Derechos que no lo son

Lo que está sucediendo en Mataró a cuenta de la introducción en la enseñanza de un 25% de docencia en castellano es preocupante, muy preocupante. Es preocupante por lo que supone de acoso a las familias y, en concreto a los niños; pero también lo es por la confusión en que se ha caído -no sé si intencionadamente o no- sobre la naturaleza de la petición de los padres.

Y es que la situación de la enseñanza en Cataluña en relación a este tema es demencial. Se ha llegado a un punto insólito, sin parangón, al menos en los países de nuestro entorno. Me explico:

Pese a lo que pudiera parecer, no es un derecho individual que en la enseñanza pública un 25% de la docencia se imparta en castellano. Si se tratara de un derecho de opción resultaría que existiría el paralelo derecho a no recibir ese 25% de enseñanza en castellano; y ese segundo derecho no existe (pese a lo que nos quieren hacer creer). En realidad, no hay ningún derecho de opción, lo que sucede es que la normativa vigente, tal como ha sido interpretada por los tribunales, establece que necesariamente al menos un 25% de la docencia en el sistema público de enseñanza ha de realizarse en castellano. No se trata de una norma dirigida a las familias, sino a la administración educativa.

En cualquier país "normal", la administración educativa habría acatado la sentencia y establecido ese 25% de enseñanza en castellano; y de no hacerlo la administración catalana, lo hubiera impuesto la administración general del Estado, que tiene mecanismos y competencias para ello.

Como no ha pasado nada de lo anterior, son las familias las que han de pedir que la administración cumpla las decisiones judiciales. El hecho de que sean los particulares quienes tengan que instar la actuación administrativa lleva a confundir esta iniciativa con la solicitud de un derecho de opción que, como digo, para nada existe. Se trata, simplemente de que la administración establezca el sistema de enseñanza legalmente obligado.

Carece de sentido, por tanto, equiparar el derecho de los padres que solicitan la enseñanza bilingüe con el de aquellos que no la quieren. Como digo, no estamos ante un derecho de opción de los padres, sino tan solo de la exigencia individual del cumplimiento de una obligación de la administración que tiene carácter general.

Pretender que la enseñanza bilingüe se aplique tan solo a quienes la solicitan es absurdo. Sería equivalente a interpretar que, una vez establecido por los tribunales que la enseñanza pública ha de incluir necesariamente en sexto de primaria el estudio de las principales instituciones de la Unión Europea se interpretara que solamente los hijos de quienes habían planteado la acción ante los tribunales estuvieran obligados a estudiar tales instituciones o, peor aún -y es la situación en la que nos encontramos ahora- que cada familia que quisiera que sus hijos conocieran las principales instituciones de la Unión Europea tuvieran que instar una acción judicial para conseguir que en su escuela se explicaran tales instituciones; y eso pese a que ya se ha establecido de manera definitiva, hasta por el Tribunal Supremo, que el estudio de tales instituciones europeas ha de integrarse en el curriculum escolar. Para completar la analogía, resultaría que los padres que no han solicitado el estudio de tales instituciones reclamarían que sus hijos no las estudiaran. Como digo, demencial.

Y esta situación absurda se da por la desobediencia de la administración catalana y la falta de actuación de la administración estatal que empuja a los ciudadanos a una lucha desigual en los tribunales y con la administración educativa; además de al enfrentamiento con otras familias.

Si existen las administraciones es, precisamente, para evitar situaciones como éstas.