en las que habitualmente se publica en los índices internacionales y motivar a los profesores a que solamente publiquen en aquellas revistas que serán consideradas en las evaluaciones que realicen las instituciones que elaboran los ránkings internacionales.
Me pregunto qué tiene que ver todo esto con la forma en que se elige al rector o con el papel del consejo social. Diría que más bien nada o muy poco. Entonces ¿a qué tanto esfuerzo en debatir sobre la forma en que ha de gobernarse la Universidad?
Lo cierto es que no acabo de entender las razones de esta movilización. Como digo, la forma en que la Universidad se organiza no incide directamente en los problemas que pueda tener la institución y de los que me he intentado ocupar en las dos entradas anteriores. Si existen otros problemas o cuestiones que se planteen y discutan; pero siguiendo la misma metodología racional y objetiva. Si consideramos el Informe elaborado por la Ponencia para el estudio de la gobernanza del sistema universitario catalán, observamos que la justificación del mismo es una genérica necesidad de "modernizar" que no se apoya en datos contrastables, sino en generalizaciones del tipo "queremos una universidad centrada en la creación de conocimientos y en la formación de profesionales con talento" o "queremos una universidad con presencia y vocación internacional" (p. 6 del documento). De estas generalidades, y tras insistir de nuevo en la necesidad de cambios a partir de nuevas afirmaciones generales (el sistema actual de gobernanza universitaria es uniformista y muy regulado, p. 9 del documento) se pasa a las propuestas concretas, que se presentan sintéticamente ya en la introducción del documento (p. 4). Las recomendaciones son:
- Reforzar la autonomía universitaria, a la vez que se establece un sistema de rendición de cuentas.
- Especializar y diferenciar dentro del sistema universitario.
- Crear una Universidad de Patronato.
- Reducir los órganos de gobierno a uno solo.
- Reducir las estructuras internas.
- Construir las relaciones entre Gobierno y Universidad sobre un "contrato de confianza" (de nuevo rendición de cuentas)
- Cración de una agencia autónoma de finanaciación que garantice la independencia en la atribución de recursos públicos a la Universidad.
- Politica de precios y ayudas que garantice la equidad en el acceso a los estudios.
- Generalizar la vía contractual frente a la funcionarial.
- Favorecer una política de personal más abierta y con más movilidad.
Los puntos que se acaban de señalar tienen una desigual importancia y diferentes posibilidades de materializarse en medidas concretas y duraderas. El referido a la especialización y diferenciación es interesante; pero ahora no me voy a ocupar de él ya que prefiero hacerlo del que me parece eje fundamental de la propuesta de reforma: el aumento del control externo sobre la Universidad. Desde hace tiempo se insiste en la necesidad de potenciar la conexión entre Universidad y sociedad; aunque con frecuencia partiendo de una premisa equivocada, la de que la Universidad no se adapta suficientemente a las necesidades sociales cuando, en realidad y tal como hemos visto en la primera entrada dedicada a la gobernanza, es la sociedad y, en particular, el sistema económico, el que no sabe aprovechar el conocimiento y talento generados por la Universidad.
Sea como fuere el caso es que se insiste en la necesidad de un mayor control externo sobre la Universidad y las propuestas que se han presentado hasta el momento insisten en esta línea. Así, vemos que el refuerzo de la autonomía universitaria viene acompañado del recordatorio de la necesidad de rendir cuentas, y como las relaciones entre la Universidad y el Gobierno se concretan en un "contrato de confianza" que fijará los requerimientos del Gobierno para dotar de financiación a la Universidad. El control de la Universidad se afianza mediante el mecanismo del Patronato, que se convierte en el máximo órgano de la Universidad encargado de aprobar el plan estratégico, nombrar al Rector, rendir cuentas y aprobar los presupuestos. Este órgano estará integrado por personas tanto internas como externas a la Universidad y, se supone, nombradas o bien por el Parlamento o por el Gobierno, lo que implica una posibilidad directa de control político sobre la Universidad.
Este control estructural sobre la Universidad se completa con el control sobre el profesorado. En el documento que comentamos se plantea por una parte favorecer una política de personal más abierta y con más movilidad y, además, generalizar la vía contractual frente a la funcionarial. Evidentemente ambas propuestas se relacionan. Cualquier conocedor de lo que son las oficinas de recursos humanos sabe que "políticas de personal más abiertas y con más movilidad" significa facilitación de los cambios de asignación y menos complicaciones para el despido. Evidentemente un sistema formado por funcionarios no facilita este objetivo si se pretende conseguir no por la vía de ofrecer mejores condiciones a quien tiene más talento (como se hace en otros países), sino por la vía del palo, la reducción de salarios y la amenaza con el paro. Un profesorado integrado por contratados laborales en vez de funcionarios es más fácil de manejar y más débil a la hora de oponerse a las directrices que vengan marcadas por el Rector que haya designado el Patronato.
En definitiva, el debate sobre la gobernanza parece ocuparse no tanto de los problemas o dificultades a las que se enfrenta la Universidad en su tarea docente e investigadora como en promover un modelo parcialmente diferente al actual en el que se intensifica el control político sobre la Universidad y de ésta sobre sus profesores, lo que puede suponer, si no se introducen las garantías adecuadas, un riesgo real para el ejercicio de la libertad de cátedra o de pensamiento, que podría quedar condicionado por las directrices que resultaran de un sistema en el que por una parte los órganos de la Universidad tendrían más capacidad de control sobre los profesores y las instancias externas a la Universidad una capacidad también mayor de control de la institución.
Ciertamente lo anterior no son más que especulaciones que pueden no responder a la realidad. De hecho en otros países se funciona con esquemas semejantes y no parece que les vaya mal; pero no debemos minusvalorar la importancia de la cultura en estos casos. Hace un momento me remitía a una entrada de este mismo blog donde señalaba las diferentes formas de afrontar la contratación de personal en Estados Unidos y aquí, y hoy mismo podíamos leer cómo un ministro de Baviera, en Alemania, ha tenido que dimitir por realizar una llamada a una televisión pública con el fin de condicionar su política informativa. Casi como aquí, vaya.
El tiempo dirá en qué queda todo esto. Soy consciente de que lo que planteo tiene -como todo en esta vida- un alto grado de subjetividad; pero entiendo que lo más honesto es compartirlo para contribuir a un debate que tiene una enorme importancia; tanto por lo que implica directamente como por lo que hurta: un análisis auténtico y objetivo sobre la situación de la Universidad española y el contexto en el que se mueve.
