El fin de una Comunidad Autónoma ¿el nacimiento de un Estado?

He de confesar que esta tarde, hacia las seis y diez sentía esa emoción especial que te invade cuando sabes que eres testigo de un momento histórico. En el Parlamento de Catalunya se aprobaba una declaración que se puede consultar aquí y que, como elementos más relevantes, incluye, en primer lugar, la afirmación de que el pueblo catalán es un sujeto político y jurídico soberano y, en segundo término, que dialogará y negociará con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional.

Tal como indiqué hace unos días al hilo del comentario a la propuesta presentada por CiU y ERC (a la que finalmente se ha adherido también ICV-EUiA y de la que la aprobada finalmente no se aparta en lo sustancial), estamos ante una declaración de independencia encubierta ya que la soberanía no es posible si no se es independiente. Esto creo que es claro desde una perspectiva constitucional y así lo entienden también desde las filas independentistas (puede consultarse este artículo en vilaweb donde se explicitan las relaciones existentes entre declaración de soberanía y declaración de independencia). Estamos, por tanto, ante una declaración de gran transcendencia política e, incluso, internacional ya que implica la voluntad del Parlamento catalán de convertirse en Estado y la afirmación de que ya desde ahora es miembro de la comunidad internacional (de ahí la importancia de que se incluya una referencia a la intención de dialogar y negociar con el conjunto de la comunidad internacional. No puede negociar quien carece de capacidad y el Parlamento de Catalunya pretende con su declaración que tal capacidad de actuación en el ámbito internacional le sea reconocida).

Creo que se entiende la expectación con la que viví la votación de esta declaración. En el mismo momento en el que la declaración fue aprobada el Parlamento de Catalunya dejó de ser un órgano del Estado español para convertirse en otra cosa, en una asamblea de lo que pretende ser un nuevo Estado en la comunidad internacional. La declaración de soberanía, radicalmente incompatible con la Constitución de 1978, no permite seguir entendiendo que las personas reunidas en el Edificio del Parque de la Ciudadela ejercen las competencias previstas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de 2006. Desde luego, yo no me siento ya representado por quienes allí están pues -ya lo digo- no me considero sujeto de ese nuevo orden que pretende instaurarse por la vía de hecho, sino del orden constitucional formalmente vigente y que, confío, siga siendo el materialmente vigente.

Podría decirse que el principio democrático prima sobre lo que aquí expongo, y que más de uno calificará seguramente de "formalismos"; pero no es éste mi parecer. En primer lugar los formalismos son importantes, la construcción dogmática del Estado es relevante y, además, es tenida muy en cuenta por quienes lideran el proceso secesionista pues me costaría creer que no fueran plenamente conscientes de lo que aquí planteo. Cosa distinta es que muchos de los que hayan votado hoy en el Parlamento no se aperciban de las consecuencias que tal votación tiene y que, quizás, comiencen a manifestarse en los próximos días (cuando, por ejemplo, algún Estado reconozca la soberanía proclamada hoy por el Parlamento de Catalunya).

En segundo término -y esto es lo más importante- dudo que la declaración que se ha aprobado hoy responda al principio democrático. Algo tan transcendente como es una declaración de soberanía debería de producirse solamente cuando se ha consultado previamente a la ciudadanía y ésta se ha manifestado a favor de tal soberanía, y éste no es evidentemente el caso.

Durante el debate escuché varias veces cómo el Sr. Artur Mas mantenía que la declaración que se presentaba era resultado de la voluntad manifestada en las elecciones del 25 de noviembre; pero esto es falso de toda falsedad ya que ni en los programas de CiU (que puede consultarse aquí) ni en el de ICV-EUiA (puede leerse aquí) se defendía ni la independencia de Catalunya ni su soberanía, al menos no antes de que el pueblo fuera consultado sobre este extremo. De hecho en el programa de ICV-EUiA se hacía una expresa llamada a los federalistas manteniendo que en el partido se acogerían tanto los planteamientos federalistas como los confederalistas y los independentistas dentro de un consenso más amplio sobre el derecho a decidir (vid. p. 132 de su programa). No entiendo, por tanto, que el voto del día 25 de noviembre legitime ni a CiU ni a ICV-EUiA a sumarse a ERC (cuya apuesta por la independencia es explícita, clara y manifiesta) en una declaración unilateral de independencia sin ni siquiera esperar a que se haya producido la consulta a la ciudadanía en la que sí coincidían todos los partidos mencionados y, además, el PSC. Ciertamente una declaración del Parlamento de Catalunya en la que se exigiera la celebración de una consulta sobre el futuro político de la Comunidad sí que entraría claramente en el mandato surgido de las urnas tras las pasadas elecciones, pues todos los diputados de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP (107 de los 135 escaños del Parlamento si las cuentas no me fallan) llevaban en sus programas esta consulta. Una declaración unilateral de soberanía (rectius, independencia) solamente sería posible con los votos de ERC y las CUP (24 escaños). Creo que tanto CiU como ICV-EUiA han traicionado la confianza que los electores podían tener en sus programas, y no desde luego en un tema menor. En estos días he podido comprobar de primera mano la decepción de varios votantes de ICV-EUiA que no dan crédito a que su voto haya sido utilizado como argumento para una declaración como la que hoy se ha aprobado.

También merece una mención la actitud de los cinco diputados del PSC que no participaron en la votación de hoy para evitar votar en contra de la declaración de soberanía presentada por CiU, ERC e ICV-EUiA. Resulta incomprensible esta actitud porque en el programa del PSC figuraba claramente su oposición a la independencia de Catalunya y su apuesta por una Catalunya dentro de España, de una España federal que permitiría -en palabras del programa del PSC- una Catalunya plena. Así es como se presentó el PSC a las elecciones y sobre esta base le votaron quienes les votaron ¿por qué, entonces, romper la disciplina de partido en una votación en la que lo que se planteaba -una declaración unilateral de soberanía- era claramente contrario al proyecto que el PSC presentó durante la campaña electoral? ¿Qué razones justifican traicionar lo que era la posición fijada por los órganos del partido y que, además, se correspondía con la que fue presentada al electorado hace un par de meses? Algo no marcha en el PSC; en fin, cada uno sabrá lo que hace en su casa, pero resultaría incomprensible que este desplante no tuviera consecuencias, tanto respecto a quienes se han saltado la disciplina del partido como en relación a quienes confeccionaron las listas electorales con las que el partido concurrió a las elecciones.

A partir de ahora tendremos que esperar para ver cómo evolucionan los acontecimientos. La actuación formalmente lógica, la utilización del mecanismo previsto en el art. 155.2 de la Constitución, es muy poco probable que ocurra. No tengo tampoco la impresión de que se vaya a producir la respuesta políticamente más coherente, la aceptación por parte del gobierno de España de la celebración de una consulta sobre la independencia de Catalunya. Como no se dará ni lo que dicta la legalidad estricta ni lo que ordena la lógica política mucho me temo que seguiremos perdiendo el tiempo con un debate que nos está desgastando como país, enfrentando como ciudadanos y hundiendo económicamente. En fin...