Creo que al gobierno se le ha ido de las manos el asunto Pérez de los Cobos que es bastante, bastante grave.
Para entender qué es lo que está pasando tenemos que comenzar viendo qué es la policía judicial.
La policía judicial son agentes de policía (Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza...) a los que se adscribe a una investigación que dirige un juez (o un fiscal). En el ejercicio de estas funciones de investigación dirigidas por un juez o un fiscal es el juez o el fiscal quien les dirige instrucciones y es a estas instrucciones a las que tienen que atenerse.
Es más, están obligados a mantener reserva de sus investigaciones, incluso para sus superiores en la Policía, Guardia Civil o cuerpo al que pertenezcan si así lo establece el juez o el fiscal que está dirigiendo la investigación.
En el caso que nos ocupa tenemos a un equipo de guardias civiles adscritos a la investigación "del 8M" y dirigidos por una jueza. Estos guardias civiles, entre otras cosas, elaboran un informe que transmiten a la juez y que tienen prohibido comunicar a nadie más.
A partir de aquí, según algunas informaciones, desde el Ministerio del Interior presionan al coronel Pérez de los Cobos, superior jerárquico de los guardias civiles, para que consiga información sobre el mencionado informe.
El interés del Gobierno es claro, porque lo que está investigando es, precisamente, el propio gobierno; pero, a la vez, también creo que resulta claro lo improcedente que resulta que el Gobierno pretenda obtener una información que tiene prohibido conocer mediante presiones al superior jerárquico de los funcionarios que han elaborado el mencionado documento.
Como el coronel Pérez de los Cobos se niega a realizar gestiones frente a sus subordinados para que desobedezcan las órdenes de la jueza es cesado. Al menos, esto se desprende de algunas informaciones publicadas. Feo ¿no?
¿Cómo se reacciona desde el entorno del gobierno a esto? Pues se filtra el informe (a saber cómo se ha obtenido) elaborado por los guardias civiles y comienzan varios medios afines a machacar con que es un informe de muy baja calidad, una colección de bulos, etc.
A partir de ahí el argumentario que veo no solamente en esos medios sino en redes sociales es el de que el cese de Pérez de los Cobos está justificado porque el informe que habían hecho sus subordinados es una porquería.
Ante esto, dos cosas.
Primero: no perdamos de vista que es un informe que incrimina a miembros del gobierno. Que el gobierno critique un informe en el que se le incrimina es explicable, pero la credibilidad de la crítica es relativa, por decirlo suavemente.
Segundo (y más importante): recordemos lo que veíamos al principio. los guardias civiles que realizan el informe están a las órdenes de la jueza, no de Pérez de los Cobos ni del Gobierno, por lo que carece de sentido que el gobierno cese a Pérez de los Cobos (que ni conocía ni podía conocer el informe hecho por los guardias civiles que actuaban como policía judicial) ni tiene sentido que el gobierno actúe; porque la única autoridad que tiene competencia para juzgar la calidad del informe es la jueza que la ha encargado.
¿Qué hace el gobierno metiéndose en juzgar la calidad de un informe emitido por la policía judicial y adoptando medidas en relación al mismo?
Esta actuación del gobierno es una intromisión intolerable en el funcionamiento de los tribunales que, de hecho, ya puede condicionar actuaciones futuras de los mismos agentes, porque han visto cómo un informe que no ha gustado al ministrro tiene como consecuencia que cesen a su jefe.
Es más, si Pérez de los Cobos hubiera tenido algo que ver en el informe no podría ser cesado por el gobierno sin la autorización de la jueza, puesto que, con buen sentido, la ley prohíbe que los policías que presten servicio como policía judicial no pueden ser removidos o apartados de la investigación concreta que tuvieren encomendada sin la autorización del juez o fiscal competente.
Es claro: el gobierno no puede inmiscuirse en las investigaciones judiciales mediante la vía de incidir en los policías que están a las órdenes de los jueces.
Es por eso que de ser esta la explicación del cese de Pérez de los Cobos (el gobierno juzga como malo el informe presentado a la policía judicial) estaríamos ante una intromisión del gobierno en el funcionamiento de la justicia que podría tener consecuencias incluso penales.
Quizás por eso el Gobierno ha plegado velas y ahora ya no se adscriben a la tesis aireada por sus medios próximos a primera hora de la mañana y dicen que el cese de Pérez de los Cobos nada tiene que ver con el informe por el 8M.
Otra cosa es que les creamos, claro, porque, como vemos, las versiones van cambiando y todavía no sabemos en qué se concreta la pérdida de confianza de la que habla Grande Marlaska.
Y para acabar, la calidad del informe emitido por la guardia civil.
Leía que algún periodista decía que si alguien le presentara ese informe no lo publicaría. Parece que de aquí se deriva que el informe es de muy baja calidad.
No lo he leído (debo de ser el único en este país al que todavía no se lo han pasado); pero llamo la atención sobre una cosa: el informe de la guardia civil no es una noticia, sino un elemento que se aporta para que continúe una investigación. Esto es, si aparecen datos o informaciones que no están contrastados lo que se puede hacer a partir de ellos es llamar a declarar a las personas que son referenciadas para preguntarles por lo que consta en el informe. Cuando uno lee una noticia en un periódico no tiene esa posibilidad y por eso es tan importante el contraste de los datos; pero un juez, cuando lee un documento de este tipo a continuación puede citar a unos y a otros para que le aclaren los extremos que se indican en el informe.
Así que quizás el informe, como documento que se aporta durante el desarrollo de una investigación, no sea tan malo. El documento no será prueba que condene, sino herramienta para desentrañar la verdad.
Que no es otra cosa la que se pretende en una investigación penal. Desentrañar lo sucedido para depurar las responsabilidades penales que hubiera.
Acabo compartiendo el comunicado emitido por la Asociación Profesional de la Magistratura, que es muy ilustrativo sobre el contexto jurídico en el que nos encontramos y del que creo que se deriva una idea clara: que el Ministerio del Interior condicione las investigaciones que realiza la policía judicial es una quiebra importante de la división del poderes y, por tanto del Estado de Derecho. Si el informe está mal quien tiene que determinarlo y actuar, en su caso, es la jueza, no el ministro de un gobierno que, por cierto, no lo olvidemos, es el que está siendo investigado por los tribunales.
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